Los magistrados del tribunal de alzada explicaron así la rapidez con que designaron a su colega, Julio César Grandón, para investigar la toma del tribunal de Collipulli. 
Fredy Palomera, Temuco 

Los magistrados creen que la reciente ocupación del Juzgado de Letras de Collipulli "es grave" y justifica el nombramiento de un ministro en visita. El conflicto mapuche parece complicarse cada día más.  (Foto: FREDY PALOMERA) Más procesados Ya son cuatro los comuneros procesados por el ministro instructor Leopoldo Llanos, quien investiga supuestas infracciones a la Ley de Seguridad del Estado.  A Pedro Maldonado Urra, Ariel Tori y Julio Marileo, todos actualmente detenidos en Temuco, se sumó Enrique Millalén, quien está en libertad provisional. Maldonado es el único que está incomunicado.  En tanto, los 13 detenidos por la toma del Juzgado de Letras de Collipulli seguían ayer detenidos en la cárcel de Temuco, a la espera de ser interrogados por el ministro en visita Julio César Grandón, quien -según fuentes judiciales- a primera hora de ayer viajó a Collipulli para tomar declaración a los funcionarios de ese tribunal y a la jueza Georgina Solís.  Mapuches en Santiago En una declaración pública entregada frente al Ministerio de Planificación, integrantes de la Coordinadora Mapuche de la Región Metropolitana, denunciaron graves atropellos contra los miembros de esa etnia en la Novena región y contra "dirigentes de las comunidades en conflicto, que han sido perseguidos, encarcelados y maltratados por el Estado represor", afirmó José Paillal, vocero de la organización.  Mientras Paillal hablaba, se produjo un confuso incidente entre Ida Huenchulef -miembro de la coordinadora- y Ernesto Millalén, funcionario de la administración del edificio de Ahumada 48. El hombre habría agredido a la mujer cuando ésta impedía la salida de personas, por lo que ella respondió con golpes de puño y palos contra Millalén.  El concejal de El Bosque, Héctor Mora, presente en la trifulca, conminó a Carabineros a detener al funcionario e incluso amenazó con "llevar el asunto al propio Presidente Lagos", si no atendían sus peticiones.

Ese día, unos 30 comuneros mapuches, encabezados por Víctor Ancalaf 
-vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco-, ocuparon el tribunal. Trece de los autores están recluidos en la cárcel de Temuco, acusados de secuestrar a siete funcionarios judiciales -junto con la titular del juzgado, Georgina Solís, y Lenín Lillo, ministro de la Corte de Apelaciones temuquense-, además de causar desórdenes y daños. 

El ministro Archibaldo Loyola dijo que la rápida designación de Grandón responde sólo a que "es grave que se tomen un juzgado", y no a temores de los jueces o a la existencia de presiones. "Si no hacemos algo, entonces quién lo va a hacer", señaló. 

Su colega, Héctor Toro, opinó que se actuó "de acuerdo a los términos normales, lográndose el número suficiente de ministros. Se llamó a pleno y ahí se resolvió". Agregó que no hay temores ni presiones en el Poder Judicial y que lo ocurrido "no puede ser motivo de presión, porque si los jueces aceptáramos ese tipo de acciones, o actuáramos motivados por ellas, no podríamos hablar de que hay justicia. Cualquiera que sea la acción, no presiona de ninguna manera la decisión judicial". 

Luis de la Fuente, otro ministro de la corte, señaló que no ve presión "por ninguna parte. Un poder judicial presionado no es un poder libre ni puede decidir bien, así que no pienso que esté presionado". 

GOBIERNO APOYA

Agregó que los instrumentos legales "serán utilizados con prudencia, pero con firmeza", y dijo que el Gobierno no descarta presentar un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. 

La intendenta regional, Berta Belmar, indicó que la actitud asumida por los ministros está "directamente relacionada con la situación que ocurrió en Collipulli. Ellos tienen sus mecanismos e instrumentos para hacer frente a todos los hechos que se cometen cuando hay irregularidades". 

En Santiago, el ex diputado Camilo Escalona (PS), asesor para temas sociales del Presidente Lagos, explicó a La Tercera que su rol en la mesa de trabajo indígena se reduce a "construir confianza" entre los participantes. 

"En seis años de gobierno no borraremos los atropellos y atrocidades de 500 años de dominación. El desafío del Gobierno es articular las necesidades de corto plazo del pueblo mapuche -más acceso a educación, mejor salud, más tierras-, con las de largo plazo, es decir reconocimiento institucional, integración a la vida política o reconocimiento de Chile como país pluriétnico y multicultural. Esa es la verdadera tarea".