Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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El Mercurio Electrónico

Santiago de Chile, Sábado 21 de Agosto de 1999


POR DESTRUCCIÓN DE BIENES EN FORESTALES:

7 Requeridos por Ley de Seg. Interior en Araucanía
 

Ministro en visita interrogó ayer a los acusados de acciones de violencia en esa zona, entre los que figuran tres mapuches.
 

TEMUCO (Iván Fredes).- A extensos interrogatorios sometió ayer el ministro en visita Julio César Grandón a siete personas detenidas, entre ellas tres mapuches, por su presunta participación en los atentados incendiarios y la destrucción de una casa patronal en la Hacienda Rucañanco (Collipulli) y dos retroexcavadoras del fundo Alaska (Ercilla), en la Región de la Araucanía (Novena).

Los aprehendidos, entre los cuales figuran tres hermanos del dirigente mapuche de la autodenominada Coordinadora Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf, actualmente prófugo, lo fueron en la víspera durante un allanamiento a su domicilio, en el sector rural de San Jorge, a unos 12 km al oriente de Collipulli, en cumplimiento de una orden amplia de investigar emanada por el ministro Grandón.

El magistrado, quien preside la Corte de Apelaciones de Temuco, fue nombrado en visita extraordinario en virtud a una solicitud presentada ante ese tribunal de alzada por el intendente de la Región de la Araucanía, Oscar Eltit (PPD), quien pidió la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado para quienes resulten ser autores intelectuales y materiales de ambos atentados registrados los pasados 1 y 2 de agosto.

Trascendió en fuentes policiales que durante el allanamiento, en el que participaron cerca de cincuenta carabineros fuertemente armados y apoyados logísticamente por una docena de vehículos, fueron aprehendidos Ariel, Luis y Nelson Ancalaf Llaupe; Manuel Jesús Pérez, Italo Aquevedo, la menor de iniciales M. D. C. y una séptima persona no identificada.

Los siete detenidos, que pasaron la primera noche en la comisaría de Collipulli, fueron trasladados desde ese ciudad hasta Temuco en un bus institucional, resguardado por un furgón, un vehículo lanzagases y una camioneta del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Intenso Interrogatorio

El ministro Grandón, quien asumió el lunes último y en un rápido procedimiento despachó inmediatamente una orden amplia de investigar a la policía, ingresó ayer a las 17 horas a las dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco para interrogar extensamente a los sospechosos de participar en las acciones violentas denunciadas por el intendente de esa zona.

A raíz de esa situación, el actualmente prófugo dirigente Víctor Ancalaf, sobre quien pesa una orden de detención, sostuvo, en declaraciones a una radioemisora local, que su casa fue allanada durante su ausencia y que no piensa entregarse a la justicia porque no cree en ella.

Advirtió que la situación es extremadamente grave y que si sus hermanos no son dejados en libertad habrá nuevas acciones de comuneros mapuches, pero no las especificó.

El ministro Grandón no quiso opinar sobre la detención de las siete personas y dijo que todo está en estado de sumario.

La designación del ministro Grandón obedece al requerimiento interpuesto ante el tribunal de alzada por el intendente de la Región de la Araucanía, Oscar Eltit, quien solicitó aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes resulten responsables de la serie de acciones de fuerza y violencia ocurridas a comienzos de mes en las comunas de Ercilla y Collipulli, ambas en la provincia de Malleco.

Dicho cuerpo legal sanciona con penas aún más graves los delitos que atenten contra la seguridad del Estado, perturben la paz social y promuevan el desorden público, como se califica a estos hechos registrados en la Araucanía, donde habita en mayor proporción la etnia mapuche.

Además del magistrado Grandón, otros tres ministros han sido designados en los últimos dos años para investigar con especial dedicación la progresiva sucesión de ocupaciones de tierras, atentados incendiarios, robos de maderas, destrucción de puentes y hasta agresiones y emboscada a la policía y trabajadores de empresas forestales.

El primero fue el ministro Víctor Reyes, designado en diciembre de 1997 para investigar la quema y destrucción de tres camiones de transporte de maderas cometidos por mapuches encapuchados en diciembre de ese año, en el camino vecinal que une a las localidades rurales de Lumaco y Purén.

Respecto de su investigación, la Corte de Apelaciones de esta ciudad confirmó la semana pasada las condenas impuestas por Reyes a ocho indígenas como autores intelectuales y materiales de la quema de los camiones en Lumaco, propiedad de Forestal Bosques Arauco.

Como autor intelectual fue condenado a tres años y un día, sin beneficios penitenciarios, el actualmente prófugo estudiante universitario Aníbal Salazar Huichacura, apodado "El Kiwi". En tanto, otro siete mapuches cumplen penas remitidas; vale decir, están en libertad, pero con la obligación de firmar semanalmente un libro de registros en Gendarmería.

Después fue nombrado como ministro en visita, Archibaldo Loyola, para investigar la quema de maquinarias agrícolas, emboscada y destrucción a vehículos de empresas forestales y enfrentamientos entre mapuches y policías, registrados en Traiguén a comienzos del presente año.

Hasta ahora, Loyola mantiene procesadas a 16 personas, la mayoría mapuches (los que no son, están casados con miembros de la etnia), por existir presunciones fundadas de su participación en los hechos, pero todos están en libertad condicionada.

Finalmente, figura el ministro de fuero Héctor Toro, quien investiga la agresión y lesiones con armas de fuego (rifles a postones), blanca (hachas) y objetos contundentes, como palos, piedras o fierros, que dejaron siete carabineros heridos en junio último por mapuches durante diligencia en el sector de Collipulli.

Entre otros, dicho cuerpo legal en su título tercero, artículo sexto, letra C, sobre delitos de orden público, sanciona "a los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transportes o distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".

Cabe destacar que la primera sentencia desde que comenzaron en 1992 las movilizaciones de comuneros mapuches que reclaman autonomía territorial y política, fue dictada contra 144 mapuches por el ministro en visita Antonio Castro, quien aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los indígenas vinculados al Consejo de Todas las Tierras.

Intenso Interrogatorio

El ministro Grandón, quien asumió el lunes último y en un rápido procedimiento despachó inmediatamente una orden amplia de investigar a la policía, ingresó ayer a las 17 horas a las dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco para interrogar extensamente a los sospechosos de participar en las acciones violentas denunciadas por el intendente de esa zona.

A raíz de esa situación, el actualmente prófugo dirigente Víctor Ancalaf, sobre quien pesa una orden de detención, sostuvo, en declaraciones a una radioemisora local, que su casa fue allanada durante su ausencia y que no piensa entregarse a la justicia porque no cree en ella.

Advirtió que la situación es extremadamente grave y que si sus hermanos no son dejados en libertad habrá nuevas acciones de comuneros mapuches, pero no las especificó.

El ministro Grandón no quiso opinar sobre la detención de las siete personas y dijo que todo está en estado de sumario.

La designación del ministro Grandón obedece al requerimiento interpuesto ante el tribunal de alzada por el intendente de la Región de la Araucanía, Oscar Eltit, quien solicitó aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes resulten responsables de la serie de acciones de fuerza y violencia ocurridas a comienzos de mes en las comunas de Ercilla y Collipulli, ambas en la provincia de Malleco.

Dicho cuerpo legal sanciona con penas aún más graves los delitos que atenten contra la seguridad del Estado, perturben la paz social y promuevan el desorden público, como se califica a estos hechos registrados en la Araucanía, donde habita en mayor proporción la etnia mapuche.

Además del magistrado Grandón, otros tres ministros han sido designados en los últimos dos años para investigar con especial dedicación la progresiva sucesión de ocupaciones de tierras, atentados incendiarios, robos de maderas, destrucción de puentes y hasta agresiones y emboscada a la policía y trabajadores de empresas forestales.

El primero fue el ministro Víctor Reyes, designado en diciembre de 1997 para investigar la quema y destrucción de tres camiones de transporte de maderas cometidos por mapuches encapuchados en diciembre de ese año, en el camino vecinal que une a las localidades rurales de Lumaco y Purén.

Respecto de su investigación, la Corte de Apelaciones de esta ciudad confirmó la semana pasada las condenas impuestas por Reyes a ocho indígenas como autores intelectuales y materiales de la quema de los camiones en Lumaco, propiedad de Forestal Bosques Arauco.

Como autor intelectual fue condenado a tres años y un día, sin beneficios penitenciarios, el actualmente prófugo estudiante universitario Aníbal Salazar Huichacura, apodado "El Kiwi". En tanto, otro siete mapuches cumplen penas remitidas; vale decir, están en libertad, pero con la obligación de firmar semanalmente un libro de registros en Gendarmería.

Después fue nombrado como ministro en visita, Archibaldo Loyola, para investigar la quema de maquinarias agrícolas, emboscada y destrucción a vehículos de empresas forestales y enfrentamientos entre mapuches y policías, registrados en Traiguén a comienzos del presente año.

Hasta ahora, Loyola mantiene procesadas a 16 personas, la mayoría mapuches (los que no son, están casados con miembros de la etnia), por existir presunciones fundadas de su participación en los hechos, pero todos están en libertad condicionada.

Finalmente, figura el ministro de fuero Héctor Toro, quien investiga la agresión y lesiones con armas de fuego (rifles a postones), blanca (hachas) y objetos contundentes, como palos, piedras o fierros, que dejaron siete carabineros heridos en junio último por mapuches durante diligencia en el sector de Collipulli.

Entre otros, dicho cuerpo legal en su título tercero, artículo sexto, letra C, sobre delitos de orden público, sanciona "a los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transportes o distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".

Cabe destacar que la primera sentencia desde que comenzaron en 1992 las movilizaciones de comuneros mapuches que reclaman autonomía territorial y política, fue dictada contra 144 mapuches por el ministro en visita Antonio Castro, quien aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los indígenas vinculados al Consejo de Todas las Tierras.


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