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Viernes 14 de noviembre de 2008

Por Angélica Wilson, integrante del Observatorio Género y Equidad / DEBATE DE GÉNERO

Mujeres indígenas rurales, reflexiones y desafíos para un nuevo pacto social

La nueva estrategia involucra la creación de unidades de asuntos indígenas en todos los ministerios con el objetivo de definir acciones en función de las áreas de competencia.

La población indígena ha sido asociada tradicionalmente al ámbito rural, pero hoy el mayor porcentaje de ella habita en el medio urbano, lo que ha generado un debate que se plasma en la demanda indígena de reivindicar derechos de los pueblos originarios más allá de los territorios ancestrales o fronteras establecidas por el Estado y la sociedad. Si bien el territorio rural es un área de referencia cultural de gran significado y un espacio de reproducción cultural que da sentido de pertenencia e identidad, también se asocia con una historia de despojo, reducción, desplazamiento, impacto del modelo económico sobre los ecosistemas, los sistemas de producción y reproducción de sus formas de vida y cultura, entre otros.

Las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales enfrentan diversas realidades y luchan para generar condiciones básicas de subsistencia, dado que hasta hoy los dispositivos institucionales e instrumentos de política pública para sus problemáticas, han sido insuficientes ante las desigualdades y brechas; en muchas ocasiones constituyen paliativos a la pobreza y/o exclusión social. Las cifras oficiales así lo demuestran: los niveles de pobreza de la población indígena superan en 10,6% los niveles de la población no indígena. La indigencia (8,3%) es prácticamente el doble que el resto (4,5%). La pobreza en las zonas rurales para la población indígena tiene una mayor incidencia que la no indígena (Casen 2003). Los hogares indígenas perciben ingresos menores y tienden a concentrarse en el quintil más bajo. Si en el conjunto de la población cerca de 20% de las personas forma parte de ese estrato, entre los indígenas es más de 40%. (Documento 14 Etnias y Pobreza en Chile. Análisis Casen 2000. Mideplan. Abril 2002)

Si analizamos la jefatura de hogar femenina según condición étnica, en las zonas rurales la proporción de indígenas jefas de hogar es mayor (21,4%) que la de no indígenas (17,8%). Según la Casen 2003, hay una diferencia de 3,6 puntos. Esta fuente muestra que se mantiene la brecha en la tasa de analfabetismo entre la población indígena y no indígena: supera en más del doble al porcentaje de analfabetismo entre no indígenas (8,4% frente 3,7%). Sobre el acceso de mujeres indígenas a la tierra, el Censo Agropecuario de 1997 en sus tabulados especiales en torno al pueblo mapuche muestra que del total de 329 mil 705 explotaciones, 48 mil 535 corresponden a explotaciones mapuche (14,7%): 34 mil 457 están a cargo de productores hombres (71%) y 10 mil 583 de mujeres (21,9%) y tres mil 495 a explotaciones no individuales (7,2%, sucesiones, comunidades indígenas, sociedades).

Las cifras hacen evidentes las desigualdades, de allí la importancia de hacer un balance y evaluar las políticas para los pueblos indígenas a fin de ponderar sus impactos, recoger aprendizajes y diseñar estrategias que den respuesta a la demanda indígena, en especial si se han creado nuevos dispositivos institucionales que se plasman mediante el instructivo presidencial de junio de 2008 de Re-conocer el pacto social por la Multiculturalidad, que establece los énfasis de la nueva política indígena, que se articula sobre tres ejes fundamentales: sistema político, derechos e institucionalidad; desarrollo integral de los pueblos indígenas; multiculturalidad y diversidad. Esta estrategia involucra crear unidades de asuntos indígenas en todos los ministerios para definir acciones según áreas de competencia, adecuar políticas, planes y programas, establecer mecanismos de información y consulta con los pueblos indígenas para diseñar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.

Estamos ante una nueva etapa de la política indígena que es preciso monitorear y establecer mecanismos de control ciudadano, porque la construcción de una sociedad multicultural y democrática no es fácil. Al Estado le compete velar por el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, pero es preciso que la sociedad rompa las fronteras y abra el espacio necesario para que la interculturalidad se encarne en nuestras prácticas de convivencia en el espacio rural o urbano.