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2013-01-15 | Documentos de Trabajo | Mapuche

La red de organismos de inteligencia en Chile

El Sistema Nacional de Inteligencia del Estado chileno cuenta con, a lo menos, seis órganos dedicados a esas funciones. En las Fuerzas Armadas operan, formalmente, las Direcciones de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor. En Carabineros funciona la Dirección de Inteligencia y en la Policía de Investigaciones (PDI) la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial.


En todos esos estamentos, y con mayor probabilidad en las Fuerzas Armadas, se incluyen laborales de Contrainteligencia que tienen que ver con materias nacionales o internas de las propias instituciones.
El otro organismo, que podría considerarse del ámbito civil estatal, es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), creada en 2004 por Ley 19.974, que depende del Ministerio del Interior y del Presidente de la República y que debería ser el ente rector en estas materias pero que, de acuerdo a informaciones de prensa, atraviesa por una situación difícil, de debilidades en sus funciones y cuestionamientos a su Director al que, por cierto, la prensa conservadora le ha dedicado varios notas sobre su perfil personal, en una línea que se acerca más a cuestiones de imagen mediática que a las delicadas funciones que ejerce.
El Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE) tiene como propósito global generar los insumos de Inteligencia, Información, Contrainteligencia, archivos, documentación, análisis, etc, que permitan al Estado contar con los elementos necesarios en materia de Defensa (amenazas externas, de otros países, principalmente vecinos) y de Seguridad Interna (crimen organizado, narcotráfico, etc.).
Aunque en los últimos años, sobre todo después del cambio de política de Defensa y Seguridad de Estados Unidos en 2011 con los ataques aéreos en su territorio, en Chile la Inteligencia estatal incorporó conceptos, análisis y acciones en cuanto al “combate al terrorismo” que incluye labores internas y centradas en organizaciones sociales y políticas nativas.
Las áreas de Inteligencia en las FF.AA. están a cargo de Generales o Comodoros del alto mando, muchos de ellos instruidos en escuelas militares estadounidenses. En Carabineros y la PDI a cargo de funcionarios del alto mando. Los presupuestos son millonarios, aunque no precisados, salvo el de la ANI, que sería de 4 mil millones de pesos anuales.
Cientos de uniformados, funcionarios civiles, informáticos, secretarias y analistas trabajan en los diversos organismos de Inteligencia cuyas laborales y resultados son secretos.
No está del todo claro si efectúan labores operativas -se supone que la ANI no puede hacerlo- pero en el mundo del espionaje se sabe que siempre se implementan “misiones encubiertas”, existen los “agentes secretos”, las “operaciones de exterminio o limpieza”, las “intercepciones telefónicas”, la penetración en áreas informáticas, las “operaciones ilegales”, a lo que se agrega la utilización de “informantes” pagados o voluntarios, robo de información, trasvasije de datos y reclutamiento de agentes colaboradores de ámbitos académicos, políticos, diplomáticos, etc.
En la literatura del espionaje -ficción y testimonial-, así como en informes surgidos de investigaciones legislativas -los estadounidenses son maestros en esta materia- está claro hace rato que “el lado oscuro de la luna” es inherente a cualquier buen trabajo de Inteligencia y Contrainteligencia, de lo cual los organismos chilenos no estarían excluidos.
En Chile, ya existiendo la democracia formal, se supo de operaciones de espionaje desarrolladas por estamentos del Ejército y de las policías, en ocasiones con acusaciones y cuestionamientos de su legalidad y respeto a las leyes.
En una de ellas estuvieron involucrados el actual Presidente, Sebastián Piñera, y su Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.
No se sabe a ciencia cierta si en las instituciones militares y policiales chilenas, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, existen equipos de Inteligencia donde participen profesionales como psicólogos, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos que contribuyan a la elaboración de tácticas, estrategias, planes y políticas de Inteligencia, Contrainteligencia, contrainsurgencia y seguridad.
Lo que sí se sabe es que tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros y la PDI captan y contratan profesionales y técnicos civiles que inclusive llegan a tener grados institucionales y un vínculo formal con las instituciones respectivas. Esto forma parte de campañas publicitarias de captación de profesionales que vienen del mundo civil.
Existen, también, coordinaciones de las Direcciones de Inteligencia del Ejército, Armada y FACH, de Carabineros y PDI con estamentos internacionales como la Interpol, la Central de Inteligencia Americana, FBI, Guardia Civil española, Red Informativa de Inteligencia “SurNet”, y otros organismos de seguridad.
Los nexos de estudio y análisis son permanentes. Hace poco se publicitó en la página Web de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile), sin entrar en detalles de información, que el “martes 13 de noviembre se clausuró el seminario de Inteligencia ‘Tendencias y Análisis en tiempos de Globalización’, organizado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y la National Intelligence University de los Estados Unidos. Dicho taller tuvo como objetivo revisar y analizar el impacto de la globalización en el trabajo de Inteligencia, desde una perspectiva nacional e internacional”.
En esa actividad participaron los expertos Russell G. Swenson, Joseph S. Gordon, Gerald Sherrill y Steven Carey, todos ellos de la National Intelligence University. El reporte indicó que “a este encuentro asistieron académicos y autoridades, como también estudiantes, investigadores y especialistas en esta materia”.
Más interesante fue la información de la ANEPE del martes 20 de noviembre (2012) bajo el título “Conferencia sobre el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile, la producción de inteligencia estratégica”. La breve nota indicó que “el Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE, desarrolló un nuevo Taller de Análisis de Coyuntura, el cual fue presentado por el General de División Andrés Avendaño Rojas, el tema tratado se título: ‘El Sistema de Inteligencia del Estado de Chile, la producción de inteligencia estratégica y otros asuntos relacionados’. La conferencia contó con la participación de integrantes de la Subsecretaría de Defensa, Centros de Estudio de las Fuerzas Armadas, profesores de la Academia de Guerra del Ejército, profesores del Centro de Estudios Militares y docentes de este Instituto”.
De acuerdo a reportes de prensa y declaraciones de organizaciones sociales, estamentos de Inteligencia de países como Estados Unidos, Colombia, España e Israel habrían participado en análisis y labores en territorio chileno, produciéndose casos como los de un ex embajador y un ex agregado militar de Colombia en Chile, que dieron clases a militares, legisladores y académicos chilenos sobre la Política de Seguridad Democrática y poco tiempo después ambos fueron procesados y condenados en Colombia por crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos.
Entidades de vieja data
En el Ejército, junto a la Dirección de Inteligencia (DINE o DIE) funciona el Regimiento de Inteligencia “Soberanía”. Esta instancia cumplió el 2011 cien años de existencia. Existe una Escuela de Inteligencia cuya lema -escrito en latín- es “Alea Iacta est” (La Suerte Está Echada…) que tiene como objetivo “seleccionar a los futuros especialistas en Inteligencia Militar, ya que ocuparán áreas de desempeño como asesor en el área de Inteligencia, auxiliar de inteligencia y comandante de patrulla de una unidad de exploración, conforme a las tareas determinadas en su función profesional”.
Antes existió el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) que se tuvo que disolver por casos de violaciones a los derechos humanos y operaciones ilegales.
En el caso de la Armada, la información oficial habla de la creación del Servicio de Inteligencia en 1965, llamado entonces Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de la Armada. En 1968, pasó a llamarse Servicio de Inteligencia Naval. En 1986, adquiere el nombre de Dirección de Inteligencia de la Armada (DIRINTA). De acuerdo a la información pública, es una entidad conformada sólo por personal uniformado, tanto en servicio activo como en retiro. Llama la atención las funciones que podrían cumplir elementos “en retiro” ya que, en rigor, ya están en “la vida civil”. La labor de Inteligencia de la Armada se efectúa en todo el territorio nacional y en las unidades de la Flota de Guerra.
En la FACH existe hace décadas la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), creada formalmente 1976. También opera en todo el país y al interior de la institución, y cuenta con oficiales especializados aunque, según se sabe, no hay una escuela destinada específicamente a formar personal en esta especialidad.
Todos estos estamentos deberían dedicar o centrar su labor en Defensa y en relación a objetivos del exterior, es decir, tareas destinadas a la protección del país, conocimiento de información de fuerzas exteriores, planes de otras naciones, etc. Pero existe la incertidumbre, por el historial represivo y operativo detectado en años recientes, respecto a si la Inteligencia de las ramas de las FF.AA. efectúa también una labor encubierta al interior del país y sobre todo en cuanto a organizaciones sociales antisistémicas, indígenas y de izquierda.
Terrorismo, Contrainsurgencia
Todos los estamentos de Inteligencia y Seguridad de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI desarrollaron -aunque ocuparan otras denominaciones institucionales- labores de contención, información y represión contra ciudadanas y ciudadanos a lo menos entre los años 1973 y 1990. En procesos judiciales aparecen involucrados en crímenes, delitos y violaciones de derechos humanos elementos de la DINE, SIFA, Inteligencia de la Armada, DICOMCAR e Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Todas esas dependencias aportaron personal para la policía secreta e ilegal de la dictadura, la DINA y la CNI.
Su usaron “agentes del Estado” y organismos de seguridad de las FF.AA. y estatales para reprimir a ciudadanos a través de torturas, detenciones ilegales, desaparición forzada, fusilamientos extrajudiciales, ejecuciones, etc. Eso incluyó el uso de cuarteles y bienes de propiedad de las instituciones militares y policiales, dependientes del Fisco. Los cientos de miembros de las FF.AA. y policiales acusados, procesados, condenados e incluso absueltos, recibían sueldos del Estado, muchos de ellos provenientes de presupuestos de organismos de Inteligencia.
Doctrinariamente, en el ámbito militar y policial, hace casi medio Siglo con más énfasis, se instalaron tesis anticomunistas, de contrainsurgencia y Seguridad Nacional, antisubversivas, generando un marco teórico para el combate de organizaciones de izquierda, antisistémicas, insurgentes, comunidades y organizaciones indígenas, trabajadores, okupas, “grupos anarquistas”, etc.
Desde el año 2011, producto del ataque a centros de poder económico, militar y político en Estados Unidos, con la doctrina Bush, la gran mayoría de las naciones Latinoamericanas, incluida Chile, aceptaron incorporar en sus conceptos y labores “la lucha contra el terrorismo”, “lucha contra el narcoterrorismo”, “combate a las guerrillas”, lo que generó un cambio en las modalidades de las labores de Inteligencia y Contrainteligencia -acentuándolas e inclusive colocando sus acciones fuera de la legalidad nativa y mundial- y en la mirada que se tiene desde las FF.AA., policiales y gubernamentales sobre esta materia.
De perseguir a grupos como Al Qaeda o unidades terroristas religiosas o ultranacionalistas, se pasó a instalar como enemigos a organizaciones indígenas y juveniles, partidos de izquierda, movimientos insurgentes, periodistas y defensores de derechos humanos, okupas, grupos anarquistas y antisistémicos, a quienes se llega a catalogar de “terroristas” o se les acusa de “tener vínculos con terroristas”.
Si en dictadura la denominación convertida en lugar común era “extremistas” o “subversivos”, en democracia formal el concepto impuesto es “terrorista”, “anarquista”, “encapuchado”.
Textos confidenciales hablan de “elementos perturbadores del orden público y de la seguridad pública” y documentación oficial pública ubica como factores de riesgo para las FF.AA., policiales y la ANI a mapuches, anarcos, okupas, estudiantes antisistémicos, partidos de izquierda, medios de prensa de izquierda o alternativos, etc.
Cuando fue Ministra de Justicia, la actual senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, definió toda esta labor desde una mirada civil de sectores conservadores: “El terrorismo se combate con Inteligencia, con capacidad de detección para evitar que se cometan los actos y cuando éstos se cometen hay que llevar eso a los Tribunales. La tarea principal de un Estado -apuntó Alvear- es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evitar la comisión de actos terroristas”.
Quien representa el basamento teórico y político de toda esta línea es el ex Ministro del Interior y actual Ministro de Defensa, el ultraconservador abogado Rodrigo Hinzpeter, quien impulsa la tesis de que la Seguridad “es la política de las políticas” y fue autor de un proyecto de ley -todavía impulsado por el gobierno y que estará en discusión en el Parlamento- que endurece las penas carcelarias para manifestantes sociales y participantes en protestas y huelgas.
Un paso importante en esto, y que incide en la labor de las entidades de Inteligencia, fue el plan diseñado bajo la gestión del ex Ministro de Defensa, Andrés Allamand, denominado Primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, cuya justificación sintetizada la dio el Presidente Sebastián Piñera cuando señaló que “el contexto global de la seguridad de todos los países ha cambiado; hoy trasciende el ámbito tradicional de la Defensa, que es el resguardo de la soberanía, el territorio y el mar de nuestro país; conforme al surgimiento de nuevas amenazas es que se amplía y se extiende hacia temas que no eran parte tradicional de lo que se entendía por el concepto de Defensa y, entre estas nuevas amenazas cabe destacar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el crimen organizado, la piratería y muchas más”.
Esto está ligado a que, entre otras cosas, las labores de Inteligencia y Contrainteligencia de las FF.AA. puede comenzar a incluir objetivos nacionales, internos del país, la persecución de ciudadanos por parte de los militares, formando parte entonces las FF.AA. de la labor de seguridad pública interna.
Otro paso dado por el Ministerio de Defensa se produjo con el proyecto diseñado e impulsado por el ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, actualmente Subsecretario de Defensa, destinado a generar el Plan de Alerta Temprana, que estaría por encima de la ANI y otros estamentos, dando atribuciones mayores y más sensibles a Defensa en materia de Inteligencia.
Todo apunta a que, de improviso sin que los ciudadanos estén realmente enterados y los legisladores y partidos políticos lo dejan pasar de lado, los estamentos de Inteligencia del país junto con cumplir labores relacionadas con Defensa, asuman también áreas internas que tienen que ver esencialmente con movimientos sociales y ciudadanos. Aunque es un tema que está en debate y análisis, incluido el Parlamento.-

Por Hugo Guzmán Rambaldi. Publicado por Reporte www.reporte.cl

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

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Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el año para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de información.
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Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
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