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Editorial

Convenio 169: ¿un paso hacia delante?

Martes 18 de marzo de 2008

Dado que la mayoría de los indígenas vive hoy en las ciudades, es absolutamente necesario revisar el sesgo pro rural de nuestra política en tal sentido.


ENA VON BAER
Directora del Programa Político Libertad y Desarrollo

Después de 17 años de tramitación, hace algunos días se aprobó el Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde el Acta de Nueva Imperial, firmada por Patricio Aylwin, la aprobación del Convenio forma parte de la agenda de la Concertación. Sin embargo, a pesar de la relevancia que se le ha dado, su aprobación puede transformarse en una nueva frustración de los anhelos de nuestros pueblos indígenas. Esto porque, dado el fallo respectivo del Tribunal Constitucional, las normas del Convenio no son autoejecutables. Por lo tanto, para que se apliquen se requerirán modificaciones legales. Por otra parte, cabe preguntarse si el enfoque del Convenio responde a la realidad que viven los pueblos originarios hoy en Chile. El documento profundiza la dirección que adquirió la política indígena desde los inicios de los gobiernos de la Concertación. De hecho, al introducir el concepto territorio subraya la idea de que la base de la conservación de esta cultura es la tierra y la vida en comunidad.

Sin embargo, la realidad indígena chilena está marcada por el hecho de que la mayoría de ellos (65%) vive en las ciudades (Censo de 2002). En tanto, la población pobre es mayor (19%) entre los indígenas que en el resto de la población (13%) y tienen menor nivel educacional. Respecto de la tierra, los mapuches, etnia mayoritaria (87%), sienten que el país les debe una reparación (91%), la que basan en que una de las prioridades del Gobierno debiera ser la recuperación de las tierras ancestrales (35%). (Datos Encuesta CEP.) Sin embargo, igualmente relevante es la preocupación por la pobreza (34%), seguida por la educación (30%) y el empleo (27%).

En tanto, un estudio realizado por Libertad y Desarrollo muestra que la probabilidad de que un hogar indígena caiga bajo la línea de pobreza disminuye entre un 66 y un 69% si un integrante adicional tiene empleo, y entre un 31 y 33% cuando el jefe de hogar tiene educación media completa. Un factor que no se debe olvidar es que una amplia mayoría de los mapuches (88%) está preocupada por la pérdida de su cultura. Sin embargo, su conservación no la ven ligada a la tierra, sino a su lengua (52%).

La frustración de los indígenas frente a la promesa que significaba la aprobación del Convenio parece entonces segura. Por una parte, puede que no exista voluntad política para aplicarlo. Por otra, si se implementa, dada la realidad indígena descrita, no significará un avance. La salida de este dilema sería que su aprobación signifique la desaparición de un obstáculo que entrampaba la posibilidad de hacer una necesaria y desprejuiciada revisión de la política actual en esta materia.

Dado que la mayoría de los indígenas vive hoy en las ciudades, es absolutamente necesario revisar el sesgo pro rural de nuestra política en tal sentido. Sin embargo, hay que hacerse cargo de la importancia simbólica que tiene la tierra para los pueblos originarios. Pero existen mecanismos que permiten conservar territorios indígenas sin cercenar su derecho a propiedad, situación que actualmente limita sus posibilidades de desarrollo. Debiéramos permitir que sean los propios indígenas quienes decidan si quieren poner sus tierras bajo un estatus de protección especial, si quieren mantenerlas en comunidad o prefieren regirse por el derecho común. No es presentable, como lo hace la legislación actual, que se les imponga la forma en que deben vivir sus vidas. Por otra parte, y escuchando a los propios indígenas, debemos poner énfasis en la educación y el empleo para que puedan participar igualitariamente del desarrollo del resto del país, ya que éste, acompañado de instancias de apoyo para la conservación de la cultura, será un camino más apropiado que el actual inmovilismo para detener el proceso de pérdida cultural.

Adicionalmente, debemos revisar su actual institucionalidad, que, al mezclar en la Conadi la representación indígena con un servicio público que responde a las prioridades del Ejecutivo, entrampa la aplicación de esta política. Una representación indígena autónoma y la descentralización de las políticas respectivas en los municipios pueden ser un camino que responda de mejor manera a las diversas realidades que enfrentan estas etnias a lo largo del país. Por el bien de nuestros pueblos indígenas, esperemos que los próximos anuncios del Gobierno se basen en la realidad y no en prejuicios ideológicos.