Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Opinion

Viernes 23 de Abril de 1999

Rechazo a presiones

La ocupación de predios constituye una demostración de fuerza y vulnera el estado de derecho que deben respetar por igual todos los habitantes del país.

El vicepresidente de la república, Raúl Troncoso, ha formulado una dura declaración rechazando terminantemente las ocupaciones de terrenos por parte de grupos mapuches, al mismo tiempo que señaló que "el gobierno no aceptará que nadie, sean empresarios o indígenas, se hagan justicia por sí mismos". De esta forma, respondió a las críticas empresariales que planteaban una supuesta debilidad para enfrentar hechos de violencia delictual, como las ocupaciones ilegales de predios agrícolas y forestales o los atentados a camiones, equipos, casas o destrucción de puentes, actos en que aparecen envueltos sectores indígenas que reclaman para sí tierras que pertenecen legalmente a personas e industrias forestales.

Es importante señalar que, precisamente cuando en Lumaco, Novena Región, existe una evidente tensión al negarse las ochenta y tres familias indígenas a salir de un predio ocupado por la fuerza como forma de presionar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a proveerlos gratuitamente de tierras cultivables, el gobierno manifiesta en forma inequívoca su decisión de rechazar estas tomas e incluso de negarse a tener conversaciones mientras ellas se mantengan. Es claro que en la situación creada por este movimiento indígena de recuperar tierras que ocuparon sus ancestros, predios que en parte importante de los casos hoy se encuentran forestados y en proceso productivo, se requiere la voluntad del gobierno de aplicar la legislación vigente y exigir el debido respeto al estado de derecho, tanto de parte de los empresarios, agricultores y sociedades forestales, como también de los mismos mapuches, sin perjuicio de reconocer su precariedad y la necesidad de que el Estado concurra con la ayuda necesaria y oportuna para levantarlos del nivel de postración que han mantenido por décadas, a través de los organismos de servicio social creados para el efecto.

El respeto a la ley y la garantía de seguridad pública son fundamentales en una sociedad democrática, ya que sólo la vigencia plena de los derechos constitucionales permite el adecuado desenvolvimiento personal y el desarrollo social y económico. Por lo mismo, sería grave que una actitud prudente de parte del gobierno pudiera interpretarse como una forma de permisividad frente a los atropellos a la ley. Las palabras del vicepresidente Raúl Troncoso sirven por ello para asegurar a la ciudadanía la intención clara y decidida del gobierno en orden a no tolerar que nadie sobrepase la ley, se haga justicia por su cuenta o crea que con acciones de fuerza puede obligar a los organismos estatales a ceder ante peticiones extremas. Sólo la vigencia del estado de derecho, reiterada por el gobierno en esta ocasión, asegura la paz y el desarrollo, tanto para los sectores indígenas como para el resto de los chilenos.
 


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