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Comisión entregó cuatro tomos con proposiciones
Entrega de Informe Verdad y Nuevo Trato

Por Oriana Fernández / 28 de Octubre del 2003

Entre las principales propuestas se encuentra el efectuar una demarcación de territorios indígenas y el reconocimiento constitucional a los pueblos. También se insta a otorgarles mayores derechos políticos y promover la identidad cultural. Sin embargo, organizaciones mapuche criticaron el documento calificándolo como "colonialista".

Después de un año y nueve meses de trabajo, el ex Presidente Patricio Aylwin entregó al primer mandatario, Ricardo Lagos, el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que contiene recomendaciones para nuevas políticas de desarrollo hacia los pueblos indígenas. Aylwin cumplió así con el mandato que Lagos le hizo el año 2000. Según señaló el ex Presidente, se trata de un informe útil para un "para corregir los errores, a veces inevitables, que el Estado de Chile mostró en el trato con las etnias". Además, destacó el trabajo que realizaron las diferentes comisiones, en las que, dijo, "casi todos los miembros originales participaron".

El Presidente Lagos, en tanto, explicó que los documentos elaborados por la comisión corresponden a un "esfuerzo pluralista por tratar de comprender nuestra historia". Los cuatro tomos que contienen recomendaciones para un nuevo trato y reconstrucción histórica, fueron elaborados a partir del trabajo de subcomisiones de desarrollo económico, de verdad histórica, y de derecho indígena. Además, se constituyeron grupos de estudios de distintos pueblos como los rapa nui, mapuche, indígenas urbanos y atacameños.

Algunos de los integrantes de los grupos de trabajo fueron el abogado Carlos Peña, el antropólogo José Bengoa, el obispo Sergio Contreras, el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcamán, y el economista Felipe Larraín.

Reparaciones

Entre las propuestas de la Comisión, destaca la indemnización a las diferentes etnias. En tal sentido, se propone a Lagos indemnizar a los descendientes de los pueblos extintos, como el aonikenk y el selk’am, con el objetivo de reparar a estas familias. En cuanto a los pueblos kawesqar y yagan, que están en riesgo de extinción, se plantea la necesidad de realizar un censo especial, cuyos resultados sirvan para diseñar un plan que garantice tres acciones para asegurar condiciones básicas de supervivencia: pensiones, subsidios y rescate de su cultura.

Respecto al pueblo Rapa Nui, el informe propone que se debe otorgar un estatuto de autonomía, reconocer el derecho exclusivo a propiedad de tierras en la isla, y elaborar un propuesto propio para planes de desarrollo.

Derechos constitucionales y políticos

Entre las recomendaciones más importantes destacan la propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, en el que la comisión establece que el Estado debe garantizar la diversidad étnica, cultural, así como también derechos colectivos. En esa línea, propone un estatuto jurídico propio, basado en ese reconocimiento constitucional, y se plantea la ratificación de convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los derechos políticos que las etnias reclaman son: elegir a sus propios representantes en el Congreso Nacional y reconocer las formas de organización de los pueblos indígenas.

Derechos territoriales

Otro de los puntos más controvertidos, y en el que Aylwin puso énfasis, es el de los derechos territoriales. Así, se establece en el informe que en Chile debe haber una demarcación de territorios indígenas y el reconocimiento a participar de dichas zonas. También, plantean reemplazar la noción de área de desarrollo indígena en la legislación nacional, por el concepto de territorio indígena. Además, se explica que se deben determinar aquellas tierras que se demuestre que son propiedades ancestrales indígenas. En el caso de que estas sean fiscales, se recomienda el traspaso, y si son áreas silvestres protegidas, se deben diseñar los mecanismos que permitan su reclamación.

Educación y cultura

Entre las propuestas culturales, destaca el alentar a que los indígenas tengan una educación autogestionada por las distintas etnias, que el Estado debe promover la enseñanza intercultural, y promover reconocimiento a prácticas económicas, sociales, culturales y religiosas, como el trueque en mercados. En cuanto a las instituciones de gobierno, la comisión reafirmó la existencia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y propone la incorporación de representantes de etnia que no están en esa instancia, como la quechua, colla, entre otras. Además, se plantea la necesidad de crear un Consejo de Pueblos Indígenas que garantice el derecho participativo del estatuto jurídico de los pueblos. Éste sería un órgano de consulta obligatoria para el Gobierno, en materia de políticas indígenas.

El documento también se hace cargo de la necesidad de fiscalizar las políticas de las Conadi, ministerios y servicios públicos, y se recomiendan reformas a la ley para estas instancias. Otro de los puntos importantes es la creación de un instituto de investigación y promoción de los pueblos indígenas, además de un fondo general integrado por todos los recursos que posee la Conadi, y otros mecanismos como becas, educación y salud.

Recursos

El texto también que debe haber un aumento significativo de recursos. En tal sentido, plantea mantener una base para responder las demandas histórica de tierras, que no debería ser menor a 300 por ciento al actual Fondo de Tierras. La comisión postuló que de los 25 mil millones existentes, se aumente inicialmente en un 40 por ciento, esto es 10 mil millones de pesos por año. En esa línea se propone extender la Ley Valdés a toda actividad de educación y capacitación a los pueblos indígenas.

Colonialismo

El werkén del Consejo de Todas las Tierras Aucán Huilcamán calificó el informe como "colonalista". Criticó que no todos los miembros de las comisiones participaron en el debate de la elaboración de los documentos entregados hoy. El dirigente indígena remarcó que tienen su propia versión de la historia que se debe contar respecto a estos pueblos, pero que no se ha tomado en cuenta para nada "la opinión de algunos comisionados".

En tanto, la alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna, señaló que si bien no se trata de la verdad oficial, lo importante es que significa un paso para reconocer los atropellos y actos de exterminio que han sufrido las víctimas. Además, llamó a los poderes del Estado a iniciar con prontitud el establecimiento del "nuevo trato".