Cesim - Centro de Estudios e Investigaciones Militares
 
Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Area Fuerzas Armadas y Sociedad

1999

"El Conflicto Mapuche y su Impacto en la Seguridad Nacional"


INTRODUCCIÓN

Gran impacto ha causado en Chile durante el presente año el desarrollo de uno de los mayores focos de agitación indígena de las últimas décadas, a través del cual la etnia mapuche ha intentado demandar a la sociedad chilena una serie de especiales derechos dentro del Estado de Chile. Lo anterior, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, destinadas a paliar la situación, ya que éstas han demostrado ser insuficientes e ineficaces en el marco de las pretensiones mapuches.

Atendidos los elementos que en la actualidad integran el problema, las especiales características que ha alcanzado y sus efectos en la vida nacional, es posible vislumbrar impactos que van más allá de aquellos que podría originar una situación aislada.

En efecto, el conflicto mapuche tiende a escalar y podría transformarse en un elemento distorsionador que pueda afectar inclusive a la seguridad nacional, entendida ésta en el amplio concepto moderno, situación que a las Fuerzas Armadas, dado su mandato constitucional de ser esenciales para la seguridad nacional y garantes del orden institucional de la República, no debe pasar inadvertida, a fin de prever desenlaces nefastos. Todo ello, tomando en consideración que, históricamente, los procesos reivindicacionistas, como lo es este caso, son seguidos como ejemplo por otros grupos sociales, cuando la carencia de decisiones eficaces impiden que el problema se resuelva de manera definitiva.

Por lo anterior, y para contar con mayores elementos de juicio, se intentará detectar aquellos aspectos que concurren al desarrollo del conflicto mapuche y sus eventuales efectos en la seguridad nacional.

ANÁLISIS

La difícil relación entre el sector indígena, que forma parte de nuestra comunidad nacional, y las autoridades no es reciente. Por el contrario, ha tenido una dilatada trayectoria que se remonta a la época de la Colonia, y ha evolucionado de manera extrema, pasando de abierta belicosidad a la aplicación de medidas que representan una clara discriminación positiva, a pesar de lo cual el problema subsiste hasta hoy.

Nuestro ordenamiento jurídico declara proteger la igualdad en dignidad y derechos a todos los habitantes de la República. Lo anterior no corresponde a un ideal que pudiera ser considerado ajeno a la realidad del país, ya que, a diferencia de la estratificación social que han enfrentado diversas naciones iberoamericanas con altos índices de población indígena, en Chile, tal como se desprende de estudios empíricos, nuestra población ha alcanzado un alto grado de homogeneización a través del mestizaje entre las etnias indígenas e inmigrantes europeos. Así, según el Censo de Población y Vivienda que se realizara en 1992, sólo alrededor de un 10% de la población chilena se consideró perteneciente al segmento étnico indígena; porcentaje que, del análisis efectuado al censo, permite concluir que un sector importante de quienes se identifican como mapuches, hoy en día no mantienen relación alguna con su cultura o territorio ancestral, habiéndose asimilado a la civilización global.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de legitimar nuestro resabio cultural y étnico, a través de la historia en Chile se ha reconocido la existencia de las etnias indígenas y éstas han sido amparadas por una serie de iniciativas legales que han intentado regular su relación con el Estado, las que, no obstante, han carecido de una coherencia que permitiera identificar una política clara en esta materia hasta 1993, cuando se dicta la Ley Indígena, en la cual se plasman principios rectores en los que se pretende enmarcar la vinculación entre las comunidades indígenas, las autoridades y el resto de la comunidad nacional.

Este reconocimiento de grupos sociales minoritarios nos lleva al necesario cuestionamiento respecto al origen del conflicto actual, del cual se desprenden elementos económicos, sociales y algunos exógenos a la causa indígena y que a continuación se exponen:

Criterio Económico

Bajo esta perspectiva, las comunidades mapuches actoras en la causa pertenecen al sector más desvalido del país, no por su carácter indígena, sino por la realidad en la que se encuentran insertos, no sólo ellos, sino también la población "chilena" con la que cohabitan.

En efecto, se trata de población rural asentada en zonas agrícolas de escasa productividad y difícil acceso, enfrentada a la instalación de grandes empresas forestales destinadas a explotar el único recurso productivo del área, transformándose en una competencia imposible de ser superada por pequeños propietarios, independientemente de su origen étnico.

Esta realidad ha significado que las posibilidades de desarrollo económico de la población asentada en estos sectores rurales de la VIII, IX y X regiones hayan sido prácticamente imposibles, ya que la actividad forestal, altamente tecnificada, impide la incorporación a ella de los integrantes de las comunidades aledañas.

Criterio Social

Desde este punto de vista, la situación económica que afecta a las comunidades mapuches, descrita anteriormente, ha generado una sensación de frustración y abandono, como respuesta lógica a la postergación de que son objeto, en contraposición con el alto grado de desarrollo apreciable en otros sectores del país, hecho que ha motivado sentimientos corporativos en los que han buscado salida a sus problemas, los que, como se señalara anteriormente, no los aqueja por su calidad de indígenas, sino por las características especiales de su particular realidad.

Este corporativismo se traduce, entonces, en la exigencia de mayor autonomía y recursos que les permita sustentarse y, en ese marco, reencontrarse con aquellas tradiciones que les aporten elementos distintivos respecto del resto de la población asolada por las precarias condiciones en que viven.

Elementos Exógenos

Además, en la búsqueda de sus objetivos reivindicacionistas, las comunidades mapuches han encontrado respaldo en organizaciones nacionales e internacionales de protección a las minorías, a través de las cuales han recibido apoyo y orientación. Estas influencias, que han trasplantado a la situación chilena elementos socioculturales foráneos, sólo han contribuido a distorsionar la verdadera realidad de las comunidades indígenas en nuestro país.

Este complejo fenómeno debe ser entendido desde la perspectiva de la globalización y la corriente mundial de defensa de los derechos humanos, que, en este caso, acude en resguardo de una minoría étnica. A lo anterior se suman organizaciones protectoras del medio ambiente, las que comenzaron a actuar desde la puesta en marcha de las obras de la Central Ralco.

El resultado de las movilizaciones étnicas se ha traducido en una rebelión contra el actual régimen jurídico, impulsada y avalada por las organizaciones antes mencionadas e infiltradas por grupos asistémicos, como miembros del Frente Manuel Rodríguez (FMR.) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR.), los cuales, en conjunto, han encontrado en la reivindicación étnica el mecanismo a través del cual se obtengan, por un lado objetivos propagandísticos y, por otro, acciones concretas del Gobierno frente a la crítica situación que afecta a parte de la comunidad nacional azotada por los resultados de la actual crisis económica mundial.

Analizada la génesis del problema y los elementos que concurren a su actual desarrollo, debemos referirnos al impacto que este conflicto eventualmente podría generar en la Seguridad Nacional. Lo anterior, tomando en consideración, por una parte, su carácter cíclico, puesto que no es posible esperar que se haya solucionado definitivamente a través de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, que los dirigentes mapuches ya calificaron de insuficientes e inadecuadas, y, por otra, los distintos mecanismos institucionales que estarían llamados a enfrentar hechos delictuales similares a los ya ocurridos, los que demostraron ser efectivos como herramientas de presión ante las recientes exigencias sectoriales.

De acuerdo con lo señalado en el Libro de la Defensa Nacional de Chile, la Seguridad Nacional "es toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el exterior, con arreglo a las disposiciones establecidas, a la Constitución Política del Estado, a las leyes de la República y a las normas de derecho internacional, según corresponda" .

Del citado concepto y del análisis de las Actas emanadas de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución Política, se desprende que la seguridad nacional no sólo comprende la defensa de la Patria, la integridad territorial de la Nación y la soberanía del Estado, sino que involucra el desarrollo socioeconómico, la cohesión ciudadana, el normal desarrollo de la institucionalidad, el nivel cultural y otros aspectos sociales. Por todo lo expuesto, debe entenderse la seguridad nacional como una condición que se consigue gracias a las acciones emprendidas en los diversos ámbitos nacionales y cuyo fin superior es el bien común.

Así, podemos señalar como dimensiones que la integran: la seguridad interior, en lo que se refiere a la mantención del orden interno y a la tranquilidad pública del país; la seguridad económica, en cuanto al establecimiento de las condiciones básicas para el desarrollo de todos los sectores productivos; la seguridad social, en relación con la igualdad de oportunidades y el acceso más equitativo posible a los frutos del desarrollo, y finalmente la seguridad externa, en lo referido al mantenimiento de la independencia nacional, la soberanía del Estado y la integridad del territorio.

El conflicto indígena, independientemente de las medidas implementadas por el Gobierno -por cuanto hay que esperar un tiempo prudente que permita evaluar sus efectos- atendidas sus características, claramente podría constituir un elemento de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional en consideración a los elementos que lo integran. En primer lugar, porque afecta el orden interno y la tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados que los dirigentes del movimiento han efectuado a transgredir el ordenamiento jurídico. En segundo término, porque durante su desarrollo se ha pretendido, no sólo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución. En tercer lugar, porque han existido claras manifestaciones de extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos, como son los voluntarios internacionales y organismos extranjeros que tienen interés en la reivindicación de minorías a lo largo del orbe.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 90 inc. 2º de la Constitución Política de la República, "las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República".

De la norma transcrita se desprende que las misiones encomendadas por la Carta Fundamental a las Fuerzas Armadas las obliga a mantener una constante preocupación en aquellos temas que eventualmente pudieran constituir un foco de desestabilidad interna, los que debieran hacerse presentes a través de los mecanismos establecidos por nuestro ordenamiento, que en este caso abarca desde una representación del tema al Ministro de Defensa Nacional hasta la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.

Desde el punto de vista judicial, ciertos ribetes del conflicto, fomentados por la eventual participación de activistas y personas infiltradas tras las demandas de los mapuches, podrían llevar al Gobierno a aplicar la ley de Seguridad del Estado, a través de la cual se procura la preservación del orden jurídico institucional del país.

Esta medida fue aclamada en su oportunidad por los propietarios de predios de la zona que fueron objeto de tomas, destrucción de los mismos y de disturbios que perjudicaron las faenas productivas, quienes se encuentran en constante tensión derivada de la inseguridad que se genera ante la posibilidad de que se produzcan tomas masivas en las regiones afectadas, aun luego de la solución parcial que se ha pretendido dar al tema.

En su oportunidad el Gobierno se negó a adoptar esta medida, probablemente porque reprimir a los indígenas podría tener un alto costo político al interior del país, en especial, por ser un año electoral. Internacionalmente, el precio se dejaría sentir a través de la presión de Organismos no Gubernamentales, situación que afectarían la imagen de Chile ante el mundo, ya que la "causa mapuche" está siendo ampliamente difundida en círculos extranjeros de defensa a los derechos humanos, etnias y grupos ecológicos, entre otros.

Tal como se esperaba, el Gobierno efectuó una lata evaluación de la que se desprendió la adopción de medidas calificadas como una clara política de discriminación positiva respecto de la cual hay opiniones antagónicas que, por lo demás, no aseguran una solución definitiva al problema.

CONCLUSIONES

1. El problema principal del conflicto, latente en la zona sur del país, radica en la carencia de una política de Estado respecto de las demandas indígenas, motivo por el cual sólo se adoptan medidas destinadas a reaccionar frente a conflictos en desarrollo. A la fecha, y a pesar de las actuales iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre las que se encuentran el desarrollo en infraestructura, educacional, cultural y económico, que en total suman un aporte de 100 mil millones de pesos más para el sector, no se ha diseñado una estrategia permanente para abordar la situación desde una perspectiva cultural, social y económica. Esta política demandaría mucho tiempo y es de compleja realización, motivo por el que podría aparecer poco atractiva en las postrimerías de un Gobierno, pero que de materializarse evitaría el resurgimiento de focos cada vez más intensos y violentos.

2. Al no existir una política de Estado, el Gobierno, ante la disyuntiva de ceder a las peticiones de los mapuches o aplicar rigurosamente la legislación vigente con el objeto de reprimirlos, optó por el primer camino, pero, no obstante la paralización relativa de actos violentistas, es necesario considerar que la compra de tierras e inyección de recursos destinados a que las comunidades mapuches superen sus carencias inmediatas, podría generar una demanda por parte, no sólo de otras minorías étnicas a lo largo del país, sino de todos los sectores que no ven respuesta a las pretensiones planteadas en el marco institucional, quienes eventualmente podrían adoptar iguales mecanismos en la búsqueda de sus legítimos requerimientos.

3. La situación de la etnia mapuche es un factor de conflicto latente, puesto que las comunidades indígenas probaron no necesitar del ámbito político para plantear sus "reivindicaciones". Ahora cuentan con apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs.), los cuales no sólo respaldan sus exigencias, sino que además las fomentan.

4. Por lo anterior, las Fuerzas Armadas, para cumplir con el mandato Constitucional que las obliga, deben continuar atentas al desarrollo de esta situación -la cual no ha culminado, a la luz de la declaración de representantes mapuches- para, de ser necesario, expresar su opinión a la autoridad por intermedio de los mecanismos pertinentes, en cuanto a los ribetes que el problema pueda alcanzar y su impacto en la Seguridad Nacional.