Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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El Mercurio Electrónico
 
Santiago de Chile, Viernes 23 de Abril de 1999
 

 
 
 
 
 
 

SEISCIENTAS HECTAREAS EN SECTOR DE CURARREHUE:
Mapuches Ocuparon un Predio Fiscal

Solicitan que Ministerio de Bienes Nacionales reconozca sus derechos sobre el lugar.
 

TEMUCO (María Angélica Venegas).- Comunidades mapuches de la provincia de Cautín iniciaron ayer la ocupación ilegal de 600 hectáreas de terrenos fiscales en la cordillerana comuna de Curarrehue, a unos 220 kilómetros al oriente de esta ciudad.

Esta "toma" se registró en medio de nuevas advertencias de movilizaciones que ayer anunciaron organizaciones indígenas de la IX Región, como medida de presión al Gobierno para que solucione sus reclamos de tierras que aseguran pertenecerles.

La ocupación efectuada en Curarrehue es liderada por las comunidades mapuche-pehuenche Manuel Marillanca y Manuel Quintanahuel, que habitan en los altos cordilleranos de esa comuna, en el límite con Argentina. Sus dirigentes reclaman derechos ancestrales sobre 600 hectáreas de tierras que en la actualidad se encuentran bajo el estatus jurídico de áreas protegidas y tierras fiscales y esperan que éstos sean reconocidos por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Por su parte, la Unión de Comunidades Mapuches Autónomas de Purén, en Malleco, dio un ultimátum a la Conadi de 20 días para responder al plan de trabajo fijado en 1998 por el consejo nacional del organismo, que priorizó 59 casos vinculados a las demandas de tierras, entre las regiones del Biobío y la Araucanía.

El presidente de la organización, Nicolás Millao, junto con acusar a la Conadi de dilatar y engañar a los indígenas, advirtió que de no tener acogida su emplazamiento, los mapuches de Purén tomarán como ejemplo la movilización impulsada por la comunidad Juan Maril de Lumaco, que desde el lunes ocupa el fundo Tranaquepe, de propiedad del agricultor Ulises Venturelli.

Este, a través de un comunicado de prensa, acusó al Gobierno de impulsar una campaña destinada a encubrir la pasividad con que la autoridad actúa cuando se viola el derecho de propiedad de los particulares.

 
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