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1999-11-15 | Documentos de Trabajo | Mapuche

WALLMAPUCHE

INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS 1999: 2(2)

En abril del a√Īo 1997, aduci√©ndose como causas una serie de "desordenes administrativos" al interior de la Corporaci√≥n el propio Presidente Eduardo Frei pidi√≥ la renuncia de su primer director, el dirigente mapuche Mauricio Huenchulaf Cayuqueo. No obstante las causas argumentadas por el Ejecutivo, gran parte del pueblo mapuche estim√≥ que su remoci√≥n obedec√≠a a la intenci√≥n del gobierno de eliminar los obst√°culos pol√≠ticos que impedir√≠an dentro del Consejo Nacional de la Corporaci√≥n la ejecuci√≥n del Proyecto Ralco en la zona cordillerana de la VIII regi√≥n y que significar√≠a la construcci√≥n de seis centrales hidroel√©ctricas en la cuenca superior del r√≠o B√≠o-B√≠o y el desalojo de m√°s de 500 familias mapuche-pehuenches de sus tierras ancestrales.


OSEPAR: Antecedentes de una guerra sucia

En las zonas de conflicto mapuche son varias las empresas de seguridad que proveen de guardias armados a las empresas forestales transnacionales. Una de ellas es la Oficina de Seguridad Particular (OSEPAR) de Temuco, propiedad del ex oficial del Ejército chileno Pablo Iturriaga. Esta empresa privada de seguridad fue creada a fines de la década de los ochenta por Alfredo Rodríguez, un ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta del general Pinochet) que a raíz de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se exilió posteriormente y vendió la empresa a su actual propietario.

OSEPAR inici√≥ su relaci√≥n contractual con las empresas forestales transnacionales a comienzos del a√Īo 1998, proveyendo de guardias armados y apoyo log√≠stico a las empresas para el resguardo de las tierras reclamadas por las comunidades mapuches. Una de sus primeras "tareas" fue enviar en el mes de enero m√°s de un centenar de guardias armados a la zona de Lumaco para "proteger" las faenas de explotaci√≥n maderera que la empresa Forestal Bosques Arauco realizaba al interior del fundo Pidenco. Dicho predio, de m√°s de 3.000 hect√°reas, estaba siendo ocupado desde hace meses por campesinos mapuches de las comunidades Pichiloncoyan y Pilinmapu que reclamaban sobre √©l derechos ancestrales de propiedad. Huelga decir que al poco tiempo, los miembros de las comunidades en conflicto comenzaron a denunciar el actuar represivo y violento de los guardias, ataques nocturnos con armas de fuego en contra de sus viviendas y amenazas de muerte en contra de los principales dirigentes de la zona.

En diciembre del mismo a√Īo, OSEPAR comienza tambi√©n a prestar sus "servicios" a la empresa Forestal Mininco en la zona de Traigu√©n. En dicha zona, espec√≠ficamente al interior del Fundo Santa Rosa de Colpi, se hab√≠an venido produciendo desde el mes de octubre diversas movilizaciones y ocupaciones por parte de miembros de las comunidades Temulemu, El Pantano y Didaico, situaci√≥n que -seg√ļn los ejecutivos de la empresa forestal- pon√≠a en serio riesgo tanto su patrimonio en la zona como la estabilidad de sus inversiones. Para que esto no ocurriera, OSEPAR traslad√≥ a la zona alrededor de 50 guardias armados, equipados con camionetas y jeeps todo terreno, y modernos sistemas de comunicaci√≥n y de vigilancia. Al poco tiempo, el martes 19 de enero, los loncos de las comunidades de Temulemu, Pascual Pich√ļn, y El Pantano, Gerardo Nahuelpi, debieron interponer un recurso de protecci√≥n ante la Corte de Apelaciones de Temuco en favor de ellos y de sus familias por el violento accionar de los guardias de OSEPAR. Los diputados de gobierno Eugenio Tuma y Guido Girardi se suman a las denuncias de abusos y exigen la aplicaci√≥n de la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de la empresa de seguridad. La petici√≥n de los parlamentarios se basaba en los antecedentes aportados por un informe de la Polic√≠a de Investigaciones de Temuco fechado el 14 de enero y en donde se se√Īalaba que los guardias de la empresa forestal estaban realizando en la pr√°ctica "labores de vigilancia armada al interior del Fundo Santa Rosa de Colpi y acciones de amedrentamiento en contra de las comunidades del sector". Tanto la solicitud de los diputados como el informe de la polic√≠a no fueron tomados en cuenta por el gobierno, situaci√≥n que explica en parte los graves hechos de violencia que acontecieron en aquel sector en los dos meses siguientes del a√Īo 1999.

A partir del mes de abril de 1999, OSEPAR comienza a operar para las empresas forestales de manera conjunta en otras zonas de conflicto con comunidades mapuches, tales como Tir√ļa (Colcuma, fundo de 6.000 hect√°reas en poder de la Forestal Mininco), Collipullli (Fundo Ruca√Īanco, 1.500 hect√°reas; Fundo Santa Ema, 500 hect√°reas; Fundo San Jorge, 300 hect√°reas, todos en poder de Forestal Mininco) y Los Alamos (Fundo Cuyinco, 3.000 hect√°reas en poder de Forestal Bosques Arauco). En esta √ļltima zona, miembros de la comunidad Pablo Quintriqueo que luchan por la restituci√≥n de 1.650 hect√°reas del fundo Cuyinco, han denunciado numerosos ataques e intentos de homicidio por parte de los guardias de la empresa OSEPAR, entre ellos el envenenamiento con productos qu√≠micos en agosto del a√Īo 1999 de los cursos de agua que abastecen tanto a los miembros de la comunidad como a sus animales y sembrados. "Todos los d√≠as guardias armados y personas de civil, probablemente polic√≠as, nos siguen y toman fotograf√≠as y filmaciones desde camionetas en desplazamiento. Los guardias de la forestal realizan disparos en contra de nuestras casas amparados en la oscuridad de la noche. Tambi√©n hemos recibido amenazas de muerte por parte del jefe de ellos, un tal Alvaro Villagr√°n. Todos los antecedentes los hemos puesto a disposici√≥n de los tribunales de justicia, pero las autoridades nada han hecho al respecto", relataba Manuel Antonio Fren, lonco de la comunidad en septiembre de 1999.

A la innumerable cantidad de denuncias presentadas durante el transcurso del a√Īo 1999 por los miembros de las comunidades afectadas ante las autoridades y tribunales de justicia respectivos, se sum√≥ en el mes de diciembre la voz del diputado Eugenio Tuma. Ampliando la denuncia que √©l mismo present√≥ ante el gobierno en enero del mismo a√Īo contra la empresa OSEPAR (ver m√°s arriba), el diputado Tuma present√≥ ante las autoridades judiciales de la IX regi√≥n importantes antecedentes en torno al rol desempe√Īado por dicha empresa en las zonas de conflicto mapuche. Adem√°s, hizo public√≥ el testimonio de tres ex guardias de la empresa OSEPAR que declararon haber participado en casi todos los hechos de violencia registrados al interior del Wallmapuche entre los a√Īos 1998 y 1999. "A ra√≠z de estos testimonios, no me cabe la menor duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes del r√©gimen militar de Pinochet, han sido c√≥mplices de los actos de violencia ocurridos en la zona con el fin de culpar a las comunidades mapuches", asegur√≥ el parlamentario, uno de los pocos que ha seguido de cerca el conflicto en el sur de Chile y que desde hace un a√Īo investiga las condiciones laborales al interior de dichas empresas.

Los antecedentes y testimonios entregados a las autoridades judiciales y a la opini√≥n p√ļblica por el diputado Tuma dejaron en evidencia la responsabilidad de los guardias de OSEPAR en la comisi√≥n de diversos ataques y atentados incendiarios a instalaciones forestales que la justicia chilena atribuy√≥ a grupos de mapuches y por los cuales numerosos miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco se encuentran a√ļn sometidos a proceso. Uno de los testimonios entregados fue el de Jerson Espinoza Fonseca, ex guardia de OSEPAR que cumpli√≥ "labores" en Traigu√©n, Collipulli, Tir√ļa y Los Alamos. "Como guardias ten√≠amos que hostigara las comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la polic√≠a se enterar√° de las atrocidades que comet√≠an los mapuches. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloque√°bamos sus caminos, llen√°bamos sacos con arena para luego arrojarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras. Por las noches, cuando las comunidades mapuches realizaban sus nguillatunes (ceremonias religiosas), nosotros los atac√°bamos y cort√°bamos sus rehues (altares sagrados) con hachas y motosierras. La idea era que el conflicto se prolongara porque as√≠ la empresa forestal le daba m√°s trabajo a OSEPAR", relata en su testimonio Jerson Espinoza.

Seg√ļn el diputado Tuma, el objetivo del accionar violento de los guardias al servicio de OSEPAR es el crear un clima artificial de violencia que justifique, por un lado, la contrataci√≥n de m√°s guardias armados por parte de la empresa forestal y, por otro, la aplicaci√≥n por parte del gobierno de medidas cada vez m√°s duras en contra de las comunidades mapuches y sus principales organizaciones.

"A los guardias la empresa OSEPAR les ha proporcionado armas y elementos para fabricar bombas molotov con el fin de atentar contra las comunidades ind√≠genas y contra los propios bienes de las empresas forestales que ellos est√°n protegiendo, con el prop√≥sito de convencer a las empresas forestales de aumentar el n√ļmero de guardias armados al interior de los fundos en conflicto, de convencer al gobierno de aplicar medidas legales y represivas cada vez m√°s duras en contra del pueblo mapuche y, de paso, satanizar al movimiento mapuche para que este sea rechazado por la sociedad civil chilena", concluye el parlamentario.

Es precisamente dentro de esta l√≥gica de "guerra de baja intensidad" heredada de la dictadura militar que se inscriben los hechos de violencia ocurridos al interior del Wallmapuche durante el transcurso del a√Īo 1999 y que a trav√©s del testimonio de sus propias v√≠ctimas se encuentran consignados en la segunda parte de este Informe.

SITUACION DE DD-HH EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

Introducción

La represi√≥n violenta contra manifestantes pac√≠ficos de organizaciones pol√≠ticas, sociales, gremiales o sindicales, y las agresiones de que son v√≠ctimas los miembros de las comunidades mapuches en conflicto presentan cierta semejanza en cuanto al comportamiento y las actitudes de las fuerzas armadas y policiales. En Chile, a partir del a√Īo 1973 ha existido una tradici√≥n de represi√≥n pol√≠tica caracterizada por la intolerancia a cualquier forma de oposici√≥n a los gobiernos de turno. Tambi√©n se observa una pauta fija en las justificaciones oficiales de tales atropellos, que se distinguen por tratar de acusar a las v√≠ctimas de provocar o atacar a las fuerzas policiales.

Al buscar las causas de estos violentos patrones de conducta en las FF.AA y de orden, aparece pronto ante nosotros la dictadura militar y la instauraci√≥n en el pa√≠s de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Para las organizaciones mapuches, resulta claro que ya no es posible confundirse respecto al verdadero origen del Terrorismo de Estado presente en los pa√≠ses de nuestro continente. La instauraci√≥n de la violencia y el terror en Chile obedecieron a una estrategia elaborada en las entra√Īas mismas de los EE.UU e implementada en el pa√≠s por las FF.AA y el gran capital nacional y extranjero. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no s√≥lo signific√≥ el derrocamiento del gobierno popular de Salvador Allende, sino que tambi√©n -y principalmente- la instauraci√≥n en el pa√≠s de un proyecto global, econ√≥mico, pol√≠tico e ideol√≥gico basado en los intereses de la pol√≠tica imperialista de los EE.UU y garantizado a trav√©s de pr√°ctica sistem√°tica del Terrorismo de Estado.

Hoy, nuestro pa√≠s se encuentra a√ļn regido por la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual clasifica a los movimientos sociales y pol√≠ticos chilenos opositores a las pol√≠ticas excluyentes del gobierno de la Concertaci√≥n como "enemigos internos" del Estado y al movimiento mapuche como una amenaza para sus fronteras "interiores" y un peligroso factor de desestabilizaci√≥n pol√≠tica, econ√≥mica y social que es necesario combatir con todos los recursos posibles. Y un recurso obligado es el uso de la represi√≥n directa y del amedrentamiento colectivo como elemento desmovilizador de las comunidades y sus miembros.

Desde el retorno de los gobiernos civiles al pa√≠s, en el territorio mapuche se han venido produciendo innumerables casos de abusos por parte de las fuerzas policiales, pero sin duda, los m√°s graves han ocurrido tras el reinicio de las movilizaciones mapuches por el reconocimiento de sus derechos pol√≠tico-territoriales en diciembre del a√Īo 1997. La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco viene documentando dichas violaciones de derechos humanos desde el a√Īo 1998 y ha hecho p√ļblico un detallado informe sobre esta situaci√≥n titulado "Chile: Violaciones de Derechos Humanos en Comunidades Mapuches". Entregado a la Comisi√≥n de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 1999, en √©l se pone de manifiesto la persistencia de las violaciones de derechos humanos en las zonas de conflicto, la persecuci√≥n y el procesamiento de dirigentes en virtud de acusaciones falsas y tambi√©n la impunidad de que gozan los miembros de las fuerzas policiales implicados en tales atropellos.

Los diferentes testimonios que se presentan en este Informe ponen de manifiesto que la tortura y otras formas de malos tratos constituyen una pr√°ctica cotidiana en el accionar de las fuerzas policiales chilenas. Sin embargo, debemos aclarar que su uso no se circunscribe s√≥lo a la represi√≥n en contra del pueblo mapuche. Las v√≠ctimas de la tortura en Chile proceden de casi todos los sectores sociales, tal como lo dejara de manifiesto un informe del Comit√© contra la Tortura de las Naciones Unidas el a√Īo 1995. En la mayor√≠a de los casos, las v√≠ctimas son torturadas para obligarlas a confesarse culpables de alg√ļn delito, para disuadirlas de presentar una denuncia contra la polic√≠a o para forzarlas a dar informaci√≥n sobre otras personas o grupos.

En el caso del pueblo mapuche, seg√ļn los testimonios de los propios afectados la tortura comienza al momento mismo de la detenci√≥n en zonas rurales y apartadas, y es una herramienta habitual en los interrogatorios durante los cuales la v√≠ctima suele estar en r√©gimen de incomunicaci√≥n. La tortura en los operativos policiales al interior de las comunidades viene siendo motivo de denuncia desde hace ya varios a√Īos. Tanto entonces como ahora, muchas de las v√≠ctimas son campesinos mapuches y dirigentes que participan activamente en la lucha por la restituci√≥n de las tierras usurpadas.

José Omar Ancán, campesino mapuche miembro de la comunidad Colihuinca Tori y activo participante de las movilizaciones en la zona de Collipulli, está siendo actualmente procesado por la justicia chilena acusado de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado, cargo basado en una confesión que la Policía de Investigaciones y carabineros obtuvieron por medio de la tortura.

En diciembre del a√Īo 1999, efectivos policiales de Collipulli allanaron durante la madrugada su vivienda y lo trasladaron detenido junto a otros seis miembros de la misma comunidad hasta el cuartel policial de Collipulli. Ah√≠, afirma la v√≠ctima, lo interrogaron sobre varios delitos, incluyendo un atentado incendiario ocurrido meses atr√°s en contra de instalaciones forestales de la zona. Omar Anc√°n declar√≥ que lo golpearon en la cara, el abdomen, las piernas y que casi le rompieron los t√≠mpanos a trav√©s de golpes simult√°neos en ambos o√≠dos ("tel√©fono"). Mientras era torturado, la polic√≠a le hizo preguntas sobre su participaci√≥n en las movilizaciones y sobre los l√≠deres de las organizaciones mapuches de la zona. Despu√©s lo trasladaron junto a los dem√°s detenidos hasta la c√°rcel de la ciudad de Temuco, donde lo siguieron torturando con golpes en diferentes partes de cuerpo hasta que accedi√≥ a firmar una declaraci√≥n en la que confesaba haber participado del atentado incendiario por el cual lo estaban interrogando. En su confesi√≥n, la v√≠ctima fue obligada a inculpar tambi√©n al resto de los mapuches detenidos.

Régimen Jurídico aplicado al conflicto mapuche

En Chile, tanto el gobierno como las autoridades judiciales y policiales sostienen que la "democracia" y el "Estado de Derecho" se basan en la supremac√≠a de las leyes y no en los intereses del Ejecutivo o de alg√ļn otro sector pol√≠tico. Esto es cierto, aunque s√≥lo en parte. Como cualquier otro sistema jur√≠dico, el chileno refleja y mantiene la estructura del poder pol√≠tico imperante. As√≠, el predominio del poder Ejecutivo y de otros grupos "f√°cticos" de presi√≥n (Fuerzas Armadas, grupos econ√≥micos, Iglesia, etc.) se hace patente en varios aspectos del sistema jur√≠dico chileno, tales como en el involucramiento de la justicia militar en juicios a civiles, en la injusta aplicaci√≥n del derecho internacional de derechos humanos, en las leyes secretas, en el hecho de que no se procese a los que atentan contra los derechos humanos y -principalmente- en el origen antidemocr√°tico de gran parte de sus disposiciones.

El a√Īo 1990, las nuevas autoridades civiles chilenas recibieron del r√©gimen militar un ordenamiento legal muy distante de aquel que hab√≠a caracterizado a la democracia chilena hasta el 11 de septiembre del a√Īo 1973. Si bien la Concertaci√≥n durante su primer gobierno envi√≥ al Congreso diversos proyectos de ley para modificar dicho ordenamiento legal que restring√≠a los derechos de las personas y atentaba contra diversos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, tras un a√Īo de tramitaci√≥n parlamentaria estas nuevas leyes s√≥lo vinieron a ratificar los criterios contenidos en la legislaci√≥n antidemocr√°tica de la dictadura. De este modo, no se modificaron por ejemplo las normas de competencia de los tribunales militares ni los procedimientos de leyes pol√≠ticas como la N¬ļ 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la N¬ļ 18.314 sobre conductas terroristas, conserv√°ndose un conjunto de normas atentatorias contra los derechos de los detenidos y las garant√≠as del debido proceso.

Han sido los pactos secretos y los compromisos de "gobernabilidad" suscritos el a√Īo 1989 por las autoridades militares y la coalici√≥n de partidos que hoy gobierna los que han impedido que se produzcan modificaciones importantes en el ordenamiento jur√≠dico chileno. A los gobiernos de la Concertaci√≥n, durante estos 10 a√Īos de supuesta democracia, no les ha quedado m√°s opci√≥n que cumplir su rol de administradores del modelo institucional y econ√≥mico impuesto por la dictadura de Pinochet, modelo que se contradice completamente con los reales intereses del pueblo chileno en general y del pueblo mapuche en particular.

Actualmente, más de cien mapuches se encuentran procesados por tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en las movilizaciones desarrolladas por las comunidades en conflicto. A la cifra anterior deben sumarse una gran cantidad de personas que tienen órdenes de detención y que se encuentran prófugos al interior de las comunidades debido a la desconfianza que les provoca la conducta tanto de la policía chilena como de los tribunales de justicia. Hasta la fecha, cinco "ministros especiales" y cuatro "fiscalías militares" han estado a cargo de la investigación de los diversos hechos de violencia que -desde fines de 1997- se han producido en el Wallmapuche en el marco del conflicto que enfrenta a las comunidades mapuches, empresas forestales transnacionales y el Estado chileno.

En la mayor√≠a de los casos, los presos pol√≠ticos mapuches est√°n siendo juzgados por infracci√≥n a la Ley N¬ļ 12.927 de Seguridad Interior del Estado y al art√≠culo 292 y siguientes del C√≥digo Penal que tipifica el delito de Asociaciones Il√≠citas. Ambas normas fijan un procedimiento altamente restrictivo del derecho a la defensa de los detenidos, consagran figuras penales complejas que implican altas penalidades y, por sobre todo, tienden a castigar las ideas pol√≠ticas y no necesariamente el accionar de los miembros del movimiento mapuche. Ambas normas est√°n sujetas a medidas legales y de procedimiento implementadas por el r√©gimen militar de Pinochet y los dos gobiernos civiles de la Concertaci√≥n para reprimir y desarticular a grupos opositores de izquierda. Diversas organizaciones de derechos humanos y tratadistas del derecho penal consideran dichas normas legales como un verdadero retroceso en materia penal y de resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

1. Ley N¬ļ12.927 de Seguridad Interior del Estado:

En Chile, la piedra angular de la legislaci√≥n represiva es la Ley de Seguridad Interior del Estado. Gran parte de los mapuches detenidos y sometidos a proceso est√°n siendo juzgados sobre la base de esta ley y, m√°s precisamente, bas√°ndose en la infracci√≥n del art√≠culo C del T√≠tulo 3¬ļ de esta ley (delitos de orden p√ļblico) que sanciona "a los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o da√Īen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de los servicios p√ļblicos o de actividades industriales mineras, agr√≠colas, comerciales, de comunicaci√≥n, de transportes o distribuci√≥n, y los que en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos". La aplicaci√≥n de esta ley, que fue utilizada durante el r√©gimen militar para justificar el encarcelamiento y posterior asesinato de miles de opositores al gobierno autoritario del general Pinochet, es utilizada hoy por los gobiernos civiles chilenos para reprimir y amedrentar al movimiento mapuche y, de paso, advertir a otros sectores sociales de las consecuencias que podr√≠a acarrearles una actitud cr√≠tica al gobierno.

El car√°cter ambiguo del texto de esta ley permite procesar y condenar a cualquier persona cuyas palabras o acciones puedan interpretarse como perturbadoras del orden p√ļblico o cr√≠ticas con el gobierno y su gesti√≥n. El texto de la ley favorece tambi√©n la comisi√≥n de otras violaciones de derechos humanos, como lo es la persecuci√≥n por razones pol√≠ticas, las detenciones arbitrarias, la p√©rdida de las garant√≠as del debido proceso y la tortura u otras formas de malos tratos. Lo habitual es que otras disposiciones del C√≥digo de Procedimiento Penal encaminadas a proteger los derechos de los detenidos no se apliquen o bien se ignoren cuando las autoridades pol√≠ticas del pa√≠s deciden aplicar esta ley en contra de un grupo pol√≠tico o √©tnico determinado. Adem√°s, prescribe penas m√°s duras que otras leyes para sancionar delitos pol√≠ticos y los criterios con que se determina si existen pruebas suficientes para condenar a alguien son mucho menos rigurosos. Esto hace que la mayor√≠a de las ocasiones en que las autoridades recurren a esta ley, lo hacen porque no tienen pruebas consistentes para culpar a alguien de un delito determinado.

Por otro lado, los poderes excepcionales de investigaci√≥n, b√ļsqueda y captura que esta ley otorga a los tribunales de justicia, la polic√≠a y los organismos de seguridad del Estado, y las restricciones que impone sobre los derechos de los detenidos hacen inevitable que se cometan graves violaciones de derechos humanos al momento de su aplicaci√≥n.

2. Ministros Especiales en Territorio Mapuche:

En Chile, cuando un hecho delictual adquiere connotaci√≥n nacional y causa elevados niveles de preocupaci√≥n en la ciudadan√≠a, las autoridades pol√≠ticas pueden solicitar la designaci√≥n por parte de los tribunales de justicia de un Ministro en Visita o Ministro Especial para que se dedique √ļnica y exclusivamente a investigar dicha causa. Al interior del Wallmapuche seis Ministros Especiales o "en Visita" tienen a su cargo la investigaci√≥n y el procesamiento de los campesinos y dirigentes mapuches detenidos en el marco del conflicto que enfrentan desde hace dos a√Īos las comunidades mapuches y empresas forestales transnacionales por la propiedad de vastos territorios en la zona sur del pa√≠s.

El primero de los ministros especiales nombrados fue el magistrado de la Corte de Apelaciones de Temuco Antonio Castro Guti√©rrez, qui√©n tuvo a su cargo la investigaci√≥n de diversos hechos de violencia ocurridos a fines del a√Īo 1997 en la zona de Lumako. El magistrado, a petici√≥n del gobierno regional, utiliz√≥ la Ley N¬ļ 12.927 de Seguridad Interior del Estado para perseguir y detener en forma arbitraria a los principales dirigentes y miembros de las comunidades en conflicto de la zona, Pichiloncoyan y Pilinmapu. Resultado de sus investigaciones, que incluyeron por parte de los efectivos de inteligencia policial y militar encargados de los interrogatorios la aplicaci√≥n de torturas y otras formas de malos tratos sobre los detenidos, el magistrado someti√≥ a proceso a 12 campesinos mapuches de la zona por infracci√≥n a la ley antes citada. Tras su retiro del poder judicial el a√Īo 1998, fue nombrado en su reemplazo el magistrado V√≠ctor Reyes Hern√°ndez, qui√©n luego de revisar el fallo de su antecesor ratific√≥ el sometimiento a proceso de s√≥lo ocho de los detenidos, quedando el resto de ellos en libertad sin cargos. Como autor intelectual del atentado incendiario que afect√≥ a tres camiones de la empresa Forestal Bosques Arauco en Lumako fue condenado a tres a√Īos de c√°rcel An√≠bal Salazar Huichacura, qui√©n permanec√≠a hasta la fecha de elaboraci√≥n de este Informe pr√≥fugo de la justicia al considerar que en su enjuiciamiento se violaron todas las garant√≠as judiciales del debido proceso. Salazar Huichacura es un destacado miembro de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.

Cabe recordar que el magistrado Antonio Castro fue el mismo juez instructor que tuvo a su cargo el a√Īo 1992 la investigaci√≥n de varias ocupaciones simb√≥licas de tierras efectuadas por comunidades mapuches en la zona de Temuco y Lautaro. En aquella oportunidad, 144 campesinos mapuches miembros de la organizaci√≥n Consejo de Todas las Tierras fueron condenados por el juez chileno por los delitos de "usurpaci√≥n de tierras" y de "asociaci√≥n il√≠cita", fallo que recientemente la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dej√≥ sin efecto por considerar que en el procesamiento de los detenidos se hab√≠an violado diversos derechos contemplados en la Convenci√≥n Americana sobre Derechos Humanos que la cual el Estado chileno es parte.

En enero de 1999 fue nombrado por el gobierno el segundo ministro especial en el marco del conflicto mapuche. Se trató del magistrado de la Corte de Apelaciones de Temuco, Archivaldo Loyola, quién ha tenido a su cargo la investigación de una serie de enfrentamientos ocurridos en la zona de Traiguén entre comunidades mapuches, fuerzas policiales y guardias armados al servicio de la empresa Forestal Mininco. Hasta la fecha, 18 dirigentes y miembros de las comunidades en conflicto de Temulemu, Pantano y Didaico han sido sometidos a proceso por los delitos de "robo con violencia", "hurto de madera", "usurpación de tierras" y "lesiones graves", aun cuando para la mayoría de los casos no existen pruebas suficientes que ameriten el juzgamiento.

Desde que asumiera la investigaci√≥n, el ministro Loyola ha decretado m√°s de 50 √≥rdenes de detenci√≥n en contra de los principales dirigentes y miembros de las comunidades en conflicto de la zona, lo que a juicio de los afectados evidencia una clara persecuci√≥n pol√≠tica en contra de ellos. Por el contrario, ning√ļn polic√≠a o miembro de las fuerzas paramilitares al servicio de la empresa forestal ha sido detenido o sometido a proceso por su responsabilidad en los hechos de violencia que han afectado a las comunidades y que han sido denunciados ante la opini√≥n p√ļblica y los tribunales de justicia. El ministro Archivaldo Loyola, por petici√≥n del gobierno regional, se encuentra tambi√©n investigando -paralelamente- a la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco por infracci√≥n al art√≠culo 292 del C√≥digo Penal que tipifica el delito de "Asociaci√≥n Il√≠cita".

En marzo de 1999, la Corte de Apelaciones de Concepci√≥n design√≥ al tercer ministro especial. Se trat√≥ de la magistrado Mar√≠a Leonor Sanhueza, qui√©n ha tenido a su cargo la investigaci√≥n de diversos hechos de violencia ocurridos al interior de la Hacienda Lleu-Lleu, ubicada en la ribera del lago del mismo nombre y propiedad del empresario tur√≠stico Osvaldo Carvajal Rondanelli. Durante el transcurso de su investigaci√≥n, la magistrada ha decretado diversas √≥rdenes de detenci√≥n que han afectado principalmente a los dirigentes de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco y de la comunidad mapuche Pascual Co√Īa. Esta √ļltima comunidad reclama desde hace m√°s de 30 a√Īos la propiedad de 300 hect√°reas de la Hacienda, las cuales les fueron usurpadas por el empresario para construir un millonario complejo tur√≠stico en la ribera del lago. Hasta la fecha, dos dirigentes de la comunidad Pascual Co√Īa, Avelino Me√Īaco y su hijo Luis Me√Īaco, se encuentran sometidos a proceso por su responsabilidad en el incendio de un galp√≥n al interior de la Hacienda, esto a pesar de haber una gran cantidad de testigos que afirma haberlos visto el d√≠a del incendio a kil√≥metros del lugar donde se produjo dicho siniestro.

En mayo de 1999 fue designado el cuarto ministro especial para investigar hechos de violencia ocurridos al interior del Wallmapuche. Se trat√≥ del magistrado de la Corte de Apelaciones de Temuco, H√©ctor Toro. Dicho magistrado tuvo a su cargo la investigaci√≥n de diversas denuncias por "robo de madera" presentadas por la empresa Forestal Mininco en contra de las comunidades de la zona de Collipulli y la investigaci√≥n de un violento allanamiento realizado el 24 de mayo por fuerzas policiales al interior de la comunidad mapuche de Catrio √Ďancul y que dej√≥ como saldo siete polic√≠as y doce mapuches heridos. El hecho alcanz√≥ resonancia nacional debido a lo violento del actuar de carabineros y a la respuesta armada que opusieron al operativo los miembros de la comunidad mapuche v√≠ctimas de la agresi√≥n. Resultado de la investigaci√≥n fueron sometidos a proceso seis campesinos mapuches por su responsabilidad en las heridas provocadas a los funcionarios policiales. El caso fue remitido finalmente a la Justicia Militar, correspondi√©ndole a la Fiscal√≠a Militar de Angol continuar con la investigaci√≥n de los hechos. Hasta la fecha, s√≥lo campesinos mapuches han sido detenidos y procesados. Ning√ļn miembro de la polic√≠a ha sido citado a declarar o ha sido detenido por su responsabilidad en las lesiones sufridas por los mapuches en el violento operativo.

En agosto de 1999 fue nombrado el quinto ministro especial en el marco del conflicto mapuche. Se trat√≥ del Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Julio Cesar Grand√≥n, qui√©n hasta la fecha investiga dos atentados incendiarios ocurridos en las zonas de Collipulli y Ercilla en contra de instalaciones de la empresa Forestal Mininco. En su investigaci√≥n el ministro ha hecho uso de la Ley N¬ļ 19.297 de Seguridad Interior del Estado en contra de las comunidades mapuches del sector, las cuales han sido constantemente agredidas y hostigadas tanto por la polic√≠a como por los miembros de bandas paramilitares que operan en la zona al servicio de grandes terratenientes. Durante el transcurso de su investigaci√≥n, el ministro ha decretado m√°s de 30 √≥rdenes de detenci√≥n en contra de los principales dirigentes y miembros de comunidades de la zona. Siete de ellos, Ariel Tori, Jos√© Tori, Omar Anc√°n, Carlos Figueroa, Juan Dela, Emilio Levio y Daniel Queipul se encuentran hoy sometidos a proceso acusados de ser los autores materiales de los hechos, aun cuando existen pruebas y testimonios que reafirman la inocencia de los inculpados y la responsabilidad de los propios guardias de seguridad de la empresa forestal en la planificaci√≥n y ejecuci√≥n de los atentados incendiarios. Por otro lado, existen antecedentes de que todos los detenidos fueron sometidos a torturas y otras formas de malos tratos durante los interrogatorios realizados por personal de inteligencia policial, situaci√≥n que llev√≥ a uno de los acusados a confesarse culpable de los delitos imputados por el magistrado.

Finalmente, en febrero del a√Īo 2000 fue designado el sexto ministro especial en el marco del conflicto mapuche. Se trat√≥ del nuevo Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Leopoldo Llanos, qui√©n hasta la fecha investiga dos atentados incendiarios ocurridos en las zonas de Collipulli y Ercilla en contra de una camioneta de la empresa de seguridad OSEPAR y la vivienda del ex dirigente mapuche y actual empleado de la Forestal Mininco, Feliciano Cayul. En su investigaci√≥n, el ministro Llanos est√° haciendo uso de las facultades extraordinarias que le confiere la aplicaci√≥n de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Hasta la fecha de elaboraci√≥n de este informe, ya se hab√≠an decretado varias √≥rdenes de detenci√≥n en contra de comuneros mapuches de la zona.

3. Justicia Militar en contra de Civiles Mapuches:

Desde que comenzaron las movilizaciones de comunidades en diciembre de 1997, los mapuches han utilizado diversos m√©todos de protesta contra la irrupci√≥n de empresas forestales en sus zonas y la ocupaci√≥n de su territorio por parte del Estado chileno. Ha habido marchas por la carretera, ocupaciones de fundos forestales, huelgas de hambre, manifestaciones p√ļblicas y otras formas no violentas de protesta. Tambi√©n han habido algunos disturbios, tales como enfrentamientos a pedradas y palos con las fuerzas policiales chilenas y los guardias armados que operan al servicio de las empresas forestales. La actuaci√≥n de los tribunales militares se centra precisamente en la investigaci√≥n de estas √ļltimas formas de protesta.

Actualmente, alrededor de 60 mapuches est√°n siendo procesados por las Fiscal√≠as Militares de Santiago, Concepci√≥n, Temuco y Angol, la mayor√≠a de ellos acusados de delitos supuestamente violentos tales como arrojar piedras a carabineros o haber hecho uso de la fuerza para defenderse de las agresiones policiales de que eran v√≠ctimas. Los tribunales militares juzgan en Chile no s√≥lo los delitos cometidos por miembros de sus propias instituciones, sino que tambi√©n aquellos cometidos por civiles que involucren la agresi√≥n a alg√ļn uniformado y aquellos que la doctrina de la Seguridad Nacional califica como de "terrorismo o subversi√≥n interna". Los tribunales militares tambi√©n tienen a su cargo la investigaci√≥n de denuncias referidas a los abusos cometidos por la polic√≠a, tales como el uso indiscriminado de gases lacrim√≥genos y las pr√°cticas de tortura u otras formas de malos tratos. Esta facultad ha sido muy criticada tanto por los abogados de las comunidades mapuches como por organismos internacionales, ya que atenta contra la imparcialidad e independencia que debiera caracterizar a los tribunales encargados de investigar dichas denuncias.

Por lo general, los límites de la jurisdicción militar no son fáciles de describir, ya que muchas de sus disposiciones escapan a lo estrictamente militar y buscan regular aspectos de la vida civil de las personas.

Detenciones arbitrarias y tortura de campesinos mapuches

Testimonio de las víctimas

CUYINKO : El 13 de octubre de 1998 alrededor de 30 guardias armados y efectivos de la polic√≠a civil chilena atacaron a la familia Fren, integrantes de la comunidad mapuche Pablo Quintriqueo de Los Alamos, VIII regi√≥n. Dicha familia mantiene desde hace a√Īos una tensa disputa con la empresa Forestal Bosques Arauco por el dominio de 1.650 hect√°reas del fundo Cuyinko. Habiendo ganado la comunidad su derecho sobre las tierras en los tribunales de justicia chilenos, la empresa se ha negado a abandonar el territorio en conflicto y as√≠ acatar la resoluci√≥n judicial. Dicha empresa, que pertenece al magnate chileno Anacleto Angelini, el hombre con la mayor fortuna personal del pa√≠s y que controla m√°s del 60% de la producci√≥n forestal nacional, es la que se enfrenta hoy a los miembros de la familia Fren, quienes han decidido permanecer en el predio en disputa hasta lograr que √©ste sea devuelto por la empresa forestal. Esta decisi√≥n les ha significado un hostigamiento permanente por parte de guardias armados de OSEPAR al servicio de la forestal y de efectivos policiales de la zona.

El d√≠a 13 Mar√≠a Ercilla V√°squez se encontraba buscando sus animales al interior del predio cuando fue emboscada por un grupo de guardias armados de la empresa forestal, quienes le propinaron una golpiza con golpes de pu√Īos, puntapi√©s y palos. Luego, los guardias se dirigieron hasta las viviendas de la familia Fren y procedieron a golpear a quienes all√≠ se encontraban, principalmente mujeres. Como resultado de la brutal agresi√≥n quedaron ocho campesinos heridos de diversa gravedad, tres de los cuales debieron ser trasladados de urgencia a los hospitales de la zona. Se trat√≥ de Fernando Fren (contusiones m√ļltiples y heridas en la cabeza), Carlos Dom√≠nguez (fractura de cr√°neo) y Mar√≠a del Carmen Fren (fractura de clav√≠cula y brazo).

"Fue una agresi√≥n brutal y directa en contra de los comuneros de Cuyinko. Ese d√≠a nos encontr√°bamos pocos en la comunidad y ellos se aprovecharon de la situaci√≥n para atacarnos. Eran alrededor de 20 o m√°s. Llevaban palos, hondas y algunos de ellos cubr√≠an sus rostros con pasamonta√Īas, seguramente para que nosotros luego no pudi√©ramos identificarlos. Quer√≠an llegar hasta nuestras casas, para destruirlas o quemarlas, como efectivamente lo hicieron semanas m√°s tarde. Nosotros poco pod√≠amos hacer, ellos se nos fueron encima y nos pegaban entre tres o cuatro por todos lados. Patadas, palos, lo √ļnico que pod√≠amos hacer era tratar de escapar o cubrirnos bien para que no nos causaran tanto da√Īo los repetidos golpes. Cuando nos agredieron nos dec√≠an que √©ramos unos indios, que nos fu√©ramos de all√≠, que volver√≠an por la noche y nos quemar√≠an nuestras casas y a nosotros adentro de ellas. Cuando llegaron los carabineros ya hab√≠a pasado lo peor y lo √ļnico que hicieron fue atender de mala gana a nuestros heridos. Algunos hasta se re√≠an de lo que nos hab√≠a pasado", recuerda Manuel Antonio Fren, lonko de la comunidad Pablo Quintriqueo.

En los diferentes ataques sufridos por la comunidad, sus miembros han reconocido entre los agresores a efectivos policiales de la zona. Si bien todos los antecedentes de los atropellos han sido puestos a disposici√≥n de los tribunales de justicia, hasta la fecha ning√ļn guardia o polic√≠a ha sido detenido o procesado por su responsabilidad en los hechos.

TEMULEMU : La madrugada del viernes 19 de febrero de 1999 un contingente policial de al menos 300 efectivos apoyados por 25 furgones, 4 buses, 5 camiones y dos helic√≥pteros allan√≥ violentamente la comunidad mapuche Antonio √Ďiripil de Temulemu, Traigu√©n. A las seis de la ma√Īana, un piquete del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) detuvo a cuatro mapuches que efectuaban labores de vigilancia nocturna ante posibles robos de madera en el aserradero de la comunidad y a cuatro menores de edad que dorm√≠an en el interior de un refugio construido en la cercan√≠a. Se trata de Juan Segundo Collonao, Julio Marileo Calfuqueo, Pedro Cayuqueo Millaqueo y el ciudadano franc√©s Arnaud Louis Fuentes. Por su parte, los menores de edad fueron identificados como Juan Ulises Pich√ļn Millanao (14 a√Īos), Luis Inostroza Mirriam (13 a√Īos), Heanai Pich√ļn Millanao (11 a√Īos) y Manuel Ra√ļl Norin (15 a√Īos). Todos los detenidos -incluido los menores de edad- fueron golpeados, esposados y trasladados al interior del predio de la forestal donde los esperaba un microb√ļs que m√°s tarde los trasladar√≠a hasta el cuartel policial de Traigu√©n. Una hora m√°s tarde, alrededor de 300 efectivos de carabineros junto a guardias armados de la empresa OSEPAR al servicio de Forestal Mininco S.A. procedieron a allanar la comunidad para detener a los dirigentes y buscar armas que -seg√ļn fuentes policiales- se encontraban en poder de algunos miembros de la comunidad. Carabineros reprimi√≥ con mucha violencia a los mapuches utilizando bombas lacrim√≥genas, balines y perros policiales.

Durante el operativo los efectivos policiales ingresaron por la fuerza a la casa de Germ√°n Tranamil Collonao, lo sacaron arrastrando junto a su esposa e hijos y luego destruyeron por completo su vivienda. "Ellos llegaron golpeando a todo el mundo, quebrando los vidrios de las ventanas, pateando las puertas y tirando gases, adentro encerrada estaba mi ni√Īita. Yo en ese momento estaba acostada, me golpearon, me levantaron de la cama y me sacaron junto a mi esposo, ellos desarmaron, destruyeron todo adentro, hicieron lo que quisieron con la casa. Despu√©s que nos golpearon fuimos encerrados en un furg√≥n, porque hasta mi casa llegaron muchos furgones y buses policiales", relata Adelaida, esposa de Germ√°n Tranamil. Una vez afuera, junto a otros detenidos fue brutalmente golpeado con palos y puntapi√©s. Producto de las torturas infringidas por carabineros resultaron lesionados adem√°s Marina Pich√ļn Coronado (contusiones en la mu√Īeca izquierda y hematomas en m√ļltiples partes del cuerpo), Pascual Pich√ļn Paillaleo (heridas cortantes contusas en el cuero cabelludo, contusi√≥n parietal y tor√°cica) y Germ√°n Tranamil Coronado (contusi√≥n tor√°cica grave, lesi√≥n de hombro izquierdo y fractura nasal). Pascual Pich√ļn, lonko de la comunidad Antonio √Ďiripil de Temulemu y uno de los que sufri√≥ las lesiones m√°s graves, relata as√≠ lo sucedido aquella ma√Īana. "Llegaron temprano, de madrugada cientos de carabineros, unos 300 junto a guardias de la forestal Mininco para llevarse nuestra madera y destruir el aserradero que con mucho sacrificio hab√≠amos logrado instalar en la comunidad. Nosotros a esa hora estabamos en nuestras casas, no sab√≠amos lo que estaba ocurriendo en el aserradero hasta que unos pe√Īis nos vinieron a avisar. Cuando llegamos estaba repleto de polic√≠as armados hasta los dientes lanzando bombas lacrim√≥genas. Los pe√Īis que estaban cuidando el banco estaban todos detenidos. Nosotros tratamos de evitar que la empresa forestal se llevara nuestra madera, nuestro trabajo de un mes pero fui imposible. Los carabineros se fueron todos encima de nosotros, disparando bombas, balines, hasta perros andaban trayendo. A mi me golpearon con un palo, me dieron patadas, me encadenaron y me llevaron detenido, casi muerto con dos roturas en mi cabeza. No pod√≠a ni caminar con todo mi cuerpo apaleado, estuve hospitalizado", recuerda el dirigente. Todos En la acci√≥n carabineros tambi√©n incaut√≥ la madera, utensilios de trabajo e incendi√≥ el aserradero de la comunidad. Por otra parte, se dieron claras expresiones de racismo, discriminaci√≥n e ignorancia de la cultura mapuche entre los uniformados, ya que se golpe√≥ de gravedad a la machi (autoridad religiosa) Mar√≠a Claudina Ancamilla de 56 a√Īos, importante y respetada autoridad dentro de la jerarqu√≠a social mapuche. Ella cuidaba sus animales cuando fue detenida y torturada.

"Me llevaron tirando hasta la casa sin preguntarme ni decirme nada. Al llegar los otros carabineros se fueron encima de m√≠, como cinco o seis carabineros me apalearon en el hombro, en la costilla, en el est√≥mago, en las piernas, patadas y m√°s patadas, tambi√©n palos. Mientras me pegaban me insultaban, me dec√≠an que era porque yo acompa√Īo siempre a mis hermanos cuando hay conflictos de tierras y nguillatunes. Es una lucha justa, les dec√≠a yo, porque las forestales nos est√°n dejando sin tierras y sin vida. Ellos m√°s me pegaban y luego ya no pude recordar m√°s. Perd√≠ mi sentido", recuerda la machi Mar√≠a Ancamilla.

El PANTANO : El 5 de marzo de 1999, V√≠ctor Ancalaf Llaupe y Bernardo Llanca Quipayan, dirigentes de las comunidades mapuches Choin Lafkenche y Caillin de Collipulli, respectivamente, fueron detenidos y torturados por efectivos de fuerzas especiales de carabineros al interior del Fundo Chorrillos de la empresa Forestal Mininco S.A en Traigu√©n. Dicho predio forestal se encuentra desde hace a√Īos en situaci√≥n de conflicto debido a que las comunidades del sector reclaman poseer sobre √©l derechos ancestrales. Al momento de ser detenidos, los dirigentes se encontraban apoyando las movilizaciones que la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco realizaba en la zona.

"Llegamos ese d√≠a alrededor de 20 miembros de las comunidades en conflicto a dialogar con los jefes de las faenas forestales para que dejaran de talar el bosque. Entonces, los carabineros apostados en el lugar comenzaron a insultarnos, a lanzar bombas lacrim√≥genas y a disparar balines de goma sobre nosotros. Despu√©s de la provocaci√≥n, las fuerzas policiales comenzaron a avanzar sobre el grupo. Nuestra gente reaccion√≥ frente a los disparos que ya hab√≠an herido a varias personas. Carabineros sigui√≥ el ataque y todos nosotros tuvimos que huir en direcci√≥n hacia los cerros cercanos. M√°s tarde, un contingente de m√°s de trescientos efectivos de fuerzas especiales con la ayuda de los guardias, motos todo terreno y dos helic√≥pteros logr√≥ encerrarnos. Al momento de ser detenidos fuimos esposados y brutalmente golpeados con pies, pu√Īos y palos. Nos pegaban en todos lados, en las piernas, en la cabeza, el est√≥mago. Luego, arrastrando nos llevaron hasta un microb√ļs de la polic√≠a donde otro grupo nos sigui√≥ golpeando hasta que llegamos al cuartel de Traigu√©n. Al pe√Īi Bernardo tuvieron que hospitalizarlo por la gravedad de sus lesiones. A m√≠ me provocaron una fractura en la rodilla", recuerda V√≠ctor Ancalaf.

Al finalizar el día, carabineros había detenido en total a 15 campesinos mapuches del sector. Todos fueron trasladados al cuartel policial de Traiguén donde permanecieron incomunicados hasta que el juez decretó sus libertades sin cargo alguno. Tanto Víctor Ancalaf como Bernardo Llanca fueron sometidos a proceso por "maltrato de obra a carabineros" por parte de la Fiscalía Militar de Angol.

ERCILLA : La madrugada del viernes 3 de diciembre de 1999, un violento desalojo realiz√≥ fuerzas especiales de carabineros al interior de los fundos Chiguaihue y Chiquitoy de Ercilla, propiedad de las empresas forestales Bosques Arauco y Mininco, respectivamente. Ambos fundos se encontraban ocupados desde hace m√°s de un mes por campesinos mapuches miembros de las comunidades Temucuicui, Requiem Pillan, Lemun, Loloco y Hua√Īaco Millao de la comuna de Ercilla que reclaman sobre ellos derechos ancestrales.

El grueso contingente policial, compuesto por m√°s de 300 efectivos policiales fuertemente armados, cinco microbuses blindados, 40 carros policiales, 15 motos todo terreno, dos carros blindados Mowag y dos helic√≥pteros, al mando del Prefecto de la Provincia de Malleco, teniente coronel Gustavo Arriagada, lleg√≥ hasta el fundo Chiguaihue a las 5 de la madrugada. Una vez en el lugar, las fuerzas represivas procedieron a desalojar violentamente a las numerosas familias mapuches que se encontraban all√≠. Para ello utilizaron bombas lacrim√≥genas, cartuchos con perdigones de pl√°stico y una gran cantidad de perros policiales, esto a pesar de encontrarse los mapuches en inferioridad num√©rica y completamente desarmados. Como resultado de la acci√≥n represiva fueron heridos y detenidos cinco mapuches, los cuales recibieron impactos de perdigones en sus cuerpos y fueron brutalmente golpeados por carabineros al momento de su detenci√≥n. Dos de los detenidos, debido a la gravedad de sus lesiones, debieron ser trasladados al Hospital de Collipulli. M√°s tarde, todos los detenidos ser√≠an puestos a disposici√≥n de la Fiscal√≠a Militar de Angol, acusados de "maltrato de obra a carabineros en servicio" y "da√Īos a la propiedad fiscal".

Pasadas las nueve de la ma√Īana, el grueso contingente policial continu√≥ su acci√≥n represiva dirigi√©ndose al fundo Chiquitoy, a 10 kil√≥metros al interior de Ercilla, para desalojar a los mapuches ocupantes e incautar la madera que los miembros de las comunidades hab√≠an talado para su comercializaci√≥n. Ya en el lugar, carabineros nuevamente hizo un uso indiscriminado de la fuerza, disparando gran cantidad de bombas lacrim√≥genas y balines de goma sobre los campesinos mapuches, hombres, mujeres, ancianos y ni√Īos, que se resist√≠an a abandonar sus leg√≠timas tierras.

Despu√©s de una hora de violento enfrentamiento los mapuches abandonaron el predio y se refugiaron del ataque policial al interior de las comunidades cercanas. Alrededor de las once de la ma√Īana, las fuerzas policiales ingresaron violentamente a la comunidad Temucuicui, allanando de manera ilegal a varias viviendas para detener a sus ocupantes. Como resultado del operativo fueron detenidos al interior de la comunidad mapuche doce campesinos, los cuales fueron brutalmente torturados tanto al momento de su detenci√≥n como durante su traslado hasta el cuartel policial de Collipulli. Especialmente graves fueron las lesiones sufridas por Juana Quidel Queipul, una anciana mapuche de 75 a√Īos, qui√©n result√≥ con una de sus piernas fracturada producto de las patadas y golpes de palos que recibi√≥ de carabineros al momento de su detenci√≥n.

De los doce detenidos en el violento operativo policial, sólo cinco de ellos llegaron al cuartel policial de Collipulli y fueron traspasados luego a los Tribunales de Justicia. Los otros detenidos fueron abandonados heridos al interior del fundo Alaska y en caminos interiores luego de ser brutalmente torturados por efectivos policiales y guardias armados de la empresa de seguridad ASS de Los Angeles al servicio de la empresa Forestal Mininco.

COLLIPULLI: La madrugada del d√≠a viernes 11 de diciembre, alrededor de 50 detectives (polic√≠a civil) de distintas unidades de la IX regi√≥n con apoyo de fuerzas especiales provenientes de Santiago, efectuaron un violento allanamiento a los domicilios de numerosas familias mapuches de las comunidades de Colihuinca Tori y Antonio Paillacoi, ubicadas a unos 25 kil√≥metros al noreste de Collipulli. En violento operativo policial se enmarc√≥ en las investigaciones que el ministro especial Julio Cesar Grand√≥n realizaba para esclarecer el atentado incendiario que destruy√≥ en agosto del a√Īo 1999 instalaciones de la empresa Forestal Mininco en el Fundo Ruca√Īanco y que signific√≥ la aplicaci√≥n de Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de las comunidades mapuches de la zona.

Testimonios de los propios campesinos afectados por la acci√≥n policial dan cuanta de lo violento, ilegal y racista del procedimiento. Juan Quipallan, dirigente de la comunidad Colihuinca Tori, se√Īal√≥ que alrededor de las 5 de la madrugada personal de la polic√≠a civil de Temuco ingres√≥ violentamente a la comunidad, allan√≥ las viviendas derribando las puertas y sacando a patadas y palos a las personas que a esa hora dorm√≠an en el interior. "Esa noche esta lloviendo muy fuerte, recuerdo que llegaron a mi casa varios veh√≠culos, camionetas policiales, alrededor de veinte polic√≠as que ingresaron a mi casa d√°ndole patadas a las puertas y apuntando con sus armas de fuego. Nos hicieron salir a todos al patio, casi desnudos algunos. Preguntaron mi nombre y cuando se los dije me enca√Īonaron con un arma en la cabeza y me esposaron", relat√≥ el dirigente. Quipallan afirm√≥ que una vez detenido procedieron a golpearlo con bastones de goma mientras le preguntaban por las viviendas de otros dirigentes de la comunidad. Como √©l no respond√≠a, lo mantuvieron tirado en el suelo por m√°s de media hora bajo la fuerte lluvia y enca√Īonado con una sub-ametralladora en la cabeza.

El dirigente denunci√≥ que los efectivos policiales actuaron con extrema violencia durante todo el operativo que horas m√°s tarde incluy√≥ las viviendas de otros dirigentes mapuches. "Los polic√≠as llegaban a las casas apuntando con sus armas y derribando las puertas, como si all√≠ hubiera extremistas y no campesinos mapuches, que somos todos nosotros. Entraban de diez o m√°s polic√≠as por cada vivienda que era allanada. Ellos buscaban s√≥lo a determinadas personas, ten√≠an una lista con nombres y apellidos. Al interior de las casas daban todo vuelta, las camas, las mesas, los roperos. Mientras unos comprobaban la identidad de los dirigentes, otros manten√≠an enca√Īonados afuera de la casa, bajo la lluvia, al resto de sus familiares, mujeres, ni√Īos, ancianos... Esa noche los polic√≠as me detuvieron a m√≠ y a otros cuatro miembros de la comunidad, entre ellos a Jos√© Catrileo Lebu, un anciano de 80 a√Īos, sordo y con problemas a la vista", agreg√≥ el dirigente.

Todos los detenidos fueron trasladados hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Temuco, donde fueron sometidos a extensos interrogatorios extrajudiciales. Cerca de las cinco de la tarde del día sábado 12 fueron llevados ante el ministro Julio Cesar Grandón. Luego de prestar declaración por más de cuatro horas, cuatro de los cinco detenidos -entre ellos el dirigente Juan Quipallan- fueron dejados en libertad sin cargos, mientras que Carlos Figueroa Catrileo quedó detenido e incomunicado en la Cárcel de Temuco.

Una semana m√°s tarde, la madrugada del d√≠a jueves 23 de diciembre, la polic√≠a realiz√≥ un segundo allanamiento al interior de las comunidades en conflicto de Collipulli. En este nuevo y violento operativo policial fueron allanadas las viviendas de los principales dirigentes de la comunidad Antonio Paillacoi, procediendo la polic√≠a a detener a diez de ellos. Entre los nuevos arrestados figuraban Emilio Levio, Juan Milla, Juan Prado, Omar Anc√°n, Cristian Sandoval, Ariel Tori, Jos√© Tori, Francisco Tori, Juan Dela y Omar Millalebu. Todos fueron golpeados al momento de su detenci√≥n por la polic√≠a, tal como lo confirma el testimonio de Ariel Tori, lonko de la comunidad Antonio Paillacoi. "Esa noche llegaron alrededor de cinco o seis veh√≠culos a nuestra casa. Nosotros imaginamos que eran polic√≠as, ya que hace s√≥lo una semana hab√≠an venido a detener a otros pe√Īis (hermanos) de la comunidad. Los polic√≠as rodearon la casa y entraron violentamente. Una vez adentro nos sacaron a patadas y golpes de palos hacia fuera. A todos, a mi padre, mis hermanos, a mi madre...Nos preguntaban los nombres y revisaban una lista que ten√≠an. En ella aparec√≠a yo y mi padre, que es lonko de la otra comunidad, Colihuinca Tori. Nos subieron a los veh√≠culos y nos llevaron a Collipulli. Nosotros pens√°bamos que √©ramos los √ļnicos detenidos, pero cuando llegamos al cuartel hay estaban los otros pe√Īis, algunos muy golpeados y con sangre en la cabeza", se√Īal√≥ el dirigente.

Especialmente graves fueron los golpes que recibi√≥ Jos√© Omar Anc√°n, miembro de la comunidad Colihuinca Tori y activo participante de las movilizaciones en la zona de Collipulli, por parte de efectivos de inteligencia policial tanto al momento de su detenci√≥n como durante su permanencia en r√©gimen de incomunicaci√≥n al interior de la C√°rcel de Temuco. Afirma la v√≠ctima que lo interrogaron sobre varios delitos, incluyendo el atentado incendiario ocurrido meses atr√°s en contra de la Hacienda Ruca√Īanco de Forestal Mininco. Omar Anc√°n declar√≥ que lo golpearon en la cara, el abdomen, las piernas y que casi le rompieron los t√≠mpanos a trav√©s de golpes simult√°neos en ambos o√≠dos ("tel√©fono"). Mientras era torturado, la polic√≠a le hizo preguntas sobre su participaci√≥n en las movilizaciones y sobre los l√≠deres de las organizaciones mapuches de la zona. Seg√ļn Anc√°n, la polic√≠a lo sigui√≥ golpeando hasta que accedi√≥ a firmar una declaraci√≥n en la que confesaba haber participado del atentado incendiario por el cual lo estaban interrogando. En su confesi√≥n, la v√≠ctima fue obligada a inculpar tambi√©n al resto de los mapuches detenidos, quedando as√≠ la mayor√≠a de ellos sometidos a proceso por violaci√≥n a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Cabe consignar que a pesar de existir pruebas y testimonios que confirman la inocencia de los mapuches en los hechos investigados por el ministro, la obtenci√≥n de una confesi√≥n por medio de la tortura y la responsabilidad de los guardias de la empresa OSEPAR en el atentado, la justicia chilena contin√ļa decretando √≥rdenes de detenci√≥n en contra de los miembros de las comunidades mapuches. La raz√≥n tal vez se encuentre en la disputa de tierras que dichas comunidades mantienen desde hace a√Īos con la poderosa empresa Forestal Mininco por la propiedad de 1.500 hect√°reas del fundo Ruca√Īanco.



TRUF-TRUF : El jueves 16 de diciembre de 1999, durante la madrugada fueron detenidos arbitrariamente Juan Coli√Īir, Alberto Coli√Īir Painemal, Ruperto Coli√Īir Painemal, Bernardino Parra Mela, Manuel Parra Catrilaf, Aurelio Catrilaf Parra y Juan Catrilaf Parra en un allanamiento ilegal realizado a las comunidades mapuches de Quefquehuenu y √Ďinquilco por miembros de la Tercera Comisaria de Carabineros de Padre Las Casas (IX regi√≥n). En su accionar, los efectivos policiales no mostraron ning√ļn tipo de orden judicial que autorizara el operativo al interior de las comunidades y la posterior detenci√≥n de los mapuches. Tampoco se les dieron a conocer sus derechos ni las razones de porque eran detenidos y trasladados a instalaciones policiales situadas en la comuna de Padre Las Casas.

Seg√ļn indican los testimonios de los propios afectados, durante su detenci√≥n fueron interrogados acerca de su participaci√≥n en las movilizaciones y ocupaciones de tierras desarrolladas el 1 de diciembre en la zona por la organizaci√≥n "Ayllarehue Wenteche de Truf-Truf". Todos los detenidos fueron golpeados brutalmente, tanto al momento de su detenci√≥n como durante su traslado al recinto policial. Especialmente graves fueron las torturas y otros malos tratos que recibi√≥ Alberto Coli√Īir Painemal, tales como golpes de palos, pu√Īos y puntapi√©s, aplicaci√≥n de descargas el√©ctricas en partes sensibles de su cuerpo y semiasfixia con bolsas de pl√°stico ("submarino seco").

"Una vez en la comisar√≠a me llevaron hasta el tercer piso, aislado de los otros hermanos detenidos. En ese sitio me comenzaron a golpear nuevamente, interrog√°ndome por mi participaci√≥n en las tomas de fundos y por los nombres de los dirigentes que encabezaban el movimiento en Truf-Truf. Como yo no sab√≠a nada los carabineros se enojaron, dec√≠an que yo estaba mintiendo y comenzaron a darme golpes de pu√Īos, puntapi√©s, golpes con otros objetos. Tambi√©n me amenazaban diciendo que detendr√≠an a mis familiares y que los golpear√≠an tambi√©n si yo no cooperaba con ellos. Luego me taparon la cabeza con una bolsa de pl√°stico y un carabinero comenz√≥ a ahorcarme. Yo no pod√≠a respirar, ellos se re√≠an y luego perd√≠ el conocimiento. No recuerdo cuanto tiempo estuve as√≠. Cuando despert√© ellos me siguieron preguntando cosas. Yo apenas entend√≠a lo que me hablaban. Luego me amarraron a un poste y comenzaron a aplicarme corriente en los dedos de las manos. Yo sent√≠a que me iba a morir. Al rato perd√≠ nuevamente el conocimiento. Cuando despert√© me sent√≠a muy mal y ellos amenazaron que me iban a llevar a la ducha, que si me llevaban yo me mor√≠a ah√≠ mismo. Les ped√≠ que dejaran de golpearme, pero ellos continuaron d√°ndome patadas, ri√©ndose e insult√°ndome. Despu√©s de varias horas me llevaron a una celda de aislamiento", relata Alberto Coli√Īir.

De los siete campesinos mapuches detenidos arbitrariamente, cuatro fueron dejados en libertad sin cargos despu√©s de permanecer en r√©gimen de incomunicaci√≥n por m√°s de tres d√≠as y antes de comparecer ante el juez del tribunal respectivo. El d√≠a 23 de diciembre los principales dirigentes de las comunidades mapuches afectadas por los allanamientos nocturnos presentaron ante la Fiscal√≠a Militar de Temuco una querella por los delitos de robo, violencia innecesaria, tortura y otros tratos crueles y degradantes en contra de los efectivos policiales que participaron del operativo. Hasta la fecha de elaboraci√≥n de este Informe, ning√ļn polic√≠a ha sido citado a declarar o puesto a disposici√≥n de la justicia por su responsabilidad en los atropellos arriba mencionados.

Métodos de Tortura

Los métodos que se exponen a continuación son utilizados en Chile por las fuerzas policiales no sólo para torturar a personas detenidas en el marco del conflicto mapuche. Lo habitual de estas prácticas en todo el país convierte a cualquier ciudadano en una posible víctima.

# La asfixia: La asfixia es uno de los m√©todos de tortura m√°s comunes dentro de los cuarteles policiales chilenos. Existen dos t√©cnicas principales: El "submarino seco", que consiste en tapar la cabeza de la v√≠ctima con una bolsa de pl√°stico que luego se ata alrededor del cuello, lo que provoca el ahogamiento; y el "submarino h√ļmedo", mediante el cual se provoca la asfixia de la v√≠ctima sumergi√©ndole la cabeza en un recipiente con agua. A veces, cuando se utilizan los inodoros el agua contiene orina y heces fecales. En ambas t√©cnicas, para aumentar el sufrimiento de la v√≠ctima, se le aplican golpes de pu√Īos o puntapi√©s en el est√≥mago.

o Palizas: Son otros de los m√©todos m√°s habituales, especialmente cuando las detenciones se realizan al interior de las comunidades mapuches. Las palizas comienzan al momento mismo de la detenci√≥n, contin√ļan durante el traslado de la v√≠ctima y concluyen luego de las sesiones de interrogatorio. Consisten en dar golpes de pu√Īos y patadas en partes sensibles del cuerpo de la v√≠ctima como el abdomen, la cara y los genitales. A veces se utilizan palos, bastones, porras de goma, culatas de fusiles u otros objetos contundentes. Muchas de las palizas dejan cicatrices, pero otras sanan sin dejar evidencias permanentes.

o El Tel√©fono: Consiste en propinar golpes simult√°neamente en ambas orejas de la v√≠ctima con las palmas abiertas. Produce da√Īos temporales y permanentes en la audici√≥n de la v√≠ctima y en algunos casos puede provocar la ruptura de los t√≠mpanos.

o Tortura El√©ctrica: Su uso fue bastante generalizado en la √©poca del r√©gimen militar. Todav√≠a persiste su pr√°ctica en cuarteles policiales, principalmente en aquellos ubicados al interior del Territorio Mapuche. Normalmente se aplica en partes sensibles del cuerpo como los dedos, pezones, genitales o la lengua. Existen dos variaciones, "la parrilla" y "la picana" dependiendo si la fuente de poder donde se extrae la corriente es fija o port√°til. Para aumentar la intensidad de la tortura se suele arrojar agua a las v√≠ctimas. Sus efectos m√©dicos incluyen dolores agudos, quemaduras, traumatismos m√ļltiples y convulsiones. En algunos casos, puede llegar a provocar un paro cardiaco.

o Tortura psicol√≥gica: Es un m√©todo m√°s especializado de tortura y consiste en actos de ablandamiento psicol√≥gico, intimidaci√≥n y amenazas que acompa√Īan a las sesiones de interrogatorios. A las v√≠ctimas se las priva en forma deliberada de sue√Īo, comida, agua o servicios higi√©nicos por varios d√≠as. Durante los interrogatorios se les dice que, si no cooperan, permanecer√°n encerrados por muchos a√Īos, que ser√°n golpeados o que los matar√°n. Tambi√©n se los amenaza con tomar represalias contra sus familias, detener a sus madres o hermanas y golpearlas delante de ellos.


Normas nacionales e internacionales aplicables

Seg√ļn el ordenamiento jur√≠dico chileno, quienes cometan delitos que atenten contra los derechos humanos deben ser procesados. La propia Constituci√≥n Pol√≠tica de la Rep√ļblica garantiza la protecci√≥n de una serie de derechos fundamentales para las personas. Para el caso de la actuaci√≥n de las fuerzas policiales encargadas de hacer cumplir la ley, el C√≥digo Penal chileno les prohibe el "arresto arbitrario" de personas y el uso de la "violencia innecesaria" al momento de su detenci√≥n o durante los interrogatorios.

El art√≠culo 253 del C√≥digo Penal establece que "ning√ļn habitante de la Rep√ļblica puede ser detenido sino por orden de funcionario p√ļblico expresamente facultado por la ley y despu√©s de que dicha orden le sea intimada en forma legal, a menos de ser sorprendido en delito flagrante y, en este caso, para el √ļnico objeto de ser conducido ante juez competente". Por su parte, el art√≠culo 184 del mismo C√≥digo prev√© penas de reclusi√≥n menor y suspensi√≥n del empleo para "todo aquel empleado p√ļblico que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona". Las mismas penas establece el art√≠culo 149 del C√≥digo para los que "habiendo recibido a una persona en calidad de detenida, no dieren parte al tribunal competente dentro de las 24 horas siguientes".

Por otro lado, si bien el C√≥digo Penal chileno no prohibe expl√≠citamente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, esos actos son constitutivos de delito en virtud del punto 4 del t√≠tulo III del mismo C√≥digo ("de los agravios inferidos por funcionarios p√ļblicos a los derechos garantizados por la Constituci√≥n"). El art√≠culo 150 del C√≥digo Penal prev√© penas de reclusi√≥n menor y suspensi√≥n del empleo para "los que decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicaci√≥n de un procesado, le aplicaren tormentos o usaren con √©l de un rigor innecesario".

Diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado chileno tambi√©n prohiben las detenciones arbitrarias y la pr√°ctica de la tortura. El art√≠culo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√≠ticos (PIDCP) de Naciones Unidas se√Īala: "Nadie podr√° ser sometido a detenci√≥n o a prisi√≥n arbitrarias". Por su parte el art√≠culo 9 del mismo PIDCP dispone: "Toda persona detenida ser√° informada, en el momento de su detenci√≥n, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusaci√≥n formulada contra ella".

La Convenci√≥n Americana de Derechos Humanos de la OEA tambi√©n prohibe las detenciones arbitrarias. En su art√≠culo 7 se√Īala: "Nadie puede ser sometido a detenci√≥n o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detenci√≥n y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella". El derecho a ser informado del motivo de la detenci√≥n tambi√©n se encuentra reconocido en el principio N¬ļ 12 del Conjunto de Principios de la ONU para la Protecci√≥n de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci√≥n o Prisi√≥n.

Por otro lado, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles constituye una norma fundamental del derecho internacional. Es así como se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y consagrado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantesde Naciones Unidas. Este convenio internacional define a la tortura como: "Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento

Por Coordinadora Mapuche Arauco Malleco

 Campa√Īas

2019-07-13

Comunicado p√ļblico: C√°rcel de Temuko- Wallmapuche

Presos Políticos por la Causa Mapuche Condenados e Imputados

Los presos pol√≠ticos Mapuche en Temuko comunicamos a la opini√≥n p√ļblica nacional e internacional y a los integrantes de nuestro pueblo lo siguiente:
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2019-08-27

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El caso de Alberto Curamil:

El Lonko enfrentar√° en mayo pr√≥ximo un juicio oral por participar en un asalto a la caja de compensaci√≥n "Los H√©roes" en la ciudad de Galvarino. Sin embargo, testigos desmienten que √©l y √Ālvaro Millal√©n, el otro detenido en el caso, hayan estado ese d√≠a en la localidad de la provincia de Caut√≠n, Regi√≥n de La Araucan√≠a.
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2020-01-05

Software desarrollado para apoyar la ense√Īanza del Mapudungun

Aqu√≠ plasmamos voces de ni√Īos, de adultos y ancianos, voces de aves, de √°rboles y de vertientes, para seguir aprendiendo con dignidad y horizontalidad, conscientes de su origen y proyect√°ndose a dialogar con el mundo, pues las lenguas tienen que ocupar los espacios de la comunicaci√≥n y del aprendizaje.
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2020-01-05

Basta de violencia

En Chile los gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista N¬į 18.314, exclusivamente contra representantes y activistas mapuche. Esta normativa fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus enemigos internos, con el fin de vulnerar los derechos juridicos de los imputados. Esta norma ha sido objeto de cr√≠tica de parte de los √≥rganos de protecci√≥n de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha considerado su aplicaci√≥n con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho.
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2020-01-06

Progreso occidental

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2020-01-14

¬ŅQu√© nos leg√≥ Occidente en su intento de globalizaci√≥n colonizadora?

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2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche

Ta i√Ī fijke xipa rakizuameluw√ľn.

Acceso libre al libro Ta i√Ī fijke xipa rakizuameluw√ľn: Historia, colonialismo y resistencia desde el pa√≠s Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
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2020-02-01

Centro de Documentaci√≥n Mapuche √Ďuke Mapu

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo. Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente. Libros históricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
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2020-02-02

Publicación sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios.

El periódico Pukara

El Periódico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de análisis, de información e investigación que libran los pueblos indígenas contra el ocupante colonialista. El periódico Pukara es una publicación mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Periodico Pukara
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2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el a√Īo.

Corpus revista de divulgación, análisis sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios y campesinos, y de discusión en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y política en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el a√Īo para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de informaci√≥n.
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2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento práctico, a la labor que realizan personas, pueblos indígenas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.
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2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

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2020-02-03

La expansión de la cultura occidental y la subordinación de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simb√≥lica, muy evidente y perceptible. La subordinaci√≥n sexual de la mujer en la promoci√≥n de ventas es un elemento clave en las campa√Īas de marketing que la exponen como mercanc√≠a, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacci√≥n de necesidad biol√≥gica del hombre occidental. Mire el video:
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2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Pe√Īi, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicaci√≥n que hace 21 a√Īos se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electr√≥nico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aquí:
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2020-02-25

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO

Colecci√≥n Antolog√≠as del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribe√Īo

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2020-02-25

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El Correo de la UNESCO

Disponible en l√≠nea desde marzo de 2006, El Correo se adapta a las necesidades de sus lectores diseminados por el mundo entero: su publicaci√≥n electr√≥nica en formato PDF, en las seis lenguas oficiales de la Organizaci√≥n (√°rabe, chino, espa√Īol, franc√©s, ingl√©s y ruso), as√≠ como en esperanto y en portugu√©s, va acompa√Īada de una edici√≥n impresa con un n√ļmero de ejemplares reducido. Descarga los √ļltimos n√ļmeros -->
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2020-02-26

Russell Means

Por qué no soy ni capitalista, ni marxista

¬ďLa √ļnica forma posible de comenzar un discurso de este tipo es afirmar que detesto escribir. El proceso en s√≠ mismo representa el concepto europeo de pensamiento ¬ďleg√≠timo¬Ē. Lo que est√° escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura Lakota, cuenta con una tradici√≥n oral, por lo que normalmente rechazo imposici√≥n de una abstracci√≥n sobre la relaci√≥n oral de un pueblo.la escritura. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucci√≥n de las culturas de los pueblos no europeos, la
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2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoamérica se viste de indígena (con orgullo)

Son muchos los países sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como Día de la Raza para olvidar la colonización y conmemorar a los caídos indígenas.
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Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


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