Araucanía: conflicto y pobreza
Viernes 5 de septiembre de 2008
La Región de la Araucanía mostraba un promisorio desarrollo durante
la década de 1980, caracterizado por el pujante crecimiento de su capital,
Temuco, y por las posibilidades que sugería el desarrollo agrícola
y forestal. Hoy, sin embargo, su panorama es muy distinto. Un estudio de Libertad
y Desarrollo muestra que las ciudades de Angol y Temuco exhiben tasas de desocupación
de dos dígitos -12 y 10 por ciento, respectivamente-, doblando incluso
el índice promedio del resto de la región, que es de 6,8 por
ciento. La Araucanía muestra 20,1 por ciento de población pobre
(la segunda peor cifra regional de Chile, después de la VIII), y dejó de
recibir inversión extranjera desde 2004. Y mientras el país muestra
un crecimiento de 5,6 por ciento en el período 1985-2007, la Araucanía
sólo alcanzó 4,8. Así, además de no cumplir las
expectativas de crecimiento que despertaba hace 20 años, ni siquiera
ha logrado mantenerse en el promedio del país. El mencionado estudio
concluye que ese pobre desempeño puede atribuirse, entre otras razones,
a la precarización del derecho de propiedad, a resultas del conflicto
mapuche, que en esa región se expresa con mayor fuerza.
En efecto, los grupos que invocan descender de esa etnia para reivindicar tierras
con violencia han dificultado el acceso al crédito y a los seguros a
muchos emprendimientos comerciales y productivos. Ellos incluyen desde agricultores
que explotan sus tierras, cuyas propiedades han sido atacadas por grupos armados,
hasta pequeños empresarios de transporte, cuyos buses se ven impedidos
de realizar el traslado de pasajeros en zonas rurales. La incertidumbre les
impide ejercer sus derechos de propiedad, o lograr que la autoridad los restituya
cuando han sido vulnerados. Eso grava a la actividad económica con una
fragilidad que conspira importantemente contra el proceso de creación
de riqueza, y se traduce en menos empleos, peores remuneraciones, menos emprendimiento
y disminución de la inversión regional.
El conflicto mapuche es impulsado por grupos activistas que reivindican la
devolución de tierras que consideran propias y aluden a la necesidad
de mantener los modos de vida y hábitos culturales ancestrales. Tales
grupos aparecen ideológicamente cercanos a la izquierda extraparlamentaria
y financiados por organizaciones no gubernamentales europeas, particularmente
sensibles a ese tipo de causas, lo que distorsiona la expresión más
genuina de las verdaderas aspiraciones de la mayoría de la comunidad
mapuche.
Los gobiernos de la Concertación han creído encontrar la manera
de resolver ese conflicto con la fórmula de entregar tierras a las comunidades,
por medio de compras de éstas a particulares. Sin embargo, eso no sólo
no está dando frutos presentes -pues no ha eliminado los focos de violencia,
que han ido en aumento-, sino que sus proyecciones futuras tampoco parecen
auspiciosas: a medida que crezcan las nuevas generaciones, esas tierras serán
siempre insuficientes, creando una demanda por más tierras imposible
de cumplir. Todo sugiere, incluso, que la entrega de tierras no constituye
el verdadero objetivo último de tales grupos, sino más bien la
mantención del conflicto y el protagonismo con la autoridad -ambiente
que está en consonancia con su militancia ideológica.
La pobreza mapuche se debe combatir con crecimiento y respeto a la propiedad
privada, y la mantención de su identidad cultural debe lograrse mediante
fuertes programas de uso regional de su lengua, investigación universitaria
y registro del inventario de sus expresiones culturales en talleres y museos.
