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wallmapu, territorio del Gulumapu  (Chile),  Mayo 15 del año 2003.
 


Recuento de conflictos ambientales en el Alto Bíobío: Los Pehuenches, la Endesa y la Central Hidroeléctrica Ralco (extracto de documento: HISTORIA AMBIENTAL DE CHILE: por Pablo Camus y Ernst R. Hajek)

De acuerdo con el procedimiento establecido en la "Pauta para la Evaluación Ambiental de Proyectos de Inversión", correspondía a los proponentes de un proyecto presentar y acordar los términos de referencia con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). En este contexto, el 12 de diciembre de 1994, ENDESA entregó a José Goñi, entonces director ejecutivo de la CONAMA, los términos de referencia para realizar el estudio de impacto ambiental de la Central Hidroeléctrica Ralco.

Este hecho fue el inicio y el detonante de uno de los conflictos ambientales más largos y polémicos del país, pues era una señal clara de la intención de ENDESA de llevar a cabo la construcción de una segunda central hidroeléctrica en el Alto Biobío.

El proyecto Ralco, cuya construcción estaba prevista para 1998, implicaba la inversión de unos 500 millones de dólares, la inundación de 3.467 hectáreas y la erradicación de 76 familias pehuenches, cuyas tierras serían ocupadas por un embalse de 1.222 millones de metros cúbicos de agua. Con una potencia de 570 megawatts, que representan el 18% de las necesidades energéticas del país, Ralco se convertiría en la central hidroeléctrica más grande del país.

En este contexto, un mes después, el 12 de enero de 1995, jóvenes ecologistas y del Partido por la Democracia (PPD) ocuparon las oficinas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en señal de protesta por lo que estimaban "la inminente aprobación para que ENDESA construya una nueva central hidroeléctrica en el alto Biobío, denominada Ralco".

La acción, que fue encabezada por el presidente de la juventud PPD, Mario Gebauer, culminó cuando los manifestantes fueron recibidos por el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, Alejandro Jadresic, quien señaló que el proyecto Ralco estaba en etapa de evaluación junto a otros 16 proyectos similares, para definir un plan indicativo de obras que aseguraría el abastecimiento energético del país para los próximos 10 años. Además, afirmó que las recomendaciones de la CNE no eran definitivas ni obligaban a las empresas a construir sus proyectos, destacando que era la CONAMA la instancia que decidía la ejecución de los proyectos energéticos.

Posteriormente, el 25 de enero de 1995, cuatro "werkenes" pehuenches del Alto Bíobío amenazaron con tomar medidas de fuerza en caso de que ENDESA continuara con los trabajos de prospección y sondaje que realizaba en la zona de Ralco. En la oportunidad, Kurrubf-Lebf Pascual Levi vocero de los pehuenches, señalaba que en vista que ENDESA ya tenía marcado todo el sector del embalse, ellos se encontraban en "la obligación de pedirles que desalojen las comunidades de Quepuca Ralco, Palmucho, Quepuca, Ralco Lepoy, Lepoy, La Veta y Cherquenco. Les damos plazo hasta el 20 de febrero, de lo contrario tomaremos acciones para echarlos. Si tenemos que desbarrancar un auto o parar el tránsito lo vamos a hacer". Al respecto, Esteban Montero, de la oficina de relaciones públicas de ENDESA, respondió a través de la prensa a los pehuenches señalando que "la empresa no tiene nada que decir frente a amenazas o presiones".

En abril de 1995 se realizó en el Alto Biobío un "Cabildo Ambiental", convocado por el director de CONAMA José Goñi, con el propósito de analizar el proyecto Ralco y evitar lo que se denominó el "trauma Pangue". En el encuentro participaron representantes de las comunidades pehuenches, concejales de la comuna de Santa Bárbara y ejecutivos de la empresa eléctrica Pangue. Sin embargo, no se llegó a acuerdos, pues los pehuenches se negaron terminantemente a la construcción de Ralco ya que según ellos podía significar su desaparición mientras que los ejecutivos señalaron que por el momento Ralco era sólo un muy buen proyecto más.

Por su parte, el diputado PPD Octavio Jara, contrario a Ralco, promovía en la Cámara Baja un proyecto para impulsar un programa de desarrollo integral para las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, que "tienen índices de pobreza muy superiores al promedio nacional". Entre otras medidas, en beneficio directo de los pehuenches, proponía la creación de un área de desarrollo indígena y el establecimiento de un programa especial de inversiones públicas en educación, capacitación laboral, salud, vivienda, agua potable, alcantarillado, telefonía rural, infraestructura vial y un programa especial de electrificación rural.

La polémica acerca de la construcción de la Central Ralco se reinició a fines de 1995. La inminente renovación de la concesión provisional por parte del gobierno a ENDESA motivó una fuerte critica de diputados, grupos ecologistas y representantes de la población pehuenche. En la ocasión se señaló que si la Contraloría tomaba razón de la concesión provisional recurrirían a la Corte Suprema para impedir que Endesa continuara haciendo los trabajos de prospección.

En enero de 1996 se realizó en el Alto Biobío una reunión entre las autoridades de gobierno, incluyendo a Viviane Blanlot Directora de CONAMA, y algunos miembros de las comunidades pehuenches. En representación de los indígenas tomó la palabra Antolín Curreao, antiguo cacique, quien explicó que aunque actualmente son pobres, lo serían más si entregaban sus tierras, ya que no tendrían donde criar a sus animales y practicar su agricultura de subsistencia. Asimismo, el lonco Manuel Leicuman se lamentaba por que se sentían acorralados y no sabían como resistir ya que el mundo tal como lo conocían estaba siendo amenazado por los trabajadores de ENDESA. No obstante, el diputado Octavio Jara les explicaba que la ley los amparaba pues los territorios del Alto Biobío estaban protegidos por la ley indígena N° 19.253 y nadie podía quitárselos ya que la normativa prohibía las permutas y enajenación de tierras nativas, por particulares no indígenas.

Por su parte, Gonzalo Benavente, subgerente de medio ambiente de la central Pangue, señalaba que "Endesa no quiere expulsar a los pehuenches sino llegar a acuerdo con ellos". Explicaba que ya se había comprado un fundo a 4 kilómetros de la zona que se proyectaba anegar para que los afectados se relocalizaran en él. Afirmaba, asimismo, que había más de doscientos pehuenches que ya habían transado con la empresa. Inclusive, señalaba que algunos indígenas trabajaban en la construcción de la Central Pangue y otros se habían visto beneficiados por la fundación Pehuen, que se dedicaba a ayudarlos.

Sin embargo, el entonces Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Mauricio Huenchulaf, afirmaba a la prensa que las comunidades pehuenches y la CONADI se oponían a la entrega de sus tierras, por que las que se le ofrecían no eran aptas para las labores agropecuarias y la sobrevivencia pehuenche. Asimismo, señalaba que estaban estudiando la posibilidad de acudir a la justicia para presentar un recurso de protección en defensa de las tierras de las comunidades indígenas del alto Biobío.

En este polémico contexto, a fines de marzo de 1996, ENDESA presentó a la Comisión Nacional de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental del proyecto Ralco. La entidad tenía 120 días para evaluar el estudio y pronunciarse al respecto. En lo referente a la situación de las familias pehuenches, Cristián Maturana, gerente de Ralco, señaló que se les compensaría entregándoles "viviendas mejores que las que tienen ahora y predios adecuados para las actividades que realizan". Además, afirmaba que se contratarían 130 pehuenches durante los seis años que demoraría la construcción del embalse por lo que se aumentaría el ingreso monetario de muchas familias indígenas, algunas de las cuales vivían en la más extrema pobreza.

El 11 de abril, los pehuenches, acompañados de los lideres ecologistas Juan Pablo Orrego, Manuel Baquedano y Sara Larraín, irrumpieron en una junta de accionistas de Endesa para manifestar su total rechazo a la construcción de la Central Ralco. En la oportunidad, el cacique José Antolín Curriao señaló que los pehuenches no querían salir de sus tierras, porque allí estaban sus antepasados y su alimento.

En julio de 1996, la consultora Gestión Ambiental SGA, contratada por el Grupo de Acción por el Bíobío para analizar el estudio de impacto ambiental de Ralco, concluyó que la CONAMA debía rechazar dicho estudio ya que el proyecto Ralco adolecía de numerosas y profundas deficiencias que impedirían su aprobación. La consultora estimaba que el proyecto Ralco tenía importantes impactos ambientales negativos de los que la ENDESA no se hacía cargo en su estudio. Según SGA se cumplía con un 27% de los términos de referencia del estudio exigidos por CONAMA. En este contexto, Jaime Solari, ingeniero civil coordinador del equipo revisor, estimaba que "si CONAMA aprueba este estudio sería un escándalo".

Del mismo modo, el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción EULA, también consideró insuficiente el estudio de impacto ambiental de Ralco, realizado por la empresa Electrowatts S.A. para ENDESA, ya que no cumplía a cabalidad con las exigencias estipuladas en la Ley de Bases del Medio Ambiente y no reconocía a la cuenca del Biobío como un sistema complejo, diversificado y fuertemente integrado que no podía ser parcializado en segmentos como se hacía en el estudio.

En general, los revisores del estudio ambiental de Ralco estimaban que los impactos negativos sobre el régimen hidrológico del río, los ecosistemas de flora y fauna y la forma de vida de las comunidades pehuenches serían prácticamente irrecuperables, pero que incluso las medidas de mitigación presentadas por el estudio de impacto ambiental eran insignificantes.

Por otra parte, la consultora SGA estimaba en un análisis costo-beneficio que, si ENDESA reemplazaba Ralco por una central termoeléctrica a gas, la diferencia entre ambos planes era de cuatro millones de dólares que serían pagados por todos los chilenos a 300 pesos mensuales en la cuenta de luz a partir del año 2002. Ese era el costo de no construir Ralco.

En este contexto, los diputados del PPD Octavio Jara y Victor Barrueto se reunieron con la directora de CONAMA, Vivianne Blanlot, para plantearle su convicción de la necesidad de rechazar el estudio de impacto ambiental de Ralco presentado por ENDESA. En la oportunidad, Barrueto señaló que habían estado en la "Comisión Nacional de Energía para evaluar exactamente cual era la importancia de construir Ralco, porque se ha producido un cambio muy importante con la llegada del gas natural y la respuesta es que este, vía la construcción de centrales termoeléctricas, a un costo muy competitivo, permite aplazar desde ya la construcción de Ralco". Concordando en este punto con la consultora SGA.

El 16 de julio de 1996 el Gerente General de ENDESA, Jaime Bauza, suspendió una reunión que le habían solicitado los diputados Juan Pablo Letelier, Isabel Allende y Andrés Palma para tratar el tema de la central hidroeléctrica Ralco, ya que iban a ser acompañados por los ecologistas Juan Pablo Orrego y Sara Larraín a quienes calificó como "personas que comercian con el medio ambiente". Por su parte, el diputado Letelier señaló que "lamentaba que en esta oportunidad se haya optado por la discriminación en vez del diálogo".

El 19 de julio, los pehuenches y un grupo de ecologistas intentaron una reunión, esta vez, con el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, Genaro Arriagada, con el objetivo de plantear su total desacuerdo con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Sin embargo, los manifestantes no fueron recibidos por el Ministro Arriagada ya que "no habían solicitado audiencia y no podía recibir a un grupo acompañando a otro".

Uno de los puntos más conflictivos del proyecto era la relocalización de los pehuenches afectados por la inundación de sus predios, pues diversos grupos consideraban que las tierras del fundo El Barco compradas por ENDESA para ese fin eran de mala calidad y no permitían el desarrollo de las actividades de subsistencia de los pehuenches.

Al respecto Cristián Maturana, gerente del proyecto Ralco, afirmaba que las tierras que se entregaban eran "del mismo tipo y condiciones ambientales y en evidente mejor estado de conservación que las que hoy poseen". A lo anterior agregaba que se mejorarían los accesos al fundo El Barco, se habilitarían terrenos para regadío, se construirían viviendas con instalaciones anexas y se realizaría un vasto plan de ordenamiento forestal para el aprovechamiento de este recurso, todo lo cual permitiría "potenciar a las comunidades para que superen los niveles de extrema pobreza locales".

No obstante, el dirigente indígena opositor a Ralco, Ricardo Gallina, afirmaba que el fundo El Barco quedaba a cuatro horas a caballo de donde ellos vivían, en un sector en que nevaba mucho, donde no había agua suficiente y las tierras no eran aptas para ser sembradas, por lo que, concluía, los pehuenches no aceptaban el cambio.

El 24 de agosto de 1996, CONAMA rechazó el estudio de impacto ambiental de Ralco, aduciendo que los antecedentes que se habían entregado no eran suficientes para calificar ambientalmente el proyecto. Desde esa fecha ENDESA contaba con 180 días para completar el estudio y evitar el rechazo de la obra. Básicamente, CONAMA identificó tres factores para calificar de insuficiente el estudio, vale decir: una descripción incompleta del proyecto, una incorrecta definición del área de influencia y la ausencia de un plan de reasentamiento de las comunidades indígenas debidamente detallado y evaluado.

Al respecto ENDESA señaló que los comentarios, observaciones y solicitudes de aclaración de CONAMA apuntaban a convertir el EIA en un compendio de conocimiento científico que, fuera de alejarse de los marcos de referencia acordados con CONAMA, nada aportaba a la identificación de los impactos que sobre el medio ambiente provocará Ralco. Además, estimaron que muchos de los requerimientos se encontraban contenidos en el estudio por lo que calificaron de poco profundo el análisis realizado por la CONAMA.

Sin embargo, ecologistas y diputados afirmaron que había 18 servicios del Estado y tres municipios de la Octava Región que evaluaron el estudio recomendando su rechazo, pero que, este sólo había sido postergado pidiendo nuevos antecedentes a raíz de las fuertes presiones políticas que había recibido CONAMA.

En septiembre de 1996, el ex presidente Patricio Aylwin señaló a la prensa que era necesario construir centrales hidroeléctricas en el país, pero que debía buscarse una salida razonable y adecuada al problema de la relocalización de los pehuenches porque "indudablemente no lo es mandarlos a una sección cordillerana de veranadas donde en el invierno van a estar cubiertos de nieve". Al mismo tiempo, recordó que él no había señalado que no se deberían hacer nuevas centrales en el Biobío como argumentaban reiteradamente las organizaciones ecologistas.

No obstante, las organizaciones "Mapuches Organizados en Santiago", junto al "Grupo de Acción por el Biobío", se manifestaron con pancartas en el exterior de las oficinas de ENDESA, expresando su ferviente rechazo a la construcción de la Central Ralco. En la oportunidad, el líder de la agrupación mapuche, Carlos Mila, afirmó que "no vamos a permitir que se lleven a cabo los trabajos en el Alto BíoBío, debido a la creciente amenaza que significa para nuestra integridad física, comunitaria y sociocultural".

En otra perspectiva, Jaime Bauzá, Gerente General de ENDESA, señalaba que "Ralco era ambientalmente viable". Además, en su opinión, "lo que finalmente distingue a Ralco es que es una herramienta adecuada para aprovechar el único recurso energético que poseemos en abundancia, pues, como ya se ha dicho, "el agua es el petróleo de Chile".

El 3 de octubre de 1996, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena reiteraba que los planes de ENDESA de seguir adelante con el proyecto Ralco no tenían viabilidad ya que "las medidas de mitigación propuestas por la empresa para las familias pehuenches que serán inundadas son ilegales pues la Ley Indígena protegía las propiedades pehuenches".

El 12 de octubre los pehuenches, junto al Grupo de Acción por el Biobío, ecologistas y algunos jefes de tribus indígenas norteamericanas realizaron un multitudinario Nguillatún en el Alto Biobío para protestar en contra de la Central Ralco. Días después los participantes del Nguillatún arribaron a Santiago para reclamar frente al edificio Diego Portales, donde se realizaba la 64a reunión de la Comisión Internacional de Grandes Presas.

El 20 de octubre la Corte de Apelaciones de Concepción no acogió la solicitud de suspensión de las actividades preliminares que realizaba ENDESA en el Alto BíoBío. Por su parte, el presidente de ENDESA José Yuraszeck, informaba a la prensa que se había llegado a un acuerdo con CONAMA para que un grupo de cinco expertos independientes estudiasen la relocalización definitiva de los pehuenches afectados por la inundación de la represa del proyecto Ralco.

En enero de 1997, a la espera del addendum al estudio de impacto ambiental que preparaba ENDESA, las hermanas pehuenches Berta y Nicolasa Quintremán de la comunidad Ralco Lepoy recibieron el premio "Esperanza Verde 1996" del Instituto de Ecología Política. En la oportunidad las hermanas pehuenches insistieron que a las familias indígenas del Alto Bíobío "las sacarán sólo con sangre de sus tierras y del lado de sus muertos". Por su parte, dirigentes ecologistas anunciaron un "Plan de Resistencia" en contra del proyecto Ralco.

En febrero de ese año estaba prácticamente listo un addendum o respuesta a las observaciones y el plan de relocalización de las comunidades pehuenches realizado por los cinco profesionales expertos e independientes convocados por ENDESA y el Gobierno. Los sitios dispuestos para el reasentamiento eran los fundos El Barco y El Huachi. Además, se contemplaba la asistencia técnica y monetaria a los pehuenches y la entrega de viviendas.

Mientras tanto, otro estudio encargado por el Grupo de Acción por el Biobío a la empresa EMG consultores señalaba que el proyecto Ralco era económicamente inconveniente para Chile pues era más económico la instalación de dos centrales a gas natural de ciclo combinado, que ahorrarían al país 47,6 millones de dólares. Según EMG las motivaciones de ENDESA de seguir adelante con el proyecto eran estratégicas y de participación en el mercado, ya que con Ralco se enviaba una señal a sus posibles competidores en el tema de generación de electricidad.

En esta perspectiva, el vicepresidente de Renovación Nacional, Roberto Ossandón, planteó la necesidad de estudiar en profundidad la implicancias económicas del proyecto Ralco "para evitar pérdidas patrimoniales y ecológicas de la zona".

No obstante, a juicio de ENDESA, el crecimiento en la demanda del consumo eléctrico que afrontará el país en la próxima década no podía quedar sustentada sólo en el gas natural importado desde Argentina, por que la sola interrupción en el suministro de dicho elemento generaría enormes pérdidas para el país. Asimismo, el gerente general de Pangue, Gastón Aigneren, estimaba que "las cifras entregadas por el Grupo de Acción por el Biobío adolecían de tres problemas básicos: no consideran que una central hidroeléctrica tiene una vida útil de 50 años y una térmica de 25 años; el costo que significa el transporte del gas natural hasta la planta; y usa costos de construcción obsoletos". En este sentido, a su juicio, "la construcción de Ralco representa un ahorro de 230 millones de dólares frente a la opción de reemplazar esta central por dos plantas de ciclo combinado".

Además de los conflictos sociales y ambientales que enfrentaba ENDESA para materializar sus proyectos en el Alto Bíobío, en febrero de 1997, se abrió un nuevo frente de polémica pues la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial y principal financista del proyecto Pangue, acusó a ENDESA de no cumplir con las cláusulas y obligaciones ambientales en la construcción de Pangue. Según la evaluación del consultor del Banco Mundial, antropólogo Theodore Downing, se estaba "aumentando el empobrecimiento de las comunidades" y "hasta ahora los datos indican que los pehuenches están subsidiando el proyecto".

Endesa por su parte rechazó las acusaciones de la Corporación Financiera Internacional sosteniendo que había cumplido a plena cabalidad con todos los compromisos pactados pero que el organismo financiero había variado las condiciones iniciales probablemente ante la presión y exigencias de los grupos ecologistas.

En este sentido, Julio Mellado, director ejecutivo de la Fundación Pehuen, afirmaba que en los 5 años de trabajo se había logrado disminuir en un 30% los niveles de indigencia de los pehuenches de Pangue. Asimismo, el lonco de Quepuca Ralco, José del Carmen Levi, señalaba, en una carta dirigida al Presidente de la República, "queremos que siga trabajando la fundación, donde estamos viendo muchas mejoras".

Sin embargo, para otros pehuenches, encabezados por el lonco Antolín Curriao, los que participaban de la fundación habían vendido su historia, su tradición. No cabe duda que entre los pehuenches las opiniones acerca de ENDESA también estaban divididas.

La polémica prosiguió a partir de la presencia del Presidente de la República, Eduardo Frei, en la inauguración de la Central Hidroeléctrica Pangue, el 6 de marzo de 1997. En la oportunidad, el primer mandatario fue objeto de duras críticas por parte de los grupos ecologistas y de parlamentarios quienes consideraban que Eduardo Frei "debía abstenerse de brindar apoyos públicos a una iniciativa que tiene reparos, incluso del Banco Mundial". No obstante, en su discurso, el presidente señaló explícitamente su posición, al afirmar que Chile no podía renunciar al desarrollo de proyectos hidroeléctricos por razones estratégicas y cuestionó implícitamente a los ecologistas al preguntarles acerca de que habían hecho por el desarrollo de las comunidades pehuenches.
 

En tanto, mientras el presidente Eduardo Frei inauguraba la Central Pangue, un grupo de Pehuenches que se oponía a la construcción de Ralco esperó en vano reunirse con el mandatario para discutir y analizar el conflicto que mantenían, tal como se lo había planteado en una carta que le habían enviado hace un tiempo.

Días después de la polémica inauguración, Juan Pablo Orrego, presidente del grupo de Acción por el Biobío, calificó como destempladas y carentes de ecuanimidad las expresiones del presidente durante la inauguración de Pangue, precisando que no eran unos recién llegados en la preocupación por el pueblo pehuenche y lamentando que Eduardo Frei "diera prácticamente por aprobado el proyecto Ralco sin esperar la evaluación técnica de la CONAMA".

El 15 de marzo de 1997 el diputado del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, señaló a la prensa que estaba convencido de que hubo intervención política desde La Moneda para impedir que el proyecto Ralco fuera rechazado por las autoridades medioambientales. En su opinión, el país tenía derecho a saber por qué un proyecto "deficiente e incompleto" había sido reflotado utilizando procedimientos "absolutamente irregulares y sin ninguna objetividad".

En esta perspectiva, el 21 de ese mes, Juan Ñanculef, jefe de gabinete de la CONADI, señalaba que la permuta de tierras no sería autorizada por lo que "si se respeta la ley indígena no habrá Ralco, pues ENDESA tiene el agua pero no la tierra". En este contexto la CONADI estimaba ilegal el proyecto Ralco y recomendaba a la CONAMA el rechazo del estudio de impacto ambiental presentado por ENDESA.

Similar era la postura del Ministerio de Bienes Nacionales que estimaba que el proyecto era inviable pues "no existen mecanismos legales que permitan a ENDESA adquirir todas las tierras cuya inundación es condición para la implementación del proyecto". Respecto de la posibilidad que tenía la empresa de apelar a la ley de concesiones eléctricas, que permite la expropiación de tierras, el análisis de Bienes Nacionales sostenía que esa normativa se encontraba supeditada a la ley indígena, porque esta última es una norma "especial y superior".

Por su parte, el diputado Octavio Jara estimaba que "mientras no se conozcan los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de la central hidroeléctrica Pangue el gobierno debía postergar su decisión respecto de la construcción de Ralco".

El 25 de marzo de 1997, el presidente Eduardo Frei firmó en Concepción un decreto que declaraba al Alto Biobío como Área de Desarrollo Indígena. Mientras se realizaba el acto las organizaciones ecologistas y sociales de la zona manifestaban a gritos y con lienzos su oposición a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco.

El 1 de abril de 1997, al igual que el año 1996, la junta de accionistas de ENDESA fue interrumpida nuevamente por los pehuenches y las organizaciones ecologistas que intentaron exponer su rechazo al proyecto Ralco en dicha junta. En la oportunidad, José Yuraszeck debió interrumpir la rendición de cuentas ante los gritos del presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, quien pretendía avanzar hacia los primeros lugares del teatro Teletón. Posteriormente tomaron la palabra Berta y Nicolasa Quintremán quienes recordaron a sus antepasados y proclamaron el derecho que poseen sobre las tierras, jurando que jamás saldrían de ellas. Por su parte, Juan Pablo Orrego calificó el proyecto de etnocidio ya que se inundarían amplias extensiones de tierras donde hoy habitan unas cien familias pehuenches, junto a 14 cementerios y sobre 70 sitios arqueológicos. Asimismo, precisó que se estaba destruyendo uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Sin embargo, los reclamos fueron oídos en tono de burla y sólo consiguieron que la asamblea los pifiara y aclamara al directorio por su intención de materializar el proyecto Ralco.

Por otra parte, el mismo día, Vivianne Blanlot reconoció ante la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados la necesidad de efectuar un nuevo proceso de evaluación ambiental del proyecto Ralco, solicitando expresamente a ENDESA un nuevo addendum, que aporte más antecedentes para evaluar ambientalmente el proyecto.

El 2 de abril, miembros de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y otras autoridades de gobierno asistieron a una audiencia pública con los pehuenches en Ralco. En la ocasión el presidente de dicha comisión Victor Barrueto manifestó que había quedado con la fuerte impresión de que "la comunidad pehuenche que se vería afectada por la construcción de la central Ralco no estaba en condiciones de decidir libremente sobre el plan de relocalización propuesto por ENDESA". La empresa, por su parte, señaló su sorpresa y malestar ya que no era justo que el diputado pusiera en duda la palabra de los pehuenches.

A mediados de ese mes la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado contra ENDESA por no respetar tierras indígenas al realizar trabajos preliminares para la construcción de la Central Ralco sin el permiso de los pehuenches dueños de las propiedades y sin contar con la autorización legal para ello.

En tanto, el director de la CONAMA Mauricio Huenchulaf era removido de su cargo por "desordenes administrativos" y sus desacuerdos con el subdirector de la institución Victor Painemal según afirmó el Ministerio de Planificación. Sin embargo, Huenchulaf estimaba que su destitución obedecía a su terminante oposición a la construcción de Ralco, pues altos funcionarios de gobierno le habían pedido que cambiara su postura.

El 13 de mayo de 1997, cerca de 300 indígenas marcharon hacia La Moneda protestando al son de cultrunes y trutrucas ante lo que llamaron "el atropello de sus derechos como los primeros habitantes del país" y ante la discriminación de no ser recibidos por el Presidente de la República Eduardo Frei.

Algunos días después ENDESA presentó a CONAMA su segundo addendum con las aclaraciones sobre el impacto ambiental de Ralco solicitadas por las autoridades del medio ambiente. Según Gastón Aigneren la CONAMA disponía de 17 días hábiles para resolver definitivamente si Ralco podía ser construido.

A principios de junio de 1997 los diputados del partido socialista, Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier, manifestaron su rechazo a la actitud gubernamental de respaldo a ENDESA y a su proyecto Ralco, así como a su negativa de asistir a una sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir el tema. Por su parte, el gobierno, a través del ministro secretario general de la presidencia, Juan Villarzú, rechazó las críticas de los parlamentarios, señalando que el gobierno no había presionado para la aprobación del proyecto Ralco.

Mientras tanto, los pehuenches afirmaban que sentían amenazadas sus tierras y su cultura si se construía la central Ralco. En su apoyo Manuel Baquedano señaló "vamos a defender el territorio de nuestros hermanos pehuenches hasta las últimas consecuencias". Asimismo, el dirigente de la Coordinadora Mapuche, Domingo Marileo, expresaba que si era necesario se trasladarían a esa zona "y allí nos vamos a apertrechar, porque sería la tercera invasión que sufre nuestro pueblo".

El 9 de junio de 1997, Vivianne Blanlot, Directora de CONAMA, informó a la prensa la aprobación del proyecto Ralco con condiciones, pero no dio mayores explicaciones respecto del fallo y tampoco accedió a contestar ninguna de las interrogantes planteadas por los periodistas.

Una vez conocida la resolución, ENDESA se mostró satisfecha "pues la aprobación, por parte de la autoridad, confirma que la central Ralco es un excelente proyecto para el desarrollo energético del país". Asimismo, la empresa anunció que revisaría al detalle todas las exigencias de CONAMA que puedan parecer "inadecuadas" o fuera de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental.

Las nuevas exigencias de CONAMA eran las siguientes: "estaciones de monitoreo, nuevo caudal entre la presa y la casa de máquinas, establecimiento de una reserva de 3.800 hectáreas, ampliación de 4 a 10 años del plan de asistencia técnica a los pehuenches relocalizados, rescate y manejo de eventuales alteraciones de monumentos o sitios con valor arqueológico".

La reacción de los grupos ecologistas, como señal de protesta, fue ocupar la sede central de la CONAMA, que debió ser desalojada por carabineros. A juicio de Manuel Baquedano, "la resolución de CONAMA estaba viciada porque el marido de la directora es un ejecutivo de Enersis, dueño de ENDESA que construirá la central" por lo que ellos habían esperado que ella renunciara o se inhabilitara. Por su parte, doce dirigentes de la Coordinadora Metropolitana Mapuche se tomaron las oficinas de la CONADI, emplazando al nuevo director de esa institución Domingo Namuncura a defender la Ley Indígena y evitar la construcción de Ralco.

Asimismo, los grupos ecologistas y los parlamentarios opositores al proyecto anunciaron una serie de acciones y recursos legales ante la justicia en contra de la aprobación de la CONAMA, anunciándose así un largo proceso ante los tribunales para detener la construcción de Ralco.

Por su parte, el 11 de junio ENDESA anunció un recurso de reclamación ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente por las exigencias adicionales que la CONAMA había incluido en la aprobación del proyecto Ralco, pues consideraban que algunas de ellas eran "inapropiadas, discriminatorias e ilegales". El recurso fue presentado un mes después, es decir el 11 de julio de 1997.

Al día siguiente se realizó la esperada sesión para debatir el proyecto Ralco en la Cámara de Diputados. En medio de la agitada y violenta sesión, el diputado Letelier acusó al gobierno de presionar a la CONAMA para que aprobase el proyecto. Por otro lado, quedó en evidencia que era la CONADI quien debía dar la aprobación final al proyecto pues era la institución encargada de aprobar o rechazar las permutas de tierras propuestas en el plan de relocalización de ENDESA.

Por su parte, Domingo Namuncura y el consejo de CONADI, resolvieron convocar a una reunión nacional de dirigentes de las distintas organizaciones indígenas para analizar el informe de la CONAMA. El 21 de junio, algunos de los dirigentes de las etnias indígenas del país señalaban a la prensa que estaban resueltos a no autorizar las permutas de tierras pehuenches, impidiendo así la realización del proyecto Ralco.

En este contexto, el 2 de julio de 1997, un grupo de dirigentes indígenas y de ecologistas denunciaron amedrentamientos de parte de carabineros y de ENDESA a los pehuenches del Biobío. Según Ricardo Gallina, representante de la comunidad Quepuca Ralco, la policía realizaba patrullajes hostigando tanto a pobladores como a quienes defendían el río Biobío. Por su parte, Manuel Baquedano denunció que ENDESA aplicaba una política de hechos consumados sin considerar que todavía había situaciones que resolver como los recursos de protección interpuestos ante la justicia y la decisión de la CONADI acerca de la permuta de las tierras indígenas. Asimismo, Juan Pablo Orrego, señalaba a la prensa que el Grupo de Acción por el BíoBío iba a defender a los indígenas y al Biobío hasta las últimas consecuencias ya que los pehuenches habían recibido presiones directas para aceptar la permuta de sus tierras por las del fundo El Barco, que por sus características ecológicas impedía la sobrevivencia de los modos de vida de los indígenas.

ENDESA negó tales presiones y aseguró que el contacto que mantenían con los pehuenches eran parte de un plan de relocalización sumamente activo y con muchas consultas. Respecto de la nieve que en invierno caía sobre el fundo El Barco señalaron que "cuando allí cae nieve también sucede lo mismo en las mencionadas comunidades" (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy).

A mediados de julio de 1997, Vivianne Blanlot renunció a su cargo de directora de CONAMA "por razones estrictamente personales". Sin embargo, en los medios de prensa se difundieron versiones extraoficiales que señalaban que su renuncia obedecía a que, ante la acumulación de conflictos y discrepancias con los medios empresariales y ecologistas, no se había coordinado adecuadamente con las otras instancias de gobierno, especialmente con la Secretaria General de la Presidencia. También se especuló como otra causal de despido su independencia y falta de subordinación al momento de tomar las decisiones. Estas versiones fueron categóricamente desmentidas por Vivianne Blanlot y por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan Villarzú.

En agosto de 1997, Domingo Namuncura, Director de CONADI, criticó el terreno ofrecido a los pehuenches por ENDESA ya que "las condiciones climáticas del lugar ofrecido por la empresa para el traslado de los pehuenches son tremendamente agresivas para la vida, los animales y las siembras". Asimismo, señaló a la prensa que "ningún pehuenche quiere dejar sus tierras".

Así las cosas, el proyecto Ralco parecía tener un largo camino que recorrer antes de su aprobación o de su rechazo, que probablemente será decidido por los tribunales de justicia del país. En febrero de 1998, cuando escribimos estas líneas, todavía no se ha resuelto el conflicto. Quizás cuanto tiempo más pasará antes de saber el verdadero desenlace de esta polémica. Sin embargo, queda claro que en relación a los conflictos ambientales todo depende de la perspectiva con que se aprecien las situaciones.
 

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