CONTRA HACIENDA LLEU-LLEU, EN ARAUCO:
Tercer Atentado
Incendiario De Mapuches en Cañete
En Lumaco, el titular de Mideplan,
Germán Quintana, debió suspender reunión con comuneros
indígenas tras ser agredido e insultado.
CAÑETE-LUMACO
(Patricio Gómez y María Angélica Venegas).- La violencia
continúa en aumento en el conflicto mapuche en las regiones del
Biobío y de la Araucanía, tras producirse en la madrugada
de ayer un tercer atentado incendiario contra la hacienda Lleu-Lleu, en
la provincia de Arauco.
A ello se sumó la acción
de pequeños grupos de mapuches vinculados al Consejo de Todas las
Tierras, quienes provocaron serios incidentes en el cuarto diálogo
que sostuvo el ministro de Mideplan, Germán Quintana, en la comuna
de Lumaco, con comuneros mapuches.
En la Región del Biobío,
el tercer atentado incendiario contra la hacienda Lleu-Lleu dejó
pérdidas que superan los 40 millones de pesos. El predio es de propiedad
de Osvaldo Carvajal Rondanelli y está situado en la comuna de Cañete,
provincia de Arauco.
La primera de estas tres acciones de
violencia había ocurrido el domingo 14 de marzo, la cual culminó
con el incendio de un galpón y el saqueo de la casa patronal tras
una rogativa mapuche. Por ello están sometidos a proceso dos miembros
de la dividida comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco y su
hijo Luis, actualmente ambos en libertad provisional.
Otro hecho parecido se produjo el viernes
26 de marzo, sin que existan detenidos, aunque sí sospechosos, según
Carabineros.
CARABINEROS ESTABAN EN INTERIOR DURANTE
ATENTADO
El atentado de ayer tuvo lugar a las
3.15 horas y la alarma fue dada por personal de guardia de Carabineros
que permanecía al interior del predio, custodia que había
sido requerida por el propietario y concedida por el juez subrogante del
Crimen de Cañete, Jaime Alvarez Astete.
Los funcionarios policiales se encontraban
en el interior de un furgón policial junto a la casa patronal, a
unos 50 metros de distancia del galpón siniestrado.
Víctor Gutiérrez, administrador
de la hacienda, relató que cuando fue alertado por los carabineros,
el galpón, que contenía más de 5 mil fardos de pasto,
un tractor con remolque, cercos metálicos e insumos agrícolas,
ya estaba incendiándose, sin que pudiese hacerse nada.
Los esfuerzos se concentraron en evitar
que las llamas alcanzaran una vivienda aledaña, residencia de un
trabajador y su familia.
Gutiérrez dijo que no se notó
nada extraño hasta que la policía uniformada se percató
de la aparición del fuego. Manifestó que no habían
recibido amenazas, como en ocasiones anteriores. Hasta el lugar llegaron
funcionarios de los laboratorios de criminalística de Carabineros
e Investigaciones para realizar peritajes.
Por su parte, Carvajal dijo que lo
ocurrido demuestra que están siendo superadas todas las medidas
de protección. Manifestó su perplejidad ante el grado de
osadía de quienes están detrás de ese tipo de acciones
violentistas.
A raíz del primer atentado incendiario
a la hacienda Lleu-Lleu el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción
había designado como ministra en visita a María Leonor Sanhueza,
a petición del Gobierno.
La jueza especial estuvo poco más
de un mes a cargo del caso, siendo relevada hace diez días por el
tribunal de alzada de Concepción, ante la falta de ministros para
integrar sus salas. El proceso quedó en manos del juez subrogante
de Cañete, Jaime Alvarez.
ACCIDENTADO DIALOGO DE MINISTRO QUINTANA
En tanto, en la localidad de Capitán
Pastene, comuna de Lumaco, 140 kilómetros al norte de Temuco, en
medio de gritos, insultos y el lanzamiento de objetos por parte de comuneros
mapuches vinculados al Consejo de Todas las Tierras, se desarrolló
accidentadamente el cuarto diálogo con grupos indígenas convocado
por el Gobierno, con asistencia del titular de Mideplan, Germán
Quintana.
La reunión debió ser
interrumpida al mediodía, cuando una decena de mapuches de las comunas
de Lumaco y Galvarino comenzaron a exigir del secretario de Estado soluciones
inmediatas a sus demandas de tierras.
Cuando Quintana intentó responder
a cada una de las reclamaciones de los mapuches, éstos comenzaron
a gritar dando a entender que su interés no era escuchar, sino crear
una situación conflictiva como la ocurrida el martes en la comuna
de Curarrehue.
En esa oportunidad, indígenas
también vinculados a la misma organización mapuche lanzaron
huevos y tomates al subsecretario de Bienes Nacionales, Sergio Vergara,
lo que obligó a suspender la reunión.
En la jornada de ayer intervino en
primer lugar el presidente de la Asociación Ñancucheo de
Lumaco, Alfonso Reimán, quien si bien criticó la forma en
que el Gobierno ha abordado el tema mapuche y la fuerte presencia policial
en la zona, sostuvo que por sobre todo los indígenas intentan recuperar
de una vez sus derechos, llamando al Ejecutivo a tener una mayor flexibilidad.
En medio de pifias, el ministro Quintana
señaló que el Gobierno está empeñado, por sobre
los conflictos aislados que generan algunos grupos mapuches interesados
en evitar el avance de las soluciones, en atender lo antes posible y con
mucha responsabilidad sus demandas.
El titular de Mideplan desafió
al centenar de indígenas presentes en el gimnasio municipal de Capitán
Pastene a optar por el diálogo o la violencia para resolver sus
problemas, y no obtener nunca una solución en este último
caso.
En medio de aplausos, cedió
la palabra a los comuneros mapuches que desearan entregar sus propuestas.
Sólo alcanzaron a intervenir tres de ellos, cuando Meilhueño
Huilcamán, hermano del líder del Consejo de Todas las Tierras,
Aucán Huilcamán, interrumpió el diálogo con
el apoyo de una decena de indígenas, obligando al intendente de
la Araucanía, Oscar Eltit, a suspender la reunión, para dar
paso anticipado a una colación.
ARROJARON COLACION A MINISTRO QUINTANA
Cuando funcionarios municipales la
repartían en el lugar, el pequeño grupo disidente arrojó
las suyas al ministro Quintana, gritándole que no se vendían.
La mayoría de los demás asistentes se mantuvo al margen del
incidente.
El diálogo se reanudó
en la tarde, y ante la negativa de Quintana de acceder a una petición
para que en la comisión conformada por el Gobierno se incluyan representantes
de las comunidades en conflicto, finalizó el encuentro con el retiro
de los asistentes.
GOBIERNO SE QUERELLA CONTRA AGRESORES
El Gobierno presentará las querellas
correspondientes en contra de quienes resulten responsables de las agresiones
en contra de Carabineros y ataques a la propiedad pública y privada,
según anunció ayer el ministro Secretario General de Gobierno,
Jorge Arrate.
Arrate calificó el ataque de
grupos mapuches con armas de fuego, cortopunzantes y hachas a la policía
como "extraordinariamente grave" e inaceptable para el Ejecutivo.
Explicó que las demandas que
interpondrá el Ejecutivo serán por delitos comunes y no significarán
la aplicación de leyes especiales. "Pero esto no significa que la
Ley de Seguridad del Estado no sea un instrumento disponible", agregó.
Los incidentes se produjeron este lunes
en el fundo Araucaria de Collipulli, Región de la Araucanía,
resultando lesionados siete funcionarios policiales, dos de ellos de gravedad.
En el lugar fueron detenidos los mapuches
Eduardo Sanhueza Castro, autor de 18 disparos en contra de la fuerza pública,
y Olivar Maldonado, de 68 años, quien propinó un golpe de
hacha en la espalda del carabinero Juan Riffo.
ATISBO DE AVANCE EN NEGOCIACIONES
En tanto anoche, el werkén de
la organización mapuche Consejo de Todas Las Tierras, Aucán
Huilcamán, confirmó que pese al frente de mal tiempo que
afecta a la Región de la Araucanía, hoy se dará inicio
a la anunciada marcha que pretende convocar a más de 300 mapuches
en una caminata a Santiago.
Así lo precisó el dirigente
tras culminar pasadas las 21 horas una reunión de trabajo con el
ministro de Mideplan, Germán Quintana, quien habría comprometido
la voluntad de la Conadi de dar un trato preferencial a las 22 comunidades
mapuches que mantienen ocupaciones de terreno en la zona siempre y cuando
la organización depusiera las movilizaciones.
Huilcamán dijo que tal decisión
será evaluada hoy por los dirigentes y que de ser aceptada la propuesta
de la autoridad se darán un plazo de 30 días para observar
los avances de las negociaciones. |