"Ley Indígena se ha transformado en un fraude, por la falta de recursos que el Gobierno ha destinado".
"PUEBLO MAPUCHE ESTA FRUSTRADO"
El Diario Austral - 25 de Diciembre de 1997.


 

"El Gobierno no puede aparecer públicamente dando una respuesta de orden policíaco a hechos de violencia que tienen relación con el abandono y frustración que siente el pueblo mapuche de esta región", aseguró el diputado Eugenio Tuma refiriéndose al conflictode Lumaco. Pero a la vez manifestó que no justifica los hechos de violencia ocurridos y que afectaron a la propiedad privada.

El parlamentario agregó que la Ley Indígena, que fue creada como instrumento para resolver los problemas de tierras, de agua, de proyectos de desarrollo de los indígena, ha causado una "enorme frustración" y se ha transformado en un "fraude", por la falta de recursos que el Gobierno ha destinado para satisfacer los derechos quetienen ellos y que están planteados en esa legislacion.

"El ministro Aninat y sus asesores han sido absolutamente insensibles para dar una solución a las demandas de los pueblos indígenas desde que entró en vigencia la ley'', manifestó el político, a la vez que dijo que "el Gobierno tiene que dar una respuesta con recursos" para no producir hechos de violencia que tienen relación con esta carencia. Las demandas del pueblo indígena "no han sido escuchadas. No es posible estar tratando de economizar pequeñas partidas presupuestarias y esperando que se agudicen los conflictos para dar las respuestas que se requiere".

Posteriormente Tuma expuso que la violencia social que se ha generado en Lumaco y en otros sectores de la región ha sido producto del "terrorismo económico" que afecta a los pueblos indígenas. También agregó que la respuesta al tema de Lumaco "no debe ser solamente policial", sino que "tiene que incluir una asignación de recursos presupuestarios" por parte del Ministerio de Hacienda, capaz de satisfacer medianamente las m och si mas dema odas que tiene el pueblo indígena sin solucionar.

Por último, el diputado dijo que comparte la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque quemar camiones es un "acto terrorista", pero no comparte que exista una persecucion a la familia, que no se le den todos los derechos a las personas que estén involucradas en los hehos (que sean dejados en libertad), y que el Gobierno le dé una solución sólo desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque no se "están satisfaciendo los compromisos que se tenía con los indígenas".