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Revista Punto Final Edición 537

La otra cara del “conflicto mapuche”

El abogado José Aylwin Oyarzún, hijo del ex presidente de la República, insiste en que en vez de calificar de “delincuentes” o “terroristas” a los mapuche que luchan por sus reivindicaciones históricas, se impone una mirada más a fondo.
Como coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), expresa su preocupación por la forma en que el Estado enfrenta lo que a su juicio se ha rotulado equivocadamente como “conflicto mapuche”. “Es más bien el conflicto de los empresarios, del Estado y de quienes nos relacionamos con los mapuche desde la sociedad chilena, negando su carácter de pueblo, sus derechos ancestrales al territorio, y sus derechos políticos”, afirma.
Explica que esta contradicción se ha acentuado en los últimos años debido al empecinamiento del Estado por “expandir la economía global hacia el territorio indígena, lo que se manifiesta de manera muy brutal en el caso del territorio mapuche donde las empresas forestales ocupan 1,5 millones de hectáreas del territorio ancestral mapuche al sur del Bío Bío, en su mayoría con plantaciones de bosque exótico, sin consultar a las comunidades o en contra de su voluntad, como es el caso de la Central Hidroeléctrica Ralco, que tuvo la oposición unánime de las dos comunidades residentes en el área de inundación”.
Destaca que los procesos de movilización desarrollados por los mapuche sólo buscan el respeto de derechos indígenas que hoy son ampliamente reconocidos a nivel internacional, como el derecho a decidir sus prioridades en materia de desarrollo, a ser consultados antes de iniciar proyectos de inversión, a participar de los beneficios de esas actividades, a ser compensados por los daños, a no ser trasladados de sus tierras, etc. Estos derechos son reconocidos en 17 estados de América Latina, con sólo dos excepciones: Uruguay y Chile. “En nuestro país tenemos un Estado centralista que ha negado históricamente su diversidad y ha construido el mito de los ‘ingleses de América Latina’. Por otro lado, el sistema binominal impide contar en el Congreso Nacional con representación indígena que abogue por reformas políticas y sociales relevantes”.

Así, la desobediencia civil y el desconocimiento de la institucionalidad “es la respuesta a un proceso de exclusión de un sistema económico y político que no toma en consideración a los mapuche”. Está convencido de que es un error intentar contener estos conflictos por la vía policial y judicial. “El Estado ha desarrollado una política de criminalización de toda la acción mapuche, de procesamiento indiscriminado de sus dirigentes, valiéndose de instrumentos de otros tiempos, como la Ley Antiterrorista. Pero carece de pruebas contundentes en contra de las personas.

Las imputaciones se basan en filmaciones de video, conversaciones telefónicas o posesión de literatura tan diversa como el libro ‘El viejo que leía novelas de amor’, de Luis Sepúlveda. Por parte del ejecutivo hay una voluntad clara de detener este proceso por la vía del enjuiciamiento del liderazgo. Lo que nosotros hemos sostenido, como Programa de Derechos Indígenas es que, sin perjuicio de la importancia de mantener una situación de paz y de convivencia armónica en el sur, hay que juzgar las causas más profundas y buscar caminos institucionales de solución a través del diálogo, de la reforma jurídica, de una reforma política”. Y agrega: “Yo emplazaría a los parlamentarios y sectores políticos que insisten en buscar responsabilidades en el mundo indígena y en mirar la violencia que en ocasiones se genera desde allí -fundamentalmente contra la propiedad no indígena que ocupa sus territorios- a que busquen su propia responsabilidad por la violencia que ellos han ejercido al negarse a evolucionar y a entender que los pueblos indígenas no son poblaciones destinadas a integrarse y desaparecer al interior de la sociedad chilena.

La tendencia contemporánea es reconocer que los estados están compuestos por una pluralidad de pueblos, y que éstos tienen derecho a controlar su desarrollo económico, político y jurídico”