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Reportaje

Conflicto indígena en Traiguén
Una nueva Pacificación

Aparentemente ha vuelto la tranquilidad a la zona de Traiguén, pero las condiciones de miseria y marginalidad se mantienen y, con ellas, la posibilidad de nuevos enfrentamientos, pues la desconfianza mutua es la regla entre las partes en conflicto.

Una rápida maniobra del gobierno permitió que se impusiera el diálogo, luego de varias semanas en que la violencia y las descalificaciones hicieran temer peores consecuencias.

Daniel Ramos Fuentes
con la colaboración de Vicente Pereira
 

Son 30 kilómetros de camino los que separan a la ciudad de Traiguén de los asentamientos de las comunidades mapuches de Temulemu, El Pantano y Didaico. El sector cobró relevancia nacional luego de varios enfrentamientos -con decenas de heridos y detenidos- entre indígenas y carabineros y guardias de la empresa Forestal Mininco, propietaria desde hace 18 años de 1800 hectáreas en esa zona.

Historias de infiltraciones extremistas, guardias armados y otras comenzaron a ser publicadas, probablemente con algo de verdad y algo de exageración, pero lo que no es exageración es la rabia que sienten los mapuches contra quienes llaman usurpadores y una actitud similar de parte de los empresarios contra quienes acusan de robo y de causar incendios.

Con resguardo policial y durante dos semanas, la empresa forestal se apresuró en talar los bosques cinco años antes de lo planificado, pero los ataques de los mapuches hicieron necesario el establecimiento de una mesa de diálogo en busca de una salida no violenta, por lo que Forestal Mininco debió comprometerse a detener las faenas de tala de bosque -una de las condiciones exigidas por los loncos de las comunidades- en el sector que está en litigio judicial desde el año pasado y que representa una mínima parte de todo el terreno: 58,4 hectáreas.

Para muchos, esta ha sido una señal más de la ineficiencia de las políticas llevadas a cabo por el gobierno hacia las comunidades indígenas del país pues, a pesar de haberse logrado la conciliación, sólo ha sido después de lamentables episodios que han dado lugar a especulaciones como la posible disminución de las inversiones forestales debido a la inseguridad reinante.

En cualquier caso, para las autoridades parece estar claro ahora que el tema indígena no ha sido comprendido en su globalidad, lo que podría redundar en la elaboración de una nueva estrategia para abordar el tema a nivel de Estado, independientemente del gobierno de turno.

Raíces de la tierra

La comunidad de Temulemu está constituida por 125 viviendas repartidas en 760 hectáreas de terreno. En total son 570 personas aproximadamente cuya principal forma de subsistencia es el cultivo de trigo. El lonco de esta comunidad es Pascual Pichún, uno de los más firmes opositores a la presencia de las forestales en esta zona.

"Lo que estamos reclamando es casi nada -señala Pichún-. El título de merced dice que deberíamos tener 922 hectáreas. Las 162 hectáreas que faltan las tiene la forestal, es por eso que ha surgido este conflicto y si es que el gobierno no hace nada esto va a empeorar. Lo que compró la forestal son 1600 hectáreas, pero actualmente posee 1850. De una u otra forma nosotros pertenecemos a la sociedad chilena y además nosotros somos las raíces de esta tierra".

Cerca de su vivienda se encuentra lo que queda de un aserradero que funcionó hasta mediados de febrero, cuando carabineros se presentó con una orden de incautación, debido a que la madera que aserraban allí era talada por los mapuches desde el fundo de Forestal Mininco.

"Fue un enfrentamiento grande, aquí mandaron como 300 carabineros para hacer esto. Se presentaron a las 6 de la mañana con una orden judicial. Golpearon a una machi, entre otras personas, y destrozaron una casa cercana. Quemaron el aserradero y se llevaron el motor y las sierras. Pero la orden que tenían era para incautar la madera, no para quemar el aserradero ni llevarse las maquinarias" asegura el lonco Pichún.

La machi o curandera que menciona el lonco es María Ancamilla Nahuelpi, quien relata que aquella vez estaba alejando sus animales del aserradero cuando fue golpeada por los policías.

"Yo creo que este conflicto tiene solución, pero tienen que entregar la tierra que es de los mapuches, que proviene de nuestros antepasados. Yo tengo que hacer nguillatún para esto".

"Para hacer las medicinas yo utilizo árboles de matico, palo santo, canelo y otros. Todas estas especies existían en esta zona, pero todas fueron sacadas por la forestal, pero nuestro gran problema es la falta de agua. La que cae la absorben los árboles de la forestal" sostiene la machi María Ancamilla.

Pero la incidencia de las forestales no termina allí, según los miembros de la comunidad de Temulemu. Otro gran problema para ellos es el efecto de los pesticidas que utilizan las forestales para el tratamiento de los hongos de los árboles. Juan Carlos Reinao señala que lo tiran desde aviones o helicópteros en línea recta, y esto lo consume el agua, contaminándola y contaminando el pasto y el aire, que queda con un olor raro. "Ese líquido rojizo elimina todos los arbustos y sólo deja crecer los pinos. Por esta razón el agua se tiene que sacar exclusivamente de pozo. No sé qué usan ahora, pero antes usaban el pentaclorofenato de sodio", indica Reinao.

Viviendo en un pantano

Otra importante comunidad mapuche del sector es El Pantano, donde habitan más de 500 personas. Como su nombre indica, los terrenos son pantanosos y no aptos para cultivos. Aún así, han cosechado este año una mínima cantidad de trigo y hortalizas. Actualmente los habitantes son parte de un programa de apoyo técnico por parte de la Conadi.

El lonco de esta comunidad, Santiago Nahuelpi, asegura que los loncos anteriores, en 1972, ya habían recuperado parte de Chorrillos, aunque los documentos legales no fueron debidamente arreglados. "El problema se perpetuó durante la dictadura, por eso, al llegar la democracia, nosotros comenzamos a exigir la devolución de las tierras. Las forestales llegaron con prepotencia desde el principio, no respetando nuestros derechos. Por ejemplo, nosotros antes andábamos libremente por estas tierras, pero ahora nos impiden el paso".

"El título de merced nuestro -continúa Nahuelpi- señala que debiéramos tener 1875 hectáreas y lo que ocupamos hoy son 542 hectáreas. Todo el resto lo tienen las forestal Mininco, tanto en el fundo Chorrillos como El Pantano. El resto lo tienen las forestales Arauco y Millalemu. Antiguamente estas comunidades estaban unidas con la comunidad de Temulemu, pero hoy no, porque las separa el fundo de la forestal".

Santiago Nahuelpi explica que la razón de exigir a la forestal detener la tala de bosque es porque no quieren que estén talados los árboles en el caso de que lleguen a obtener las tierras que reclaman.

"Desde que está la forestal hay problemas de agua, porque ellos plantaron a las orillas del agua. Ahora tenemos apoyo técnico para trabajar las hortalizas, pero si no tenemos agua ¿qué hacemos? Por otra parte, esas tierras quedan inservibles si plantan pino una y otra vez. Yo vivo en una hectárea de tierra y vivo más que nada de las hortalizas. Siembro un poco de trigo, aunque este año me fue muy mal, coseché dos sacos de trigo, y con la falta de agua las hortalizas han ido mal también. Pensábamos que habría una mayor nivel de subsidio al promulgarse el área de desarrollo, aunque sólo tenemos asistencia técnica, pero si no tengo abono no vale de nada el apoyo técnico", señala el lonco.

Se buscan propuestas

En este marco, han surgido varias propuestas de solución para el conflicto, como la realizada por el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Felipe Lamarca, quien planteó un plan forestal para las comunidades mapuches, lo que a la luz de los hechos resulta poco pragmático, pese a que propone algo deseable por todos como la convivencia armónica entre mapuches y empresas forestales.

La propuesta fue bien acogida por los empresarios de la madera. El presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Jorge Serón, insiste en la necesidad de asumir este problema como país. "Creemos que el tema en torno a los mapuches y sus comunidades es un problema de pobreza real, de gente que tiene muy pocas posibilidades de acceder al progreso y al desarrollo por cuanto han quedado postergados. Este no es un problema de las empresas forestales, sino que del país y como tal hay que resolverlo. Como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a cooperar y tenemos propuestas. Así como hemos sido capaces, en los suelos en los cuales trabajamos, de crear riqueza, estas comunidades, que son propietarias de extensiones importantes de suelos, también tienen esa capacidad. Para ello estamos dispuestos a apoyar cualquier plan de desarrollo forestal que se quiera realizar en estas comunidades aportando lo que es el conocimiento del negocio, el desarrollo tecnológico de la silvicultura" señala el dirigente.

Serón indica que entregar tierras a las comunidades mapuches no resuelve el problema ya que, según él, el problema de fondo es cómo entregar terrenos que tengan la capacidad de dar sostén a las familias que lo habitan y para ello hay que ver cual es la capacidad productiva de estos suelos. "Si son de características forestales, agrícolas, hay que maximizar su potencial y trabajarlo de acuerdo a su realidad".

"Le hemos hecho ver a la Conadi que es factible generar una propuesta de desarrollo forestal en los suelos que tiene la característica forestal, que consistiría básicamente en que las comunidades dediquen el suelo a plantarlo con pinos, eucaliptos y el ingreso futuro que tendrán estas plantas sean amortizados, cancelados mes a mes como ingresos actuales" señala Serón, y agrega que esta propuesta es actualmente estudiada por el organismo estatal.

"Si los suelos son capaces de generar riquezas para las empresas forestales, ¿por qué razón no pueden crear riquezas en manos de las comunidades mapuches? Es una pregunta de fondo, porque hay que resolver problemas de tipo estructural, que las comunidades puedan acceder a los mismos beneficios, desde el punto de vista del conocimiento, de la silvicultura y desde el punto de vista de la capacidad de crédito".

Respecto a la posibilidad de que los suelos se deterioren con las plantaciones de pinos, como afirman los mapuches, Serón asevera que los suelos se han erosionado drásticamente producto de la agricultura, en forma intensiva e inadecuada durante todo este siglo.

"Hay estudios que determinan que el 95% de las plantaciones en nuestro país se hicieron sobre terrenos erosionados y apenas un 5% corresponde a áreas en las que se hizo sustitución de bosques. En este minuto las plantaciones de pinos y eucaliptos están haciendo una contribución enorme al país al recuperar suelos erosionados y con fertilidad, y generar un ambiente natural", asegura Jorge Serón, sosteniendo que se trata de un mito más, tal como el daño que causarían los pesticidas. "Hoy día todos los pesticidas que se utilizan están caratulados con sello verde. Esto significa que son ambientalmente amigables. El pesticida desarrollará una acción puntual en un lugar deseado. Por ejemplo si se quiere controlar la polilla del brote, se ocupa productos para eliminar la polilla, pero no mata colmenas, ni nada que no sea todas las polillas que pille. Hay un compromiso ambiental, incluso de los laboratorios que fabrican estos productos".

"Yo creo que la solución del conflicto pasa por muchas cosas, una de ellas tal vez sea otorgarles más tierras a los mapuches, pero la tierra por si sola no sirve. Los problemas se van a resolver cuando seamos capaces de darle un contexto ideal, que esa tierra sea capaz de darle un sustento a todas la familias, de lo contrario esto no acabará", concluye el representante de los empresarios de la madera.

Devolución de tierras

El diputado Alejandro Navarro Brain, uno de los parlamentarios que visitó la zona en conflicto y advirtió sobre la necesidad de que el gobierno tomara la iniciativa de diálogo, hoy continúa dando la voz de alarma: "Sería un error pensar que el establecimiento de esa mesa de diálogo en Temulemu, Didaico y Pantano puede generar condiciones que absorban un eventual levantamiento indígena mucho más amplio".

Para el parlamentario, es insuficiente el aumento de un 37% del fondo de compra de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). "Los 7 mil millones de pesos de la Conadi no son todos para comprar tierras, allí están todos los demás proyectos, programas y gastos involucrados en la Conadi y los bonos de producción agraria (254 millones) más las becas y el bono de fomento indígena comunal, que son 12 millones 600 mil pesos y 10 millones más. Por eso no representa una alternativa de solución a la génesis del conflicto. La solución no está en pasarles plata a las comunidades. Creo que hay que darle una nueva función a la Conadi y dejar claro además que va a resultar difícil en lo que queda de este gobierno -que básicamente la tendencia en la historia es a un gobierno de administración en su fase de término- establecer una solución frontal al problema. Más bien lo que se requiere es hacer un nuevo trato del Estado hacia las comunidades indígenas, en donde también participe el sector privado, a fin de establecer en el programa de la Concertación medidas de mediano y largo plazo que apunten a una adquisición progresiva de tierras, a una incorporación al desarrollo productivo, pero sobre todo a una mayor comprensión cultural y antropológica de lo que significa la presencia del pueblo mapuche y de los indígenas a lo largo del país".

Según Navarro, quienes aseveran que puede haber infiltrados, activistas extranjeros o guerrilleros adiestrados para un levantamiento armado en la zona de Traiguén, desconocen la idiosincrasia del pueblo mapuche. "No va a haber un Chiapas en la Araucanía, pero puede haber un conflicto de condiciones similares a las de Ranquil, Lonquimay o Pampirigoyen, que marcaron dolorosas etapas en la historia de la convivencia con el pueblo mapuche. Las historias de infiltrados y extremistas son parte de una visión miope que puede significar grandes costos para el gobierno de la Concertación, que es el gobierno que más ha hecho por los pueblos indígenas en las últimas décadas, generando una Ley Indígena, creando la Conadi y posibilitando, por primera vez desde la Real Cédula de 1632 en que la Corona de España reconoció a los mapuches la posibilidad de que tuvieran dominios reconocidos en calidad de súbditos, las condiciones para la devolución de tierras y reconocimiento de propiedades".

A pesar de esta alabanza al gobierno de la Concertación, Alejandro Navarro agrega que existe un principio de injusticia en el proceso de pérdida de tierras que han sufrido las comunidades indígenas y que esto debe ser corregido. "Aquí el elemento central es la tierra. El programa de la Concertación 3 debe garantizar un proceso de devolución de tierras que contenga la voluntad de participación de las forestales, que deben dejar de especular con el valor de la propiedad que adquirieron entre 80 y 90 mil pesos para hoy pedir 3 millones de pesos, para generar un programa que logre pacificar y saldar una deuda histórica con el pueblo mapuche y que permita la convivencia entre el desarrollo productivo de las empresas forestales y el desarrollo agrario, agropecuario y también forestal de las comunidades mapuches".

José Lincoqueo Huenuman, abogado de las
comunidades en conflicto Títulos de papel

Aproximadamente 2 mil millones de pesos son los que aportaría la Conadi para la compra de las 58,4 hectáreas de tierras plantadas con pinos para dárselas a las comunidades mapuches tras comprarlas a la Forestal Mininco, si prospera el principio de acuerdo logrado esta semana.

El profesional tras las comunidades de Traiguén es José Lincoqueo Huenuman, quien dedica prácticamente todo su tiempo a defender causas indígenas. Lincoqueo explica que en Temulemu hay tres comunidades en lucha, la de Temulemu, la de Didaico y la de El Pantano, y los predios en litigio son el fundo Nancahue, fundo Santa Rosa de Colpi y el fundo Chorrillos. Son aproximadamente 5 mil hectáreas. "El más candente en estos momentos es el juicio por 58,4 hectáreas que los indígenas ganaron en el año 1930 y los diferentes servicios del Estado -Indap, Sepe y actualmente Conadi- en más o menos 71 años no lo han reintegrado a las comunidades indígenas, lo que sí está haciéndose por intermedio de mi oficina desde hace poco menos de un año. Esta sentencia ya fue ganada a través de un juez de indios y sólo procedería la restitución del predio a las comunidades indígenas, pero los representantes del Estado de Chile no quieren que ese predio sea restituido, sino que sea comprado a la forestal Mininco. Para las comunidades indígenas esto es una dilapidación de fondos fiscales en beneficio de una transnacional como la Forestal Mininco".

-¿Cree que a las comunidades les satisface el principio de acuerdo?

-Nosotros le dijimos a la Conadi que hicieran lo que estimaran conveniente, pero que en el menor tiempo posible entregaran las 58,4 hectáreas que están amparadas por una sentencia judicial de 1930. Forestal Mininco cuenta con la protección del Estado, lo que es una violación flagrante de las normas establecidas en el Código Civil y en la Constitución Política del Estado en actual vigencia.

-¿Existen, a su entender, otras alternativas de solución para este conflicto?

-En este momento, la única alternativa es que los indígenas organizados hagan uso de la legítima defensa, porque esto procede. Entre otras disposiciones, el artículo sexto del Parlamento de Negrete que está incorporado masivamente en la legislación chilena por ley del 27 de octubre de 1823 bajo el gobierno de Ramón Freire, permite la legítima defensa de las comunidades.

-La Sofofa planteó un plan forestal para las comunidades mapuches, basándose en que las tierras que habitan actualmente son agrícolamente improductivas, ¿qué le parece este planteamiento?

-Esa es otra afrenta, porque las comunidades indígenas son absolutamente recuperables con adecuada tecnología y con el capital existente en los bosques que están ahí mismo se pueden transformar en un paraíso. Lo que quieren los empresarios madereros es transformar todo Arauco en su totalidad en un simple bosque de pino.

-¿Qué le parece, a nivel general, las políticas llevadas adelante por la Concertación hacia las comunidades indígenas del país?

-Un desastre. Ni el Presidente de la República ni ningún ministro tiene idea del fondo del problema. Ellos no quieren entender que lo que ellos llaman leyes de la propiedad austral, leyes de indios, no son leyes. Ahí está el fondo del problema. Lo que intentamos hacer es que aquí en Chile se supriman leyes genocidas que mantienen la situación de miseria y que han llevado a las comunidades indígenas a una verdadera esclavitud.

-Forestal Mininco afirma que los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos no son objeto de conflicto judicial...

-Esa es una apreciación absurda y aberrante de Forestal Mininco. Lo que pasa es que esa empresa no ha comparecido al tribunal y está declarada rebelde en las diferentes incidencias que el Consejo de Defensa del Estado ha planteado, porque nosotros estamos demandando al Estado de Chile y a la Forestal Mininco juntos en ese juicio, como que el Estado de Chile le proporciona a las transnacionales una institucionalidad al margen de los códigos y de las Constituciones, o sea, una institucionalidad espúrea o, como dice el artículo 641 del Código Civil, ‘hecha de piratas, bandidos e insurgentes’, que se apoderaron de estas tierras masacrando poblaciones indígenas para después entregárselas a los chilenos.

-Forestal Mininco asegura también que esos fundos fueron adquiridos hace 18 años...

-Es totalmente cierto, pero son todos títulos de papel. El primer título de ese fundo es del año 1895. El Estado de Chile subastó en Santiago el fundo Santa Rosa de Colpi y el fundo Chorrillos y el fundo Nancahue con tres semanas de diferencia. La subasta pública se hace principalmente cuando alguien debe dinero y el tribunal ordena que al deudor se le remata en subasta pública sus bienes. Es un procedimiento absolutamente judicial. ¿Cuánto dinero le debían las comunidades indígenas al Estado de Chile? ¿Por qué el Estado de Chile subasta propiedades de las cuales nunca ha sido dueña? Todavía más, en aquel primer título de dominio aparece que los fondos propiamente para la subasta pasaron al Estado de Chile. Esto es un absurdo en el plano jurídico. ¿Qué título recibió el particular sobre el fundo Santa Rosa de Colpi y Chorrillos? Un mero título de papel, al margen de la ley sin valor ni en aquel tiempo ni en la actualidad.
 


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