Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Nº 924 - Del 26 de Marzo al 1º de Abril de 1999http://www.elsiglo.cl

Crónica

Comunidad Pascual Coña de Lleu-Lleu: Demandan un diálogo de alto nivel

Un giro drástico ha dado la posición del gobierno en cuanto al conflicto mapuche, que se ha ido agudizando en los últimos meses.
Luego de propiciar el diálogo con las comunidades que participaron en el alzamiento que se realizó en el fundo Chorrillos, el gobierno ha dado señales discordantes al nombrar una ministro en visita para que investigue los hechos ocurridos en el fundo del empresario turístico Osvaldo Carvajal.
La ministra destinada a la investigación fue la magistrada María Sanhueza, quien, rápidamente, sometió a proceso a dos de los tres detenidos por Carabineros la semana pasada. Ellos son el lonco de la comunidad Pascual Coña, Juan Meñaco Lincopi, y su hijo Luis Meñaco Santi, mientras que José Segundo Viluñir fue puesto en libertad por falta de mérito.
Debido a la detención de estos tres comuneros, se interpuso un recurso de amparo en su favor en el que se califica la detención como irregular,  al haber sido apresados y allanadas sus viviendas por efectivos policiales sin exhibir en ningún momento una orden judicial.
Los procesados enfrentan acusaciones por daño calificado, incendio y robo en el fundo del empresario penquista, aledaño a la comunidad mapuche. La acusación se sustenta en tres testigos: un carabinero y dos empleados de Osvaldo Carvajal.
Por su parte la defensa, representada por el abogado Matías Coll "del estudio de Roberto Celedón" presentará a diez testigos que afirman que los Meñaco, padre e hijo, estaban en otro lugar el día de los acontecimientos.
Hay que recordar que en la oportunidad un grupo de personas botó los cercos de la propiedad de Carvajal y quemaron un galpón donde mantenía un yate, destruyendo, posteriormente, algunos enseres de la casa patronal.
La motivación habría sido, en primera instancia, botar el cierre que el empresario habría levantado, apropiándose ilegalmente de tierras de la comunidad indígena por las que hay un litigio.
Según el dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Pedro Cayuqueo, "el conflicto de Lleu Lleu se arrastra desde cuando el dueño del predio llegó a la zona", manifestando abiertamente su intención de construir un complejo turístico por una suma cercana a los 45 millones de dólares en la ribera del lago. "Lo que hicieron con las comunidades ribereñas del lago Pucón lo quieren hacer ahora en el lago Lleu Lleu, y eso nos parece un daño muy grande contra la identidad sectorial. No es una lucha que se esté dando ahora. El gobierno lo planteó como un hecho aislado, un estallido espontáneo, y no es así. Las 14 comunidades (que viven alrededor del lago) están hace seis años peleando contra este latifundista. En este sentido, nosotros pensamos que el conflicto que se vive en Pascual Coña es un fiel reflejo de las contradicciones que hay entre el mundo huinca con el mundo mapuche: uno veía la casa de este señor en el lago ðuna mansión inmensa que él ocupa un par de días al año para veranearð y en la comunidad uno ve pobreza, hambre, miseria y al otro lado del cerco ve riqueza, opulencia, salones de juego, yatesÉ Eso nosotros lo  consideramos una especie de ofensa contra la dignidad de las comunidades de la zona. Así lo sentían las comunidades, que tenían una gran rabia contra ese señor, y eso se vio reflejado simplemente en lo que se pasó el domingo".
A los dos detenidos y procesados, la ministra en visita sumó una orden de detención contra José Huenchunao Mariñan, Jaime Cona Tranamil, Juan Reinao Marilao, José Llanquileo Antileo, Mónica y Pascuala Millanao Painamil, Juana Vilumir Aguayo, Mauricio Millanao y Miriam y Anibal Salazar Huechacura, entre los que se encuentran dirigentes de la Coordinadora de Comunidades en conflicto y miembros de la comunidad Pascual Coña. Pedro Cayuqueo no dice cuál va a ser la actitud de los dirigentes mapuches ante esta orden de aprehensión.
"Está más que claro que nosotros desconocemos los marcos jurídicos que el Estado nos impone. La gente no se va a entregar. Nosotros no vamos a caer en las proposiciones que hacen ciertos sectores políticos como el diputado Navarro, que está planteando que la gente se entregue acá en Santiago y que se cree una comisión parlamentaria que los apoye. Nosotros creemos que la cosa no pasa por ahí. El Estado no nos ofrece garantías de que el problema con nuestros hermanos se vaya a asumir políticamente. Este es un conflicto político, no es un conflicto delictual. Se trata de un conflicto político entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, si ellos dieran las garantías para que se solucionara políticamente el conflicto, llegando a una especie de diálogo de alto nivel, seguramente no habría problema de que los hermanos se pudieran entregar, pero esas garantías no existen".
-¿Cómo ven ustedes estas órdenes de detención por parte del gobierno?
"Nosotros creemos que la posición del gobierno a traves de la acción de la justicia, en el sentido de requerir a los hermanos para su detención, obedece simplemente a la política que los gobiernos de turno del país han llevado a cabo con nuestro pueblo. Lo que pretende el Estado es dar a la opinión pública una imagen de que este es un conflicto aislado, como dijo Guillermo Pickering hace un tiempo, que Lleu Lleu no tiene nada que ver con lo que sucedió en Traiguén, y no es así.
Vamos a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Vamos a seguir articulando las comunidades, porque éste es un planteamiento político  mayor, que responde a un proyecto de pueblo común, y lo vamos a sacar adelante".
 
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