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 25 de Enero de 1999
Reportaje

Pehuenches ante construcción de Central Ralco
Las condiciones del traslado

La aprobación de la mayoría de las permutas de tierras de los pehuenches que serán trasladados en el Alto Biobío, por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ha sido cuestionada no sólo por la forma en que se votaron.

Tanto un informe técnico de la Seremi de Agricultura de la Octava Región como el director regional de la Conama coinciden en que los predios ofrecidos para la relocalización son "insuficientes" para sustentar el desarrollo productivo de las familias a trasladar.

Daniel Ramos Fuentes
con la colaboración de Carolina Yacoman

Parecía la última esperanza de los pehuenches y de los ecologistas que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica, pero la verdad es que estos ya tenían previsto que la Conadi aprobaría las permutas solicitadas por 84 familias pehuenches, puesto que quedó claro que el nuevo director de este organismo gubernamental, Rodrigo González, debía hacer predominar la directriz del gobierno de superar los obstáculos que se han interpuesto a este emblema del progreso, lo que ha quedado tan bien graficado en el repetido reduccionismo "8 indígenas no se pueden oponer al desarrollo de una nación".

González fue investido luego que el anterior director, Domingo Namuncura, fuera destituido en agosto pasado por rechazar las permutas luego que una comisión de abogados revisara caso a caso las solicitudes y verificara diversas irregularidades en las condiciones en que éstas se efectuaron. Antes, en 1997, el anterior director de la Conadi, Mauricio Huenchulaf, también había sido despedido por considerar ilegal el plan de relocalización de las comunidades pehuenches.

Algunas irregularidades más entre las numerosas que se han denunciado desde que comenzó esta historia, hacia 1994.

El gobierno tenía mucha prisa por aprobar las permutas y superar este tremendo lío. Tanta prisa que apenas reparó en el contundente informe elaborado por técnicos de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Octava Región, hecho público por el diputado Alejandro Navarro Brain. El documento, en términos generales, concluye que las tierras ofrecidas por la empresa Endesa a los pehuenches que desean permutar no ofrecen la mínima garantía de subsistencia en cuanto a recursos disponibles.

Esta fue la principal razón del rechazo de algunas de las permutas y servidumbres de tierra y se convertirá en el principal argumento a esgrimir por quienes se oponen al proyecto de la central hidroeléctrica, puesto que la Ley Indígena establece que las tierras de personas naturales indígenas, "con autorización de la Corporación, se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas desafectándose las primeras".

La precipitada aprobación de las permutas careció de la debida acreditación de la similitud de los valores comerciales de las tierras a permutar.

‘Titanes del ring’

Apesadumbrado, el diputado Alejandro Navarro reconoce que el estudio realizado por la Seremi de Agricultura no ha tenido ninguna significación a nivel de la Conadi y asegura que incluso ha habido intentos de minimizar las conclusiones que el informe entrega.

"Yo no me explico cómo pueden aprobarse las permutas, primero de manera individual, en circunstancias que la inundación es una inundación general y más aún cuando ese informe señala muy claramente que en el fundo El Huachi y en el fundo El Barco no existe el mínimo de unidades de riego básico para sustentar a una familia campesina para que obtenga el ingreso mensual de un sueldo mínimo, en base a 12 hectáreas de riego básico (HRB) que es lo que el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Agricultura han podido determinar como parámetro para medir el desarrollo campesino", acusa el parlamentario.

El estudio, hecho a solicitud de la Intendencia Regional y que no ha sido desmentido ni refutado, señala que en el fundo El Huachi habría 6,06 HRB por familia. Allí se pretende llevar a 35 familias en circunstancias que sólo es posible la permanencia de 18, y en el fundo El Barco se pretende llevar a 41, siendo que sólo es posible relocalizar a 25. Por tanto, existe un claro parámetro para señalar la insuficiencia a la que se verán enfrentadas.

El informe de la Seremi de Agricultura señala que en el fundo El Huachi se requieren 686 hectáreas adicionales a fin de dar subsistencia a las familias pehuenches. En el caso de El Barco no hay una aproximación de hectáreas porque no se poseen los estudios necesarios, pero dadas las cifras de familias a relocalizar, se puede establecer que se requerirían entre 600 y 700 hectáreas más. Es decir, en caso de dar cumplimiento a un adecuado plan de relocalización, Endesa debiera ofrecer 1400 hectáreas adicionales de terrenos aptos para el cultivo, y ha ofrecido un fundo complementario, el Santa Laura, a fin de suplementar el abastecimiento de leña, que sólo alcanza a 90 hectáreas, de acuerdo a lo informado por Alejandro Navarro, quien califica este último ofrecimiento como una "humillación a los loncos y a las familias".

Navarro advierte que será el Estado el que tendrá que responsabilizarse de la subsistencia de estas familias después de los 10 años que Endesa ha planteado como de apoyo tecnológico.

"Creo que es altamente negativo para la imagen y la transparencia del Estado que se pretenda aprobar las permutas sin la presencia de los consejeros indígenas. Carece de validez y de ética el procedimiento que ha efectuado Conadi, porque no están presentes los representantes directos de los pueblos indígenas y se hace entre funcionarios del Estado que tienen claras instrucciones de aprobar las permutas. Conadi se ha transformado en una expresión más de ‘titanes del ring’".

Reinicio de obras

Para el diputado Alejandro Navarro parece inminente el reinicio de las obras en el Alto Biobío, pues el gobierno señaló a Endesa que una vez aprobadas las permutas podrían continuar adelante porque así se establecía el requisito básico de contar con los terrenos disponibles para la zona de inundación.

"Creo que las obras van a reiniciarse los próximos días, lo que va a generar un clima de alta tensión en el Alto Biobío y, en mi opinión, va a terminar por sepultar a esta dirección de la Conadi, dado que en algún momento Domingo Namuncura tuvo que optar entre la lealtad al gobierno y la lealtad a su pueblo, y optó por la lealtad a su pueblo. El actual director de Conadi, Rodrigo González no es de ascendencia indígena, y claramente va a optar por la lealtad al gobierno que lo designó. Con esto, va a ser muy difícil que la Conadi tenga representatividad y reconocimiento del mundo indígena", asegura Navarro.

"Cuando Endesa pretenda relocalizar a la primera familia pehuenche -continúa el parlamentario- van a darse curso acciones legales para proteger el derecho de las 10 familias que desean quedarse, ocho que han resistido y dos que se han arrepentido de permutar, debido a que la relocalización debe hacerse de manera colectiva. Estas acciones legales terminarán enfrentando la Ley Indígena versus la Ley Eléctrica".

"La opinión pública debiera estar atenta a la situación que se ha dado en cuanto Endesa ha gastado 22 millones de dólares en el plan de relocalización y se encuentra a su vez negociando con propietarios privados no indígenas en la ribera sur del Biobío con precios muy superiores a lo que hoy está desembolsando con la comunidad pehuenche. Estos precios se han mantenido en reserva, pero Endesa debiera dar a conocer las cifras ante notario público. Es más, el informe del asesor financiero Carlos Risopatrón señala que sólo en costos de oportunidad en materia de turismo deportivo, el país deja de percibir entre 29 y 48 millones de dólares, y asimismo las cifras totales en torno al costo de oportunidad, porque la tierra vale en relación al contexto económico en el cual la compraventa se da. Evidentemente, los pehuenches sólo han recibido el precio de la tierra como si allí se fuera a instalar masa ganadera o viviendas, pero allí se va a instalar una central hidroeléctrica que va a generar millones y millones de dólares de utilidades, por tanto el costo de oportunidad de esa tierra es, a lo menos, 40 veces superior a lo que hoy se está cancelando a los pehuenches, según lo dice el consultor financiero que Conadi contrató, cuyo informe se ha mantenido hasta ahora en reserva".

De ganaderos a agricultores

Bolívar Ruiz, director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) aclara que dentro del estudio del proyecto Ralco existe un plan de desarrollo agrícola, económico y cultural indígena que Conama puso como condición para su aprobación.

"Hay un plazo para que, una vez aprobado el proyecto, Endesa comience a estructurarlo. El plan contempla un seguimiento de 12 años en algunas partes y 10 en otros. Se supone que en unos 12 años la comunidad debería estar en mejores condiciones culturales y técnicas y, si así no fuere, tendrá que negociarase de nuevo con la empresa. Este plan ayudará a una mejor coordinación del futuro económico de las familias pehuenches".

Ruiz señala que la Conama tiene como misión velar por el cumplimiento del plan de relocalización y, en ese contexto, les interesa apoyar la resolución que plantearon el gobierno regional y el gobierno central, en términos de modificar la naturaleza del fundo El Barco, y buscar la opción de un tercer predio, que es lo que se está estudiando en estos momentos.

Respecto al informe del Ministerio de Agricultura sobre la calidad de los suelos, la autoridad ambiental indica que ese estudio está hecho bajo la base de un consenso con la Conama:

"No es ninguna sorpresa para nosotros que el fundo El Barco tenga deficiencias en términos productivos. Históricamente es un terreno de pastoreo de temporada y no ganadero, por lo que pretender cambiar su eje de producción para transformarlo en lugar de estancia de animales y de vivienda es una decisión arriesgada y los pehuenches no están en condiciones de asumirla. Así como está planteado este esquema, lo que se pretende es cambiar el giro cultural del pehuenche, que hoy es recolector y ganadero, a ser 100% agricultor".

El funcionario explica que la Conama aprobó el proyecto, a pesar de saber que algunos terrenos eran improductivos con el objetivo de dejar la puerta abierta a buscar terceras alternativas. "Se trataba de planes para reconvertir, capacitar técnicamente, para hacer adaptables las tierras de la zona. Si el plan no podía materializarse en El Barco, perfectamente se podía hacer en otro predio".

"Aquí el tema no es el fundo, sino si vamos a tomar la decisión política de Estado de intentar transformar al pueblo pehuenche de recolector-ganadero a agricultores sedentarios. Ese es el punto, no la característica de los suelos. Pero ahora hay que tomar en cuenta si ellos también quieren serlo", señala Bolívar Ruiz.

Verdades sin importancia

El Informe Técnico número 2 de la Seremi de Agricultura, denominado "Condiciones que deben concurrir para que las parcelas ofrecidas por Endesa a los pehuenches a relocalizar alcancen la condición de ser unidades familiares sustentables", advierte que los lotes resultantes del proceso de asignación en el complejo predial El Huachi-Santa Laura y en el fundo El Barco tienen un marcado desequilibrio en la asignación de cantidad y calidad de suelos, no alcanzando a constituir unidades productivas con capacidad de sustentar la generación de ingresos familiares que superen un salario mínimo o el nivel de la línea de pobreza.

Por otra parte, se explica que no existe una base de información suficiente que permita demostrar la real capacidad de carga animal del fundo El Barco, a pesar de un estudio presentado por Endesa, cuya metodología es cuestionada por el informe ministerial; por tanto recomienda limitar el número de familias a ser instaladas en el lugar para no arriesgar que el predio sea sometido a una carga animal que atente contra la sustentabilidad de los recursos y de las familias.

El otro informe pertinente en este caso es la "Propuesta de Negociación de Compensaciones en Ralco", elaborado en 1997 por el consultor viñamarino Carlos Risopatrón a petición de la Conadi. De él se desprende que los precios referenciales del suelo de actual propiedad indígena deben incorporar al menos el valor de uso para un área de inversión hidroeléctrica rentable.

"Al no considerarse la valoración de impactos ambientales y socioeconómicos, cualquier decisión de aprobación del proyecto no se sostiene en una base económica, sino en otro tipo de consideraciones desconocidas por el consultor", sostiene el estudio.

El costo económico del proyecto, de acuerdo a la metodología empleada por este consultor, corresponde al costo privado del proyecto hidroeléctrico más el costo de oportunidad de los beneficios de sus usos alternativos.

Asimismo, menciona numerosos tipos de impactos ambientales del proyecto, como la inutilización temporal del suelo, impactos hidrogeológicos, riesgo ambiental de calidad de aguas, pérdida de formaciones vegetales, pérdida de flora de conservación, riesgo de extinción de fauna y otros, cuyos costos -señala el informe- serían pagados por los usuarios, a través de mayores costos de electricidad cargados por la empresa, de acuerdo a la legislación ambiental vigente, que acepta el principio de "el que contamina paga".

Reinicio de obras

Para el diputado Alejandro Navarro parece inminente el reinicio de las obras en el Alto Biobío, pues el gobierno señaló a Endesa que una vez aprobadas las permutas podrían continuar adelante porque así se establecía el requisito básico de contar con los terrenos disponibles para la zona de inundación.

"Creo que las obras van a reiniciarse los próximos días, lo que va a generar un clima de alta tensión en el Alto Biobío y, en mi opinión, va a terminar por sepultar a esta dirección de la Conadi, dado que en algún momento Domingo Namuncura tuvo que optar entre la lealtad al gobierno y la lealtad a su pueblo, y optó por la lealtad a su pueblo. El actual director de Conadi, Rodrigo González no es de ascendencia indígena, y claramente va a optar por la lealtad al gobierno que lo designó. Con esto, va a ser muy difícil que la Conadi tenga representatividad y reconocimiento del mundo indígena", asegura Navarro.

"Cuando Endesa pretenda relocalizar a la primera familia pehuenche -continúa el parlamentario- van a darse curso acciones legales para proteger el derecho de las 10 familias que desean quedarse, ocho que han resistido y dos que se han arrepentido de permutar, debido a que la relocalización debe hacerse de manera colectiva. Estas acciones legales terminarán enfrentando la Ley Indígena versus la Ley Eléctrica".

"La opinión pública debiera estar atenta a la situación que se ha dado en cuanto Endesa ha gastado 22 millones de dólares en el plan de relocalización y se encuentra a su vez negociando con propietarios privados no indígenas en la ribera sur del Biobío con precios muy superiores a lo que hoy está desembolsando con la comunidad pehuenche. Estos precios se han mantenido en reserva, pero Endesa debiera dar a conocer las cifras ante notario público. Es más, el informe del asesor financiero Carlos Risopatrón señala que sólo en costos de oportunidad en materia de turismo deportivo, el país deja de percibir entre 29 y 48 millones de dólares, y asimismo las cifras totales en torno al costo de oportunidad, porque la tierra vale en relación al contexto económico en el cual la compraventa se da. Evidentemente, los pehuenches sólo han recibido el precio de la tierra como si allí se fuera a instalar masa ganadera o viviendas, pero allí se va a instalar una central hidroeléctrica que va a generar millones y millones de dólares de utilidades, por tanto el costo de oportunidad de esa tierra es, a lo menos, 40 veces superior a lo que hoy se está cancelando a los pehuenches, según lo dice el consultor financiero que Conadi contrató, cuyo informe se ha mantenido hasta ahora en reserva".


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