Nº 1080 - Santiago,22 de marzo de 2002

Hacia una nueva "Pacificación de la Araucanía"

La derecha en armas

Raúl Blanchet/Ana Muga

La invitación a integrarse a grupos armados anti mapuche se realiza puerta a puerta en la zona de Traiguén, según denuncian algunos habitantes.

Sumado al anuncio anónimo revelado por el periódico Las Noticias, de Victoria, sobre la existencia de comandos paramilitares dispuestos a combatir a las comunidades mapuches en conflicto, que encendió la polémica en torno al tema, representan un delicado cuadro que, más allá de los desmentidos oficiales para "bajar el perfil" de los hechos, refleja la profundidad del problema. No se trata sólo de la central hidroeléctrica Ralco o de algún predio en litigio, sino de la amenaza de una nueva "Pacificación de la Araucanía", que permita zanjar para siempre un problema político secular: el pleno dominio territorial de grandes empresarios, mediante el total aplastamiento del pueblo mapuche.

Conducta histórica

No es sólo un problema de ribetes étnicos. Es la cruda conducta política de los sectores más reaccionarios ligados al capital financiero y doblemente grave, porque si hoy se expresa en el sur del país no excluye su actuación en cualquier lugar, cuando las circunstancias lo requieran.

Es un comportamiento ligado a la historia de la derecha chilena, que en 1970 asesinó al Comandante en Jefe del Ejército para impedir la asunción de Salvador Allende a la Presidencia de la República y, más tarde, a la realización de cientos de actos de carácter terrorista perpetrados por Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus, para desestabilizar su gobierno.
Hoy, cuando en la zona de Malleco un supuesto grupo armado de ultraderecha toma el nombre de Hernán Trizano, quien durante la "Pacificación de la Araucanía" persiguió al pueblo mapuche asesinando sin piedad a sus integrantes para ahuyentarlos de sus territorios, queda de inmediato establecida la relación con esas organizaciones en el surgimiento de aquellas organizaciones ultraderechistas, también con raíces en esa zona.

El resurgimiento

Ahora se manifiestan "...dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricultores, las forestales y de las hidroeléctricas", precisó la voz que anunció el nacimiento del Comando Hernán Trizano al diario Las Noticias.

Por su parte, el gobierno reaccionó en forma "serena" ante los anuncios y denuncias. Respondió a personeros de la propia Concertación que reclamaban la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado ante los sucesos y revelaciones, que el gobierno investigaba todas las denuncias pero que hasta el momento no tenía evidencias que demostraran la existencia de tales grupos, por lo que las autoridades regionales, así como MIDEPLAN y la vilipendiada CONADI, conservarían el manejo de la situación.

El timonel del PS, Camilo Escalona, hizo su aporte en la reducción del impacto al declarar que la información acerca de tales grupos era una maniobra de la ultraderecha y la ultraizquierda para beneficiar sus respectivos propósitos políticos.

Señal de alerta

Fue el senador Roberto Muñoz Barra quien presionó el botón de alerta al poner a disposición del Ejecutivo su análisis de los hechos que se desarrollan en la zona, al igual que lo hizo durante el gobierno de Patricio Aylwin en 1994, demandando que el problema tenía que ser tomado muy en serio pues de lo contrario ofrecía el riesgo de escaparse de las manos de la autoridad.

"Luego de 8 años, es indiscutible que la política frente a los conflictos mapuches ha sido mirada como algo no trascendente", asevera, porque se le caracteriza como la expresión radicalizada de un pequeño grupo liderado por gente joven, dentro de las 2.800 comunidades existentes, por lo que habría que ver lo que pasa. Ahora, en 2002, si bien no se ha radicalizado masivamente, se estableció "una logística inteligente e interesante, de parte de los sectores más jóvenes", señala, lo que estaría llevando a cierta desesperación de algunos sectores afectados por la actuación de las comunidades, como son los medianos agricultores, además de las forestales.

Esa logística está llevando cierta desesperación a sectores que se ven afectados, que ya no son sólo las forestales, sino también medianos agricultores de la zona. "Lo que sostuve ante el ministro del Interior es que no resulta descabellado pensar que una zona donde han existido movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus, o importantes personajes de Patria y Libertad, presenta posibilidades de que se puedan organizar algunos grupos que pretendan responder con fuerza, dado que ya hay un anuncio oficial, como es el que se habría creado la brigada Hernán Trizano, lo que habrá que comprobar o se verá por medio de algún acto de su autoría que reivindicarán, según dijeron" indicó.

Un año atrás, informó al ministerio del Interior acerca de que algunos agricultores le manifestaron su impaciencia y disposición a concurrir como grupos agrícolas a prestar ayuda en caso de que un campo fuera tomado por grupos mapuches. Pero el tema "ha sido manejado en tierra de muchos y por tanto en tierra de nadie", afirma, por cuanto MIDEPLAN o la CONADI no tienen los recursos ni los medios para abordarlo eficientemente.

Frente a los acontecimientos, considera que no se puede juzgar con ligereza el posible surgimiento de grupos armados antimapuches y calificar el anuncio como lo hiciera Camilo Escalona, de maniobra ultraizquierdista y ultraderechista, porque hay una radicalización efectiva del proceso y de lo que llama "movimiento mapuchista", que escapa a los movimientos políticos, liderado por jóvenes con educación y experiencia en la metrópoli; y quien sostenga lo contrario "demuestra no conocer el tema en su justo escenario" y comete un grave error, precisó.

Por su parte, los agricultores esgrimen títulos de propiedad obtenidos en compras legales, que lamentablemente fueron precedidas de numerosas transacciones fraudulentas, lo que según el senador choca contra el planteamiento principal de las comunidades "que es la restitución de lo que ellos llaman tierras usurpadas".

-Dentro de los antecedentes que Ud. aportó al gobierno, ¿se encuentra algo similar a lo denunciado por las comunidades de Collipulli en 1999, respecto a la existencia de un comando armado compuesto por empresarios agrícolas qué habría ejercido acciones contra ellas?

"En esa época, diría que más que un comando eran grupos de personas que se sentían afectadas. Pero ahora hay un mensaje que habla de una brigada. Y en 1999, salvo el tiroteo contra un helicóptero de una forestal que bajó a sacar agua en un fundo para apagar ciertos incendios, que se ventiló en los Tribunales de Justicia, no estuvieron involucrados mapuches y si lo estuvieron agricultores muy importantes de la zona. Pero la investigación judicial, finalmente, quedó en nada.
Desearía que estos anuncios no cristalicen, para lo cual el gobierno tiene que actuar rápidamente y convencer a los sectores juveniles más radicalizados de estos grupos indígenas, porque no convendría esperar que se cumpliera la frase de que "no hay muertos". Prefiero que actuemos antes y no después que haya muertos".

Los intentos por aplastar el movimiento mapuche

La amenaza de la aplicación de la ley antiterrorista al conflicto mapuche, que pendía en cada declaración oficial y en las súplicas persistente del empresariado y la derecha económica, finalmente será cumplida, aplicándose a los que resulten responsables de la quema de los camiones en el Alto Bío Bío.
Es así como el presidente "socialista" utiliza los métodos heredados de la dictadura que tanto criticó, sobre un pueblo que peca de haber dejado de creerle. Los tiempos cambian, es cierto, y hoy podemos ver de todo en este reino.

La presiones de la derecha

La aplicación de estas leyes no es casual, y el aumento de la represión a las comunidades mapuches es una exigencia hábilmente planificada por la derecha. Solo basta leer la prensa -y en especial El Mercurio las últimas tres semanas- para notar las presiones, incluida una inserción a dos páginas en El Mercurio (cuyo costo supera los 11 millones de pesos), de gremios empresariales de la producción y el comercio de la IX Región, enumerando las denuncias en carabineros de los conflictos protagonizados por mapuches en la zona.

La argumentación de la derecha es clara y apunta en dos sentidos: apaciguar los ánimos mediante la represión y modificar la ley indígena con el objetivo de liberar los territorios mapuches de trabas que impidan su transacción.

Para la derecha, y lo repite majaderamente, cualquier acto "delictual", tiene que ser sancionado haciendo respetar el "estado de derecho", reclamando en los Tribunales de Justicia la aplicación de la ley. Argumento que no toma en cuenta que a través de la historia se ha ido institucionalizando el despojo de los pueblos originarios a través de ese mismo "Estado de derecho", conformado por una legislación viciada que ha condenado a los mapuches a la pobreza más absoluta. Sin ir más lejos, Ralco es un ejemplo contundente de que incluso el respeto de ese mismo "Estado de derecho" es relativo (dependiendo de a quién afecte); no trepidando en pasar por encima de una ley creada por la propia Concertación para proteger, en cierta medida, a nuestras etnias originarias, en beneficio de la empresa privada.

El otro aspecto del mensaje de la clase empresarial, que pudiera parecer bien intencionado, es instar a la modificación de la Ley Indígena, argumentando que la actual legislación trata a los indígenas como menores de edad, impidiéndoles vender y grabar sus tierras y no pudiendo optar a créditos en la banca privada. Estas declaraciones no tienen nada de inocentes y ocultan, por un lado, una total ignorancia de la cultura indígena y, por el otro, la voracidad que los consume, tratando de apoderarse mediante este mecanismo del poco territorio que en manos indígenas va quedando.

La medidas del gobierno

El gobierno de Lagos, aunque diga lo contrario, es permeable a las exigencias de la derecha, aunque tampoco se puede decir que esté actuando en forma obligada. Simplemente, es parte de su política hacia el conflicto mapuche, la que descansa sobre dos pies: entregar concesiones a las comunidades -pocas, y más tendientes a comprar lealtades y dividir el movimiento que a dar reales soluciones al problema- y reprimir cuando lo primero no da resultados. Es así como a los que luchan por sus derechos se los tilda de violentistas y de ser una infima minoría con respecto a la totalidad del pueblo mapuche, queriendo dar la impresión de que la mayoría de los mapuches apoyan las políticas del gobierno. Eso que no puede estar más alejado de la realidad, si se tiene en cuenta que en la última elección de consejeros de la CONADI apenas votaron 5.700 indígenas de las diversas etnias del país, y hay más de un millón y medio sólo de mapuches. Compáresele, también, con el socorrido discurso oficial de que no son más de 50 las comunidades en conflicto en un universo de 3.000. Y hay que tener en cuenta, y lo saben los mapuches en el sur -incluso, los que no se han movilizado todavía-, que las concesiones que han recibido son precisamente debido a la lucha que están dando esas comunidades y no por las gestiones que se estén realizando en las oficinas de la CONADI.

En todo caso, la corporación indígena ha sido funcional a la línea del gobierno, sin un peso específico en la toma de decisiones fundamentales -pero con todos los vicios de otras dependencias del Estado, léase cuoteos políticos, pago de favores etc. Sí ha servido, en un principio, para dar una imagen de real preocupación frente al tema y para financiar algunos sectores indígenas, coptando su voluntad. He ahí el tibio apoyo que ha recibido el emblemático conflicto de Ralco por parte de consejeros y organizaciones ligadas a la Corporación Nacional Indígena.

Los anuncios de Lagos

En este marco, las últimas medidas anunciadas por el Presidente Lagos no tienen nada de nuevo. La destinación de recursos frescos, 130 millones de dólares, obtenidos en su mayoría de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (US$80 millones BID, US$50 millones el Estado), fue negociado en marzo del año pasado; y aunque los fondos se pretende inyectarlos en las 44 comunas más pobres y con mayor presencia étnica del país, sería ingenuo suponer que llegarán en su totalidad a manos de las comunidades indígenas y no se pierdan por los pasillos y cajones de funcionarios hábiles, de esos que tanto abundan en la Concertación. Mientras, el reemplazo en la CONADI de la insípida administración de Edgardo Lienlaf (aunque se fue denunciando irregularidades en la venta de predios, un punto para él) por el abogado de apellido mapuche Haroldo Cayún, promete más de lo mismo. Incluso, una fuente que lo conoció en su juventud en su paso por Ad Mapu, muestra el perfil del nuevo director diciendo "pese a ser abogado -y haber usado su apellido para estudiar vía beca indígena -nunca ha patrocinado la defensa de ninguna causa mapuche por más justa que ésta sea, como sí lo hacen muchos abogados que no son mapuches".

Ahora, la Concertación, con los socialistas a la cabeza, intenta terminan el trabajo sucio que no alcanzó (o no se atrevió) a concluir la dictadura militar, que es aplastar el movimiento mapuche. El triste papel que han jugado los socialistas en este conflicto quedará en la historia de despojos a este pueblo. Presente está la gestión de Rodrigo González, aprobando sin arrugarse las permutas que permiten a Endesa inundar territorios catalogados como zona de protección indígena, solicitudes de permutas que por lo demás estaban plagadas de irregularidades. Ahora la llegada de Jaime Andrade -ex dirigente de la FECH en los 80 y que otrora fungía de almeydista "duro"- como Coordinador de Políticas y Programas Indígenas, promete continuar abiertamente con la operación de inteligencia que viene realizando desde fines del año pasado bajo las órdenes del ministro del Interior José Miguel Insulza dentro de las comunidades, tendientes como siempre, a dividir y quebrar sus organizaciones y cuando esto no funcione, reprimir. O todo al mismo tiempo, como lo hizo Germán Quintana en su momento como ministro de Mideplan.

Exigen desarticulación de grupos patronales armados

Las comunidades en conflicto de Collipulli revelaron que desde hace tiempo existen en la zona organizaciones armadas que actúan en defensa de las empresas forestales y agrícola.
Una declaración pública fechada el 14 de marzo señala, además, que el gobierno no ha prestado la necesaria atención a la grave situación que se gesta.

Estas agrupaciones patronales armadas y la contratación de verdaderos mercenarios por las forestales, que actúan como milicias en resguardo de sus plantaciones, campamentos e instalaciones industriales en territorio mapuche, son una realidad que agudiza la confrontación, consigna la declaración.

Las comunidades en conflicto denunciaron en abril de 1999 el surgimiento de un grupo paramilitar denominado Frente Común por la Defensa de las Tierras de Collipulli, FCDT, concebido para operaciones armadas en defensa de las empresas y terratenientes.

El FCDT actuó bajos las órdenes y protección de los empresarios agrícolas Italo Subiabre y Freddy Molina, desarrollando una serie de acciones de amedrentamiento contra las comunidades y hostigamiento a dirigentes con el fin de crear un clima de terror y provocar la respuesta mapuche, de modo que se justificara la represión policial.
Entre algunas de sus operaciones figuraron la persecución y detención de miembros de las comunidades en conflicto en la zona rural de Collipulli, la propalación de amenazas de muerte contra sus dirigentes, además de la ejecución de autoatentados en serie, destinados a comprometer al movimiento indígena.

Sumada a la militarización de la zona impulsada por las autoridades, la contratación ese mismo año de grupos de guardias armados por Forestal Mininco S.A., principalmente en el fundo Rucañanco, introdujo un elemento de mayor discordia en el conflicto entablado por el reclamo de dos comunidades que reivindican su propiedad sobre el predio.
La forestal recurrió -según las denuncias- a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, fundada a fines de los años 80 por el ex oficial de Ejército Alfredo Rodríguez, quien integró a su vez la Central Nacional de Informaciones, CNI, durante la dictadura y que debido a investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos que lo implicaban vendió su empresa a otro ex militar, para huir al extranjero.

La presencia de los guardias armados de OSEPAR incrementó las acciones violentas en la zona, especialmente autoatentados para inculpar ante la justicia a dirigentes y miembros de las comunidades en conflicto.
El atentado incendiario que en agosto de 1999 destruyó la casa patronal del Fundo Rucañanco, implicó la detención y procesamiento de varios dirigentes de los comuneros mapuches, acusados bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Más tarde, la confesión de Pedro Cifuentes, un trabajador de la forestal, reveló que lo ocurrido fue un autoatentado planificado y financiado por Alex Ruiz, jefe de seguridad de la empresa. La ejecución estuvo a cargo de los guardias de OSEPAR e integrantes del Frente Común por la Defensa de las Tierras. Finalidad: inculpar directamente a miembros de las comunidades que reclaman el predio.

La impunidad no sólo amparó estas acciones, sino también intentos por eliminar físicamente a los principales dirigentes de los comuneros mapuche.

En julio de 1999, un grupo armado desconocido atacó la vivienda de la familia Ancalaf en el sector rural de San Jorge, lo que motivó la presentación de un recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de Temuco y otro de protección en favor del dirigente Víctor Ancalaf y el conjunto de su comunidad.

Una investigación periodística realizada por radio Bío-Bío de Temuco reveló, meses más tarde, la participación de guardias armados de OSEPAR en diversos atentados ocurridos en la zona de conflicto mapuche. La investigación contó incluso con la confesión de tres ex funcionarios de OSEPAR, quienes reconocieron su participación en diversos delitos contra el orden público que más tarde serían atribuidos por las autoridades y los tribunales a miembros del movimiento mapuche.

Los testimonios llevaron a que parlamentarios oficialistas pidieran en enero de 2000 -tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno a través del entonces ministro del Interior, Raúl Troncoso- la aplicación de la Ley Antiterrorista contra las empresas de seguridad que intervenían en el conflicto. El Ejecutivo rechazó la petición y hasta hoy no existe investigación alguna sobre lo denunciado y, menos, al interior de esas empresas de seguridad.

Actualmente serían dos los grupos armados que actúan en Collipulli, al servicio de las empresas forestales, sostiene la denuncia: el Frente de Defensa de las Tierras, que habría ampliado su radio de acción hacia las comunas de Victoria y Lautaro; y los efectivos de la empresa de seguridad ASS de Los Angeles, al servicio de Forestal Mininco. Estos últimos cuentan con una reconocida preparación paramilitar.

Las comunidades en conflicto de Collipulli demandan del gobierno la desarticulación de estos grupos paramilitares y una seria investigación del eventual surgimiento de otros nuevos, porque consideran que su proliferación acarrearía consecuencias insospechadas en el desarrollo del conflicto.

Hablando de terrorismo

Mientras desde el gobierno se insta a aplicar la Ley Antiterrorista en contra de las comunidades indígenas que defienden su derecho a la tierra, múltiples han sido los atentados terroristas que se cometen por civiles ligados a las forestales o por los mismos policías enviados a "pacificar" la zona, que quedan sin sanción alguna.
Desde 1992, el Consejo de Todas las Tierras es procesado por conformar una supuesta "asociación ilícita" debido a una demanda interpuesta por la Intendencia de la IX Región; sin embargo, nada pasó ante la denuncia realizada por comuneros mapuche-huilliches desalojados de sus tierras el 15 de mayo de 1995. La acción fue realizada en conjunto por carabineros y civiles pertenecientes a la forestal An-Chile, de capital japonés, que usaban uniformes de la policía. Los habitantes de la comunidad Caipulli-Puacho fueron amarrados, vendados y mantenidos retenidos en el interior de los furgones policiales, mientras sus viviendas y enseres eran destruidos con motosierras. Un niño tuvo que ser hospitalizado tras la golpiza sufrida a manos del grupo.

En septiembre de 1999, el trabajador forestal Pedro Cifuentes reconoció haber recibido dinero de un funcionario de Forestal Mininco a cambio de realizar atentados en contra de las instalaciones de la empresa, lo que apuntaría a inculpar a la familia de Víctor Ancalaf, en ese momento vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco.

En abril de 2000, el comunero mapuche Pedro Urra sufre torturas en una larga incomunicación de 14 días, luego de lo cual "confiesa" haber participado en diversos delitos en conjunto con otros comuneros.

En mayo de 2000, la dirigenta del Consejo de Todas las Tierras Juana Calfuneo es detenida por Carabineros y trasladada a la Segunda Comisaría de Temuco, donde es desnudada y sometida a golpizas, producto de lo que sufre un aborto de su embarazo de cuatro meses.

En febrero de 2001, Carabineros asalta una comunidad en Lleu-Lleu lanzando bombas lacrimógenas al interior de dos casas, en las que se encontraban 14 niños. Los niños sufren diversas lesiones y un shock nerviosos, pero no son atendidos en la posta de Cañete.

La mayoría de los conflictos tienen como contraparte a Forestal Mininco y Forestal Bosques Arauco, que pertenecen a las familias Matte y Angelini, respectivamente.

Mininco es parte de la empresa Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. (CMPC) del Grupo Matte, que representa a la segunda mayor empresa forestal a nivel nacional, con un capital conformado por 547.151 hectáreas de bosques de pino radiata y eucaliptus. También tiene inversiones en Argentina, Perú y Uruguay.

CMPC tiene como filiales a Forestal Mininco S.A., CMPC Celulosa S.A., CMPC Papeles S.A. y CMPC Tissue S.A.
CMPC Productos de Papel S.A. tiene como filiales a Envases Impresos, Austral S.A., Propa S.A. y Chimolsa S.A.

Forestal Bosques Arauco, perteneciente al Grupo Angelini, es filial de Forestal Arauco junto con Forestal Celco, Forestal Cholguán y Forestal Valdivia.


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