Nº 1079 - Santiago, 15 de marzo de 2002

Ralco: La resistencia en el Alto Bío-Bío

"Yo voy a luchar hasta el final porque yo no estoy buscando trabajo.

Yo no quiero la plata, quiero mi tierra. Yo no sé trabajar Endesa, yo sé trabajar en mi cultura. En mi tierra, entiendo todo. Por eso que no quiero salir de mi tierra, yo y no voy a salir".

-¿Qué piensa que va a pasar ahora?
¿Qué puede pasar? Estos eran todos 'endesados' -dice, señalando a su alrededor- y ahora se están reuniendo conmigo y antes no me veían muy bien también".

-¿Confía en que va a haber una resistencia mucho más fuerte?
"Mucho más fuerte. Eso es lo que nosotros queremos. Ya no dejar trabajar a la Endesa. Que no pasen y no trabajen más. Yo de mi tierra no voy a salir. A mí no me van a sacar esa Endesa. A mí si me saca mi cha-chao que me dejó en el mundo, ahí si saldré. Yo tengo fe solamente en mi cha-chao. Hasta el final voy a decirle no a la represa y Ralco no se hace".
Son la palabras de Nicolasa Quintremán, quien con la misma firmeza de siempre, pero con la voz un tanto quebrada por el cansancio, repite ese ¡no a Ralco! que viene sosteniendo desde que Endesa llegó a sus tierras con la intención de realizar una Central Hidroeléctrica. Decisión indeclinable -suya, de su hermana Berta, y de otros cinco pehuenches que se han negado a permutar sus tierras- y que ha concitado el apoyo de otras organizaciones mapuches, las que llegaron a ponerse a disposición de los pehuenches en esta lucha que recrudece al acercarse los transformadores, parte central de la represa y que marcan la etapa final de su construcción. Pese a que la decisión de la Corte Suprema declara que Endesa puede construir el muro de la represa, también establece que si no hay permutas no puede inundar las tierras de quienes no han permutado. Por lo tanto, puede construir una gran muralla, pero con un bajo nivel de agua. Esa es la preocupación de Endesa hoy día, por lo que apeló de esta decisión. Pero conociendo que el camino legal es muy largo, la empresa estaría pensando en subir los montos ofrecidos a las familias que no han permutado, ya no hablando de millones de pesos, sino de millones de dólares. Cuestión que difícilmente importe a mujeres como Berta y Nicolasa Quintremán.
De hecho, la construcción de la Central ya es una ilegalidad, porque se está realizando en una zona declarada de protección étnica, por lo que para que el proyecto se iniciara se requería la autorización de la totalidad de los habitantes del lugar y de la CONADI. El gobierno, a través de ésta última, ya pasó por sobre la ley al autorizar las permutas (que ya contenían irregularidades, ver recuadro) pese a que no estaban todos de acuerdo. La determinación de la Corte, si bien no es del todo favorable, da un respiro a las familias y alarga los tiempos para el término de la represa. Recordemos que, si bien la central partió con la idea de entrar en funcionamiento a partir del 2005, Endesa cambió los plazos para este año, el 2002, y ahora es probable que eso no se cumpla.

Política gubernamental

En el conflicto de Ralco se evidencia en toda su dimensión la política gubernamental -de todos los gobiernos de la Concertación- frente al conflicto mapuche: un falso diálogo con alguna entrega de recursos, más tendiente a dividir que a dar soluciones; y cuando lo primero falla, la mano se endurece, desatando la represión más dura. Y es en esta etapa donde se encuentra hoy este conflicto: ya se dividió todo lo que se podía, y es innegable el daño hecho por la empresa eléctrica y el Estado en estas comunidades, pero no lograron allanar la firme decisión de un grupo de pehuenches, principalmente mujeres, por lo que han volcado con toda su fuerza la represión, viviendo en permanente vigilancia y hostigamiento.
El Siglo quiso subir a Ralco, acercarse a este problema tantas veces descrito en sus páginas, para dar a conocer mejor la lucha de estas mujeres que se enfrentar a todo el aparato del Estado y al poder del capital, sobre todo luego de la represión sufrida el martes 5 de marzo, que dejó 55 mujeres, hombres y ancianos detenidos y golpeados por Carabineros.
Subimos en el bus de la 1 a Ralco. Nuestro destino era encontrarnos con la caravana que subió minutos antes con dirigentes de distintas organizaciones indígenas. En el largo trayecto constatamos la vigilancia, con controles policiales de la gente que sube y baja, ya sea apersonándose en los buses o a través de binoculares; también nos queda claro los efectos de la manipulación de la información -en un pueblo que se informa por la prensa oficialista y de derecha, unido a una televisión parcial-, con la voz de una mujer joven que desde atrás repetía palabras como: desarrollo, cesantía, desorden, conflictivos… el discurso oficial de los "Correa Sutil". La mayoría, en cambio, conversaba en mapudungun o miraba por la ventana el enorme lago muerto en que se convirtió Pangue, la primera central hidroeléctrica. Curiosamente, la mayoría bajó en el sector del puente Malla, donde se llevaba a cabo la reunión mapuche pehuenche.
En el lugar deambulaban o conversaban con la prensa los dirigentes de la Sociedad Ñancucheo de Lumaco, ahora convertida en Entidad Territorial Nalche, Alfonso y Galvarino Reimán; José Naín y Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, el dirigente de las comunidades en Conflicto de Collipulli, Víctor Ancalaf, escindido de la Coordinadora Arauco Malleco, entre otros. Luego todos se reunieron bajo un gran árbol, mientras caía una insistente lluvia, para resolver las acciones a seguir, sesión de la que, por lo demás, quedaban afuera los no mapuche y, sobre todo, los periodistas. Tras la reunión, no hubo la declaración en conjunto que se esperaba, pero sí la decisión compartida de apoyar a "a las ñañas" (las hermanas Quintremán), en todos y en cada uno de sus frentes. Lo que se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta las manifestaciones que se han realizado en distintas ciudades contra el proyecto hidroeléctrico (ver recuadro).

La represión

A los medios periodísticos que se encontraban se nos dio un recorrido por las casas que fueron destrozadas durante la represión del martes 5, pues las versiones conocidas por la prensa y la televisión son opuestas a lo que cuentan los afectados -y quizás por eso la evidente desconfianza con la prensa. Vidrios destrozados, puertas arrancadas, una camioneta inutilizada, son los signos del allanamiento feroz que sufrieron los pehuenches. De los 55 detenidos, señalaron, menos de 10 fueron detenidos durante la ocupación del camino (para impedir el paso del transformador) y el resto fue sacado a viva fuerza de sus casas o de los campamentos de trabajadores -"los que nada tenían que ver". Así nos lo relató el lonco Antolín Curriao: "Lo que pasó es que carabineros llegó a las casas. Mire, usted, cómo me hicieron tira la puerta. A sacar la gente de las casas y, pucha, nos trataron como perros. Nosotros estamos en contra de eso, porque los carabineros abusaron demás, porque nosotros estamos en nuestro legítimo derecho. Aquí sacaron a la señora, arrastraron a una anciana que tiene más de 90 años -relata el lonco señalando su casa que aún huele a lacrimógenas. En la parte Malla, donde estuvimos, ahí dejaron dos niños solitos, porque se llevaron preso al papá, a la mamá y al abuelito que llegó ahora y anda con su bracito herido con balines. Yo hallo que es una cosa demasiado injusta", termina diciendo.
Luego de esta detención, el gobierno ha intentado ligar nuevamente las movilizaciones pehuenches con una supuesta "infiltración' externa, a nivel internacional -está la expulsión del periodista Marc Serra, el segundo extranjero expulsado por el Estado chileno en este conflicto-, o planteando que más de la mitad de los detenidos no era pehuenche, aduciendo como argumento los apellidos, lo que no tiene mucho asidero si se contempla la detención indiscriminada, incluso de trabajadores de empresas contratistas que trabajan para Endesa, y que no todos los pehuenches tienen apellido indígena ya sea por el mestizaje o por circunstancias históricas. En todo caso, la intención evidente del gobierno es bajarle el perfil al conflicto, dando a entender que no existen motivos reales para la oposición determinante de los mapuche-pehuenches a la Central Ralco, sino no que quienes se oponen son traídos desde fuera.

La elasticidad de lo legal

Una cátedra sobre el respeto al "Estado de Derecho" -concepto que repiten a diario los personeros de gobierno, incluido el mismo Ricardo Lagos- ha sido todo el proceso de aprobación -cueste lo que cueste- de la Central Hidroeléctrica Ralco.
Para la aprobación de este proyecto, la directora de la CONAMA en 1996, Vivianne Blandot, aceptó la imposición del Segpres y le permite a Endesa presentar un addemdum ante las falencias de su Estudio de Impacto ambiental (EIA), pese a que ella postulaba mayores exigencias medioambientales al proyecto.
El director de la CONADI, Mauricio Huenchulaf fue despedido por oponerse a la construcción de Ralco. Posteriormente fueron destituidos los consejeros que representaban al gobierno en la Corporación Indígena, Cristián Vives y Milene Valenzuela, también por oponerse a la Central.
Para reemplazar a Huenchulaf, se designó como nuevo director de la CONADI a Domingo Namuncura. Este debía estudiar y aprobar las solicitudes de permutas. Para ello, encargó el estudio a un equipo jurídico externo, encabezado por el ex ministro de Aylwin, el abogado René Abeliuk. El informe evacuado estableció, mediante documentos filmicos, que 64 de los contratos revisados habrían sido obtenidos mediante manipulación y engaño, por lo que las peticiones de permuta presentadas a la CONADI no se ajustaban a derecho y debían ser rechazadas por ilegales.
El mismo Domingo Namuncura, señaló en una entrevista a El Mercurio (16/08/98), que en los registros fílmicos a los pehuenches "se percibe el grado de resignación de ellos, donde prima la idea de que la empresa les señaló que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno, mostrándoles la autorización de la CONAMA para construir la represa. No les dijeron que su voluntad contaba y que la CONADI debía aprobarlo".
Posteriormente Namuncura también fue destituido. En septiembre del 1998, se puso en su lugar al socialista Rodrigo González, quien en febrero del 99 ya había aprobado la mayoría de las permutas, las mismas calificadas como ilegales por el informe de Abeliuk.
En marzo del 2000, Frei, con el último estertor de su gobierno, presionó al Controlar General de la República, Arturo Aylwin, para que aprobara el decreto de concesión eléctrica en el caso Ralco, desatendiendo la Ley Indígena.
Estos son sólo algunas de las las circunstancias. No se contempla los dineros públicos utilizado en la seguridad de las instalaciones de Endesa en el alto Bío-Bío, ni el reciente despliegue de efectivos policiales, protegiendo el convoy que traslada el transformador.

Españoles en el alto Bío Bío: "Parece que estamos durante la dictadura"

Poca cara de infiltrados tienen Laura y Tony, los españoles que están hace menos de un mes junto a las mujeres pehuenches del alto Bío Bío. Ellos pertenecen al Comité de Solidaridad con los Pueblos de América, de Menorca -la misma organización a la que pertenece Patricia Ballesteros, la española expulsada hace dos años por el gobierno- y están aquí a propósito de algunos proyectos que han financiado en la zona y se manifiestan extrañados de los dichos de los personeros públicos para con ellos: los extranjeros en Ralco.
"Lo que pasa que el gobierno nos acusa de extranjeros infiltrados, como incitadores de la violencia mapuche y nosotros lo desmentimos completamente, porque nosotros de infiltrados... nada. Venimos para apoyar la causa y para ver los proyectos. De hecho, somos la quinta brigada, o sea que ya han pasado por aquí cuatro brigadas antes que nosotros.
Tony: Algunos momentos parece que estamos durante la dictadura. Lo que han pasado aquí se ve claramente: han detenido a las personas y en dos días no hemos sabido nada de ellas. Nosotros fuimos la misma noche acompañando a la ñañas a la comisaria para ver cómo estaban los heridos y hasta ayer (viernes) no nos dieron información. Nadie sabía nada. Detienen a niños menores, ancianos, mujeres, allanamiento de morada. Lo vimos nosotros también el otro día. En algunos momentos decimos ¡no puede ser, dónde estamos!
Laura: Y si los turistas están autorizados para visitar cualquier parte del país, ¿por qué no podemos venir acá al alto Bío Bío, a conocer la realidad del pueblo pehuenche? ¿Y si Endesa, que es una empresa española, está acá, por qué no podemos venir nosotros?
Tony: Nosotros nos sentimos afectados como ciudadanos del mundo, primero porque nos sentimos unidos a los pehuenches y porque amamos este planeta. Esto es lo más bello que he visto en mi vida y cuando subimos ayer a la casa de las ñañas, es que me dio una rabia verlo todo destrozado. Yo no sé cómo pudieron hacer eso. Yo no sé cómo la gente no se rebeló.
Y lo más fuerte de todo, que los pacos suban con los coches de Endesa. Que Endesa les pague la comida ¿Dónde se ha visto esto?
Laura: Y que sean los propios carabineros que estén escoltando el transformador. Es un cuerpo de seguridad nacional y público y parece que es una empresa que está contratando a una empresa de seguridad.
Tony: En vez de defender aquí a la gente pobre. Es que hemos visto cómo están las casas, cómo está todo…
Laura. No tienen ni luz corriente y las torres de electricidad pasan encima de sus casas…

Ralco fuera de Ralco

La represión en el Alto Bío Bío y la posterior respuesta del subsecretario del Interior indicando que los indígenas en lucha eran un grupo de cobardes, generó una fuerte reacción en el pueblo mapuche. De inmediato surgieron acciones de protesta, y se esperan nuevas movilizaciones.
"Los últimos acontecimientos de violencia en contra de nuestras comunidades en Ralco, la abierta política de descrédito hacia nuestro movimiento mapuche por parte de los medios de prensa manejados por los grupos empresariales, la injusta aplicación de la Ley Antiterrorista, los dichos de personeros de gobierno sindicando a nuestro pueblo de cobarde, no pueden seguir siendo admitidos impunemente". Este es un extracto del comunicado que entregaron las organizaciones mapuches de Santiago en una marcha convocada el pasado 12 de marzo.
Medio millar de personas marcharon desde el frontis de la CUT hasta el cerro Huelén, en respaldo a la lucha que se desarrolla en el Alto Bío Bío. Una vez que llegó la marcha a las faldas del cerro, en medio de una asfixiante vigilancia policial, hablaron dirigentes de la coordinadora mapuche Weli Witxran Mapu de Santiago y una representante de los mapuches de Ralco, Ilda Riquelme Huenteao, quien relató la brutal represión de la que fueron víctimas.
Pero la movilización se vino a sumar a toda una serie de acciones de protesta que se viene desarrollando en diversos puntos del país. En la misma capital, otra acción de denuncia golpeó la tranquilidad oficial del acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer realizado en la Plaza de la Constitución el pasado 9 de marzo. Mientras la ministra Delpiano pronunciaba su discurso, irrumpió una mujer mapuche gritando entre forcejeos con la seguridad del acto "el gobierno en el Día de la Mujer masacra a la mujer pehuenche". Un Ricardo Lagos visiblemente molesto, intentaba recuperar el control de su acto oficial, pero la respuesta de los mapuches a la violencia estatal golpeaba nuevamente la mesa.
En la IX Región, también se registraron movilizaciones. Diversas organizaciones indígenas, entre las que se encontraban Ad Mapu y el Consejo de Todas las Tierras, irrumpieron en la intendencia para exigir explicaciones por la represión en Ralco y los dichos del "sutil" subsecretario del Interior. Sin recibir respuesta y en una reacción inusitada, fueron violentamente desalojados por la policía. También en Temuco, mujeres mapuches intentaban tomarse la catedral mientras se celebraba el 8 de marzo.
En Ralco, en tanto, delegaciones de diversos grupos mapuches llegados principalmente de Temuco entregaron su solidaridad a los pehuenches que resisten la construcción de la represa, y se espera que sigan llegando grupos con su apoyo. La decisión estaba tomada: oponerse por todos los medios posibles a que pasara el segundo transformador que espera el megaproyecto.
Pero estas movilizaciones que comenzaron casi como respuestas espontáneas de indignación ante la posición del gobierno en Ralco, poco a poco toman mayor cuerpo. El secretario general de Ad Mapu, Domingo Marileo, junto a otros dirigentes mapuches, anunciaron la puesta en marcha de un Plan de Movilizaciones a partir del 15 de marzo, que se desarrollarán en todo el país. Este plan busca impedir la construcción de la hidroeléctrica, involucrando en la lucha no sólo al pueblo mapuche, sino a "todos los sectores progresistas y democráticos del país porque aquí se busca destruir una reserva ecológica y cultural nacional en favor de los grandes capitales transnacionales, que son los únicos que lucran con este proyecto", según indicaron.

A.M.


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