Ayer se produjeron nuevos enfrentamientos entre carabineros e indígenas, los que terminaron con la destrucción de tres camiones que realizaban faenas para Ralco (Foto: Copesa).  Ficha técnica: La encuesta se realizó telefónicamente el 29 de enero a mil personas mayores de 18 años a lo largo de todo el país.

SANTIAGO.- El 69 por ciento de los consultados por una encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo (LYD) considera que el gobierno debería aplicar medidas más severas contra los activistas que participan en el conflicto mapuche, mientras el 30 por ciento cree lo contrario.

 Entre los encuestados, el 73 por ciento responsabiliza al gobierno de la solución del problema, porcentaje que sube al 76 por ciento cuando se les pregunta si las autoridades tienen efectivamente la capacidad para llevar el tema a buen término.

 El estudio advierte también que gran parte de la ciudadanía percibe el conflicto como un problema nacional, ya que entre los encuestados sólo un seis por ciento le asigna responsabilidad a los municipios y el cinco por ciento, a las comunidades.

 El 27 por ciento piensa que el problema se podría resolver perfeccionando las fuentes de trabajo de los indígenas; el 23 por ciento, mejorando su educación; el 22 por ciento, dándoles más tierras, y el 17 por ciento opinó que el conflicto se soluciona con la implementación de mayores programas de capacitación.

Instigación externa
Por otra parte, el 64 por ciento opina que los hechos de violencia, tales como tomas, incendios y asaltos no reflejan el sentir de la comunidad mapuche, mientras que el 36 por ciento cree lo contrario.

 Asimismo, el 65 por ciento de los consultados indica que esos mismos hechos son instigados por activistas externos, mientras que el 33 por ciento opina que los atentados son realizados por las comunidades.

Propuesta del LYD
A la luz de los resultados, el Instituto de Libertad y Desarrollo propone mejorar las oportunidades laborales y educacionales de las comunidades indígenas, específicamente con el aumento de la cobertura y calidad de la educación en las zonas donde habitan dichas comunidades, con la entrega de capacitación en materia agrícola y uso de suelos, la inversión en infraestructura física y la eliminación de las trabas al derecho de propiedad, facilitando de este modo el acceso a las redes de integración comercial: acceso a créditos bancarios e innovación tecnológica.