Violencia es respuesta a despojo y discriminación

José Santos Millao, de Ad-Mapu.

Varios dirigentes de organizaciones mapuches se pronunciaron respecto al conflicto. 

Javier Quidel de la organización Ayllarehue de Truf-Truf expresó que históricamente los pueblos originarios han tenido que defenderse ante un Estado que tiene una concepción individualista del derecho de las personas, en circunstancias que el pueblo mapuche los concibe desde una perspectiva colectivista. Así, el conflicto no se presenta entre ciudadanos mapuches y no mapuches, sino entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y dice relación con el respeto que el primero le debe a las tradiciones, estructuras e instituciones propias de los indígenas. 

Para Marcial Colín de la Asociación de Comunidades Poyenhue, analizar el tema de la seguridad ciudadana resulta problemático en La Araucanía, porque para los mapuches hace mucho tiempo que ella está amenazada. Desde luego, sostuvo, su territorio fue usurpado, entonces el término de seguridad es entendido por el pueblo mapuche de manera distinta a como la concibe el Estado. 

En opinión de José Santos Millao, dirigente de la organización nacional Ad-Mapu, una cuestión es básica para cualquier análisis: El Estado debe reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios, que han ejercido por siglos como el idioma, los deportes, las tradiciones, el territorio, la religión, y ese reconocimiento debe consagrarse en la Constitución Política, que el pueblo mapuche ha aceptado. 

Para la dirigenta Isolde Reuque no es fácil abordar el conflicto mapuche y su relación con la seguridad ciudadana sin revisar previamente lo que es el pueblo mapuche. Precisó que este conglomerado es un verdadero pueblo, pues cuenta con un sistema y una organización social completa, con una concepción específica y particular de la tierra, y con idioma, cultura y tradiciones propios. El pueblo mapuche así caracterizado -señala- ha sido violentado por el Estado Chileno. 

Sostuvo que cuando escucha hablar del quebrantamiento del Estado de Derecho, no sabe si se lesiona el Estado de Derecho chileno o el del pueblo mapuche y a su juicio es éste último, pues la prueba es que se desconoce su cultura, no se comprende su religión, sus rituales ni su sentido de solidaridad, identificándolo con rasgos que no le son propios como una forma de vida violenta. Los mapuches, dijo la dirigenta, históricamente acogieron al extranjero y por haber obrado así están en las condiciones actuales. 

Recordó que pese a sus necesidades los mapuches no tienen una actitud mendicante, por el contrario les gustaría tener más participación en todos los niveles de decisión y ello sería demostración de respeto mínimo hacia ellos como pueblo. En este sentido consideró insoslayable reclamar al Poder Legislativo la aprobación del Convenio Nº 169 de la OIT, así como el reconocimiento constitucional. 

Manuel Namuncura, integrante de la Asociación Indígena Lonko Calfucura de Santiago, expresó que los mapuches se sienten ajenos al Estado Chileno y que la Constitución Política poco representa frente a la situación de pobreza y de exclusión que ellos experimentan. En la actualidad -agrega- los mapuches carecen de una relación de dominio con la tierra y en estas décadas han observado cómo se dictan leyes que sólo representan privación e indignidad para su etnia. Y esa es, a su juicio, la causa de los actos de violencia. La genuina raíz de los problemas nace del proceso de privación de la tierra que el pueblo mapuche ha sufrido. 

Destacó que de las 3 mil comunidades existentes la gran mayoría aspira a la tranquilidad y a lograr un sistema de reparación equitativo. Opinó que si la violencia es repelida por métodos también violentos sólo se conseguirá incrementar ese ambiente.