Conflicto se centra en la tierra

Para Silva Cimma, el conflicto mapuche "se suscita y genera por una inadecuada solución a las pretensiones de cada una de las partes".

Al abordar el tema, el senador Enrique Silva Cimma afirmó que siempre el conflicto indígena ha sido un problema de tierras y que las comunidades reclaman su "verdad histórica", según la cual la "Pacificación de La Araucanía" fue una acción de fuerza del Estado chileno mediante el cual ocupó su espacio ancestral, se les despojó de gran parte de sus tierras entre el Bío-Bío y Chiloé y se les sometió a un sistema jurídico, político y cultural ajeno.

A lo largo del siglo XX el Estado siguió usurpando dichas tierras y en el último tiempo, grandes proyectos de inversión pública y privada (carreteras, centrales hidroeléctricas, plantaciones forestales) se ejecutan en tierras que el Estado reconoce como indígenas, perjudicando su cultura y modo de vida.

Silva Cimma recalca que la propia Ley Indígena recoge esta lógica al señalar que el Estado debe protegerlas e identifica cuáles son éstas: las ocupadas, las provenientes de título de comisario, de títulos de Merced y las que históricamente han ocupado las comunidades. Por esta razón -dice- no habría nada irracional en que los mapuches exijan la devolución de lo que les ha pertenecido.

A su juicio el conflicto mapuche no es un problema de comunidades frente a los empresarios o propietarios de tierra de la Octava y la Novena regiones, sino que se suscita y genera por una inadecuada solución a las pretensiones de cada una de las partes. Por un lado, por una legítima reivindicación de tierras y, por otra, por ausencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales.

Incluso, el senador refiere razones más profundas en el tema, en el sentido que el conflicto tiene su origen en la imposición de una cultura vencedora sobre otra vencida. La primera, estableció una institucionalidad que la benefició claramente, ya sea por la dictación de normas que la protegían y perjudicaban a los indígenas, o porque la corrupción de funcionarios permitió un despojo claramente ilegal.

Cualquiera sea el caso -concluyó el parlamentario- el Estado es el que debe compensar a quienes fueron privados de sus bienes.

Recalcó además que como principio sólo el Estado es competente para garantizar la seguridad interior y el imperio del derecho. De no hacerlo, estaría incumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales.