Santiago de Chile, Martes 20 de Agosto de 2002
EN ESPERA.-
Fernando Raga. 

PRESUPUESTO RESTRINGIDO ESPERANZAS QUE PUEDEN QUEDAR EN VERDE:
Hacienda define si habrá ley de bosque nativo

NIEVES ARAVENA 

NIEVES ARAVENA

El mundo está lleno de buenas intenciones dice un antiguo refrán, para advertir que, por el camino, hasta los mejores deseos pueden derrumbarse. 

Y esa sentencia no es ajena al proyecto de ley de bosque nativo, que no ha podido ver la luz desde 1992.

Porque más allá de la intención de cuidar y preservar el bosque - lo que nadie rechaza- , el cómo debe manejarse este recurso ha sido fuente de permanentes tensiones entre empresas forestales, académicos, ambientalistas y hasta en el propio Gobierno.

Así, han pasado diez años. Y tras varias modificaciones y alegatos diversos, en octubre del año pasado se inició el último intento: ante el Presidente Ricardo Lagos se firmó un protocolo de consenso entre todos los sectores, con el compromiso de que - ahora sí que sí- se envia- rían al Senado nuevas indicaciones para resucitar a esta dormida ley.

Desde entonces se han dado pasos de acercamiento de las posiciones en la Mesa Forestal, en especial entre la Corporación de la Madera (Corma) y los grupos ecologistas, todo al alero del ministerio de Agricultura que incluso hizo diálogos por separado para alcanzar consensos.

Sólo un punto quedó insalvable: la idea ambientalista de prohibir la sustitución del bosque nativo por plantaciones exóticas como pino, eucaliptus y otras. Por el rechazo tajante de Corma, el tema quedó sumergido, aunque puede resurgir con fuerza (ver recuadro).

Lo cierto es que hoy el texto de la ley está en un trance difícil: los técnicos del ministerio de Hacienda deben evaluar su financiamiento, sin el cual el proyecto no vale más que buenas intenciones.

En el contenido de la ley de bosque nativo sí hay consenso. Lo que viene es cuánta ley vamos a tener. Hay que ponerle números, dice el ministro de Agricultura, Jaime Campos, sin querer ahondar en montos. Menos aun se pronuncia sobre fechas posibles para que el Gobierno envíe el proyecto con las indicaciones al Senado, pese a que alguna vez se dijo que estaría listo en el segundo semestre de este año.

Los técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) deberán iniciar esta semana las conversaciones - que prometen no ser nada fáciles- , con el fin de defender un subsidio que ponga en movimiento el manejo sustentable de los bosques nativos.

En medio de los malos augurios económicos, la idea acariciada en el Gobierno es que haya ley, como sea, aunque parta con poca superficie y poco financiamiento, para luego ir aumentándolo gradualmente. 

Dueños de la biodiversidad 

Chile posee 13,4 millones de hectáreas de bosque nativo. De ésas, casi 4 millones de hectáreas están en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que reúne a parques y reservas administradas por Conaf. Todo lo demás pertenece a privados, con superficies dispersas entre unos 30 mil propietarios (o 50 mil según la Corma) que son agricultores medianos y pequeños, en su mayoría.

Son los dueños de las forestas nativas, lo que implica sus ecosistemas y especies endémicas (únicas de esta parte del mundo), recursos que cobraron importancia a nivel mundial tras la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde Chile suscribió el compromiso de cuidarlos.

En los extremos, el interés conservacionista de prohibir la sustitución, choca con el de los propietarios para disponer del recurso a su antojo. Hay 50 mil personas que no tienen voz aquí y no nos parece que las expropien. Esto es como una casa que la declaran monumento nacional, no se puede vender y no lo compensan por eso, afirma el vicepresidente de Corma, Fernando Raga.

Y enfatiza que no me vengan con ese cuento de la biodiversidad, que en Chile no está en peligro, pues la tasa de pérdida del bosque nativo es ínfima, según las últimas cuentas ambientales del Banco Central es del orden de uno por mil al año.

Valorar el recurso 

La ley de bosque nativo, ya de larga discusión, pretende que este recurso no se convierta en un muerto para sus propietarios, sino que éstos puedan darle un manejo sustentable, es decir, explotarlo en forma racional: sacar productos de él, pero al mismo tiempo garantizar que se regenere.

Como hoy no resulta comercialmente rentable, se requiere bonificar las intervenciones silvícolas para mejorarlo, con montos que diversos estudios han calculado en torno a 400 dólares por hectárea, según explica el director de Conaf, Carlos Weber. Definido eso, el dilema actual se reduce a definir cuántas hectáreas son factibles de trabajar con subsidio y por cuánto tiempo.

El foco de la futura ley está puesto sobre los renovales, que suman 3,5 millones de hectáreas y son bosques jóvenes crecidos en áreas ya explotadas, con árboles de entre 30 y 60 años, especialmente de las asociaciones forestales roble-raulí-coihue y de canelos.
De ésos, entre la Octava y Décima región, hay un millón de hectáreas de muy fácil acceso, con caminos, y podrían incorporarse al manejo, describe Weber.

El sueño de muchos sería partir con esa superficie. Pero Conaf no quiere mencionar sus expectativas ni de los escenarios de recursos que planteará a Hacienda.

Para Luis Otero, vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y académico de la Universidad Austral, la inversión necesaria para iniciar el manejo de este recurso debiera ser similar a lo bonificado por el Estado a las plantaciones de pino, que fue de 200 millones de dólares en 10 años. Y estima que con una inversión de 20 millones de dólares al año, una cifra inferior a la que Indap invierte anualmente en la agricultura de subsistencia, sería posible incorporar 100 mil hectáreas al año de bosque nativo al manejo sustentable.

Como están las cosas, los sectores ecologistas (Codeff, Greenpeace y Defensores del Bosque, entre otros) están convencidos de que si la ley no sale, el bosque nativo seguirá disminuyendo por la extracción de leña, astillas y la sustitución. 

Que sea rentable 

Esta ley es mala y ni siquiera está bien definido lo que es un bosque, pero esperamos que el Presidente cumpla su compromiso. Si Hacienda no le pone plata no sirve. Preferimos que se empiece por algo y tener luego subsidios, dice Malú Sierra, de Defensores del Bosque.

Corma cree que la mejor manera de conservar el recurso es que para el propietario sea más rentable producir con el bosque nativo que producir otra cosa, explica Raga. Y añade que el subsidio debiera equilibrar las opciones del dueño: si sustituir renta x, que el manejo con el subsidio rente x o x más algo.

Según Otero, de la U. Austral, los beneficios de subsidiar el manejo adecuado es que la bonificación permitiría crear entre 40 mil y 80 mil empleos anuales en el bosque e industria, que el ingreso de un pequeño propietario podría duplicarse en el corto plazo y quintuplicarse luego de veinte años de manejo, y que el Estado recuperaría esta inversión vía impuestos al cabo de diez años.

Conservar la foresta natural cobraría más valor para sus dueños, dice, sin contar con su aporte al paisaje, la calidad de las aguas y el fomento del turismo que depende de estos recursos ambientales.

En la recta final, para que el Gobierno reflote la ley, Hacienda tiene en su poder la decisión crucial: dar recursos para partir o dejar que el bosque nativo siga esperando, como ya lo ha hecho por más de diez años. 

Sustituir o no sustituir 

La batalla perdida de los grupos ambientalistas, que los tiene disconformes con la futura ley, es que ésta no prohíbe la sustitución de superficies de bosques nativos por plantaciones de pino, eucaliptus y otros cultivos. Aunque Conaf lo desmiente, ellos calculan que se han perdido cerca de 2 millones de hectáreas en diez años.

A juicio de Corma, admitir esa prohibición en la norma haría la ley de bosque nativo inconstitucional, ya que el propietario pagó por él y debe tener la opción de darle otro uso a ese terreno si quiere. De allí, la importancia del subsidio por ley si el Estado quiere cuidar el bosque.

Según cifras de Conaf, no son más de 140 mil hectáreas las que se redujeron entre 1974 y 1994, cifra que acepta Corma. Y defiende que casi la totalidad de las plantaciones de pino y eucaliptus (2,1 millones de hectáreas) se pusieron sobre suelos desnudos. Entre las causas de deterioro, acusan a la extracción de leña, unos 6,4 millones de metros cúbicos al año.

En Conaf dicen que se sustituyen 4 mil hectáreas al año, el equivalente al 10% del incremento de plantaciones. Su director ejecutivo, Carlos Weber, explica que la legislación vigente (D.L. 701) lo permite, ya sea para conversión en terreno agrícola o para plantar pinos o eucaliptus en áreas de vegetación nativa degradada. 

Las relaciones entre los ecologistas y Corma son hoy malas, coinciden ambos sectores. Y todo por la campaña verde en Estados Unidos, para que los compradores prefieran maderas certificadas con el sello ambiental FSC, una alternativa que los ambientalistas idearon ante la renuencia a prohibir la sustitución por ley.

¿Ha habido daño, devolución de exportaciones? No, dicen en Corma, pero sí presiones. El tema de la sustitución podría rebrotar en el Senado, sobre todo si se asignan pocos recursos a la ley. 


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