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07 de Noviembre de 2003



¿Nuevo trato? 

Tras las tomas y el ataque de esta semana, queda claro que la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato no calma las inquietudes indígenas en Chile. Y es que en las actuales condiciones, contrarias a la tendencia internacional, una solución parece muy lejana.
 

Por Ana María Cortez y Luis Concha 


Así quedó la casa del ex ministro de Economía Fernando Léniz cerca de Pangipulli, X Región.

 (Foto: Copesa)

Tras dos años de reflexión, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por Patricio Aylwin, entregó su informe al Presidente Lagos y al ministro del Mideplan, Andrés Palma. Las críticas al documento fueron casi inmediatas.

 (Foto: Copesa)

Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, y José Huenchunao, líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, son sólo dos caras de las múltiples visiones con que los mapuches enfrentan sus conflictos con el estado chileno.

 (Foto: Copesa)

El informe de la discordia
El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato acepta que el Estado atropelló a los pueblos originarios y realiza una serie de proposiciones que deberían servir como base para la elaboración de políticas públicas para los indígenas. Estas apuntan a un reconocimiento de derechos políticos y territoriales, como la elección de sus propios representantes en el Congreso Nacional y la integración en gobiernos regionales y comunales, para que participen de los programas y leyes que afectan a sus pueblos. También plantea una serie de reparaciones, un reconocimiento constitucional y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas.

 La Comisión estuvo conformada por académicos, políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil y representantes de las poblaciones indígenas. Aunque se valora el nivel de conocimiento del tema de los comisionados, entre los que se encontraban el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el economista Felipe Larraín, el antropólogo José Bengoa y el obispo Sergio Contreras, los resultados del esfuerzo no han sido comprendidos por todos los involucrados.

 El mundo indígena valora la reflexión, pues siente que es una forma de concientizar a la sociedad chilena sobre la temática. Como explica José Llancapán, comisionado y representante de la población mapuche urbana: "Aunque hubo mucha documentación proveniente de la historia oficial chilena, el esfuerzo bien valió la pena". El problema está en que temen que el llamado "Informe Rettig Indígena", no tenga ninguna implicancia práctica. La última palabra es del Ejecutivo.

 

Apenas pasó una semana y los síntomas recrudecieron. El informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que el ex presidente Patricio Aylwin entregó a Ricardo Lagos después de casi dos años, tenía la íntima esperanza de ser un precedente para encontrar soluciones al conflicto indígena. Pero de inmediato surgieron voces discordantes incluso al interior de la Comisión y, pocos días después, movimientos mapuches anunciaron un nuevo proceso de tomas que abarcó al menos ocho predios y la Municipalidad de Puerto Saavedra. Algunos incluso justificaron sus acciones de reivindicación en los "antecedentes de usurpación" que constan en el ansiado documento. Y pese a que esas acciones no fueron violentas, sí lo fue el incendio de la propiedad del ex ministro Fernando Léniz, que redujo a cenizas no sólo la casa, sino las expectativas de éxito.

 "Esto es un llamado a la reflexión, no hay conclusiones, que será recogido y nos llama a debatir el tema como sociedad", explica el coordinador de Políticas Indígenas del gobierno, Marcelo Carballo.

 Pero más allá del trabajo de la Comisión, la experiencia internacional demuestra que, en las actuales condiciones, una solución definitiva en Chile suena casi utópica.
 
 

Modelo a imitar

La convivencia entre las poblaciones nativas de cada territorio y la nacida gracias al mestizaje y la influencia de culturas externas, es compleja en cualquier lugar del mundo. La gran diferencia la hacen las voluntades reales, por parte de los estados, de reivindicar los derechos de los habitantes originarios. Así lo comenta a Qué Pasa el director del Centro Mundial de Estudios Indígenas, Rudolph Riezer, quien otorga gran importancia a la decisión de los gobiernos de destinar recursos a la causa indígena.

 "No se trata sólo de comprar tierras a privados para devolverlas a los indígenas, sino también de capacitar a la población para aprovechar económicamente los territorios y aprender a autosustentarse, para lo cual es básico un acceso prioritario a una educación diferenciada", explica Riezer. Dice que aunque sea discriminación positiva esto se justifica porque las necesidades educacionales de estudiantes aborígenes deben compatibilizarse con la enseñanza y práctica de la lengua materna y el idioma del país en que habitan, por ejemplo. "Existen muchos estados que dicen apoyar el desarrollo de sus poblaciones nativas, pero en la práctica, ello dista mucho de la realidad", comenta.

 Existen ejemplos de gestiones positivas y de largo plazo. Y el caso de Canadá es el que más exitoso aparece, al punto que ha marcado la pauta en naciones con problemáticas del mismo tipo, como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

 En 1755 se constituyó el primer Departamento Indio Canadiense, que se ocupaba de vigilar las alianzas militares establecidas entre los colonos y las "Primeras Naciones", como se denomina a los pueblos nativos. Hoy existe el Departamento de Asuntos Indios y de Desarrollo Nortino (Diand), que tiene el rango de ministerio y que data del '66. Desde ese año el Estado comenzó la política de trabajar en conjunto con las Primeras Naciones: proveerlas de servicios básicos como educación multicultural, mantención de caminos, agua potable y alcantarillado.

 Hoy, el Diand no sólo garantiza esos derechos a las tres etnias reconocidas (Indios, Inuits y Métis, con más de 50 naciones o grupos culturales), sino que además se ocupa de negociar las reivindicaciones territoriales con los nativos representando al gobierno de Canadá, y de apoyar el autogobierno de cada etnia. Porque el Estado reconoce el derecho de las etnias a autorregirse administrativamente, pero siempre y cuando no atenten contra los principios del gobierno nacional.

 Aunque ese modelo ha marcado la senda para muchos otros países, su influencia aún no marca las pautas en Chile. No sólo por un tema de recursos, sino también porque dentro de las prioridades no figura la capacitación para conseguir el autosustento de los pueblos indígenas, algo que es considerado básico para el funcionamiento de la fórmula canadiense.
 
 

Duda institucional

Aunque algunas de las ideas del informe (ver recuadro) suenan revolucionarias, éstas no han sido bien recibidas, aún no hay claridad sobre su real valor para la política indígena y hay consenso en que muchas de sus propuestas no coinciden con la problemática actual ni son aplicables bajo la institucionalidad chilena.

 Los puntos que despiertan más atención se refieren a la reparación y los derechos políticos. Esto, porque el contenido está muy centrado en la problemática de tierras de la población mapuche. La idea fue profundizar la entrega de terrenos a comunidades en conflicto, pero no se habla de cómo capacitar a los comuneros para el uso de esas tierras. Este tema se liga con la creación de territorios especiales o de "preferencia" para el desarrollo indígena, ámbito que también es criticado.

 Como explica la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, Ena Von Baer, "la idea de territorios especiales no los hace parte del resto de la sociedad y si bien la deuda histórica es importante para ellos, su primera prioridad es el desarrollo socioeconómico". En esa idea coincidió el concejal mapuche de Chol Chol, Venancio Coneupán, al expresar que la comisión Aylwin, "no nos representa en nada". Además, el informe refuerza la convicción de la "ruralidad" indígena, cuando está demostrado que más del 50 % de esa población vive en las ciudades.

 También se cuestiona que los indígenas tengan sus propios representantes en el Parlamento. Según José Llancapán, representante de la población mapuche urbana en la Comisión, esta propuesta es lógica, pues "no se puede hablar de una democracia, cuando el 10% de la población está negada de participar". Contraria a esa idea es Ena Von Baer, quien según los datos de una encuesta de LyD, asegura que el 85% de los indígenas participa del sistema electoral: "¿Para qué separarlos si participan del sistema en un porcentaje altísimo? Por algo, una de las instituciones mejor evaluadas por ellos son las municipalidades", dice.

 Las mayores dudas caen sobre la idea de funcionar sobre la institucionalidad actual. Especialmente, por la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a la que los pueblos no sienten propia, la acusan de servir a los intereses del gobierno y de estar "inclinada" hacia el pueblo mapuche. Alberto Hotus, miembro del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, dice a Qué Pasa que es imposible trabajar con una institución atada de manos. En eso coincide Von Baer, al plantear que no es posible que en una institución trabajen los mismos que van a pedir los servicios (indígenas) y los que los entregan (gobierno). Algo que se contrapone con la experiencia mundial, que demuestra que ninguna política es aplicable en una institucionalidad débil y poco representativa. Y eso es aún más grave ante la propuesta de una nueva institucionalidad: el Consejo de Pueblos Indígenas y la Comisión de Reparación, que se toparían con las funciones del consejo de la Conadi y con el artículo 20 de la Ley Indígena. Incluso en Mideplan también funciona una coordinación.
 
 

Caos mapuche

Gran parte de la confusión para generar políticas públicas indígenas, se debe a la multiplicidad de actores, ideas y corrientes que existen en la población indígena más importante del país: los mapuches. Por ejemplo, mientras algunos califican el informe de colonialista, otros plantean estar a favor de él. Y mientras unos buscan la reivindicación participando en actividades públicas, hay un grupo bullicioso (aunque minoritario) que se dedica a la violencia. Incluso dentro del mismo movimiento hay voces que plantean que mientras no haya una proposición coherente como pueblo, no habrá forma de llegar a un entendimiento con el Estado de Chile.

 Tampoco está clara cuál es la verdadera representatividad de los líderes ni cuántas comunidades confían en ellos. Muchos comuneros los acusan de lejanos y poco sensibles con las preocupaciones de la población. El académico de la Universidad de Concepción, Fernando Antinao, expñica que "es valorable el surgimiento de una generación de jóvenes líderes, pero no sirve mientras se ocupen de reivindicar cosas menores".

 En Canadá, en cambio, desde el siglo XIX que los más de 50 grupos culturales aceptaron la representatividad de sus líderes. Porque cada uno de ellos tenía su propio hombre en el Diand. Lo mismo sucede en Estados Unidos en el National Congress of American Indians.

 En Chile, pese a que los pueblos indígenas comparten algunas cosas, son diferentes y tienen otras preocupaciones dentro de las mismas etnias. Como dice Von Baer: "hay que entender que lo único transversal en el tema indígena es la pobreza y la marginalidad".