La Policía de Investigaciones realizó peritajes en el lugar para determinar el tipo de combustible utilizado en el incendio. Los antecedentes se enviarán al Juzgado de Cañete, que comenzó a investigar el hecho.
 

Mario Aravena y Fredy Palomera 

Daños Los daños ocasionados por la acción del fuego fueron avaluados en más de 40 millones de pesos por los propietarios de los inmuebles afectados.

CAÑETE.- El incendio provocado por desconocidos y que destruyó dos casas de veraneo levantadas en la orilla norte del lago Lleu lleu y dañó parcialmente una tercera, ha intimidado a los propietarios de la zona quienes temen por el futuro de las decenas de viviendas que se levantan en el sector. Los afectados manifestaron a La Tercera su malestar por la indefensión en que se encuentran frente a los atentados incendiarios registrados en la zona.

 La Policía de Investigaciones realizó peritajes en el lugar para determinar el tipo de combustible utilizado en el incendio. Los antecedentes se enviarán al Juzgado de Cañete, que comenzó a investigar el hecho.

 Reynaldo Valenzuela, uno de los afectados, señaló que actualmente no es contratista de Bosques Arauco. Sostuvo que el atentado - atribuido a grupos mapuches violentistas- inquieta a los propietarios, quienes temen nuevas acciones. El hecho obligó a redoblar la vigilancia en el lugar.

 Dijo no estar seguro de quienes serían los autores, pero no descartó que sean indígenas que procurarían, por esta vía, amedrentar a los particulares para que abandonen la zona y recuperar tierras. En su opinión, se trata de una acción planificada.

 Por otra parte, hoy o mañana, la Corte de Apelaciones penquista verá la apelación del auto de procesamiento que afecta al werkén de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao, y al dirigente de la comunidad de Cuyinco, Juan Carlos Arriagada Fren, ambos recluidos en la cárcel de Lebu por su presunta responsabilidad en el incendio de un campamento forestal de Bosques Arauco.
 
 

QUERELLA

 El ahora querellado hace una semana había denunciado publicamente a Mininco, acusándola de haberle pagado 500 mil pesos para que declarara ante el ministro Julio César Grandón, inculpando a la familia del líder mapuche, Víctor Ancalaf, en la ocurrencia de atentados contra dicha empresa.

 Franco indicó que la denuncia tiene que ver con el hecho que Cifuentes habría prestado declaraciones evidentemente contradictorias ante la Dipolcar de Carabineros, posteriormente ante el ministro en visita, lo que a juicio del profesional es absolutamente irregular y que pone en jaque al sistema de administración, porque se está violando la fe pública.

 Camilo Salvo, abogado patrocinante del recurso de amparo preventivo en favor de Pedro Cifuentes, indicó ayer que la Corte de Apelaciones decidió someter a tramitación la acción legal de tal manera que se escucharán alegatos cuando se resuelva el trámite.