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2004-02-16 | Documentos de Trabajo | -

Jorge Calbucura & Domingo Paine

Ellos los generales apéndice criollo del neoliberalismo

La publicación del informe Valech (2004) sobre la tortura en Chile ha producido un impacto emocional, y político; al alero del impacto político - social se inicia una reflexión.




Pu lafken mapu; Suecia, febrero 2004

"¡Soy un general de la República!", exclamaba con un grito ahogado el ex general de la policía secreta del régimen militar al ser detenido por la policía el mes pasado con el objeto de hacerlo comparecer frente a los Tribunales de Justicia chilena. A los pocos minutos el Comandante en jefe del Ejercito de Chile hacia un llamado telefónico a la familia del general detenido, disculpándose. Esta es la forma de actuar y proceder que asume esta particular casta de privilegiados e intocables de la sociedad chilena.

La publicación del informe Valech (2004) sobre la tortura en Chile ha producido un impacto emocional, y político; al alero del impacto político - social se inicia una reflexión. Esta ultima como consecuencia que el tema de la tortura; en los medios de comunicación de masas chilenos, ha sido tratado con total indiferencia. Para algunos confrontarse con las irrefutables pruebas de la practica de tortura se ha transformado en una amarga sorpresa.

Políticos y medios de comunicación enaltecen la figura del general Juan Emilio Cheyre por reconocer la responsabilidad institucional del ejército en el asesinato de 3000 y tortura de 50000 niños, mujeres y hombres.
Paradojalmente ni admiración y gratitud, se manifiesta a los defensores de los derechos humanos, a los dirigentes, familiares, juristas, académicos, y ciudadanos que, perseveraron en su lucha por el derecho a la vida. A nadie más que a ellos les corresponde el honor y el reconocimiento del rescate de la verdad histórica. Son los sobrevivientes del horror y no los asesinos y ladrones de uniforme a los que tienen derecho a hablar de coraje y a dar lecciones de reconciliación. Cada día queda más claro -especialmente a las fuerzas armadas y a los pinochetistas- que la impunidad políticamente gestada no es aval suficiente para salir libre de los ímpase históricos. Que pidan perdón es una cosa, pero que sean amnistiados por el robo, tortura y crimen, es otra.

Eufemísticamente se destaca que el Ejercito de Chile con su Comandante en jefe a la cabeza a emprendido el camino tortuoso del reconocimiento de su responsabilidad institucional en el asesinato y tortura. Pero quien lea el informe se da cuenta que al Comandante Cheyre no le queda otra alternativa.

La Comisión Valech establece que entre 1973 y 1990 el total de 1.080 niños (menores de 18 años) fueron detenidos y/o torturados y/o asesinados en Chile; 88 de ellos eran menores de trece años. Entre los ejecutados figuran 44 niños; 29 de ellos desaparecidos, 4 fueron exterminados antes de nacer. Cerca de 27 mil personas que fueron detenidas y torturadas durante el régimen militar, brindaron su testimonio a la comisión. Lo que no significa que sea la suma total de las victimas.

En el caso de las victimas Mapuche, al igual que en el caso de las victimas chilenas la cantidad de desaparecidos (80 personas) supera a la cantidad de los ejecutados (40 personas.) Este antecedente de por sí testimonia el carácter clasista y racista de la violencia ejercida por los militares. El detallado análisis estadístico del informe deviene en la única posible conclusión; durante los 17 años de régimen militar "la tortura fue una política de Estado destinada a reprimir y aterrorizar a la población".

Corroborando la relación que establece el informe en la instauración del sistema del terror Estado se destaca a la policía chilena –Carabineros- como la institución más comprometida en casos de detenciones y torturas. Se constata que los detenidos y torturados en su mayoría no tenía cargos de importancia dentro de las estructuras partidarias. Es decir en la larga noche del terror la policía de Chile fue la responsable de usar la detención y tortura como método de represión y atemorización de la población. Los antecedentes destacan al Ejército, Policía de Investigaciones, Armada, Fach, Dina y CNI como las instituciones responsables de ejercer la tortura y el asesinato en forma selectiva.

El terror y amedrentamiento colectivo se llevaron a cabo en las dependencias de los militares; se documenta la utilización de 1.200 recintos militares y policiales. Todos los recintos policiales y unidades militares del Ejército, marina y aviación de Chile se utilizaron como centros de tortura y detención. De acuerdo con la estimación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), estos recintos militares y policiales, contaban, -a los menos- con 3 agentes del Estado asignados a tareas represivas. Esto significa que más de 3.600 torturadores y asesinos deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia.

A medida que ha ido surgiendo la información sobre la envergadura del terror, no cabe duda que amplios sectores del ámbito institucional, político y religioso están en la obligación de dar explicaciones sobre el tema. A la luz de los antecedentes de prensa somos testigos de la reacción de los responsables del estado de terror. Al igual que en circunstancias históricas similares, se verifica la elocución del monologo apologético; es la historia que nos llega cargada de interpretaciones arbitrarias, justificaciones irracionales. Escuchar las justificaciones de los protagonistas que avalaron el robo, la tortura y el asesinato nos surge las duda sobre la calidad moral y humana de la elite política y religiosa chilena.
Según la interpretación de uno del os miembros de la comisión los miembros de la derecha política chilena “se mantuvo en una grave ignorancia de lo que ocurrió. Hubo mucha gente que no estuvo bien informada sobre lo que pasaba y muchos que tuvieron muy pocos deseos de creer lo que era previsible”
Tal como se ha indicado; en la larga noche del terror la Corte Suprema , hizo caso omiso de los abusos cometidos. El Colegio de Abogados, no hizo nada para acoger los recursos de amparo. Tampoco los representantes del Colegio Médico; ni siquiera los representantes de los diferentes credos religiosos cumplieron con el deber de evitar el asesinato y la tortura de miles de personas. La prensa establecida tampoco hizo nada, con lo cual contribuyó a tender el manto del silencio.

La pasividad y consentimiento que durante tanto años caracterizaron la conducta de los responsables de diferentes instituciones del Estado chileno ilustran hasta que punto es posible concebir la total subordinación institucional de un sistema constitucional a la voluntad de un grupo de asesinos y ladrones. En el ámbito de la ciencia política esa es la conclusión que se puede deducir de este experimento al que se sometió a las instituciones de la democracia liberal. La experiencia no tan solo testimonia un déficit de ideales humanitarios; el rapto de la institucionalidad liberal democráticas y su consecuente subordinación al mando militar revela una grave deficiencia del modelo democrático liberal. El caso chileno demuestra, que los militares son un peligro real, concreto para la institucionalidad vigente así como para la sociedad civil. Como tal tiene que ser considerados a futuro. Consecuencia lógica es imaginar un modelo institucional y constitucional democrático sin instituciones militares.
“Para que nunca más en Chile esto ocurra” es la frase más estúpida que se haya pronunciado en la historia de Chile. Una declaración de esta envergadura en la boca del general del ejercito de Chile Juan Emilio Cheyre desvela una maquiavélica forma de ejercer la autoridad militar en el marco del ámbito institucional. Acreditar un “nunca más” presupone asumir que por naturaleza las fuerzas armadas detentan el derecho de asesinar y torturar a los ciudadanos. Justificar la expresión “nunca más” presupone admitir que los militares chilenos renuncian a “a la prerrogativa” de asesinar, violar, torturar a sus conciudadanos.

En los tres años de mando del general Juan Emilio Cheyre el ejercito de Chile ha avanzado en cuatro “líneas de acción”; modernizar el ejército, aumentar su presencia internacional, contribuir al desarrollo nacional y alcanzar una mayor cohesión con la sociedad chilena. Este; ya en enero del 2003, destaca que el Ejército no es heredero del régimen militar ni el responsable de su defensa. De aquí deviene la paranoica frase del "nunca más" de junio de ese mismo año.

Si el Comandante Cheyre pretende sacar adelante sus “líneas de acción” no le queda otra alternativa que legitimar al ejercito y por ende a las fuerzas armadas como cuerpos institucionales y no como enclaves de asesinos y ladrones. Casi dos décadas de acoso judicial y político –tal como ellos lo denominan- es más que suficiente tiempo para entender que hay que redoblar esfuerzos para la reinserción institucional. Tanto en un plano nacional como internacional.

Sin embargo, el camino a recorrer se perfila complicado; particularmente si se considera la primera “linead e acción”. Cuya propuesta es “aumentar la presencia internacional del Ejercito de Chile.

A los militares les corresponde el honor de insertar la economía chilena en el circuito de la economía global. Sin embargo se olvidaron de calcular que también existe una legislación global basada en la vigencia de los tratados internacionales donde se estipula que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Tres mil cadáveres y cincuenta mil torturados -de acuerdo a la legislación internacional- son jurídicamente considerados como tal; crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto corresponde asumir que no hay que brindarle la oportunidad de protagonismo en la arena internacional. Ante la legislación internacional los militares y policías chilenos son culpables de crimen y tortura.

La segunda línea de acción contempla como objetivo, “contribuir al desarrollo nacional y alcanzar una mayor cohesión con la sociedad chilena.” Por ley –dictada por los militares- el diez por ciento de las ganancias originadas de la venta del cobre se deriva automáticamente al presupuesto de las fuerzas armadas. Vale considerar que una serie de leyes secretas garantizan otra serie de regalías a los militares chilenos. El actual modelo constitucional asegura la asignación de recursos estatales amparando la condición de privilegiados los militares.
Es la ingeniería política del régimen militar la que generó la estructura que garantiza el libre acceso de los consorcios transnacionales y la correspondiente asignación de concesiones y derechos de explotación de recursos económicos, sociales y naturales chilenos. El Estado heredado de los militares delega la gestión económica, comercial y política en manos de los consorcios nacionales y transnacionales. Los militares abolieron el principio de la soberanía nacional y –de paso- desmontaron el proyecto de Estado de bienestar social.

Un tercer aspecto de las famosas líneas de acción corresponde con la aspiración de “modernizar el Ejército”. No es menos cierto preguntarse en un mundo económicamente globalizado, ¿para que sirven los ejércitos? El neoliberalismo es el fundamento de la cohesión entre las elites del sur y el norte. Somos testigos de la más grande convergencia financiera, tecnológica y militar que se ha operado en la historia de América. La elite militar, financiera y política se proyecta convencida que la vía por la que transita es la única alternativa y que la globalización económica es inevitable. Si la convergencia es inevitable y la vigencia del modelo es uniforme y global entonces ¿para que sirven los ejércitos? Mas que plantear la modernización (concepto que nada dice) de los ejércitos ¿no es necesario plantearse la necesidad de desmantelarlos?

La historia de Latinoamérica y particularmente su historia institucional reitera una sola cosa; los ejércitos no son garante de estabilidad, por el contrario son su mas claro enemigo. La envergadura e involucramiento de los militares chilenos en el asesinato, y tortura de civiles no es ningún caso aislado en el contexto americano. La pregunta es ¿para qué seguir fomentando la existencia de instituciones que representan un peligro para la sociedad civil?
La cuarta línea de acción persigue “alcanzar una mayor cohesión con la sociedad chilena.” Los militares son los forjadores de la abolición de la soberanía chilena y particularmente de la soberanía del territorio Mapuche. Dos millones de hectáreas del territorio Mapuche asignadas en concesión a las transnacionales, más la abolición del derecho de propiedad colectiva es un claro antecedente de cómo los militares adjudicaron la soberanía de nuestro territorio. Por lo tanto en nuestra condición de nación originaria no nos corresponde respetar los dictados de una noción de soberanía que no responde a nuestros intereses.

Es muy difícil imaginar a los militares “alcanzando una cohesión con la sociedad chilena”. La llamada sociedad chilena esta definitivamente despedazada en varios fragmentos económicos, sociales, y étnicos. La pregunta es ¿sobre la base de que proyecto aspiran los militares reconstruir un consenso programático de carácter nacional?

Según Amnesty International, la tortura se sigue practicando en las cárceles y lugares de detención de los servicios policiales. Los militares son los gestores de la llamada ley antiterrorista; las instituciones militares y policiales chilenos aceptan la vigencia de una definición de tortura que no es acorde con los estándares del derecho internacional. Y particularmente; en el marco de la situación Mapuche vale recordar que la Ley Antiterrorista sigue vigente y hoy en día se usa exclusivamente para reprimir las demandas de nuestro pueblo. Consecuentemente ni la tortura ni la violencia que ejercen los cuerpos policiales y militares pueden ser consideradas como un problema del pasado en Chile.

Sin militares un mundo mejor es posible.

Por Calbucura, J.

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