Gobierno Presentó Requerimiento:

Alarma en Sector Forestal por Atentados Indígenas

Comunidades mapuches de comuna de Lumaco, IX Región, insisten en recuperar terreno de propiedad privada, aduciendo derechos ancestrales.

La Corporación Chilena de la Madera denuncia amenazas de muerte formuladas contra personal de empresas.

El Mercurio, Miércoles 3, de Diciembre de 1997

TEMUCO/CONCEPCION (Angélica Venegas/Pilar Espinosa).- Un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y la solicitud de un ministro instructor interpuso ayer la Intendencia de la Región de la Araucanía ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

La acción legal se sustenta en los graves incidentes registrados en los últimos dos meses, protagonizados por grupos mapuches que buscan recuperar tierras ancestrales, y que culminaron el lunes pasado con un atentado incendiario contra tres camiones que transportaban madera de la empresa forestal Bosques Arauco.

La Corporación Chilena de la Madera, Corma VIII Región, se sumó a la preocupación del Gobierno y denunció un verdadero "estado de guerra" declarado por grupos indígenas, que desde el 13 de octubre han causado daños que superan los 250 millones de pesos, al destruir vehículos, sabotear un puente y robar equipos menores.

Ello, sin considerar los costos indirectos que ocasiona la obligada paralización de faenas, en más de cuatro oportunidades, con perjuicio económico para empresas contratistas -pequeñas y medianas- que prestan servicios en la cosecha y el transporte.

Las empresas de servicios forestales directamente afectadas -Forestal Alborada Ltda., Transportes Antilco Ltda., Transportes E. Ramírez Ltda. y Transportes Alerce Ltda.- denunciaron continuas "amenazas de muerte" contra su personal, lo que ha causado profundo temor.

También anunciaron ayer el inicio de querellas criminales para ubicar a los responsables de los atentados registrados en la zona de Lumaco, con absoluto desprecio a la legislación vigente.

La autoridad y los empresarios forestales coinciden en que hay presunciones fundadas de la participación de mapuches de las comunidades Pichi-Loncoyan y Pilin-Mapu, los que el lunes 13 de octubre iniciaron una serie de acciones de hostigamiento hacia la firma, por explotar un predio de 6.640 hectáreas sobre el cual afirman tener derechos ancestrales.

De la superficie total del fundo que reclaman, hay 400 hectáreas con plantaciones de pino insigne de 25 años, permaneciendo las restantes sin forestar.

ATAQUE

En la mañana del lunes, en el camino rural que une los poblados de Lumaco y Purén, provincia de Malleco, a tres kilómetros del fundo Pidenco, los conductores de cuatro camiones que transportaban madera de la Forestal Arauco, fueron interceptados por cuatro personas que se tendieron en la ruta para detener la marcha de las máquinas.

Luego sorpresivamente los asaltó un grupo de indígenas, algunos de ellos encapuchados, quienes con palos y piedras atacaron los camiones.

Sólo uno de los choferes alcanzó a escapar del lugar, mientras que los restantes fueron conminados a bajar de las cabinas, apuntados con armas de fuego y obligados a huir a pie del sector.

Simultáneamente, otros 15 mapuches rociaron con combustible las carrocerías y les prendieron fuego. Los vehículos tienen un costo cercano a los 80 millones de pesos, cada uno.

Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco y Constitución, estimó que las acciones violentistas no estarían protagonizadas exclusivamente por indígenas sino que habría participación de otros individuos que, utilizando vestimentas similares, se suman a los desmanes, con fines políticos que no calificó.

Emilio Uribe, gerente de Corma VIII Región, coincidió en que dada la forma de actuar de los violentistas, está claro que no participan sólo mapuches, sino también gente con preparación e instrucción en este tipo de accionar, quienes los dirigen y actúan conjuntamente con ellos.

El ejecutivo explicó que entre el 13 de octubre y el 25 de noviembre grupos de hasta 70 indígenas han participados en la toma del predio, ocupando el campamento habilitado en el lugar y atentando contra equipos de trabajo.

En el atentado del 25 de noviembre resultaron afectadas cuatro torres de madereo -máquinas para la cosecha forestal- de propiedad de la empresa contratista Servicios Forestales Alborada Ltda. las que tienen un costo de aproximadamente 65 millones de pesos.

Dos de esas torres resultaron destruidas totalmente por el fuego, mientras que las otras quedaron inutilizadas por golpes en sus comandos, parabrisas y otras partes sensibles a los impactos.

En esa ocasión, participaron aproximadamente 30 mapuches provenientes de las comunidades Pichi-Loncoyan, Talman, Pinoleo, Chureo y Cañeupan.

LIDERES

Según antecedentes reunidos por la Corma, quienes lideran estos actos serían José Chureo Cuitiño, presidente del grupo, y Alfonso Oscar Cañeupán Pinoleo, quien actuaría como secretario de la comunidad Pichi Loncoyán.

En el requerimiento presentado por la Intendencia se pide que se cite a declarar a los hermanos Galvarino y Alfonso Raimán, de la comunidad Collinque, quienes han aparecido públicamente representando a los grupos que han participado en las distintas acciones de violencia.

El escrito presentado ante el tribunal de alzada de Temuco recalca que el atentado puso en grave riesgo la vida e integridad física de los conductores, existiendo el agravante de que, al menos tres de los autores del delito, actuaron armados con escopetas.

De ser ubicados, enfrentarán cargos por atentar contra el orden público, consagrado en el artículo 6 de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, lo que podría costarles de 3 a 10 años de presidio.

La legislación tipifica como ilícitos a quienes destruyen, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones, medios o elementos empleados al funcionamiento de actividades agrícolas, comerciales y específicamente el transporte.

La magnitud de los hechos, según la Corma, exceden de toda posibilidad de control de su representados, generando un estado de temor ante la presencia de grupos organizados que actúan en forma concertada.

La corporación reclama la intervención de la autoridad señalando que "no es posible que no podamos transitar con nuestra madera por caminos públicos sin que los camiones sean secuestrados o incendiados".

HABLAN DIRIGENTES

Pese a que al momento de ocurrir el asalto y posterior incendio de los vehículos los dirigentes de las comunidades se encontraban en Temuco, a más de 150 kilómetros de distancia, ellos mismos no descartaron totalmente la participación de mapuches en las acciones violentistas.

Así lo expresó Alfonso Raimán, quien dijo que existe un gran sentimiento de frustración en los mapuches, tanto por su pobreza como por la falta de territorios, lo que los lleva a un estado de desesperación extrema.

Sin embargo, no descartó que pudieran haber grupos infiltrados, capaces de alentar a los mapuches para protagonizar actos como el ocurrido el lunes.

Pese a ser citado como instigador y responsable intelectual en el requerimiento presentado por la Intendencia de la IX Región, Raimán aclaró que él ya no representa a las comunidades Pichi-Loncoyan y Pilin-Mapu.

Explicó que ellas fueron marginadas del movimiento de recuperación de tierras, porque no quisieron sumarse al principio de acuerdo a que llegaron las otras 24 comunidades que habitan en las cercanías de Lumaco con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi.

Este permitiría adquirir, el próximo año, tierras para serles traspasadas posteriormente.

Según Raimán, los habitantes de estas dos comunidades se obsesionaron con la recuperación del fundo Pidenco, lo que no dejó espacio a otra solución y por ello fueron marginados.

También dijo que pese a las diferencias con esas comunidades, no se puede desconocer que el Gobierno no da respuesta a la crisis social que origina la instalación de grandes empresas forestales en sectores rurales indígenas que impacta su sistema de vida.

Los mapuches se crean ilusiones en fuentes de trabajo y ocupación para los más jóvenes, en circunstancias que en la práctica los consorcios utilizan mano de obra calificada.

El último incidente indígena se registró el año pasado cuando hubo un intento similar de recuperación de tierras mapuches, que no logró prosperar, en las inmediaciones del lago Lleu-Lleu, provincia de Arauco, con ocupaciones violentas de predios pertenecientes a otras empresas forestales. En esa oportunidad hubo denuncias a la justicia y fueron detenidos algunos dirigentes indígenas.

En materia de traspaso de tierras, en 1992 el Gobierno adquirió fundos en el sector cordillerano para comunidades pehuenches que habitaban el lugar, entregando títulos de dominio a las comunidades. Además, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dispone por ley de un fondo de tierras destinado a solucionar problemas de las comunidades.

CONADI LAMENTA ASALTOS

Por su parte, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namuncura, lamentó ayer los hechos registrados en zonas rurales de la VIII Región y afirmó que esta conducta no corresponde al estilo de las comunidades indígenas y que se trata de un hecho aislado.

Por ello, recalcó, espera que la responsabilidad quede claramente establecida a fin de que no se globalice a todos los grupos mapuches la participación en el hecho que afectó a la forestal Arauco, la cual explota un fundo con plantaciones de pino insigne sobre el cual dos comunidades, correspondientes a Pichiloncoyán y Pilín-Mapu, reclaman derechos ancestrales.

La posibilidad esgrimida por las familias mapuches de que Conadi compre el predio tampoco tiene probabilidad por cuanto la firma privada no tiene intenciones de vender la propiedad.

Consultado sobre el tema, el director de la institución encargada de velar por la ley y derechos de las etnias en el país sostuvo que, en los últimos años, se han efectuado un conjunto de esfuerzos para resolver las demandas existentes aunque recalcó que "en ningún caso justifican una situación de este carácter".

La Asociación de Comunidades de Lumaco, donde tuvieron lugar los hechos, han negado terminantemente cualquier participación en las acciones señaladas.

Anteayer, la directiva de Conadi sostuvo una reunión con la mencionada asociación, donde se acordaron distintos mecanismos para canalizar las inquietudes de los mapuches, si bien la corporación no tomará parte en el tema ya que es de competencia de otras autoridades, según explicó Namuncura.

No obstante, el personero planteó que desde 1990 que están conversando con la forestal para que "tenga una sensibilidad hacia el mundo indígena".

En este sentido, Namuncura señaló que "todos tienen que poner una cuota de cooperación y de solidaridad", recordando que si bien las firmas forestales tienen abundantes ganancias nada de estos recursos los comparte con las comunidades. Por ello, en su opinión, una vía sana sería que las forestales aportaran a un fondo de desarrollo en beneficio de las etnias que habitan en las áreas donde desarrollan su labor productiva.

"Obviamente es a voluntad pero estamos hablando de una disponibilidad frente a la cual ni los privados ni los públicos pueden desentenderse", expresó.

No se descarta que en estos días se reunicien las conversaciones entre los diversos agentes involucrados, de modo de allegar a soluciones satisfactorias para todos.