Ambientalismo y bien común
El problema de fondo es que a partir de la construcción del gasoducto y el abastecimiento de gas natural para las centrales eléctricas Nehuenco y San Isidro, en 1997, Chile comenzó a depender en materia de energía del país trasandino. En su momento no se previno la posibilidad de una crisis de las dimensiones que ha alcanzado la de Argentina, ni que tal dependencia pudiera crear un grave riesgo en materia de energía eléctrica para nuestro país. Un riesgo, por cierto, que no sólo se puede extender al servicio residencial sino también al industrial, que ha cambiado sus fuentes de energía al gas natural.
La integración económica a través del abastecimiento de combustibles sin duda puede ser una solución efectiva y adecuada entre Chile y Argentina. Pero ella depende de la responsabilidad que adquiere el país proveedor para asegurar ese abastecimiento. Por ello, no es posible que situaciones internas, por graves y delicadas que sean, pongan en peligro dicho suministro, razón suficiente para que el gobierno manifieste a las autoridades argentinas su inquietud al respecto, y obtenga de ellas las garantías suficientes para que lo ocurrido esta semana no vuelva a suceder. Al mismo tiempo, las autoridades chilenas deben tomar conciencia de lo que implica depender del gas natural para cubrir las necesidades eléctricas nacionales.
Lo anterior significa que Chile debe seguir construyendo centrales hidroeléctricas,
para no estar a merced de las circunstancias políticas y económicas
que atraviesa el país vecino. Chile tiene un importante potencial
hídrico que debe ser utilizado para asegurar el abastecimiento eléctrico
del futuro. En este sentido, los obstáculos que determinados sectores
ecologistas o indigenistas coloquen a la construcción de represas
y centrales hidroeléctricas, deben ser enfrentados con decisión
por parte del gobierno, ya que las necesidades energéticas de todos
los chilenos, y su mismo desarrollo y progreso, dependen de la capacidad
de generación que tenga el país en el futuro. Intereses particulares
no pueden interponerse ante el bien común. Por lo tanto, si las
empresas generadoras cumplen con las normas legales, el gobierno debe dar
garantías y apoyo suficiente para que las obras se desarrollen con
tranquilidad, y dentro de los plazos presupuestados. De la alarma surgida
ante el corte de abastecimiento de gas argentino deben extraerse conclusiones
claras por parte de la autoridad, a fin de evitar que en el futuro ello
pueda repetirse. Esto implica acciones directas con el gobierno argentino,
pero también facilitar la instalación de centrales en nuestro
país, que aseguren el abastecimiento eléctrico y, en definitiva,
la tranquilidad de los chilenos.
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