Santiago de Chile,   Chile, Domingo 30 de Septiembre de 2001


Más problemas en Ralco

El caso de la central hidroeléctrica Ralco sigue presentando ribetes sorprendentes. Tratándose de una obra de infraestructura fundamental para satisfacer la demanda por electricidad hasta 2005, y que, además, proporciona energía a un costo de la mitad o menos de otras alternativas, resultan difíciles de creer todos los obstáculos que ha encontrado su construcción.

Uno de los más notables es el de que sólo siete familias de indígenas pehuenches, que se han negado a permutar sus tierras, destinadas a ser inundadas por la central, han logrado dilatar por más de dos años el otorgamiento de las concesiones defini-tivas para la construcción, pese a que las restantes 86 familias pehuenches afectadas habían procedido a las permutas.

El abogado de dos hermanas de esa etnia, que han interpuesto recursos de protección contra el Presidente y el ministro de Economía por haber otorgado la concesión eléctrica respectiva, ha expresado que, según las autoridades, "el Gobierno respetará estrictamente la Ley Indígena, y en tal sentido estiman que no es posible inundar tierra indígena no permutada".

Si tal cosa fuera efectiva, resultaría alarmante. Hasta el momento se ha ejecutado el 40 por ciento del proyecto, cuya inversión total estimada será de 540 millones de dólares. La central debiera entrar en operación a mediados del próximo año, pero los obstáculos y dilaciones que ha debido superar hacen problemático el cumplimiento de esa meta.

Detrás de todo esto hay una pugna jurídica inexplicable: según la defensa de las dos hermanas pehuenches, sus tierras no pueden ser inundadas sin su consentimiento, aunque la Ley Eléctrica lo autorice. Lo prohíbe, dicen, la Ley Indígena. Pero esta última lo que dispone es que las tierras indígenas no pueden ser enajenadas ni gravadas, salvo entre personas de una misma etnia y con autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Es obvio que esa norma no impide la expropiación por causa de utilidad pública, pues ella impone unarestricción al libre ejercicio del derecho de dominio por parte de los indígenas propietarios, y no nace del propósito de impedir el ejercicio de la función del Estado de velar por el bien común. Además, la misma ley abre la posibilidad de permutar las tierras que serán inundadas por otras. La prohibición de gravar y enajenar de dicha ley deriva de que ésta somete a los indígenas a un estatuto similar al de los relativamente incapaces, que no pueden disponer libremente de sus bienes. Así, esa normativa confiere al Estado atribuciones sobre el patrimonio de los indígenas, y mal podría ser interpretada como una disposición que restringe las facultades del mismo Estado o de los servicios de utilidad pública para expropiar por necesidades de bien común.


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