LUCAS SIERRA Interpretación de la propuesta: 
"No hay que fosilizar a los indígenas" 

Domingo 9 de Noviembre de 2003
 
 
 
A Lucas Sierra no le gusta ser alarmista, pero está preocupado por algunas propuestas de la Comisión Aylwin.Foto:Juan Ernesto Jaeger 
El abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) cree que el documento encierra oportunidades y peligros para los indígenas.
 

M. ANGÉLICA PÉREZ FERRADA

A Lucas Sierra, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y abogado de la Universidad de Chile, le preocupa que los indígenas se puedan transformar en "sujetos económicos de segunda clase".

Eso es lo que ocurriría, dice, si se ponen en marcha algunas de las propuestas del documento final de la "Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato", que encabezó el ex Presidente Patricio Aylwin.

Su trabajo en el grupo legislativo de esa organización le permitió a Lucas Sierra estudiar en profundidad las distintas iniciativas. Pero no quiere ser alarmista. Rescata que se quiera reconocer constitucionalmente a los indígenas. El problema, dice, radica en cómo hacerlo.

Paternalismo mal entendido

- ¿Qué problema puede provocar la idea de la Comisión de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas?

- El Estado liberal tiene que ser suficientemente sensible para reconocer las diferencias que existen a nivel de los individuos. Ahora, que eso requiera una mención expresa en la Constitución, creo que no necesariamente es así. Pero si hay consenso en la comunidad política y se reconoce que Chile es una sociedad que tiene componentes étnicos distintos, no me parece grave.

- El problema es que, según el informe de la Comisión, este reconocimiento en la Constitución se haría en términos colectivos.

- ¿Qué entiende usted por reconocimiento colectivo?

- Se reconocen pueblos y no individuos. Hasta ahora la discusión se ha centrado en la idea de que reconocer a los indígenas como pueblo acarrearía problemas como la secesión, el levantamiento de ciertas comunidades contra el Estado. Son temores infundados.

- ¿Cuál es el problema entonces?

- Lo que me preocupa son las consecuencias que podría tener un reconocimiento de este tipo. Si desde la Constitución hacia abajo el sistema jurídico se encamina a tratar a los indígenas colectivamente, se pueden generar consecuencias patrimoniales; por ejemplo, forzar comunidades, mantener la propiedad en común y que no haya propiedad individual.

- Si los indígenas consideran que para ellos es muy importante la propiedad común de la tierra, ¡que así lo decidan! Pero que no lo decida la Constitución por ellos.

- ¿Los indígenas hoy pueden contar con propiedad individual?

- Hay ciertos indígenas que tienen propiedad privada y eso tiene que ver con divisiones que se hicieron fundamentalmente a partir de un decreto ley del '79. Pero las propiedades que se adquieren con el Fondo de Tierras y Aguas que administra la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) quedan con una serie de restricciones. Solamente se pueden transferir entre miembros de una misma etnia. Se pueden gravar, algo indispensable para progresar económicamente, ¡siempre y cuando la Conadi lo autorice!

- Hay una serie de trabas. No hay antecedentes que los indígenas las quieran. Además, esto refleja un cierto paternalismo. ¿Por qué ellos no pueden disponer cuáles son sus arreglos patrimoniales? No digo que no establezcan comunidades, pero éstas no deben ser forzadas por ley.

- Además de esta falta de libertad, ¿hay otras consecuencias negativas?

- A lo mejor un indígena que tiene tierras cerca de un lago quiere venderlas a buen precio y venirse a la ciudad. ¿Por qué el Estado le va a prohibir eso? Con estas cortapisas a la propiedad lo que hacemos, en definitiva, es condenarlos a ser sujetos económicos de segunda clase, sin libre acceso al crédito.

Cuotas fijas de poder

- ¿Los derechos políticos que promueve el informe también son un riesgo para el mundo indígena?

- La iniciativa de asegurar cuotas para los indígenas en el Congreso es un error. Habría que tener entonces cuotas fijas para los homosexuales, para los rubios y los morenos. Pensar en cuotas es fatal. Es reproducir de alguna manera, la mala idea creo yo, de los senadores designados.

- Además se propone el doble voto.

- Sí. En las elecciones parlamentarias, por ejemplo, un indígena podría votar por los candidatos de su etnia y, además, por otro candidato de la región. Es injustificado y se vulnera el principio de un votante, un voto.

- Lo que sí puede ser aceptable es otra cosa. Los indígenas están repartidos en el país. Puede ocurrir que tengan una identidad común y una representatividad política común y que ellos participen en las elecciones saltándose las reglas territoriales. El problema que tiene esto es que el representante va a ser mapuche, por simple aritmética. Pero el informe habla de proporcionalidades, eso es razonable.

- ¿Cuál es el mayor aporte del informe de la Comisión?

- Primero, puede contribuir a configurar una sociedad y una estructura constitucional más atenta a las diferencias de sus individuos. Segundo, si a través de la deliberación política se logra definir la deuda histórica con estos grupos y saldar injusticias, se logrará una pacificación que le restará piso moral a quienes por otros intereses tratan de exacerbar los conflictos.

- Hay situaciones en que se podría pensar en una posibilidad de reparación para los indígenas por parte de una Comisión independiente, técnica, con una cantidad acotada de recursos. En los casos más patentes y evidentes, cuando hubo abusos y usurpaciones de tierras, esto podría funcionar. Pero un fondo permanente para comprar tierras, como el que seguirá existiendo, está expuesto a una demanda infinita.

- Que el Estado compense por barbaridades no es una cuestión en principio criticable. Pero hay límites prácticos. No hay que fosilizar a los indígenas y ponerlos detrás de un stand.

- Si usted hubiera tenido el derecho a aprobar o no el documento de la Comisión Aylwin, ¿hubiera puesto su firma?

- No voy a responder eso. Es ficción. Yo no era comisionado, aunque participé en uno de los grupos de trabajo de la Comisión. Entonces, no me correspondía firmar o no.

EQUIPO

Los disidentes

Lucas Sierra, miembro del grupo Legislación e Institucionalidad - una de las entidades que trabajó para la "Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato"- tiene varios reparos frente al documento final sobre los indígenas.

Pero a él no le correspondía firmar ese trabajo.

A quienes les correspondía suscribir el informe era a los "comisionados" - 25 en total, designados por el Presidente de la República y que participaron junto a otras personas en las subcomisiones o grupos de trabajo- .

Hubo quienes simplemente se excusaron de estampar con su firma el informe final de la "Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato".

Juan Claro González: con fecha 14 de octubre, envió una carta a Patricio Aylwin, presidente de la Comisión. Allí le señaló: "Tal como se lo expresé en su oportunidad, decidí marginarme de participar u opinar respecto del trabajo de la Comisión, debido a que el rol que asumí como presidente de la Sofofa y CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), no me permiten actuar u opinar individualmente en materias de esta naturaleza sin comprometer a las respectivas instituciones".

Felipe Larraín Bascuñán: emitió un voto de minoría porque, a pesar que reconoce que la Comisión incorporó en el documento final propuestas positivas, hay otras con las cuales "se corre el riesgo de condenar a los indígenas a través del aislamiento al inmovilismo de sus culturas y a la pobreza".

Ricardo Rivadeneira Monreal: tampoco firmó el documento de la Comisión debido a que problemas de salud lo mantuvieron alejado de varias sesiones de la subcomisión de Desarrollo Económico y Social en la cual participaba. Sin embargo, en un memorándum dejó constancia de lo siguiente: "Un aspecto que me pareció negativo en ciertas intervenciones orales y escritas al interior de la Comisión, fue cierta inclinación a separar, y aún a confrontar, los intereses de los pueblos indígenas respecto de los intereses del resto del pueblo chileno, o respecto de los intereses de la República de Chile".·

IDENTIDAD

Lucas Sierra Iribarren: 38 años, casado con Mirene Elton, 1 hija.

Estudios: Colegio Verbo Divino; licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (1992); título de abogado (1992); Máster en derecho en la Universidad de Yale, EE.UU. (1996) y doctor (PHD) en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Cambridge, Inglaterra (2002).

Trayectoria: Asesor jurídico e investigador de la Comisión Cultura dependiente del Ministerio de Educación (1991 a 1993); editor y miembro fundador de la revista "Derecho y Humanidades" de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (1992); profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Andrés Bello (1993 a 1994).

Cargo actual: Desde 1999 se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile; desde 1995 es investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), es redactor y columnista de "El Mercurio" de Santiago.
 


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