miércoles 10 de julio de 2002
Ante informe de la Contraloría
Pedirán suspensión 
de obras de Ralco
  • Dirección general de Aguas actuó ilegalmente al ampliar a Endesa derechos de agua y todo lo obrado después adolece del vicio de nulidad, dijo el abogado Matias Coll.
      SANTIAGO. Los opositores a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Biobío, o cualquier persona, podría pedir a los Tribunales de Justicia que Endesa paralice el proyecto dado que, como lo señaló la Contraloría General de la República, la Dirección General de Aguas del MOP, infringió el artículo 131, inciso tercero del Código de Aguas al no dar debida publicidad a la ampliación de los derechos de esa empresa desde la cota 540 a la 523 y que, por lo tanto, las ulteriores actuaciones adolecen de nulidad.
      Así lo señaló ayer a este medio el abogado Matías Coll, quien junto a Roberto Celedón ha defendido en varias instancias la posición de las familias pehuenches que se oponen a la construcción de dicha hidroeléctrica. Celedón, acompaña a una delegación de las siete familias pehuenches que se oponen a dicha central y que hoy expondrán su caso ante la comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica.
      "El dictamen de la Contraloría General de la República, dijo Matías Coll, constituye presunción grave del derecho que se reclama y por lo tanto habilita al tribunal competente a conceder una medida precautoria de suspensión inmediata de las obras de construcción de Ralco. En el hecho, el dictamen de la Contraloría significa que Endesa está construyendo esa obra ilegalmente".
      Señaló que este tema ha sido discutido "pero Endesa se ha acostumbrado a actuar sobre la base de los hechos consumados y de ese modo presionan a la Justicia".
      Indicó que "con el mérito del dictamen de la Contraloría cualquier persona puede interponer ante los tribunales competentes una medida prejudicial precautoria de suspensión de las obras y luego, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se acogió la precautoria, presentar una demanda. Eso es lo que corresponde. Todo ello por expresa disposición de la Contraloría cuando dice que "las actuaciones ulteriores (a la acción ilegal de la Dirección General de Aguas) adolecen de un vicio de nulidad y por ende deberían dejarse sin efecto con la finalidad de restablecer el orden jurídico quebrantado por las mismas". La nulidad debe declararla el Tribunal.

 


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