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Revista Punto Final Edición 537

Cuestión de política

Su tarea es compleja. La abogada Myriam Reyes, de la Defensoría Penal Pública de Angol, tiene a cargo la defensa de Juan Ciriaco Millacheo Marín, lonko de la comunidad José Millacheo de Ercilla; su hijo Luis Hernán Millacheo Ñanco, y Juan Andrés Necul Marín, de la misma comunidad, quienes están en la cárcel de Angol acusados de asociación ilícita terrorista y otros delitos como hurto, robo con fuerza y secuestro. También defiende a José Huenchunao, uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre en la cárcel de Concepción.

A él se le sigue una causa por asociación ilícita terrorista en Temuco, y otra por desórdenes públicos e incendio en la Octava Región. “Como abogada, sostengo que es un despropósito calificar de terrorista a una organización como la Coordinadora Arauco Malleco, un grupo intermedio de la sociedad, una organización cuyos fines se relacionan con reivindicaciones y derechos que ellos estiman han sido permanentemente vulnerados. El concepto de terrorismo concebido por el legislador está definido para situaciones muy especiales, en las cuales las personas se organizan para cometer actos cuya finalidad es aterrorizar a la población. Eso es absolutamente inaplicable a una organización diseñada para efectos de reivindicar derechos y que no ha cometido actos de carácter terrorista”, afirma la profesional.

Imposible no hacer un símil con fórmulas utilizadas durante la dictadura militar en contra de sus opositores. “La diferencia es que no se utiliza la tortura en forma sistemática y tampoco ha habido presos políticos desaparecidos -destaca la abogada. Lamentablemente, esa es la única diferencia, pero es muy pobre para un sistema democrático. Hay persecución penal y, en alguna medida, desarrollo de actividades ilegales, como la intercepción telefónica de abogados de la defensa a solicitud del Ministerio Público. Y no me cabe ninguna duda que todos los abogados de la defensa estamos intervenidos”.

Ha habido diversas ilegalidades en los procesos. Una fue el traslado de detenidos a la audiencia de formalización, el 6 de diciembre pasado, sin ninguna formalidad. “La defensa alegó y tuvieron que devolver nueve personas que habían sido llevadas al tribunal”, explica. También lograron revertir la decisión unilateral del Ministerio Público, adoptada en una audiencia secreta y acogida por la jueza Esmirna Vidal, de separar los presos y distribuirlos en distintas unidades carcelarias como una forma de presionarlos para forzar una “confesión”. “Posteriormente el Ministerio Público entregó otra versión, diciendo que la Coordinadora se estaba rearticulando desde la cárcel, pero fue otro el cuento que le llevaron a la jueza”, señala Myriam Reyes.

Además, el Ministerio Público se ampara en la facultad que otorga la Ley Antiterrorista para mantener en secreto algunas actuaciones. “El problema es que ellos aplican el secreto a todo y extendieron el plazo inicial de 40 días de investigación del delito de asociación ilícita a 6 meses, en función de una ley dictada después de haber comenzado la investigación. Es decir, esa ley no debería aplicarse a este caso. La defensa está pidiendo una audiencia para que levanten el secreto y podamos conocer los antecedentes con que cuentan las fiscalías. Hasta ahora no ha habido ningún acceso a las evidencias del proceso. La parte acusadora dice que tiene intercepciones telefónicas y seguimientos de personas, pero no precisa a quién interceptaron, qué escucharon, ni a quién siguieron. Así, la defensa ha estado trabajando a ciegas”, acusa Myriam Reyes.

¿En qué consisten los delitos comunes que se imputan a sus defendidos, como hurto y secuestro?
“En la región hay muchas formalizaciones por delitos comunes en contra de personas mapuche, y todas se relacionan con acciones de reivindicación de derechos que las comunidades estiman tener sobre determinados predios o producciones. Por ejemplo, a los cortes de árboles los denominan hurto.

La ocupación de terreno es usurpación. Todo se encuadra en tipos penales. Los secuestros... no son secuestros. En el caso de mis defendidos, un grupo de trabajadores mapuche que se sentía discriminado porque no le querían pagar un adelanto de sueldo -algo esencialmente laboral- retuvo la micro en que se trasladaban. Se bajaron todos y dijeron ‘no nos movemos de aquí hasta que llamen al dueño de esta faena y nos paguen’. Estuvieron cinco horas. Ese es el ‘secuestro’. Lo mismo ocurrió con la ocupación de una faena de copa de agua”.

¿Cómo se ve el proceso a futuro?

“La gente sigue presa, porque las alegaciones de fondo de la defensa todavía no han sido oídas. Tampoco hemos podido hacer entender que no estamos frente a una hipótesis de terrorismo. Pero aunque se ve difícil, es impensable que esto termine en un juicio con sentencia condenatoria. Nunca se podrá establecer -porque no es así- que la motivación de la Coordinadora Arauco Malleco sea aterrorizar a la población. Esta es una pelea jurídica, pero sabemos que está cruzada por factores políticos y sociales. Si bien realizamos un trabajo técnico, los abogados defensores sabemos que es un conflicto político y que cada cosa que hagamos tiene relevancia para la libertad de los presos, pero también para la legitimidad o no de la causa de los mapuche. Sostener que este es un tema netamente jurídico es ceguera”