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Martes 2 de septiembre de 2008 / EDITORIAL

Reconocer nuestros orígenes

La historia de Chile está marcada de manera definitiva e incuestionable por la presencia ancestral de pueblos originarios, cuya expresión más sobresaliente es la mapuche. Como todo fenómeno de esta naturaleza, en que se reúnen siglos de historia, la manera de entender la relación entre Estado y pueblos originarios resulta compleja.

Los sucesos de los últimos días en la Región de la Araucanía, iniciados por un atentado incendiario a las instalaciones agrícolas de una familia de colonos de origen suizo, abrieron una vez más el debate sobre si existe un conflicto étnico o si es sólo un hecho delictual que el Estado debe controlar con sus procedimientos habituales.

Debido a la complejidad del fenómeno, resulta indispensable eliminar una gran cantidad de prejuicios y abordar la situación de manera integradora. No cabe duda que los organismos del Estado deben actuar en todo el territorio ante acciones de violencia. Y deben hacerlo sobre todo sin prejuzgar respecto de quienes son los responsables. Lo mismo se debería esperar de quienes informan sobre ellos. Por eso hablar de "violencia mapuche" supone prejuzgar sobre el origen de estos actos. Cerca de 600 mil personas se reconocen en Chile como de ascendencia indígena, principalmente mapuche y lo más probable es que una gran mayoría de ellos no apoye ni menos tenga algún tipo de participación en estas acciones.

Sin embargo, las comunidades mapuches reivindican una identidad que incluye una dimensión territorial que durante muchos años ha estado en disputa con colonos de diversos orígenes y grandes empresas forestales. En la medida que el Estado chileno ha reconocido su diversidad cultural también deberá asumir estas tensiones.

La mayor expresión de este reconocimiento fue la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las consecuencias de la firma del pacto internacional aún están por venir, pero no cabe duda que habrá nuevas tensiones. Para enfrentarlas y canalizarlas, el Gobierno ha dado lugar a una estructura institucional que considera una Subsecretaría de Asuntos Indígenas y un Consejo de Ministros para abordar estas materias. El Pacto Re-conocer, que busca crear las condiciones para llevar a la práctica el Convenio 169 de la OIT, ya ha dado frutos en la entrega de tierras a comunidades de la VIII y IX Región. Esos procesos van acompañados de apoyo de los servicios agrícola, forestal y de riego.

Sin embargo, el aspecto de fondo que pondrá en juego el Convenio 169 de la OIT es el reconocimiento como "pueblos" de las distintas etnias. El Congreso decidió incluir una "nota aclaratoria" sobre este aspecto que aún no ha sido definitivamente presentada ante el organismo internacional.

Con todo, los esfuerzos del Estado serán insuficientes si el conjunto de la sociedad chilena no asume la diversidad de culturas que se manifiestan en su interior y no genera los espacios de tolerancia para que todas ellas puedan expresarse.