Subsecretario del Interior se reunió en Chillán con intendentes y gobernadores de la VIII y IX Región para enfrentar últimos hechos de violencia y aplicar, si fuese necesario, la Ley de Seguridad Interior del Estado.
 

CHILLAN-LUMACO (Patricio Gómez y María Angélica Venegas).- Un centenar de mapuches de la comunidad Juan Maril ocupó ayer el fundo Tranaquepe de Lumaco y amenazó con la tala de sus bosques si el Gobierno no procede a la compra del predio para uso de esa comunidad étnica.

En el intertanto, el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, no descartó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por los hechos ocurridos en Traiguén, Novena Región, donde manifestantes enmascarados procedieron a la quema de una máquina retroexcavadora de la forestal Mininco el sábado 10 del presente.

Por su parte, los miembros de la comunidad Juan Maril exigen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, la compra del predio de 400 hectáreas de bosques del fundo Tranaquepe en una cifra cercana a 1.500 millones de pesos.

El domingo pasado un vehículo de la forestal Mininco sufrió la destrucción del parabrisas tras otro ataque de un grupo mapuche en las cercanías del campamento que la empresa mantiene a 17 kilómetros de Traiguén.

NO DESCARTAN
LEY DE SEGURIDAD

Pickering advirtió en Chillán, en donde se reunió con los intendentes de la Octava y Novena Región y los gobernadores de las provincias de Arauco, Biobío y Malleco para analizar el tema mapuche, que el Gobierno no aceptará la autotulela, ni de los indígenas que toman la ley por sus manos quemando predios y maquinarias, ni de grupos que forman asociaciones para defenderse por sentirse amenazados.

El personero gubernamental aseguró que nunca se ha descartado aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.

"Hay gente que parece haberse sentido más cómoda hace quince años, cuando creían que la seguridad de sus negocios era la fuerza policial. Ahora no existe esa concepción del país, porque hay que integrarlos a todos, respetando los derechos de propiedad de las empresas y también de los indígenas", recalcó.

Pickering aseguró que había un importante reforzamiento de las fuerzas policiales en los sectores más conflictivos, y que se evaluaba la situación específica producida en Traiguén para efectos de aplicar el citado cuerpo legal en el caso que los hechos así lo ameriten y sus responsables estén plenamente identificados.

En el área existe un contingente de más de 150 efectivos policiales, algunos de ellos actuando de civil, con el fin de resguardar el trabajo de más de 200 obreros.

Respecto de los dos atentados incendiarios y el saqueo habido en la hacienda Lleu-Lleu, en Cañete, provincia de Arauco, Pickering anunció que había una serie de nuevos antecedentes que arrojarán importantes novedades.

El caso está en manos de la ministra en visita María Leonor Sanhueza, designada por la Corte de Apelaciones de Concepción a petición del Gobierno.

En Chillán, el subsecretario Pickering se reunió con los intendentes de la Octava y Novena Región, Martín Zilic y Oscar Eltit, respectivamente, y con los gobenadores de las provincias de Arauco, Carlos González; de Biobío, Juan Carlos Coronata, y de Malleco, Roberto Parant, para un exhaustivo análisis del conflicto indígena en la zona.

Según el personero, existe una deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, el cual es un problema que no surgió hace sólo 10 ó 15 años, sino que tiene 300 ó 400 años de existencia.

En tal sentido, el Estado nunca habría resuelto adecuadamente la efectiva integración del pueblo mapuche a la vida del resto de la nación. Por esta razón, se ha constituido en comunidades aisladas y con una marcada situación de marginalidad. Ello, pese al esfuerzo de la Conadi, que ha comprado más de 5 mil hectáreas en los últimos años, además de medidas como la dictación de la Ley Indígena.

PICKERING MINIMIZA
PRESIONES INDIGENAS

Pickering dijo que en las provincias de Arauco y Malleco hay más de 1.500 comunidades mapuches, no siendo más de 7 las que han presentado situaciones conflictivas o se han expresado en ocasiones en términos violentos.

Señaló que en la Novena Región existe una población de 250 mil indígenas, y por ello no tienen justificación afirmaciones exageradas en cuanto a que los mapuches de esa zona y de la provincia de Arauco están en pie de guerra, estado de insubordinación o de rebelión.

Puntualizó que existen situaciones específicas que están siendo atendidas y para lo cual se ha creado una comisión de alto nivel que preside el titular de Mideplán, ministro Germán Quintana, encargada de estudiar el problema de fondo, cual es el de cómo avanzar en las modificaciones legales que requiere la actual Ley Indígena.

MAPUCHES FIJAN PLAZO
PARA COMPRA DE PREDIO

En Lumaco, las cien familias que ayer iniciaron una "toma" del fundo Tranaquete esperarán hasta mañana miércoles una respuesta del Gobierno respecto de la compra de las 390 hectáreas forestadas de ese predio, de propiedad de Ulises Venturelli Castagnoli.

De lo contrario, advirtieron que comenzarían la tala de los bosques allí existentes para comercializarlos o almacenarlos como leña para el próximo invierno.

En el lugar del conflicto, ubicado a 42 kilómetros de Traiguén, en la provincia de Malleco, los comuneros desmintieron las afirmaciones del Intendente de la Novena Región, Oscar Eltit, quien aseguró en la mañana de ayer que se estaba en presencia de una rogativa indígena y no de una "toma"

La comunidad Juan Maril se dio a conocer en febrero del año pasado cuando por casi un mes protagonizó la ocupación ilegal del fundo El Rincón, perteneciente a forestal Mininco, en la comuna de Purén. La inminencia de un enfrentamiento armado con Carabineros, quienes tenían una orden de desalojo emanada de un tribunal, obligó a la Conadi a comprometer la compra del predio y su posterior traspaso al grupo indígena.

Sin embargo, la maderera se negó a vender, expresando que su política era no negociar bajo medidas de presión en campos de los que es legítima dueña. Ante esta tajante respuesta el organismo estatal aseguró que gestionaría en conjunto con los comuneros un predio alternativo, de similares características al reclamado y lo más cercano posible al actual asentamiento mapuche. En la oportunidad, autoridades aseguraron que dichos trámites no tardarían más de diez meses.

Ayer, el presidente de la comunidad, Carlos Maril, advirtió que se sienten tramitados y engañados por el Gobierno. Reclamó que el fundo tomado ayer reúne las condiciones necesarias para los suyos, ya que se encuentra a menos de un kilómetro de donde ellos viven, lo que no implicaría un desarraigo de las cien familias agrupadas en esa comunidad.

Según fuentes de la Conadi, es impensable adquirir dicho predio, ya que sus tasaciones no bajan de los 1.300 millones de pesos, debido a la edad madura de sus plantaciones de pinos y eucaliptus. Se dijo que la comunidad sabe que existe la voluntad para resolver su problema, pero no a precios imposibles de cancelar.

El propietario de los terrenos, Ulises Venturelli, confirmó su disposición de vender el fundo, ya que está cansado de problemas con los indígenas del sector. Relató que en los últimos dos años ha sufrido numerosos incendios intencionales y presiones por parte de dirigentes, quienes le han advertido que mientras no ceda a sus demandas continuarán las movilizaciones

Venturelli, confirmó ayer que interpuso en la Tercera Comisaria de Traiguén una denuncia por usurpación y se mostró confiado en que la policía ponga fin a la ocupación mapuche en las próximas horas. Durante la jornada, efectivos policiales mantuvieron vigilancia, a la espera de un pronunciamiento del gobierno regional, se informó.