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Santiago de Chile | Miércoles 3 de Enero de 2001

Reportajes



Los recursos


En la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentran dos recursos de protección interpuestos por las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman junto a los diputados de la denominada a Bancada Verde, en contra del Presidente Ricardo Lagos y el ministro de Economía, José de Gregorio.

Estas acciones legales fueron presentadas luego que el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle autorizara la construcción de las obras hidráulicas y el tendido eléctrico de la Central Ralco, un día antes de dejar La Moneda.

Según los demandantes, los decretos de concesión Nº 31 y 32 emanados de la secretaría de Estado y publicados el 15 y 16 de marzo del presente año, no tienen validez jurídica ya que Endesa obtuvo los derechos de aguas sólo en noviembre pasado. Es decir, dichas disposiciones fueron firmadas sin que la empresa española obtuviera los permisos correspondientes.

Otro recurso, presentado por Nicolasa Quintreman, afirma que esta concesión viola la Ley Indígena (N° 19.253), la que indica que “por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de la esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.

A continuación expresa que sólo “podrán ser gravadas previa autorización de la Conadi, pero que esto no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia”. Añade, además, que “igualmente, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración”.

Paralelamente, se tramita una demanda de nulidad de derecho público en el Sexto Juzgado Civil de Santiago, cuyas demandantes son nuevamente las hermanas Quintreman contra la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). A través de esta acción judicial solicitan anular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de los mencionados decretos, pues existirían “vicios jurídicos”.

La empresa eléctrica se hizo parte de los recursos de protección, por lo cual el Gobierno chileno junto a Conama y Endesa España, se enfrentan contra los pehuenches. 



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