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Duro informe de Human Rights Watch sobre Chile

La Nación, Miércoles 27 de Octubre de 2004

 

Organismo cuestionó aplicación de ley antiterrorista en hechos de violencia que involucran a los mapuches, al igual que el rol de la justicia militar, y el "trato degradante y abusivo", que a su juicio les otorga Carabineros.

Human Rights Watch, y la organización chilena Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, publicaron hoy un informe de 60 páginas, en que se acusa al Estado chileno de violar las garantías procesales de los mapuches que han sido juzgados por la ley antiterrorista.

El informe, titulado "Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuche en el Sur de Chile", señala que "los mapuches acusados de terrorismo se enfrentan a juicios desiguales por crímenes que no generan un peligro directo para la vida, la libertad ni la integridad física".

Asimismo, sostiene que es "totalmente injustificado" juzgar crímenes presuntamente cometidos por mapuches con "el uso de procedimientos extraordinarios establecidos para combatir la violencia política más atroz".

El director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que "el celo del gobierno por condenar a los responsables de estos delitos ha superado claramente su compromiso de respetar el legítimo derecho de los mapuches a tener un debido proceso". "Ya sean acusados o víctimas, los mapuches se enfrentan a la negación de la justicia", acotó.

Asimismo, el director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, indicó que el informe se documentan además casos de brutalidad policial contra los mapuche en el Sur de Chile.

A su juicio, “esta es una práctica discriminatoria incompatible con la democracia que el gobierno chileno no ha enfrentado con la suficiente firmeza".

En el informe se critica al gobierno del Presidente Ricardo Lagos por no crear legislación para limitar la jurisdicción de los tribunales militares a las infracciones militares, ya que se considera que esos tribunales no cumplen las normas básicas de independencia e imparcialidad requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile.

Asimismo, se insta al gobierno chileno a que sólo use la legislación antiterrorista para los crímenes más graves, implemente salvaguardas para proteger las garantías procesales de los acusados y garantice que un tribunal independiente revisa los casos de los mapuche condenados por actos de terrorismo.
 

Abusos y leyes injustas

El informe recalca que "los agentes de policía responsables de abusos y tratos degradantes contra los mapuche son juzgados por tribunales militares, los cuales han acumulado un historial casi constante de impunidad a favor de quienes violan los derechos de los mapuches".

Asimismo, consigna que "para colmo de males, los mapuches acusados de violencia contra la policía también son juzgados por tribunales militares, a pesar de ser civiles y de los lazos militares de estos tribunales con Carabineros, la policía uniformada".

Se reseña entonces que en un juicio que se realiza en Temuco, el cual se encuentra ahora en su cuarta semana, siete acusados mapuches y una simpatizante no mapuche se enfrentan a cargos por pertenecer a una asociación ilícita terrorista.

Los mapuches están acusados de planear la comisión de una serie de atentados incendiarios contra bosques, campos, casas patronales y vehículos en terrenos bajo disputa en la región de la Araucanía, en el Sur de Chile, precisándose que ninguno de estos delitos contra la propiedad alcanza el nivel de terrorismo.

Human Rights Watch señala que "la ley con la cual están siendo juzgados los mapuches se remonta a la época del gobierno militar de 1973 hasta 1990), fue promulgada por el general Augusto Pinochet en 1984 para enfrentar la creciente resistencia armada contra su régimen".

También indica que de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley, introducidas posteriormente por los gobiernos electos, el crimen de incendio pueden considerarse atentado terrorista cuando su intención sea "producir temor en la población o en una parte de ella", aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física.

Se critica entonces la disposición legal que protege a los testigos de la intimidación, ya que "los jueces de Temuco han permitido que la fiscalía oculte a la defensa los nombres de al menos seis testigos, obstaculizando gravemente la capacidad de los acusados para cuestionar su testimonio y refutar los cargos".

"Estos denominados testigos sin rostro han testificado en los tribunales detrás de pantallas y con micrófonos que distorsionan la voz, y sólo pueden ser vistos por fiscales y jueces".

Se considera luego que el uso de estos testigos viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza a todo acusado el derecho a "interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo".

El organismo internacional recuerda que en 2003, los loncos Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norín Catriman, fueron condenados a cinco años y un día de cárcel por amenazas terroristas, gracias a las pruebas aportadas por testigos sin rostro.

La Corte Suprema anuló una sentencia judicial previa que por unanimidad los había absuelto. Ahora los loncos se enfrentan nuevamente a cargos por asociación ilícita terrorista y podrían permanecer hasta 20 años en la cárcel si son condenados.

Un poco de historia

Human Rights Watch señala que durante los noventa, los mapuches empezaron a protestar contra la presunta invasión de sus tierras por parte de empresas forestales y dueños de predios agrícolas.

"Las tierras fértiles de las regiones de Bío Bío y Araucanía, territorio ancestral de los mapuche, ahora están copadas de plantaciones de pino y eucalipto que, según los mapuches, dañan el ecosistema del cual depende su vida tradicional", se afirma.

También se señala que las protestas cobraron violencia a finales de la década, con enfrentamientos entre grupos que ocupaban tierras disputadas y la policía, ataques contra camiones de compañías madereras y el incendio de edificaciones, cultivos y plantaciones de pino".

El informe concluye que "bajo una fuerte presión política, sucesivos gobiernos chilenos recurrieron a las leyes más represivas para combatir la violencia", y ante la lentitud del sistema "los acusados de terrorismo suelen estar en prisión preventiva durante más de un año antes que su caso llegue a juicio".

Aunque la comunidad internacional no ha acordado una definición precisa de terrorismo, el organismo humanitario precisa que se da ampliamente por entendido que el término sólo se aplica a los crímenes más graves de violencia política: “el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz”, en palabras del experto de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de las Naciones Unidas, A.P. Schmid.

Por tanto, estima que el uso de la acusación de terrorismo por crímenes cometidos en el contexto de los conflictos de tierras, que no alcanzan este nivel, es inapropiado y refuerza los prejuicios existentes contra los mapuche.

Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de otros contextos, como el terrorismo, “a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

La mirada final de Human Rights Watch es desalentadora: "los mapuches, que llevan mucho tiempo siendo víctimas de la discriminación en Chile, continúan sufriendo un trato abusivo o degradante cuando los Carabineros, la policía uniformada chilena, allanan sus comunidades para realizar detenciones y registros".

El informe describe en este punto una serie de ejemplos recientes de maltrato presuntamente cometido por Carabineros encargados de proteger a testigos o en busca de sospechosos, y expone que los fiscales y los tribunales militares continúan investigando todas las denuncias de abusos cometidos por Carabineros en servicio activo o en instalaciones militares, y dichas investigaciones rara vez culminan con el enjuiciamiento de los responsables.
 
 


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