Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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LA DEMANDA MAPUCHE-PEHUENCHE 
POR JUSTICIA Y PAZ

CONAMA Y ENDESA SOMETIDAS A JUICIO

Víctor Toledo LLancaqueo.

Palabras de presentación de textos legales de la defensa mapuche-pehuenche.

EL PROYECTO HIDROELECTRICO RALCO 
VIOLENTA EL ESTADO DE DERECHO EN CHILE

La aprobación ambiental del Proyecto Ralco por parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) corona una larga serie de transgresiones y abiertas violaciones al Estado de Derecho en Chile. El Proyecto Ralco, de materializarse, es un atentado ambiental y un etnocidio; y su aprobación es un acto de arbitrariedad, nulo ab initio, que atenta contra el ordenamiento legal del país. Asi lo han manifestado las familias pehuenches afectadas y las organizaciones indígenas de Chile, que han iniciado acciones legales contra CONAMA, ENDESA y "todos aquellos que resulten responsables".

Se ha señalado que lo del Alto Bío Bío es una contienda de David contra Goliath. Ciertamente, son muy desiguales las fuerzas que poseen demandantes -indígenas- y demandados -CONAMA y ENDESA-. Sin embargo, en esa desequilibrada relación de fuerzas, radica la paradoja y lo emblemático de la actual situación en que los pehuenches ponen en jaque a ENDESA, a CONAMA e interpelan a la sociedad chilena. La némesis de ENDESA y de la Administración ha sido la prepotencia del todopoderoso, que en su encegecedora soberbia comete innumerables errores que a fin de cuentas lo exponen a su derrota.

La resolución aprobatoria del Proyecto Ralco es la culminación de una larga y sorprendente serie de vicios, omisiones, presiones políticas y transgresiones legales, que hoy constituyen el flanco débil de sus impulsores, sometidos a juicio ante los tribunales y ante la opinión pública nacional e internacional.

Los Recursos de Protección y la Demanda de Nulidad interpuestos por los mapuche-pehuenche se basan en hechos irrefutables, y en argumentos de derecho de una extraordinaria contundencia. En sí mismos los textos son un largo prontuario del binomio ENDESA-CONAMA y una lección de derecho público que dan los indígenas al país al terminar el siglo XX.

Ni aun el gobierno militar, que detentó un poder omnímodo, se permitió transgresiones legales tan flagrantes como las perpetradas en el caso Ralco. La ilegilimitad del gobierno militar lo obligaba a cuidar la legalidad de sus actos. Tenía mejores asesores legales, sentía sobre sí la presión internacional, con informes anuales de misiones de ONU, y contaba con la activa impugnación de sus actos por parte de personas que hoy están en puestos oficiales, los mismos que ahora han permitido procedimientos y hechos viciados. El mayor riesgo de una democracia es que la Administración crea que la legitimidad le permite actuar ilegalmente.

El Proyecto Hidroelectrico Ralco ha pasado a ser algo más que una amenaza al río BioBío, en tanto sitio ecológico único y patrimonio de todos; asimismo, pasó más allá de ser una agresión a los derechos básicos de las comunidades indígenas, a los cuales la República se comprometió por ley a proteger. La aprobación del Proyecto Ralco, tal como lo demuestran los mapuche-pehuenche, violenta el Estado de Derecho, es una amenaza a las bases de la convivencia nacional.

La Administración y ENDESA forzaron y transgredieron los procedimientos y las leyes para arribar a una pronta autorización ambiental, en el supuesto de que allí se cerraría el debate. El resultado ha sido adverso a sus propósitos, pues la contienda ciudadana recién comienza.

Como en la historia bíblica, la ventaja del débil está en brutalidad de su adversario. Después de la aprobación del Proyecto, los más expuestos y aislados son CONAMA y ENDESA, mientras que las personas más poderosas en Chile son ahora las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán Calpan, y decenas de familias pehuenches de las Comunidades pehuenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy que se desean seguir viviendo en sus tierras y cultura, que quieren vivir en paz.

Ellas dicen NO al Proyecto Ralco, amparadas en su voluntad, la propiedad, el Estado de Derecho, y la justicia que nace de la naturaleza de las cosas, de ser parte de un pueblo y cultura anteriores al Estado. Y han encontrado en todos los errores e ilegalidades cometidos por sus enemigos los mejores argumentos y las más elocuentes pruebas para su defensa ante la justicia del país y la comunidad internacional.

El Proyecto Ralco es ilegal, y su aprobación ambiental por parte de CONAMA es nula de derecho público, violentando derechos constitucionales y legales de las comunidades pehuenche y de todos los chilenos. Es lo que se alega ante la Justicia, en estos textos que presentamos para su más amplia difusión.

UNA OPORTUNIDAD HISTORICA PARA LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA CHILENA

Coincide el caso Ralco con un serio cuestionamiento al Poder Judicial chileno por parte de los medios de comunicación, el Consejo de Defensa del Estado y los parlamentarios, que han puesto en evidencia un secreto a voces, referido a la probidad y el uso de influencias ilegítimas en los casos que afectan poderosos intereses económicos.

Por su parte, las organizaciones indígenas no han dejado de recordar que, en cien años de reclamos ante los tribunales, muy pocas veces se ha hecho justicia a la parte mapuche. Al mismo tiempo algunos parlamentarios, entre ellos nuestro estimado diputado don Francisco Huenchumilla, han manifestado sus temores acerca de la suerte que corra la causa legal pehuenche frente a las presiones políticas y las influencias que puede ejercer ENDESA y la Administración en su favor ante la justicia chilena. Tal es el grado de desconfianza ante la justicia chilena.

Sin duda el caso Ralco no estará exento de presiones. Suficiente muestra es el gasto de millones de dólares en una campaña de televisión y prensa dirigida a respaldar la posición de ENDESA y desinformar acerca de la ilegalidad de su proyecto. No en vano se presionó a los organismos públicos que debían entregar permisos sectoriales, se intervino la CONADI, y fue postergada la discusión del Proyecto Ralco ante la Cámara de Diputados hasta el momento en que el Proyecto fuese aprobado.

Pero tampoco será fácil encubrir las flagrantes ilegalidades perpetradas. De allí la importancia de abrir el debate al país y al mundo. Convertir los procesos judiciales en curso en una cuestión pública. Es una oportunidad para el control ciudadano y el ejercicio efectivo de la gobernabilidad democrática.

El caso Ralco es también una gran oportunidad para el Poder Judicial en esta hora de cuestionamientos. Lo que el país pide a los tribunales es justicia, oportuna y proba, nada más y nada menos. Es también lo que esperan los pueblos indígenas. Y si al país le resultan repudiables las influencias del narcotráfico, también lo son aquellas que proceden de intereses políticos y de grupos económicos.

SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LAS COMUNIDADES PEHUENCHES

Por los intereses afectados y los principios transgredidos, se trata de una controversia legal de proyecciones insospechadas, que sentará jurisprudencia en dos cuestiones capitales del nuevo siglo: el resguardo del medio ambiente y el respeto a la diversidad cultural.

Los mapuche-pehuenches dan una oportunidad a la sociedad para un debate público de los compromisos del país en tanto comunidad de destino. Es la oportunidad para el paso de las políticas de Gobierno a las políticas de Estado en materia ambiental y de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.

Las organizaciones indígenas de Chile han hecho un urgente llamado ciudadano a las autoridades para que vuelvan a la cordura y al cumplimiento de deberes; y también un llamado a la mesura a los poderes económicos. Han convocado a personas e instituciones de todo el mundo a dar la mayor difusión posible a los textos que se acompañan. A escribir sus opiniones a la prensa, a exigir a la autoridades administrativas su no intervención en los procesos. A participar en las campañas de movilización ciudadana por la defensa del Bío Bío y el respaldo a esas mujeres y hombres pehuenches que en nombre de sus derechos ancestrales dan una lección y oportunidad a Chile.

Solidarizar de múltiples formas, discutir abiertamente los argumentos mapuche-pehuenches, exigir que se haga justicia.

Hoy como anteayer, es necesario que la comunidad internacional de los Derechos Humanos se dirija hacia Chile en misión de observación. Todos tenemos una responsabilidad cuando nos enteramos que las hermanas Quintremán, las querellantes, han sido amenazadas de muerte. "Las hundiremos en la represa", "No vivirán para conocer los fallos", les han dicho. También se han iniciado acciones de persecución de indigenistas por parte de funcionarios oficiales en La Araucanía. Vanas amenazas cuando se está al lado de la causa justa, en defensa de lo propio, y se cuenta con el respaldo de miles de personas.

No deseamos que nuestro país aumente la deuda histórica con los pueblos indígenas, y como la inmensa mayoría de los ciudadanos no queremos ser arrastrados a perder nuestra alma y nuestras raíces. Damos las gracias a nuestros hermanos del Alto Bío Bío por su lección de sencillez, dignidad e identidad que tanta falta hace al proyecto de modernización nacional.

Damos las gracias al equipo jurídico que asumió la defensa pehuenche a instancias del Ex-Director de CONADI cuando aun se encontraba en posesión de su cargo. El compromiso profesional que adquitieron con las comunidades pehuenches -sus mandantes-, son garantía frente a las presiones que de seguro vendrán. La certeza de estar cumpliendo con un deber alienta cada uno de los recursos presentados.

El equipo lo integran profesionales de trayectoria intachable, ayer y hoy, en la lucha por el respeto de los derechos humanos en Chile, encabezado por don José Galiano e integrado por los abogados Roberto Celedón, Gonzalo Bulnes Aldunate, Alex Quevedo y Matias Coll del Río. Cuentan con el respaldo de organizaciones indígenas y ambientalistas, y el apoyo incondicional de profesionales especialistas. Y cuentan con lo más importante: la confianza de las comunidades pehuenches, y la justeza de su causa, que es la de todos quienes amamos la paz, la democracia, la libertad para nuestros ríos y nuestra sociedad.

Demos la palabra a los querellantes:

Nicolasa Quintreman y Otras contra CONAMA Y ENDESA S.A.

Recurso de Protección presentado por la Coordinadora de Organizaciones Mapuche

Recurso de Protección presentado por las Comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy