Doscientos propietarios del agro forman frente común para defender, inclusive con armas, sus predios amenazados por mapuches.
 

TEMUCO (María Angélica Venegas).- Un nuevo frente de conflicto entre agricultores y mapuches surgió en la Novena Región tras un acto violentista ocurrido en la provincia de Malleco. Allí, un grupo de indígenas derribó durante la madrugada del sábado un puente que comunica al fundo Rucañanco de forestal Mininco en el sector rural de Traiguén.

Este predio maderero, a diferencia de otros que colindan exclusivamente con hijuelas de indígenas, tiene por vecinos a particulares no mapuches que han visto afectadas sus actividades cotidianas tras el atentado.

En vista de este nuevo hecho de violencia en la Araucanía, casi doscientos agricultores de la comuna de Collipulli advirtieron ayer que resistirán con todos sus medios - armas incluidas- cualquier provocación o acto de violencia indígena.

Si bien este incidente fue considerado menor en relación a las millonarias pérdidas que dejó la quema de maquinaria agrícola en Traiguén - situado a 80 kilómetros de Rucañanco- , para los agricultores de la zona es el más grave de una serie de acciones de hostigamiento que han soportado en los últimos meses.

Productores, organismos policiales y políticos han responsabilizado en forma directa o indirecta al dirigente mapuche Víctor Ancalaf (PS), quien vive cerca del fundo Rucañanco. Este, pese a haber sido beneficiado por la compra de tierras que hizo la Conadi, sería uno de los beligerantes líderes del conflicto mapuche en la provincia.

En el denominado sector San Andrés de Collipulli, ubicado a unos 11 kilómetros al poniente, la Conadi adquirió para Ancalaf y otras doce familias de su comunidad 133 hectáreas, por un monto superior a los $ 160 millones.

A nivel de Gobierno, la conducta mostrada por Ancalaf en los últimos meses ha causado profunda molestia, ya que mientras duró su proceso de adjudicación de tierras no causó controversia e incluso mostró llevarse muy bien con las autoridades.

Pero en los últimos meses hubo un cambio radical. Incluso encaró a gritos al Presidente Eduardo Frei en una ceremonia en la provincia de Malleco, en enero último, advirtiéndole que "está en territorio mapuche".

El dirigente pertenece a la coordinadora de comunidades en conflicto de Arauco y Malleco y participa activamente en las movilizaciones indígenas en demanda de más tierras.

SE ALTERO LA TRANQUILIDAD

Según reconocen agricultores de Collipulli, la mayoría ha convivido en forma pacífica por décadas con grupos mapuches, pero desde la llegada de la comunidad Ancalaf - con un total de doce familias- los propietarios de los fundos Palermo, Ginebra, Granadero y Curán han enfrentado constantes amenazas de "tomas", robos de madera y talas ilegales, entre otras provocaciones.

Lo anterior, sin considerar el problema que sufre Forestal Mininco. Al igual que en Traiguén con el predio Santa Rosa de Colpi, el fundo Rucañanco, de mil 90 hectáreas, ha sido permanente escenario de hechos de violencia.

La inquietud y organización de los agricultores surge de las continuas contradicciones en que ha incurrido la autoridad respecto de la forma de enfrentar los actos de violencia en que participan grupos étnicos. Ello motivó que unos doscientos propietarios, de variada condición económica, formaran el llamado Frente Común por la Defensa de Nuestras Tierras.

Si bien se reconoció que en el movimiento participan en forma directa unos treinta agricultores, los restantes toman parte activamente de los acuerdos de éstos. De hecho, se comentó que cuentan con un amplio sistema de comunicación radial y telefónico y que en caso de problemas existe el compromiso de ayudarse mutuamente, incluso con armas si es necesario.

Ayer, el presidente del frente, Fredy Molina, dijo que le parece increíble que el Gobierno no reaccione ante la serie de "actos terroristas" que afectan a la provincia de Malleco y que tengan que ser las propias víctimas las que deben unirse para defender lo suyo.

Criticó a los tribunales, por dejar libres a los pocos días a los indígenas responsables de hechos de violencia, y a la autoridad, por no usar todos los instrumentos legales de que dispone para detener la violencia.

Aunque el personero reconoció que se está en presencia de un problema puntual, gestado por unos pocos mapuches, el clima de beligerancia e intranquilidad ha llevado a algunos productores a paralizar las inversiones en sus campos por temor a que sean "tomados" u objeto de incendios.

En el país existen casi tres mil comunidades étnicas, la mayoría de origen mapuche. La población total bordea el millón de habitantes en Chile.

Si bien los focos de conflicto se han centrado en las provincias de Malleco (IX Región) y Arauco (VIII Región), la magnitud de los acontecimientos - como saqueos a propiedades, quema de maquinaria agrícola, golpizas a guardias forestales, incendios intencionales y "tomas"- ha sido interpretada por muchos sectores como una amenaza a la seguridad pública nacional.

Se critica al Gobierno, que no ha actuado con la misma energía en todos los casos. En círculos empresariales no se comprende por qué el Ejecutivo se niega a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los autores de los hechos de violencia, como en 1997, cuando una decena de mapuches quemó una caravana de camiones forestales en un camino público de Lumaco.

"Nosotros no estamos dispuestos a que las inversiones que se han hecho en los campos, que son el trabajo de toda una vida, se tiren por tierra, porque vienen estos activistas a meterse a nuestros campos", precisó el dirigente.

DILIGENCIAS POLICIALES
POR INCENDIOS

En Traiguén, en tanto, la magistrada del juzgado de esa ciudad, Silvia Molina, dictó a ambas policías una orden amplia de investigar, acogiendo de esta forma a tramitación la querella interpuesta por la Intendencia de la IX Región. Esta percibe esclarecer el atentado que significó la destrucción de una retroexcavadora, daños a dos camiones forestales y lesiones a un periodista.

Ayer, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Julio César Grandón, rechazó las críticas de autoridades de Gobierno y de Corma respecto de que los jueces no serían diligentes en la tramitación de causas relacionadas con mapuches y actos violentistas.

Precisó que muchas veces el alcanzar resultados positivos depende de las gestiones que la policía desarrolle en terreno y de la naturaleza de los delitos a investigar. Por su parte, la Seremi de Justicia, Esmirna Vidal, enfatizó que no es suficiente que los dirigentes mapuches condenen a los activistas y que deben proporcionar los antecedentes a los tribunales cuando éstos así lo demanden para detenerlos y castigarlos.

En fuentes de la Intendencia de la IX Región y del Tribunal de Alzada de Temuco se informó que no se considerará la posibilidad de nombrar un ministro en visita para que investigue los incidentes del sábado último en Traiguén.