Rodrigo González atribuyó responsabilidades a las dos administraciones anteriores por no haber resuelto la situación de 10 mil títulos de merced. Ministro Germán Quintana viaja hoy a Temuco.
 

TEMUCO/CONCEPCION (M. Angélica Venegas y Patricio Gómez).- El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, reconoció que el actual conflicto étnico se debe en gran parte al hecho de que la entidad que preside no resolvió oportunamente el problema de la tierra.

En lo puntual, González dijo que durante las dos administraciones pasadas de la Conadi debieron haberse resuelto los problemas de 10 mil títulos de merced para familias mapuches, lo que no se hizo. Es decir, según la autoridad, el problema indígena relativo a la propiedad pudo haberse evitado.

Añadió que sólo en 1998 se inició dicho estudio - con un retraso de seis años- y que a fines del presente año estaría terminado.

Más allá del problema de fondo asociado a la propiedad de las tierras, el conflicto coyuntural será abordado por el Ministro de Planificación y Cooperación, Germán Quintana, quien hoy viajará hasta Temuco para analizar en terreno la problemática.

En cuanto a los títulos de merced, González precisó que cerca de 10 mil fueron otorgados originariamente a comunidades mapuches durante el siglo pasado, y hoy sirven como fundamento histórico para la reivindicación de tierras por parte de grupos indígenas en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos.

Rodrigo González señaló que este proceso permitirá por primera vez elaborar una política a largo plazo para la compra de territorios y dar solución a las demandas ancestrales mapuches.

DENUNCIA DEFICIENCIAS DE ADMINISTRACIONES PASADAS

Asimismo, será posible identificar a las comunidades afectadas por la pérdida de sus tierras y conciliar las cifras demandadas. Este análisis se estimaba como elemental para ordenar las expectativas territoriales que surgieron entre los mapuches a partir de la creación de la Conadi, en 1992.

No obstante, González explicó que parte de las deficiencias de las dos administraciones pasadas de la Conadi - con Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura- fueron no priorizar el citado estudio, que podría haber evitado la efervescencia que afecta a algunas comunas del sur del país.

Aunque las movilizaciones mapuches aparecen respaldadas por organizaciones de diversa naturaleza, como el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Mapuche, éstas tienen en común el sentimiento de frustración de las comunidades por el lento avance estatal en la solución de los conflictos de propiedad durante los últimos cinco años, algunos de los cuales se arrastran por décadas.

Los títulos de merced fueron entregados durante el siglo pasado cuando, a partir de 1884, el Estado otorgó reconocimiento jurídico a las tierras ocupadas por los indígenas mediante la emisión de estos documentos a los lonkos o jefes de las comunidades.

Los problemas surgieron con las posteriores inscripciones de dichos predios y sus correspondientes títulos de dominio, que en miles de casos apenas reconocieron pequeñas porciones en relación a lo establecido en los certificados de merced. Las tierras faltantes fueron inscritas a nombre de terceros, y en el transcurso de los últimos cien años han sido vendidas y compradas por agricultores y empresas forestales.

"Se trata de conflictos, juicios y litigios que por años se mantuvieron ocultos en carpetas y oficinas y que nunca fueron sometidos a una evaluación. Por décadas la única vía que tuvieron las comunidades para resolver sus demandas fueron los tribunales, lo que pocas veces tuvo resultados en favor de ellas", especificó González.

Se estima que existirían diez mil títulos de merced en el archivo de la Conadi, entregados a indígenas que habitan entre Cañete y Chiloé. La revisión y clasificación de dichos documentos se inició hace sólo un año y medio.

Desde la creación de la Conadi, en 1992, el organismo dependiente de Mideplan ha resuelto demandas históricas a través del Fondo de Tierras, las que a la fecha han beneficiado a cerca de un centenar de familias, con la adquisición de 75 mil hectáreas de terrenos. Estos casos fueron inscritos en los listados de espera - que hoy llegan a 50- , que en promedio tardan un año y medio en ser resueltos.

El director de Conadi dijo que en los casos de la mayoría de las comunidades que se encuentran en estado de movilización en el sur del país no existen antecedentes acerca de sus peticiones y que la única forma de resolverlas es que hagan uso de los canales institucionales para su análisis.

El personero reconoció que la tarea no es simple, ya que además de destinar profesionales abogados para revisar el historial legal de las reclamaciones es necesario contratar topógrafos que verifiquen en terreno los límites, en su mayoría poco precisos, que están contenidos en los títulos de merced.