Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Nº 976 - Del 24 al 30 de marzo del 2000http://www.elsiglo.cl

Crónica

Mesa de trabajo indígena
Diálogo a la sombra de Ralco

Menos de 24 horas duró la concordia en la mesa de diálogo indígena inaugurada en La Moneda por el nuevo Presidente. Al mismo tiempo que Ricardo Lagos pregonaba en su discurso inicial el comienzo de una nueva relación de Chile con los pueblos indígenas, se imprimía el Diario Oficial con la autorización definitiva de la Contraloría a la construcción de la Central Ralco de Endesa, con todo lo que significa para las comunidades mapuche-pehuenches de la zona, enterrando de paso una ya sobrepasada Ley Indígena que servía como piso para cualquier diálogo posible.

Los consejeros mapuches de la Conadi, que aparecieron tan sonrientes junto al nuevo mandatario, debieron modificar el gesto ante la evidencia: el instrumento que los justifica como autoridades fue virtualmente anulado, obligándolos a pronunciarse en un tono menos cordial hacia el nuevo gobierno. El primero en retirarse de la mesa de trabajo fue el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, seguido de los consejeros indígenas, quienes condicionaron el continuar su participación al cumplimiento de un petitorio con diez demandas entre las cuales se encuentra el retiro de Rodrigo González de la dirección de la Corporación de Desarrollo Indígena y la revocación de la autorización para la construcción de la Central Ralco.
Poco después, la ministra de Mideplán, Alejandra Krauss, manifestó su extrañeza por las airadas declaraciones de los integrantes de la mesa de diálogo, señalando en un matutino que los consejeros mapuches conocían con anterioridad lo resuelto.

VIOLACION A LA LEY INDIGENA

Para el abogado Roberto Celedón, la toma de razón del decreto de concesión definitiva para la construcción de la Central Ralco implica una infracción grave a la Ley Indígena y a las bases del medio ambiente "porque Endesa se había comprometido a iniciar el proceso de desafectación de la Ley Indígena mediante el único mecanismo que contempla esta ley, que es a través de las permutas. Con la concesión eléctrica definitiva, de acuerdo a la Ley Eléctrica, por el hecho de la concesión, a los predios que son necesarios para la construcción de la Central hidroeléctrica se les impone servidumbres de acuerdo a las necesidades propias del proyecto hidroeléctrico. En este caso, a las familias pehuenches que se han opuesto a otorgarle las permutas a Endesa, por la vía de la Ley Eléctrica se pretende imponerle la servidumbre de postación y de inundación aunque no hayan firmado". Para el abogado, la determinación de la Contraloría es aun más grave porque grava las tierras indígenas: "el sistema que contempla la Ley Indígena es la permuta de tierras de similar valor comercial. Con la Ley Eléctrica, ya no hay permuta, sólo hay indemnización de perjuicio. Por lo tanto, el indígena es privado de la tierra, no cambia su tierra por otra tierra sino que se le priva de la tierra y se la cambia por plata". Señala que esto es "la violación más flagrante al espíritu y al texto de la Ley Indígena", planteando además que ésta "establece que no se puede gravar tierra indígena sin autorización de Conadi, y aquí no se ha pedido autorización, lo que crea un pésimo precedente: que en definitiva, el Estado chileno, entre los indígenas y los intereses de los megaproyectos opta por los intereses de las empresas transnacionales". Por lo mismo, se prepara para presentar, en representación de las familias pehuenches que se oponen a Ralco, un recurso de protección "porque se están violando derechos constitucionales", según afirmó.

LOS COSTOS DE RALCO

El proyecto que inundará tierra pehuenche ya fue motivo de la mayor crisis entre las relaciones del Estado chileno con el pueblo mapuche, manteniéndose aún frescos los sucesos de 1998, con las reiteradas tomas de las dependencias de la Corporación Indígena (con golpes de mesa y vuelo de tazas incluidos). Y es un hecho que la Conadi ya no tiene la misma autoridad ni la credibilidad que tenía antes de esa fecha, lo que se traspasó en forma directa a sus consejeros. Hay que recordar que luego de todas las maniobras realizadas por el gobierno de Frei para autorizar la represa (ver recuadro), las abstenciones de los consejeros indígenas en la sesión del Consejo presidido por Rodrigo González -en que se autorizaron finalmente las permutas- fueron las que avalaron la operación, creando la ilusión de que todo estuvo dentro del "juego democrático".
Pero quien merece los créditos de que este proyecto se materializara pese a todo y a todos, es el ex Presidente Frei, quien se la jugó hasta el final de su mandato, dejando -como dijo Juan Pablo Orrego a este semanario (ES 974)- "un reguero de irregularidades e ilegalidades" a su paso. De este modo, la frase "Comuníquese y publíquese. Por orden del Presidente de la República", con que termina la publicación en el Diario Oficial en que se otorga la concesión definitiva a Endesa para la construcción de la Central, transmite con literalidad la voluntad expresa del ex mandatario.
Hay que recordar que Frei fue uno de los principales promotores de este proyecto, transmitiendo su apoyo irrestricto en el discurso de inauguración de la Central Pangue (kilómetros más abajo de Ralco, por el río Bío Bío) en 1996. En la represa Pangue participó Sigdo Koppers, consorcio que nació y se benefició del proceso privatizador de la dictadura, y del que fuera parte Eduardo Frei Ruiz-Tagle antes de entrar a la arena política, y con el cual mantiene innegables vínculos, como la relación de amistad y compadrazgo con uno de sus principales directores, Juan Eduardo Errázuriz. Corre el rumor de que esta empresa, bajo otro nombre, estaría también involucrada en la construcción de Ralco, como también se ha dicho que existirían vínculos familiares con el ex mandatario en la empresa constructora Besalco a cargo de la obra gruesa del embalse.

RAZONES PARA EL ETNOCIDIO

Las justificaciones que se han dado para la construcción de esta represa han sido el entregar al país otra fuente energética, cuya demanda aumenta año a año, poniendo como ejemplo la crisis eléctrica vivida por el país el año 1999 debido en parte a la sequía. Este argumento no es convincente para los miembros del Grupo Acción por el Bío Bío (GABB), quienes han manifestado que esas razones son un simple mito, y que van en beneficio de los intereses de una empresa extranjera y del empresariado nacional que recibe el rebalse.
"Es una estrategia económica para ellos poner Ralco ðnos dice Rodrigo Garretón, del GABBð porque, por un lado, cuando tú pones una central cara, sube el precio de nudo, porque es un costo", con lo que se verían beneficiadas todas las generadoras, pero en Chile la generación está monopolizada por Endesa, siendo esta empresa la principal beneficiada con el aumento del precio de nudo de la energía.
"Y por otro lado ðcontinúa Garretónð, es un proyecto caro para el país, porque diversos estudios económicos muestran que le cuesta alrededor de 150 millones de dólares, al tener que asumir muchos costos: ambientales, costos sociales... y la población va a tener que pagar más por la energía". Señala que si bien antes la producción hídrica con la termoeléctrica eran muy dispares, ahora valen los mismo, por lo que la construcción de centrales hidroeléctricas como Ralco ya no se justifican. Y agrega que ya Pangue ha generado pérdidas desde su construcción: "En este momento la compañía está tratando de desligarse del sistema hídrico, manejando más la transmisión".

LOS RECURSOS LEGALES

Aunque la fecha de inicio de los trabajos está fijada para el 1 de abril, no todo está dicho. Existe cierta confianza entre las familias pehuenches que se oponen a Ralco y los grupos ambientalistas, de que esta represa no se va a construir, aunque Endesa trate de presionar con lo hasta ahora invertido (154 millones de dólares, de 568 millones que costará el proyecto) y con lo avanzado de las faenas (13,79 por ciento).
Esta confianza radica en la resolución de no salir de sus tierras de las familias no firmantes, con las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán a la cabeza, y la demanda por genocidio que interpondrá un equipo de abogados españoles contra Endesa España en su país de origen, jugando a favor una legislación mucho más enérgica contra los que trasgreden los derechos de los pueblos originarios. Como ya se ha informado, en caso de ser enjuiciados, la responsabilidad recae en los directores de la empresa, con penas que podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
Los consejeros indígenas han manifestado que seguirán participando en las reuniones de trabajo, aunque se oponen (sic) a Ralco. Por su parte, Ricardo Lagos se ha planteado frente a la construcción de la Central de la misma manera que frente al caso Pinochet, argumentando la independencia de los poderes del Estado y su respeto a la decisión de los tribunales. de lo dicho, aparece como evidente que hubo un acuerdo en relación al tema con el Presidente saliente.
Por lo pronto, las movilizaciones en oposición a esta determinación de la Contraloría ya han comenzado, y esta semana se reunirán miembros de las diversas etnias del país junto al pueblo mapuche para determinar las próximas acciones.
Lo que está claro es que mientras siga el proyecto Ralco, no habrá mesa de trabajo indígena que devuelva la confianza de los representantes del pueblo mapuche en el Estado chileno.
A. M.

Cronograma de una intervención

En 1987, la dictadura entregó a Endesa los derechos de agua para este proyecto, poniendo así en manos extranjeras el control de cerca del 80 por ciento de los derechos de agua del país.

Marzo de 1996
Se presenta proyecto ante la Conama.
En agosto, la Conama devuelve el proyecto solicitando aclaración y ampliación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En octubre, la Conama autoriza obras preliminares.

22 de abril de 1997
El gobierno destituye al Director Nacional de la Conadi, Mauricio Huenchulaf, al Subdirector Sur, Víctor Hugo Painemal y al fiscal de la Corporación, Nelson Zúñiga. La destitución se hizo bajo acusaciones administrativas y de conflicto interno, pero también es cierto que Huenchulaf se manifestaba contrario a Ralco.

30 de abril de 1997
Domingo Namuncura asume como Director Nacional de la Conadi.

4 de junio de 1997
Conama aprueba el proyecto Ralco luego de hacer reparos y exigencias a Endesa, las que fueron solucionadas con inusual rapidez.

19 de junio de 1998
El gobierno pide la renuncia a Mylene Valenzuela y Cristián Vives, consejeros de la Conadi en representación del gobierno, por oponerse a la construcción de Ralco.

13 de julio de 1998
El abogado René Abeliuk entrega el informe solicitado por la Conadi, para corroborar por un organismo independiente las conclusiones de su equipo jurídico. Las conclusiones resultaron coincidentes: Endesa habría incurrido en infracción a la Ley Indígena.

31 de julio de 1998
Se nombra a los sucesores de Mylene Valenzuela y Cristián Vives, como consejeros de Conadi. El gobierno ubica en esos cargos a Rodrigo González (PS) y Hernán Correa (DC).

5 de agosto de 1998.
El gobierno pide la renuncia a su cargo a Domingo Namuncura por "diferencias insalvables" en el caso Ralco. Esto ocurre horas antes de realizarse el Consejo Nacional de la Conadi en que se verían las permutas. El gobierno necesitaba un Director afín a sus intereses, para que aprobara las permutas. Habiendo 8 consejeros a favor y 8 en contra del proyecto, era el Director quien debía dirimir.

Entre diciembre de 1998 y enero de 1999
La Conadi aprueba las solicitudes de permutas de tierras pehuenches en el Alto Bío Bío. En su dirección está el socialista Rodrigo González.

Septiembre de 1999
El Sexto Tribunal Civil de Santiago ordena paralizar en forma precautoria las faenas en Ralco. Dictamen derivado de la demanda presentada contra la Conama por las hermanas Quintremán, pidiendo la nulidad de derecho público de la resolución que declaró ambientalmente viable a Ralco.
Hubo apelación y en diciembre se reanudaron las obras.

Enero del 2000
La Contraloría devuelve al Ministerio de Economía los decretos que otorgan a Endesa la concesión definitiva, por faltar antecedentes.

1 de marzo 2000
Endesa detiene los trabajos, aduciendo "prudencia empresarial", como una forma de presionar al Ejecutivo ante la exigencia de Contraloría.

15 de marzo del 2000

Luego de resolver con presteza los problemas que presentaba el otorgamiento de la concesión definitiva para la construcción de la Central, la Contraloría da su aprobación  para la publicación en el Diario Oficial.
 

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