Del Ejército Guerrillero Popular y MIR:

Investigan Acción Extremista tras Ataques de Indígenas

Corte de Apelaciones de Temuco acogió requerimiento presentado por la Intendencia en contra de los autores de los atentados incendiarios.

Hoy se nombraría un ministro instructor a pedido del Gobierno.

El Mercurio, Jueves 4, de Diciembre de 1997

Una exhaustiva investigación realizan los organismos de seguridad con el objetivo de confirmar la presencia de miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y del Ejército Guerrillero Popular, EGP, con bases en Temuco, en el asalto y quema de tres camiones madereros en la comuna de Lumaco, IX Región.

Tales acciones se insertan en la inédita escalada violentista que protagonizan grupos indígenas desde hace dos meses.

Según fuentes calificadas, la autoridad de Gobierno se encuentra abocada a verificar la posible participación -en una agrupación indígena denominada "Tren-Tren" o "Xen-Xen" en lengua mapuche- de algunos miembros de esas organizaciones violentistas.

La preocupación del Gobierno por la gravedad de estos hechos y la intervención de elementos foráneos en la agitación indígena quedó de manifiesto anteayer cuando las autoridades regionales interpusieron un requerimiento ante la justicia por Ley de Seguridad del Estado contra todos quienes resulten responsables del atentado incendiario, el que fue acogido ayer por la justicia.

La acción de los indígenas, entre los que se encontraban personas armadas, mantiene en alerta a los organismos de seguridad y motivó también la presentación de una querella criminal por parte de la Corporación Chilena de la Madera.

Los hechos, que afectaron a la empresa Bosques Arauco, aparentemente no son acciones aisladas, pues diversas empresas de servicios forestales denunciaron continuas amenazas de muerte contra su personal.

Las mismas fuentes indicaron además que tras este movimiento reinvindicativo se encontraría el Consejo de Todas las Tierras y un organismo no gubernamental, los cuales apoyan la demanda de los mapuches de la zona. Estos piden la devolución de tierras ancestrales donde en la actualidad se realiza una explotación de bosques.

Mayores informes sobre la situación que se vive en la zona y las investigaciones iniciadas en el terreno mismo entregaron, desde Temuco y Concepción, nuestras corresponsales Angélica Venegas y Pilar Espinosa.

HOY NOMBRARAN A MINISTRO EN VISITA

Se informó que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado presentado el martes por el Intendente Oscar Eltit -en representación del Ministerio del Interior- ante la amenaza que significó al orden público el asalto armado y posterior quema de los vehículos de la empresa forestal.

Esta explota plantaciones de pino insigne en el fundo Pidenco y sobre el cual las comunidades Pilin-Mapu y Pichilocoyan alegan derechos ancestrales. Además, hoy se espera conocer el nombre del ministro instructor que investigará estos hechos.

En Concepción, Emilio Uribe, gerente de Corma VIII Región, expresó a nombre de la entidad su satisfacción por la rápida reacción del Gobierno al presentar el requerimiento y se mostró confiado en que la justicia logre ubicar y sancionar a los responsables de los ataques.

Pese a que ayer en la zona del conflicto se vivió una tensa calma, que permitió el funcionamiento parcial de las faenas, en Temuco se dispuso vigilancia policial extraordinaria en las dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) con el fin de evitar una eventual "toma" de los inmuebles donde funcionan las oficinas de la dirección nacional y subdirección sur del organismo.

Además, y aunque declinó comentar las medidas de seguridad, al director de Conadi, Domingo Namuncura, se le otorgó resguardo de un oficial de Carabineros, que lo acompañó de civil a diversas reuniones que sostuvo, a raíz del conflicto indígena.

El personero llegó la mañana de ayer a la ciudad para inquirir mayores antecedentes del caso que involucra a los mapuches. Namuncura declinó referirse al tema al ser consultado por este medio.

Sobre las medidas de seguridad el intendente Eltit aclaró que no existen antecedentes de un eventual atentado contra el funcionario. Dijo que las medidas obedecen sólo a acciones de prevención.

Durante la mañana de ayer, viajó al fundo Pidenco el jefe policial de la IX, con asiento en Valdivia, Jaime Castro, quien dirigió en terreno las primeras diligencias dirigidas a capturar a los presuntos autores materiales e intelectuales de los ataques a la forestal.

ELEMENTOS SUBVERSIVOS

La principal hipótesis que manejan fuentes policiales de esta región -ratificadas ayer en esferas de Gobierno- es la presunta infiltración de elementos subversivos al interior de las comunidas mapuches, debido a que los dos planificados ataques incendiarios contra las instalaciones de la forestal rompieron con la forma tradicional en que los mapuches realizan manifestaciones.

El pasado 13 de octubre, día en que se inició el conflicto, alrededor de 200 indígenas se "tomaron" el camino de acceso al fundo Pidenco. En días posteriores este tipo de acciones se sucedieron sin que se registraran hechos de violencia.

Un mes más tarde, un pequeño grupo de las comunidades se "tomó" las oficinas nacionales de la Conadi en Temuco, la que abandonaron en forma pacífica.

Las manifestaciones tomaron un inesperado giro de violencia cuando el el 25 de noviembre pasado se produjo el primer atentado incendiario que destruyó dos torres madereras y causó importantes daños a otras dos. También hubo destrozos en máquinas en acciones nocturnas y robos menores del interior del campamento forestal.

El lunes pasado, en un hecho sin precedentes una veintena de mapuches, algunos de ellos armados con escopetas y encapuchados, tomaron por asalto en la ruta 44, que une a Lumaco y Purén, a tres de los cuatro camiones que en caravana salían del predio.

Obligaron a sus conductores a bajar de los transportes y huir a pie del sector. Luego, rociaron los camiones con combustibles y les prendieron fuego.

Para analistas de asuntos indígenas y grupos subversivos, se está en presencia de uno o dos líderes con algun nivel de instrucción, los que no necesariamente pertenecerían a grupos extremistas. Esto, porque tras los incidentes de violencia no hubo adjudicación ni reivindicación de los actos.

Empero, se busca establecer si elementos agitadores, incluso provenientes de la zona del carbón, en la Región del Biobío, están asentados entre los comuneros.

En el requerimiento presentado el martes ante la Corte de Apelaciones de Temuco, se solicitó investigar el accionar de la organización Consejo de Todas Las Tierras en la zona debido a su líder natural, Aucán Huilcaman, es de la zona y quienes aparecen como voceros de las comunidades, Galvarino y Alfonso Raimán son primos hermanos de Huilcaman.

En 1992, esta entidad realizó numerosas tomas de terrenos en las regiones Novena y Décima, en un proceso que denominaron "recuperación de tierras" y que significó que ese año el Gobierno solicitará la designación de un ministro en visita para investigar las ocupaciones ilegales.

La justicia dictó condena contra Huilcaman y una quincena de mapuches por los delitos de asociación ilícita y usurpación de tierras.

Las comunidades de Lumaco, en la provincia de Malleco, ha sido históricamente asociadas a movimientos políticos de izquierda, especialmente el partido comunista y Ad Mapu, movimiento indígena liderado por José Santos Millao.

Sin embargo, en opinión de Guillermo Pierce, asesor de asuntos indígenas de la Intendencia de la Araucanía, la demanda de tierras en el caso puntual de Pidenco por parte de las dos comunidades no se justifica. Ello, porque en las inmediaciones del predio no existirían registros de merced de tierras que avalarían las pretenciones de los mapuches.

De hecho, ambas comunidades se ubican geográficamente a más de 30 kilómetros de distancia del predio.

Entre las solicitudes que plantearon los dirigentes, estaba que la Conadi adquiriera las 400 hectáreas plantadas de pino a la forestal Bosques Arauco y que posteriormente se las traspasara.

Según indicaron en su oportunidad, ello daría la oportunidad de obtener recursos y mejorar la calidad de vida de aproximadamente 50 familias que componen las comunidades, cuya principal actividad es la agricultura de subsistencia.

Autoridades de la Conadi, por la falta de recursos, y la propia forestal que no tiene interés en deshacerse de un predio que hoy alcanza un alto valor comercial, descartaron una solución de esta naturaleza.