Acción la realizaron con apoyo de vigilantes para advertir presencia policial.

Empresarios afectados advierten que hay seria amenaza a las inversiones.
 

TEMUCO/CONCEPCION (María Angélica Venegas y Patricio Gómez).- Con hachas y motosierras, campesinos mapuches iniciaron ayer la tala ilegal de bosques de pinos y eucaliptus en predios que se encuentran tomados en las regiones de la Araucanía y del Biobío.

En una actitud desafiante hacia la autoridad y de los derechos de sus legítimos propietarios, en algunos sectores, como Collipulli, los comuneros derribaron árboles y pusieron vigilantes para alertar al momento en que la policía uniformada concurra a desalojarlos.

Estos nuevos y conflictivos sucesos tuvieron lugar ayer en medio de las advertencias del sector privado, particularmente de las filiales regionales de la Corporación Chilena de la Madera y la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, las que denunciaron que el clima de inestabilidad e inseguridad producto de estas acciones de violencia amenaza las inversiones y desarrollo de esas regiones. Al mismo tiempo, exigieron que el Gobierno aplique los instrumentos legales vigentes con el fin de restituir el derecho de propiedad, el orden público y paz social. Sin embargo, los dirigentes gremiales abogaron por una salida dialogada al conflicto mapuche, reconociendo que las etnias se encuentran sumidas en la extrema pobreza.

Durante la jornada se registraron tres nuevas ocupaciones ilegales distribuidas geográficamente en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín.

En la región del Biobío, integrantes de la dividida comunidad Pascual Coña ingresaron ayer a la hacienda Lleu-Lleu, en la comuna de Tirúa, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal. Dicho predio, de 280 hectáreas, de las cuales los mapuches reclaman 70, fue objeto de dos ataques incendiarios que dejaron pérdidas por $ 180 millones. La acción fue liderada por el vocero de las comunidades en conflicto de la provincia de Arauco, José Huenchunao, y por Avelino Meñaco, quien junto a su hijo Luis están procesados por la ministra en visita, María Leonor Sanhueza, por uno de los incendios que afectaron al predio.

En la región de Araucanía, en tanto, voceros de las organizaciones indígenas Consejo de Todas las Tierras y Coordinadora Mapuche informaron que desde primeras horas fueron "recuperados" los fundos Pidenco, de Lumaco, de propiedad de Bosques Arauco; Santa Rosa de Colpi, de Traiguén, de forestal Mininco, y Aguas Buenas, de Galvarino, perteneciente a los agricultores Heriberto Cuadra y Pablo Reidel.

De esta forma se elevaron a trece los fundos afectados por medidas de fuerza a partir del jueves último, día en que se iniciaron las tomas por parte de grupos étnicos que aparecen respaldados por las citadas agrupaciones mapuches.

Las 20 comunidades declaradas en conflicto, de un total de dos mil reconocidas por la Conadi, exigen la entrega de 15.302 hectáreas. Del total de predios ocupados, siete pertenecen a empresas forestales, cuatro a particulares y dos al fisco. Las comunidades afirman que las tierras reclamadas fueron suyas en algún momento. Sostienen que, según cada caso, las perdieron al reconocer los títulos de dominio menos hectáreas que las entregadas en los títulos de merced concedidos el siglo pasado.

Sin embargo, a la petición de devolución de territorios - la mayoría de las cuales el Gobierno reconoce que tienen fundamentos atendibles- se agrega ahora la difícil situación económico-social que afecta a estas familias. Según el dirigente José Huenchunao, en cuatro de los cinco predios tomados en la región del Biobío se realizan siembras agrícolas porque "estamos viviendo una situación de extrema necesidad y la pobreza nos está empujando a estas acciones".

Advirtió que son las labores agrícolas y la explotación de algunos bosques, como en el caso de Collipulli, Contulmo, Tirúa y Los Alamos, las que están entregando a los indígenas las herramientas para subsistir, lo que les reafirma la necesidad de hacer una recuperación efectiva de las tierras.

EMPRESARIOS DENUNCIAN
CLIMA DE INESTABILIDAD

Los máximos líderes empresariales del Biobío, encabezados por Hernán Ascuí, de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, y Jorge Serón, de la Corma, se reunieron ayer con el Intendente, Martín Zilic, para expresarle su profunda preocupación por el clima de inestabilidad existente en Arauco y la Araucanía.

El dirigente precisó que la zona de Arauco será la más perjudicada porque los inversionistas en proyectos turísticos, inmobiliarios y forestales buscarán otros sitios para ejecutar sus iniciativas. "Por la vía de las tomas y la violencia no sólo las comunidades mapuches terminan siendo más pobres, sino que les hacen un pésimo favor a la región, a las empresas y sus trabajadores", indicó.

Por su parte, Jorge Serón, de Corma, dijo que sería muy mala señal que el Gobierno dé soluciones a predios que han sido ocupados por comunidades que no están dentro de las nóminas oficiales de la Conadi. "Con ello se estaría dando luces de que si uno quiere resolver un problema de tierras se tiene que generar conflicto, lo que no es sano", opinó.

En Temuco, el jefe de la IX Zona de Carabineros, general Mauricio Catalán, afirmó que en todos aquellos predios en conflicto se mantienen patrullajes especiales. Sin embargo, aclaró que de no ocurrir situaciones de violencia al interior de las propiedades, la policía uniformada esperará las resoluciones judiciales para proceder al desalojo de los mapuches.

En este sentido, los intendentes de ambas regiones, Isaac Vergara y Martín Zilic, respectivamente, llamaron a los propietarios afectados a formular las denuncias por usurpación o daños, según el caso, en los tribunales, y con el fin de obtener el desalojo de los predios.

Ayer tarde se confirmó que la totalidad de los particulares cuyos predios están ocupados por mapuches formalizó sus reclamos en los juzgados de sus ciudades. Se espera que en las próximas horas la policía uniformada reciba las correspondientes órdenes para restablecer el orden y la ley en todos ellos.

PREOCUPAN TALAS

El gerente de asuntos públicos de forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, expresó la inquietud de la maderera por el inicio de talas en el predio Rucañanco. Si bien estimó que la corta de algunos bosques de eucaliptus obedece más bien a una medida de presión hacia el Gobierno, estimó que estas acciones igual generan daños al patrimonio de la empresa.

Durante la jornada, en Collipilli, más de un centenar de campesinos comenzó a extraer eucaliptus con el fin de comercializarlos para obtener recursos para adquirir alimentos, según relataron.

En las inmediaciones del predio de 1.600 hectáreas, los indígenas bloquearon los caminos con gigantescos árboles para evitar la llegada de personal policial con instrucciones de desalojo. Los comuneros reconocieron que ello será inevitable, pero aseguran que resistirán la acción uniformada si ello les permite alimentarse.

DISPUTAN LIDERAZGO

Para el Gobierno, las nuevas tomas que han ocurrido en el sur responden a un interés de distintas organizaciones mapuches por dirigir la etnia, y legitimarse como principales interlocutores.

Ello, porque a las acciones que hasta el momento había propiciado la denominada Coordinadora Arauco-Malleco, ahora se sumó con tomas en otros lugares el Consejo de Todas las Tierras, liderado por Aucán Huilcamán.

El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Rodrigo González, reiteró que no se privilegiarán en el proceso de entrega de tierras a las comunidades que protagonicen tomas.

El personero explicó que están chequeando caso a caso las características de conflicto, pues las peticiones varían dependiendo de la comunidad.

Esto se debe a que mientras algunas demandas afectan a terrenos que están en poder fiscal, otras son propiedad de particulares.

Por ejemplo, indicó que en el caso de toma de bienes fiscales en la IX Región, el tema central apunta a algunos derechos de veranadas y piñonadas para las familias.

Al mismo tiempo, indicó que es necesario discernir si las peticiones son de orden histórico-jurídico o corresponden a solicitudes para ampliar terrenos.

En este caso, las alternativas que operan son la postulación a través del Fondo de Tierras y Agua, y los subsidios para que las familias amplíen sus predios.

A juicio de González, lo que persiguen las tomas es presionar a la autoridad para que acelere la tramitación de solicitudes en esta línea, pero reiteró que la Conadi no alterará los plazos ni procedimientos requeridos.

"La toma es un mal instrumento, y los que lo ocupan están mal aconsejados. Sólo persiguen atraer publicidad sobre sus demandas", añadió.