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Temuco 30 de mayo de 2003

Fallo de Sexto Juzgado Civil de Santiago confirma irregularidades en la aprobación de Ralco.



El fallo que acoge la demanda entablada en 1997 por Nicolasa y Berta Quintreman y Julia Huenteao pidiendo la  declaración de nulidad de derecho publico del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de  la autorización ambiental de la central Ralco, viene a confirmar la existencia de graves vicios en el proceso de aprobación gubernamental  de esta central, tal como por años ha sido denunciado por los pehuenche y por organizaciones de derechos humanos.

La sentencia de primera instancia dictada  el 15 de mayo de 2003 por el  Juez Titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Gabriel Ascencio Molina,  sostiene en su parte resolutiva:

“V.- Se acoge, en todas sus partes, la demanda de lo principal de fs. 1, declarándose en consecuencia que adolecen de nulidad de derecho público los actos administrativos relativos a la presentación al sistema de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la empresa Endesa, así como el procedimiento mismo de la evaluación de impacto ambiental del mencionado proyecto hidroeléctrico tramitado por CONAMA y todas las actuaciones administrativas realizadas por dicho servicio público en el marco del procedimiento administrativo ya referido, en especial se declara nula el Acta General de Acuerdos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, suscrito entre las demandadas Endesa y CONAMA el 01 de septiembre de 1995, así como todas las actuaciones que del mismo se deriven.”

La sentencia del Juez Ascencio se sustenta en el hecho que  el proceso de EIA de Ralco se hizo sobre la base de un Acuerdo de voluntad entre CONAMA y Endesa que carecía de fundamentación legal, toda vez que a la época de su suscripción  no se había dictado el reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994). Así el Juez dispuso:

“...la CONAMA carecía de facultades legales para acordar con la Endesa, como lo hizo en septiembre de 1995, el Acta General de Acuerdos, puesto que no se encontraba en vigencia la normativa legal que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental y el Instructivo Presidencial, en el cual se refugia la CONAMA, se encontraba derogado desde que entró en vigencia la Ley 19.300, único texto legal que, a la fecha, establecía el marco de acción tanto para la CONAMA y demás órganos estatales como para los particulares.”

La sentencia viene a ratificar las acusaciones que por largo tiempo los pehuenche afectados por Ralco, las organizaciones indígenas,  entidades no gubernamentales nacionales y extranjeras, e incluso personeros del propio gobierno (exonerados por ello) han realizado en su momento en relación con las múltiples irregularidades y vicios de que adoleció el proceso de aprobación de Ralco, tanto en lo ambiental como en el plano de la autorización de las permutas de tierras requeridas para la construcción de esta central y exigidas por la Ley Indígena (Ley No 19.253 de 1993).

En efecto, cabe recordar que la aprobación de Ralco por CONAMA fue hecha con una fuerte intervención del Presidente de le época, Eduardo Frei, luego de que 20 servicios públicos rechazarán el  EIA de Ralco dada su insuficiencias para cumplir con la normativa legal ambiental. Más grave aún, la autoridad aprobó el EIA contra la voluntad expresa y unánime manifestada por las dos comunidades directamente afectadas por Ralco, Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, en carta dirigida a la Directora de CONAMA en 1996 en el marco de dicho proceso ambiental.

A las anomalías de este proceso, se agregan – como es sabido - las que caracterizaron la aprobación de las permutas de las tierras pehuenche requeridas para la realización de este proyecto. Dichas permutas fueron aprobadas por el Consejo Nacional de esta entidad luego de la remoción de sus dos primeros directores nacionales en virtud de los cuestionamientos que estos efectuaron a Ralco por lesionar tierras protegidas por la Ley indígena. Ello además de las presiones que ENDESA ejerció sobre  los parceleros pehuenche para suscribir los contratos de permuta de sus tierras, los que se encuentran bien documentados.

Se trata de hechos que han sido constatados por prestigiosas  entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la que en dos oportunidades (1997, 2002), y luego de misiones en terreno, ha cuestionado el accionar del gobierno por intentar imponer el proyecto Ralco sin un proceso de consulta adecuado de los pehuenche, sin su consentimiento, y sin garantizar de un modo adecuado sus derechos humanos básicos.

Los mismos hechos han sido constatados más recientemente por el Relator Especial  de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Rodolfo Stavenhagen, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas en el mundo. Dicho informe, que se centra en los proyectos de desarrollo de gran escala y su impacto en los derechos y libertades de las comunidades indígenas, incluye como un caso paradigmático de trasgresión de los derechos indígenas el caso de Ralco.

Al respecto el Relator de la ONU sostiene:

“...el caso Ralco demuestra claramente las tensiones sociales que emergen entre un modelo de desarrollo “modernizante” y los costos sociales, ambientales y culturales para las personas que deben asumir el peso de dichas transformaciones”.

Finaliza su alusión a Ralco sugieriendo a las autoridades:

“El Relator Especial sugiere que Chile ratifique el Convenio 169 de la OIT cuando antes y que se rija estrictamente por las normas internacionales emergentes y por su propia legislación indígena y  ambiental en orden a proteger de un modo adecuado los intereses de los pueblos indígenas; las comunidades indígenas deben estar directamente involucradas, toda vez que proyectos de desarrollo económico que afectan sus vidas y sobrevivencia sean considerados.” (Informe 2003, Traducción del Programa de Derechos Indígenas).

El fallo del Sexto Juzgado Civil que aquí se comenta, así como lo señalado en relación sobre este caso por el Relator Especial de la ONU sobre este caso paradigmático,  en momentos en que las mujeres pehuenche - luego de presentar una denuncia por la violación de sus derechos humanos ante la Comisión Americana de Derechos Humanos -, negocian con el Gobierno de Chile una solución amistosa al conflicto creado por Ralco, revisten una enorme importancia.

Cabe señalar que las bases para un acuerdo entre el Estado de Chile y las mujeres pehuenche suscrito en Washington en febrero de este año establecen, además de las medidas compensatorias para las mujeres denunciantes y las comunidades (incluyendo junto a la indemnización de las denunciantes por la pérdida de su tierras y traslado,  la creación de una comuna en Alo Bio Bio, la participación en el beneficio económico generado por Ralco y el co-manejo de la reserva forestal allí existente), la necesidad de  introducir una reforma a la Constitución  Política y  de ratificar el Convenio 169 de la OIT, a objeto de que el ordenamiento jurídico nacional garantice de un modo más efectivo los derechos a los pueblos indígenas claramente lesionados en el caso de los pehuenche en este proyecto.

Ojalá  que este fallo, que reconoce una de las múltiples irregularidades cometidas por el Estado y Endesa en el proceso de aprobar la construcción de esta central, constituya una oportunidad para aprender de los errores que como sociedad hemos cometido hasta hoy en nuestra relación con los pueblos indígenas, oportunidad que nos permita transitar de una tradición de negación e imposición a una nueva cultura de reconocimiento y dialogo respetuoso para con estos pueblos y con quienes los integran.

José Aylwin
Coordinador
Programa de Derechos Indígenas
Instituto de Estudios Indígenas
Universidad de la Frontera
Temuco
30 de mayo de 2003
www.derechosindigenas.cl