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Los buenos negocios de los amigos de Frei


La construcción de la central Ralco, respaldada por Eduardo Frei, fue cuestionada por funcionarios de esa Administración. No fueron escuchados y terminaron siendo removidos de sus cargos. En cambio, otras figuras de ese Gobierno mantuvieron, directa o indirectamente, lazos con Endesa o el holding Enersis.



Por Cristian Opaso*

En el documento preparado por Eduardo Frei a la Comisión de Economía de la Cámara Baja, con motivo de la investigación de las millonarias indemnizaciones otorgadas a ejecutivos de empresas públicas, el ex mandatario aludió al “índice de la percepción internacional de la corrupción… elaborado por la organización no gubernamental denominada Transparency International, de aceptación y reconocimiento mundial”.

Al respecto, aseguró: “Durante todo mi período, Chile fue percibido como el país más probo y transparente de Iberoamérica”.

Sin embargo, que Chile no es precisamente uno de los países menos corruptos del hemisferio es algo que incluso reconoce el Gobierno de los Estados Unidos, como lo demuestra el contenido de un cable secreto escrito en 1996 por la embajada de este país.

El informe confidencial, escrito a principios de ese año por un funcionario de la Embajada en Santiago, dedica parte importante de su contenido a lo que se ve como la particular práctica de corrupción que se estaría dando en el país: los conflictos de intereses.

INFORME SECRETO. El documento, parcialmente obtenido por este periodista en Washington DC, detalla 43 puntos en los que se analizan los “severos problemas ambientales que afectan a Chile”. El punto 15 del cable señala textualmente que “un informe difundido recientemente por Transparencia Internacional, una organización alemana, señala a Chile como el segundo país menos corrupto del hemisferio, después de Canadá”.

En el siguiente punto del cable se indica: “Desafortunadamente, la definición chilena de corrupción (y aparentemente aquella de Transparencia Internacional) no incluye el concepto de conflicto de interés. En Chile, los conflictos de intereses son un estilo de vida. El problema es particularmente severo en los asuntos ambientales, donde el reducido número de profesionales y la creciente demanda por sus servicios ha permitido que sea fácil que las personas asuman varios roles, en ocasiones contradictorios”.

Como ejemplo, el informe cita el siguiente caso: “La gente de Gestión Ambiental frecuentemente usa tres o más sombreros en forma simultánea. Jaime Undurraga por ejemplo es, durante el día, el relacionador publico de Codelco (la poderosa empresa estatal de cobre). En las tardes es consultor de Gestión Ambiental ante la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), consultor del Gobierno en materias ambientales durante la noche y negociador del NAFTA para el Gobierno de Chile (¿en las mañanas?)”.

Este mismo Jaime Undurraga tuvo tiempo a principios de 1997 para ponerse aún otro sombrero: ser una de las personas que conformaron un panel de “expertos” para revisar el Plan de Relocalización de los pehuenches. Concluyó que este era más que adecuado, sin considerar la opinión de los afectados que, de acuerdo a los resultados del proceso de participación ciudadana financiado y organizado por el Gobierno, no querían dejar sus tierras.

EL HIJO DEL MINISTRO. A fines de los 90, el abogado Sergio Oliva, adscrito a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), interpuso un recurso en representación de ocho pehuenches, acusando a funcionarios de ENDESA e Ingendesa de estar ejecutando trabajos ilegales en la zona, ingresando a los predios pehuenches sin permiso y amenazando a los comuneros.

“Irarrázabal y Figueroa... recorren en forma permanente las tierras del sector ribereño del río Biobío de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco... amenazándolos para que desalojen las tierras y se trasladen a un fundo interior denominado El Barco”, detalla el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Juan Ricardo Gallina, uno de los recurrentes recordaba haberle dejado saber a Gonzalo Figueroa Guzmán, uno de las personas individualizadas en el recurso, lo inapropiado que era que anduviera “engañando” a los pehuenches, amenazándolo con “amarrarlo a un palo” si insistía en visitar su tierra.

Figueroa Guzmán, arqueólogo titulado en la Universidad de Chile, es hijo de Carlos Figueroa Serrano, ex ministro del Interior y ex Vicepresidente de la República.
Según un documento entregado por Pangue a la Superintendencia de Valores y Seguros en octubre de 1997, Gonzalo Figueroa era además titular de 148.501 acciones de Pangue S.A.

Desde agosto de 1997, cuando se denunció la presencia de Figueroa en el Alto Biobío, no se ha visto por la zona. Pero en noviembre de ese año, en una reunión entre el consejo nacional de la Conadi y representantes de ENDESA, con el fin de explicar el Plan de Relocalización que proponían para las familias pehuenches, se hizo presente como una de las diez personas del equipo de la empresa.

Según una alta fuente, Carlos Figueroa se habría abstenido de pronunciarse en el tema Ralco, dado que su hijo estaba íntimamente involucrado en el proyecto. Pero no se requiere mucha imaginación para pensar en la posición de Endesa al tener entre sus filas al hijo del segundo hombre del Gobierno.

LA MANO DE PEREZ YOMA. Otro miembro clave de la administración Frei, que aparece con vinculaciones cercanas al grupo Endesa, es el ex ministro de Defensa y ex embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma, un personaje de considerable peso político y empresarial, ámbito donde ha incursionado con éxito en el área de la construcción y en cargos de alto nivel en diferentes firmas.

En los últimos días se ha especulado en torno a su posible postulación a senador por la Tercera región.

Entre 1990 y 1992, Pérez Yoma se desempeñó como presidente del directorio de una de las principales compañías del holding Enersis–Endesa: Chilectra Metropolitana.

En las memorias de la compañía aparece que Pérez Yoma habría recibido 1.292.000 de pesos (US$ 4.349) de honorarios en 1990, primer año del gobierno de Aylwin, 13.061.000 de pesos (US$ 37.527) en 1991 y 18.720.000 de pesos (US$ 52.187) en 1992. Renunció formalmente a ese alto cargo el 10 de noviembre de ese año.

En la cuenta anual de Chilectra de 1991, Pérez Yoma reconoció que la empresa se incorporó “como participante activo del grupo de trabajo natural en las principales ciudades del país enmarcado dentro del acuerdo de complementación económica suscrito por los Gobiernos chilenos y argentino”.

El abogado José Aylwin, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin y uno de los autores de la Ley Indígena, aludió en 1998 a “las vinculaciones que en algunos momentos miembros del gabinete (de Eduardo Frei) han tenido con grupos económicos que llevan adelante este proyecto”.

Y aclaró: “Me refiero al ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien hasta poco antes de asumir el actual Gobierno se desempeñó como presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa que al igual que Endesa está vinculada al grupo Enersis. Señalo esto porque muchos en el período de dictadura criticamos las conexiones, conflictos de intereses o tráfico de influencias que existieron entre el mundo de los negocios y las autoridades”.

OTRA VEZ CHILECTRA. A mediados de 1996, Vivianne Blanlot, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), no alcanzó a firmar oficialmente el Informe Técnico de Calificación de la central Ralco, elaborado por un Comité Revisor de 19 servicios públicos del Gobierno, que durante meses había estudiado la evaluación de impacto ambiental entregada por Endesa.

El informe era categórico: “Las deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes... lo que implica que no se cumplen los requisitos de aprobación... Por lo tanto, el Comité Revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado”.

Sin embargo, finalmente Ralco fue aprobado por CONAMA y Blanlot salió del cargo.

Por los días de la controversia, Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA. Tiempo después fue alejado de su cargo y se le ofreció una comida en el Circulo Español. Según la revista electrónica Contacto Sur, allí habría compartido mesa nada menos que con José Yuraszeck y Ricardo Solari, por entonces alto dirigente del Partido Socialista y hoy ministro del Trabajo, quien junto a Jaime Undurraga y otros notables habían conformado el grupo de personas encargadas de revisar el programa de relocalización impuesto por Endesa a los pehuenches.

Hoy Rosenblut está sentado en el sillón del presidente del directorio de Chilectra Metropolitana.

Días después de la inauguración de Pangue en marzo de 1997, muy preocupados por la obvia intervención de altos funcionarios en la aprobación de Ralco en la CONAMA, el diputado socialista Juan Pablo Letelier, decidió, junto a otros 39 parlamentarios, citar a una sesión especial de la Cámara de Diputados para indagar lo que estaba sucediendo.

El entonces ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, se encargó de convencer a los diputados oficialistas para postergar la sesión. Esto lo hizo en tres oportunidades distintas. Finalmente la sesión se realizó a principios de junio de 1997, seis días después de que la CONAMA anunciara que aprobaba el proyecto Ralco. Hasta hoy está pendiente la votación del informe que fuera discutido en una comisión investigadora de la Cámara Baja.

Para el diputado Letelier la presencia de una intervención desde La Moneda fue innegable. “Yo tengo la convicción que sí la hubo”, declaró por esos días Letelier.

* Cristian Opaso, periodista titulado en San Francisco State University de Estados Unidos, país donde se desempeñó como periodista de radio y televisión. Fue compilador y traductor de “Frei, Allende y la mano de la CIA” (Editorial Ornitorrinco, 1991). Trabaja hace ocho años con el Grupo de Acción por el Biobío (GABB). Este reportaje investigativo es un trabajo independiente.