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Sábado 14 de marzo de 2009
Una negociación reservada lleva a cabo la Conadi para adquirir tierras
en predios vecinos a los que han sufrido recientes atentados de grupos extremistas,
para atenuar las demandas de éstos e intentar terminar con la espiral
de violencia asociada a sus reclamaciones. Los predios respectivos su-man alrededor
de dos mil hectáreas, lo que elevaría el monto de los recursos
necesarios a una suma entre siete mil y 10 mil millones de pesos.
Esto plantea problemas respecto de la metodología de adquisición
de tierras y de la filosofía general del Gobierno para enfrentar los
problemas de los pueblos originarios. Priorizar la adquisición de tierras
para los grupos más violentos es injusto para con aquellas otras comunidades
que siguen los conductos regulares y hacen sus peticiones de manera pacífica.
Además, significa un premio para los grupos violentistas e incentiva
su proliferación.
Y resulta obvio preguntarse si es apropiada la estrategia -bien intencionada,
por lo demás- de adquirir tierras para entregárselas a las comunidades
mapuches, y así compensar los agravios que éstos invocan por
haber sido despojados de ellas hace siglos, en otro contexto demográfico,
tecnológico y de formas de vida. La entrega de tierras es siempre una
solución transitoria, pues el crecimiento de las familias que componen
las comunidades favorecidas hace que lo correspondiente a cada persona disminuya
con el tiempo -un problema milenario para la humanidad, que se ha ido resolviendo
por la adaptación a las ciudades, con otras tecnologías y modos
de vida-. Pero, además, eso significa suponer que dichas comunidades
sólo deben vivir de la tierra -muchas veces poco productiva- como forma
de desarrollar su existencia, lo que no es adecuado ni justo.
Quizás lo más importante que las comunidades de pueblos originarios
desean recuperar es su dignidad y el reconocimiento de su identidad y cultura,
para así sentirse pares con el resto de los ciudadanos, y no pertenecientes
a una cultura no apreciada por sus compatriotas. La compra de tierras es una
serie de operaciones comerciales que en nada contribuye a alcanzar lo anterior.
Para lograrlo, la cultura mapuche y la de otros pueblos originarios debe ser
preservada y estudiada, y su lengua recuperada, otorgándole un lugar
más preeminente que el actual mediante gestos simbólicos reiterados.
Ello requeriría de museos, investigación académica y educación
ciudadana permanente.
Nada de esto implica la autonomía territorial a la que aspiran algunos
grupos radicalizados, ni una autonomía sostenida financieramente por
el resto de la ciudadanía. La política paternalista que han seguido
muchos países respecto de sus pueblos originarios, a cuya escuela se
ha adscrito en cierto modo el nuestro, basada en un sentimiento de "culpa",
condena a dichos pueblos a una vida sin horizontes, en que su cultura se va
disolviendo de la mano de los programas de ayuda estatal; sus miembros se transforman
en dependientes de los favores que les otorgue el Estado, y su dignidad, en
vez de recuperarse, se va erosionando más. Para abordar este problema
es necesario abrirse a miradas distintas, que les den la opción de incorporarse
plenamente a la sociedad moderna, y preservando su cultura por otros medios.