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Santiago de Chile | Miércoles 3 de Enero de 2001

Reportajes 



Otro punto negro en el caso Ralco

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitó dos informes que podrían confirmar que los derechos de agua otorgados a Endesa se cursaron sin considerar las recomendaciones de la Comisión Resolutiva Antimonopolios. Los abogados demandantes aseguran que Endesa tendría cerca del 90% de estos derechos en Chile.


Por Tamara Corales

Pese a que el pasado viernes 22 de diciembre se suspendieron nuevamente los alegatos en el ya dilatado caso Endesa-Ralco, los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago –conformada por Sergio Valenzuela Patiño, Haroldo Brito Cruz y Alejandro Solís- solicitaron dos informes que podrían ser relevantes a la hora de emitir un fallo sobre la construcción definitiva de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío.

Uno de ellos se refiere al dictamen Nº 992/636 emitido por la Comisión Resolutiva Antimonopolios (CRA), fechado en noviembre de 1996, el cual señala que la empresa hidroeléctrica Endesa “concentraría los principales derechos de agua del país” y que una nueva solicitud “sería contraria a la legislación sobre la libre competencia”.

En concomitancia, el tribunal de alzada exigió un nuevo informe a la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el propósito de conocer el procedimiento y las razones por las que fue aplicado un cambio en el punto de restitución del derecho de agua, único resquicio legal que necesitaba la firma española para continuar con la construcción del megaproyecto. Tal concesión fue entregada en los primeros días de noviembre pasado, una semana antes de iniciarse los alegatos en tribunales.

Por este motivo, los abogados de la parte demandante anunciaron que presentarán una impugnación a la Contraloría General de la República para que inicie una investigación al respecto. A juicio de los profesionales el procedimiento usado por la DGA fue ilegal pues un cambio de cota, significa un nuevo derecho de agua.

DICTAMEN. De acuerdo al dictamen 992/636, del 25 de noviembre de 1996, dictado por la CRA, “la empresa de Electricidad S.A. Endesa S.A., concentra en su poder los principales derechos de agua del país, situación que se vería incrementada en el evento de que se le consideren nuevos derechos de aprovechamiento de aguas”.

Continúa explicando que “el eventual incremento de los derechos de agua de que es titular Endesa S.A., mediante las nuevas concesiones que ha solicitado a la Dirección General de Aguas, sería contrario a la legislación sobre libre competencia aprobada por el decreto ley Nº 211, de 1973”.

A lo anterior, se agrega que la CRA recomienda a la DGA abstenerse de otorgar nuevas concesiones a la firma española. “Esta Comisión, en ejercicio de las atribuciones de carácter preventivo que le otorga el citado cuerpo legal, recomienda a la Dirección General de Aguas que, en general, se abstenga a aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de agua no consultivas, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario, según corresponda, que asegure un adecuado uso de aguas, a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen”, indica el documento.

En este contexto, el MOP habría otorgado la ampliación de este derecho contradiciendo lo expuesto por la Comisión. Según las declaraciones del director de la DGA, Humberto Peña, todo se hizo de acuerdo a la legislación vigente.

“No es un procedimiento excepcional, en absoluto, porque se ha hecho varias veces y nunca se ha cuestionado la legalidad”, sostuvo en su oportunidad.

Por su parte, el abogado de este organismo público, Pablo Jaeger, señala que mientras el tribunal de alzada no envíe dicha solicitud no emitirán declaraciones al respecto.

ILEGALIDAD. No obstante, uno de los abogados demandantes, Matías Coll, asegura que la DGA concedió nuevos derechos de agua a Endesa, utilizando como excusa el cambio en el punto de restitución.

“Lo que hizo la DGA al otorgar un cambio en el punto de restitución fue eludir el dictamen de la Comisión Resolutiva Antimonopolio, y esto es disimular un nuevo otorgamiento de derechos no consultivos de agua. De esta manera se pretende salvar ilegalmente uno de los grandes impedimentos que tenía Endesa para seguir con sus obras”, enfatiza.

En tanto, el abogado Lorenzo Soto, representante de las hermanas Nicolasa y Berta Quintreman, férreas opositoras a la construcción de la central Ralco, dice que el tribunal solicitó estas diligencias “por considerarlas estrictamente necesarias para la resolución del juicio”.

Según el profesional, el dictamen de la CRA se debe a que Endesa posee cerca del 90% de los derechos de agua del país, “entonces ampliar su derecho como lo hizo, implicaría violar esa resolución”.

Por ello sostiene: “Corresponde que la Corte establezca la ilegalidad de la ampliación del derecho de agua y por lo tanto, de la concesión eléctrica, lo que a su vez generaría la nulidad de los decretos 31 y 32” que autorizaron la construcción de las obras hidráulicas y el tendido eléctrico de la central Ralco en el Alto Biobío.

Pero el dictamen también indica que esta autorización podría ser otorgada si “se trata de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen”. En este sentido, Soto precisa que esto tendría validez si existiera una ley que explicara qué se entiende por interés general.

La nueva postergación de los alegatos –la primera vez fue el 14 de noviembre- no es un buen indicio para los abogados demandantes. Para Coll cada día que pasa es un punto a favor para Endesa, pues sigue construyendo sin contratiempos.

Por eso, si la diligencia no se realiza en el mes de enero -lo más probable es que se posterguen hasta marzo cuando comience el año judicial y se constituyan las nuevas salas- los demandantes interpondrán un recurso de no innovar con el propósito de paralizar las obras.

DESVIO. Para el empresario y director del Grupo de Acción del Alto Biobío (Gabb), Hernán Echaurren, el desvío del río en la zona confirma el “respaldo irrestricto” que el Gobierno ha otorgado a la construcción de la represa.

“Estando pendiente aún la resolución de temas mayores en relación a la legalidad del proyecto (respecto a la ley indígena, los derechos de agua y el estudio de impacto ambiental) Endesa sigue adelante con el proyecto arriesgando parte importante del patrimonio de los accionistas. Entonces la única respuesta que tengo para esto es que de alguna manera han recibido una especie de confirmación o seguro por parte del Gobierno”, precisa.

No duda en explicar que la administración de Ricardo Lagos no se diferencia del Gobierno anterior que concedió la autorización para construir la hidroeléctrica en marzo pasado, un día antes que Frei Ruiz Tagle abandonara La Moneda.

Las explicaciones sobre esta impresión, añade, se pueden encontrar mediante otras lecturas: “Tironi (consultor de Ricardo Lagos) es director de Enersis y Rosenblut (PPD y ex-subsecretario de la secretaria general de la presidencia y telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei) es director de Chilectra. Esto configura una situación de corrupción”.

Sostiene que el proyecto es malo desde el punto de vista económico y hace el sistema eléctrico más vulnerable, “pues en caso de una futura sequía vamos a tener razonamiento porque Ralco igual va a fallar”.

En el caso que comiencen a construir el muro de la central, precisa, lo más probable es que soliciten una orden de no innovar para que se paralicen las obras, ya que el desvío del río “no constituye un daño ambiental muy grande”


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