En tanto, los abogados de los pehuenches que se oponen al proyecto insisten en que la aprobación del estudio de impacto ambiental estuvo completamente viciado.
 

Alejandra Muñoz/Pamela Gutiérrez 

 Tanto en la Conama como en Endesa se trabaja sigilosamente en las argumentaciones para apelar a la resolución judicial. En la organización ambiental se supo que el abogado de la causa es Guillermo Zabala. En Endesa el tema se está trabajando con hermetismo.

 Con respecto al despido de los trabajadores, la empresa contratista Besalco insistió en su posición de no pagarles la indemnización por no avisar del término de las faenas con un mes de anticipación. Según se informó, Besalco insiste en la tesis que se trata de un caso de fuerza mayor provocado por una orden judicial que obligó a la suspensión de los trabajos.

 Esa posición no fue compartida por secretario regional ministerial del Trabajo en la Octava Región, Caupolicán Vallejos. Según la autoridad, el caso fortuito debe reunir algunas condiciones, "pero este imprevisto no se daría en esta situación, porque el problema de Ralco se conocía hace tiempo, porque se estaban realizando obras mayores sin estar autorizadas".
 
 

VICIOS JURIDICOS

 Este determinó cómo se iba a aprobar Ralco, en circunstancias que para aprobar proyectos con impacto ambiental se necesitan, primero, una ley y luego, un reglamento en conformidad a esa ley".

 Además, desestimó el argumento de Conama en el sentido que el artículo primero transitorio del Reglamento validaría todo el proceso del Estudio de Impacto Ambiental previo a la aprobación de dicha normativa.

 El profesional agregó que en ninguna parte del artículo se sostiene que un contrato entre privados permite la aprobación.