Políticas de Australia, Canadá y Nueva Zelandia:

Otras miradas al tema indígena

Texto: Eduardo Moraga Vásquez
13 de Octubre de 2003

Capacitación laboral, un papel activo del sector privado y el monitoreo de resultados son algunas de las medidas que han ayudado a mejorar la vida de los pueblos originarios de estos tres países.


Eduardo Moraga Vásquez


En julio pasado las Naciones Unidas, preocupada por la situación del pueblo mapuche en Chile, decidió tomar cartas en el asunto y enviar al antropólogo Rodolfo Stavenhagen para hacer un diagnóstico de su estado actual.

Sus palabras fueron concluyentes: "Hay una serie de problemas, desde la insuficiencia de servicios públicos y las bajas condiciones de vida hasta la gran desigualdad de ingresos".

Sergio Donoso, profesor de Política y Legislación Indígena de la Universidad Católica, está completamente de acuerdo con Stavenhagen.

"La encuesta Casen del 2000 evidenció que los progresos para reducir la pobreza habían sido ínfimos; peor aún, la indigencia entre los mapuches aumentó con respecto a la medición anterior".

Estos resultados ocurren a pesar que desde hace diez años, con la promulgación de la Ley Indígena y el inicio de la política de entrega de tierras, el Estado se comprometió a cambiar la cara del mundo indígena.

Para concretar esa meta los recursos no han sido pocos.

Hace dos semanas el Gobierno reconoció que había gastado $100 mil millones en la última década en el tema.

Para el próximo año se destinarán otros 14 mil millones de pesos en la entrega de tierras, según señaló recientemente el ministro de Mideplan, Andrés Palma.

Tres experiencias

Al igual que nuestro país, Australia, Canadá y Nueva Zelandia también tienen minorías indígenas que viven en desiguales condiciones respecto al resto de la población.

Con casi 35 años de anticipación respecto a Chile, estos pueblos originarios comenzaron a presionar a sus respectivos gobiernos para mejorar sus condiciones de vida.

El movimiento en pro de los derechos civiles para los afroamericanos estadounidenses tuvo lejanas repercusiones entre maoríes, aborígenes australianos y primeras naciones "canadienses".

El creciente desarrollo económico de dichos países y el reconocimiento de los malos tratos terminó por abrir las puertas para un fuerte aumento en el gasto del gobierno para mejorar las condiciones de vida de las minorías étnicas.

Es así como a fines de los 60 se comienza a aplicar una serie de políticas tales como la entrega de tierras, reconocimiento de derechos políticos, apoyo a la formación de empresas, capacitación, etc.

Las distintas estrategias seguidas y los dispares resultados que las acompañaron tienen mucho que decir a la más jóven y cuestionada política indígena chilena.

Australia: la tierra no sirve

Si existe algún caso de resolución del tema aborígen que se parezca a lo hecho en Chile en los últimos años, ése es el australiano.

Desde hace treinta años, el gobierno de Canberra inició un proceso de entrega de tierras muy similar al que hace diez años se aplica en Chile. Su objetivo: paliar la pobreza de los denominados "aborígen", un apelativo usado por los ingleses para marcar la diferencia entre colonizadores y colonizados.

Llegados hace 60 mil años, desde Nueva Guinea, la población autóctona se mantuvo relativamente aislada y logró desarrollar una cultura adaptada al desierto y basada en clanes nómades recolectores. Todo eso cambió en el siglo XVIII cuando Australia fue integrada al imperio inglés como colonia penal.

La premisa de los nuevos ocupantes fue que la isla - continente estaba desocupada, por lo que los derechos de tierras aborígenes no fueron reconocidos.

A fines de los 60, y como réplica al movimiento racial norteamericano, las comunidades aborígenes comenzaron a reinvindicar esos terrenos perdidos.

En 1975, ante la presión de las comunidades, Canberra decide entregar tierras a los aborígenes, básicamente en la zona norte, un gran desierto de tierra roja, salpicado de algunas pequeñas ciudades.

Desde entonces a la fecha, el Estado australiano, al igual que en Chile, comenzó una masiva compra de tierras, por un monto de US$ 1.300 millones.

Lejos de menguar, los gastos son crecientes.

El próximo año el gobierno creará la Indigenous Land Corporation, organismo que tendrá un capital inicial de US$ 880 millones, es decir, casi cuatro veces el aporte que el fisco chileno hará al Ministerio de Agricultura en 2004.

Como resultado de esta política, en la actualidad un territorio de 480 mil kilómetros cuadrados (casi un 60% de Chile continental), está en manos indígenas.

Sin embargo, los resultados no son nada positivos.

Los "beneficiados" tienen hoy la típica vida de un habitante del tercer mundo. De hecho, su esperanza de vida es sólo de 56 años y el 20% está cesante.

La paradoja de su situación es que viven en el país que, según las Naciones Unidas, está entre las cinco con mejor índice de desarrollo humano del mundo.

Gary Johns, ex ministro australiano y ahora investigador del Institute of Public Affairs, reconoce el fracaso en la entrega de tierras.

"Los indígenas poseen grandes porciones de terrenos, principalmente en áreas remotas. Su problema ahora no es la tierra, sino qué hacer con ella. Mucha no es productiva y, además, es mantenida en forma comunitaria, así que es difícil de comercializar".

Johns insiste en que el diagnóstico mayoritario de los miembros del Gobierno concuerda con su análisis.

"Las comunidades aborígenes más pobres viven en sus propias tierras. Es más, con esa política estamos construyendo ghettos, pequeños zoológicos donde simplemente se les coloca para olvidarlos".

Según el experto, la entrega de tierras disminuyó su calidad de vida al potenciar el alcoholismo. "Sentían que no podían controlar sus vidas y pensaban ¿para qué vamos a hacer algo si el hombre blanco lo hace todo por nosotros? Es decir, perdieron la esperanza y no saben donde encajan ni cómo vivir".

Canadá: foco pensante

Canadá actualmente es un paradigma en materia de resolución de temáticas de pueblos originarios.

El Estado, a través del sistema universitario, dio un gran impulso al análisis de los problemas de las minorías étnicas a fines de los '60. Desde entonces, dicho país ha irradiado una fuerte influencia entre intelectuales y dirigentes creando escuela en el tema.

De hecho, José Aylwin, hijo del actual presidente de la Comisión Verdad Histórica, Patricio Aylwin, realizó un Magister en Derechos Indígenas en la Universidad de British Columbia, de Vancouver.

José, miembro de la comisión, tendría gran influencia en el acercamiento de su padre al tema mapuche.

El antes y después del tema originario en Canadá lo marcó la Constitución de 1982, que declaró al país como una sociedad multicultural. Esto significó que el Estado se comprometió a respetar y apoyar el de-
sarrollo de las distintas etnias originarias.

A fines del siglo XVI, los colonizadores franceses e ingleses, atraídos por el comercio de pieles, se encontraron con una diversidad de grupos humanos.

Al norte del país, se encontraban los inuit, pueblo nómade que se había adaptado perfectamente al riguroso clima del polo norte. El resto del Canadá estaba habitado por un sinnúmero de tribus hoy conocidas como primeras naciones, un apelativo que busca restablecer su condición de pueblos fundacionales.

El proceso de conquista les fue quitando terreno, ubicándolo en reservaciones, en un intento sistemático por occidentalizarlos. Hacia 1950 persistía en ciertos lugares la costumbre de arrancar a los niños aborígenes de sus comunidades y "reeducarlos" en instituciones religiosas y del Estado.

Según José Aylwin, actualmente investigador del Programa de Derechos Indígenas de la U. de la Frontera, existe en el seno de la sociedad canadiense una clara conciencia de los abusos cometidos durante la colonización. Esto se traduce en una especial sensibilidad de la población hacia el tema originario.

Jeff Marder, subdirector de asuntos indígenas del Ministerio de RR.EE. de Canadá, reconoce que "tenemos una preocupación especial por reparar los daños ocasionados y se han hecho bastantes esfuerzos por cerrar las brechas con el resto de la sociedad".

El primer paso se dio en 1960, cuando se les reconoce el derecho a voto. Posteriormente, se concretó un conjunto de políticas focalizadas en salud, educación y subvenciones directas a las distintas comunidades. A fines de los '90 se gastaban US$ 4.500 millones en una población cercana al millón de aborígenes.

Un tema de gran éxito en el caso canadiense, distinto al traspaso de recursos, ha sido una serie de reformas legales que alientan la integración entre comunidades indígenas y empresas. Estas se traducen en cupos de trabajo, cursos de capacitación y, para los trabajadores de origen europeo, cursos de relaciones interculturales que les permitan reconocer y respetar las diferencias de las etnias originarias.

Paul Kauffman, investigador de la Universidad de Canberra, señala que la capacitación es crucial por cuanto permite desarrollar las habilidades laborales que efectivamente demanda el mercado.

"Además, su funcionamiento no depende de los vaivenes de del presupuesto fiscal".

Nueva Zelandia: con sello empresarial

A diferencia de Australia y Canadá, la apuesta neozelandesa ha sido empresarial. Con un ingreso percapita de US$ 20.200, mucho menor a los casi US$ 30 mil de los otros, Nueva Zelandia ostentan récords en educación y trabajo de la población maorí en la última década.

Más que el traspaso de recursos, la solución "kiwi" apoyó iniciativas productivas de las comunidades maoríes, en sectores como el forestal, la pesca y el turismo. Sólo en este último sector, existen 300 empresas maoríes.

El impulso ha significado que las ocho mayores empresas de aborígenes ostenten una tasa de crecimiento de 25% en los últimos tres años, con activos por US$ 960 millones.

En términos globales, en tanto, el capital en manos maoríes es de US$ 3.100 millones, la mitad de lo que el sector silvoagropecuario chileno exportará este año.

La autogestión ha sido clave, en tal sentido, según Margaret Hutu, directora de Estudios Maoríes de la Universidad de Auckland.

"Las únicas políticas que han sido exitosas son aquellas que han sido iniciadas y mantenidas por los mismos maoríes".

La apuesta por la iniciativa y el carácter emprendedor se entronca con el espíritu de los maoríes, un pueblo de cazadores y pescadores, de gran contextura física, que llegó al archipiélago desde la polinesia hace 3 mil años.

Grandes guerreros, opusieron tal resistencia a los ingleses, que la Corona Británica aceptó firmar el tratado de Waitangi en 1840. En éste, los maoríes cedieron el dominio de las islas a cambio de tener iguales derechos que los ciudadanos británicos.

La discriminación, sin embargo, se consolidó con el tiempo, sepultando los derechos consagrados en el siglo XIX.

A fines de los 60, el movimiento maorí adquiere gran fuerza, consiguiendo en 1975 que Wellington cree un tribunal para revisar el cumplimiento del olvidado acuerdo de Waitangi.

De ahí en adelante, el Estado neozelandés inició una decidida política de apoyo a la iniciativa empresarial de los maoriés.

Veamos algunas cifras. En los últimos quince años la población maorí mayor de 16 años que asiste al colegio pasó del 50 al 70 por ciento.

Si en 1991 la tasa de desempleo entre los maoríes era de 27%, actualmente sólo llega al 10%.

La evaluación de las políticas aplicadas es un tema crucial. Periódicamente, el Gobierno publica los índices de calidad de vida de la población, lo que permite monitorear su gestión en el tema y crear conciencia entre la población anglosajona respecto a la situación maorí.

Las lecciones

Sin apelar a "recetas mágicas", pues se debe tener en cuenta que existen distintos transfondos históricos, las experiencias de Australia, Canadá y Nueva Zelandia permiten iluminar la actual discusión sobre políticas indígenas en Chile.

La primera enseñanza es clara. La entrega de tierras por sí sola no ayuda a mejorar la calidad de vida. El caso australiano es claro al respecto. A pesar de los grandes montos destinados para dicho fin, su población aborigen posee los peores índices sociales de los tres países.

Por otro lado, los casos canadiense y neozelandés prueban que si las empresas se involucran en el tema indígena, generando cupos de trabajo y capacitación, se producen rápidas mejorías de la situación aborígen.

En tanto, la capacidad de los grupos maoríes para organizar sus propios negocios revela que la intervención directa, y no la aceptación pasiva de políticas provenientes del Estado, es clave para potenciar los efectos positivos del dinero que el Gobierno transfiere.

Finalmente, cuando los planes del Gobierno asumen la lógica de la administración privada, como el permanente control de los resultados que sucede en Nueva Zelandia, se potencian los efectos benéficos para el mundo indígena al reconocer los instrumentos más eficientes y las metas que faltan por lograr.

EN INTERNET

www.maori.org.nz
www.fng-gpn.gc.ca

www.afn.ca

www.aad.wa.gov.au



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