Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Opinión


domingo 7 de mayo de 20000


Violencia en Ralco

Un grupo de encapuchados cortó en el transcurso de la semana el camino al Alto Biobío con barricadas y fogatas. Lograron así impedir el tránsito hacia las obras de construcción de la central hidroeléctrica Ralco; al mismo tiempo que volcaron a un camión y atacaron con palos y puños a su conductor. Al frente de los violentistas se encontraban dirigentes de sectores indígenas y el vocero del Consejo de Todas las Tierras. Una vez más, en el contexto de la oposición de algunos pehuenches a la construcción de la central hidroeléctrica, se manifiesta la violencia y acciones de extrema gravedad como es el corte de caminos. En esta oportunidad, concurrió al lugar el juez del Crimen de Santa Bárbara, quien inició el proceso correspondiente y citó a declarar a pehuenches y trabajadores.

El gobierno ha autorizado la construcción de la mencionada central de acuerdo a la normativa legal existente, por lo que no corresponde oponerse, salvo que se esté ante una abierta violación de dichas disposiciones jurídicas. Las opiniones de algunas familias pehuenches o de dirigentes de grupos indígenas son respetables en cuanto tales, pero no tienen detrás la fuerza legal para impedir la continuación de las faenas. Mucho menos es aceptable el uso de la fuerza y la violencia para manifestar esas disidencias o entorpecer las labores de las empresas que llevan a cabo el proyecto hidroeléctrico. En este sentido, el corte de un camino es todavía más grave, ya que constituye una amenaza a la seguridad interior.

Le corresponde en estas circunstancias al gobierno otorgar las más absolutas garantías en cuanto al respeto de los derechos involucrados, el de trabajo, el de libre circulación, el de propiedad; ya que la seguridad jurídica propia del estado de derecho estaría amenazada por acciones de esta naturaleza. La gravedad de los hechos y la importancia de los derechos vulnerados debe llevar a la autoridad a adoptar una posición de firmeza, recurrir a la legislación vigente para poner fin, de una buena vez, a este tipo de acciones violentistas. Los ataques que han sufrido en los dos últimos años las empresas forestales por grupos que dicen representar a los indígenas y la recurrencia de actos violentos para manifestar la oposición a la central Ralco no sólo producen importantes pérdidas para las empresas involucaradas, sino que constituyen un grave riesgo para la seguridad interior; todo lo cual exige el rechazo ciudadano y la acción decidida del gobierno para restituir el imperio de la ley ante situaciones que resultan inaceptables en una democracia.


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